Juan Jose Sanchez Mendoza

Expediente 848/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
848/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
07/10/2019

Partes del expediente

  • Juan Jose Sanchez Mendoza

Actuaciones

  1. Principal

    SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO EL AUTO POR EL QUE TUVO POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO. SE ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE COMO CONCLUIDO, SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN UNA VEZ QUE HAYAN TRANCURRIDO CINCO AÑOS; SIN QUE OBREN DOCUMENTOS QUE POR SUS CARACTERÍSTICAS DEBAN SER DEVUELTOS NI SEA DE RELEVANCIA DOCUMENTAL.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA QUE DICE:"Vista la demanda promovida por Edgar Raúl Azua Alemán, quien se ostenta apoderado de Juan José Sánchez Mendoza, como representante común de los actores en el juicio agrario 885/2018, contra actos del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Vigésimo Quinto Distrito; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, bajo el número 848/2019-IV. Ahora bien, a efecto de determinar lo que en derecho proceda en relación a la demanda de mérito, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, fracciones I, IV y V, 112 y 114 fracciones I, II, III y IV, de la Ley de la materia, requiérase a la parte promovente para que en el término de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, por escrito y con las copias necesarias de su escrito aclaratorio, esto es, dos para las autoridades responsables; una para el tercero interesado; dos para los cuadernos incidentales; y una más para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado de Distrito, de cumplimiento a lo siguiente: a) Acredite con el original o copia certificada del documento idóneo, el carácter con el que se ostenta, esto es, como apoderado de Edgar Raúl Azua Alemán. a.1) Copias suficientes de la documental con la cual acredite su personalidad, las cuales se necesitan para ser distribuidas entre las partes al momento de emplazarlos a este asunto. Asimismo, tomando en consideración que el aludido Azua Alemán es representante común de los actores en el juicio agrario 885/2019, precise lo siguiente: a.2) Si el presente controvertido constitucional, únicamente lo promueve en representación de Edgar Raúl Azua Alemán, o bien, siendo que este último es representante común de los actores en el juicio agrario 885/2019, precise si la acción constitucional la formula en favor de cada uno de los aludidos actores. a.3) En el entendido que de ser el último caso, deberá precisar los nombres de cada una de las personas a favor de quien promueve el presente controvertido, y acreditar con el original o copia certificada del documento idóneo, el carácter de representante legal de cada una de ellas. Apoya lo anterior la jurisprudencia P./J. 23/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Abril de 2009, página 7, que dispone: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY RELATIVA REQUIERE QUE, PREVIAMENTE A LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA, EL PROMOVENTE EXHIBA LAS CONSTANCIAS QUE ACREDITEN EL RECONOCIMIENTO DE DICHO PRESUPUESTO PROCESAL ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. El artículo 13 de la Ley de Amparo dispone que cuando alguno de los interesados tenga reconocida su personalidad ante la autoridad responsable, tal personalidad será reconocida en el juicio de amparo para todos los efectos legales, siempre que compruebe tal circunstancia con las constancias respectivas. Del análisis de dicho precepto puede arribarse a la conclusión de que la exhibición de las referidas constancias debe realizarse al momento de presentar el escrito inicial de demanda, en el entendido de que, de no hacerlo así, el juez o tribunal del conocimiento deberán requerir al promovente en términos de lo dispuesto por el artículo 146 de la Ley de Amparo, para que en el plazo de tres días exhiba las constancias referidas, apercibido que de no hacerlo así, se tendrá por no interpuesta la demanda en aquellos casos en que se afecten únicamente intereses patrimoniales, o bien se dará vista al Ministerio Público en los demás casos. Lo anterior es así, pues las únicas excepciones a la regla de acreditar la personalidad previamente a la admisión de la demanda se encuentran referidas a las materias penal y agraria, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 215 de la Ley de Amparo, ya que en términos del primer numeral citado, bastará la simple manifestación del quejoso en el sentido de tener el carácter de defensor del quejoso para que se admita la demanda, sin perjuicio de que se solicite al juez o tribunal la certificación correspondiente; mientras que el segundo de los preceptos citados dispone que cuando no se hayan acompañado los documentos que justifiquen la personalidad, el juez o tribunal que conozca del juicio de amparo, con independencia del requerimiento que formule a los promoventes, solicitará por separado a las autoridades agrarias para que le informen si efectivamente cuentan con la personalidad con que se ostentaron, sin perjuicio de conceder la suspensión provisional de los actos reclamados. Sostener una interpretación distinta de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Amparo, esto es, que la exhibición de las constancias que acrediten el reconocimiento de la personalidad ante la autoridad responsable puede realizarse en cualquier etapa del procedimiento, podría generar la posibilidad de que se tramitara un juicio de amparo iniciado por quien carece de representación para promoverlo, lo que implicaría una labor estéril por parte del tribunal del conocimiento en la tramitación y decisión del asunto, además de que se causarían perjuicios a las partes del proceso, con el consecuente menoscabo de sus intereses, porque se ven sometidos no sólo a las molestias impuestas por los trámites, medios de apremio y diligencias de desahogo de pruebas, sino también a otros efectos, como los que derivan de la suspensión del acto reclamado, del otorgamiento de garantías para su ejecución e incluso de las sanciones en que puedan incurrir por su desacato". Así como la jurisprudencia número 2ª./J.1/96 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, Enero de 1996, página 47, del tenor siguiente: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA AL PROVEER SOBRE LA DEMANDA Y SI NO ESTA ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE CONFORME AL ARTICULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARA LA REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO. Una nueva reflexión sobre los preceptos de la Ley de Amparo que regulan el tema de la personalidad y de los criterios sucesivos adoptados por este alto tribunal, conduce a esta Sala a apartarse de las tesis jurisprudenciales publicadas en la compilación de 1988, Segunda Parte, con el número 1302 y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación (Octava Época) números 19 a 21, con los títulos de "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EXAMINARLA EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO, ES LEGAL" y "PODERES INSUFICIENTES POR OMISION DE REQUISITOS. AL DICTARSE LA SENTENCIA NO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO, SINO SOBRESEER", para adoptar el criterio de que el Juez de Distrito no puede analizar de oficio la personalidad del promovente en cualquier momento del juicio, sino al recibir la demanda, porque constituye un presupuesto procesal de examen oficioso, lo cual da lugar a que, de estar plenamente acreditada, el Juez así la reconozca en el auto admisorio y, de no estarlo, la considere una irregularidad de la demanda que dé lugar a prevenir al promovente en términos del artículo 146 de la ley de la materia, para que la acredite dentro del plazo legal, con el apercibimiento de que, de no hacerlo, se le tenga por no interpuesta; criterio que además de estar fundado en la Ley de Amparo, es acorde con los imperativos del artículo 17 constitucional y los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal, por cuanto impide el empleo estéril de recursos humanos y materiales en la tramitación de juicios iniciados por quien carece de personalidad para hacerlo y evita los graves daños que se ocasionan, tanto para el sistema de impartición de justicia cuanto para las partes. La inobservancia de este criterio, dará lugar a que el tribunal revisor, si estima que no está acreditada la personalidad del promovente, ordene la reposición del procedimiento conforme al artículo 91, fracción IV de la Ley de Amparo". Asimismo, es de aplicación a lo antepuesto, el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia P./J. 37/2001, Tomo XIII, Abril de 2001, Materia Común, Novena Época, publicada en la página 125, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO INDIRECTO. ES APLICABLE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO AL ESCRITO ACLARATORIO QUE LA ACREDITA. De lo dispuesto por la jurisprudencia número P./J. 43/96 de este Tribunal Pleno, de rubro: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTÁ ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARÁ LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO.", así como de la ejecutoria que la originó se infiere, por una parte, que el Juez de Distrito debe pronunciarse indefectiblemente sobre la personalidad del promovente cuando provee acerca de la demanda y, si no está acreditada, se encuentra obligado a prevenirlo, de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo y, por otra parte, que el acreditamiento de dicha personalidad no es una cuestión que únicamente incumba al peticionario y al juzgador de amparo, o que no trascienda a la litis constitucional sino que, por el contrario, al ser uno de los requisitos de la demanda (en términos de lo dispuesto en el artículo 116, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales), incide en las defensas de las demás partes, en la medida en que tienen derecho de conocer si quien se ostenta como sujeto de válida expresión de otro, para excitar la actividad jurisdiccional con el propósito de resolver un conflicto, efectivamente cuenta con dicha facultad, y este derecho a conocer el contenido del escrito de la demanda, por disposición expresa del artículo 120 de la ley de la materia, se logra a través de una copia del referido ocurso, carga que corresponde al propio quejoso, debiendo entenderse que si dicha personalidad no la acredita el peticionario del amparo con el escrito inicial de demanda, sino que la comprueba con el escrito aclaratorio, es indiscutible que debe exhibir copias de este escrito, en el número previsto en el artículo 120 de la Ley de Amparo.". b) Manifieste, si todos y cada uno de los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen los antecedentes del acto reclamado, los cuales vierte en su escrito de demanda, los expone bajo protesta de decir verdad. c) Asimismo, se sirva aclarar su escrito de demanda de amparo y bajo protesta de decir verdad, precise en forma concreta, cronológica y ordenada, todos los antecedentes del acto reclamado y de manera destacada, señale: c.1) Los antecedentes del juicio agrario radicado con el número 740/2005 del índice del Tribunal Unitario Agrario del Vigésimo Quinto Distrito, a que hace referencia en su demanda de amparo, debiendo precisar: c.2) Las prestaciones que motivaron la tramitación del mismo, transcribiéndolas o acompañando copia de las mismas. c.3) A quién o quiénes les surte el carácter de partes en el citado juicio, indicando sus domicilios actuales y correctos. c.4) Indique el estado procesal en que se encuentra el referido controvertido. c.5) De haberse dictado sentencia definitiva en dicho juicio, indique los puntos resolutivos de la misma, transcribiéndolos o acompañando copia de los mismos. c.6) De ser el caso, señale las determinaciones y/o actuaciones emitidas con posterioridad al dictado de la sentencia respectiva; de ser posible transcribiéndolas o acompañando copia de ellas. d.1) Los antecedentes del juicio agrario radicado con el número 286/2013 del índice del Tribunal Unitario Agrario del Vigésimo Quinto Distrito, a que hace referencia en su demanda de amparo, debiendo precisar: d.2) Las prestaciones que motivaron la tramitación del mismo, transcribiéndolas o acompañando copia de las mismas. d.3) A quién o quiénes les surte el carácter de partes en el citado juicio, indicando sus domicilios actuales y correctos. d.4) Indique el estado procesal en que se encuentra el referido controvertido. d.5) De haberse dictado sentencia definitiva en dicho juicio, indique los puntos resolutivos de la misma, transcribiéndolos o acompañando copia de los mismos. d.6) De ser el caso, señale las determinaciones y/o actuaciones emitidas con posterioridad al dictado de la sentencia respectiva; de ser posible transcribiéndolas o acompañando copia de ellas. e.1) Los antecedentes del juicio agrario radicado con el número 843/2018 del índice del Tribunal Unitario Agrario del Vigésimo Quinto Distrito, a que hace referencia en su demanda de amparo, debiendo precisar: e.2) Las prestaciones que motivaron la tramitación del mismo, transcribiéndolas o acompañando copia de las mismas. e.3) A quién o quiénes les surte el carácter de partes en el citado juicio, indicando sus domicilios actuales y correctos. e.4) Indique el estado procesal en que se encuentra el referido controvertido. e.5) De haberse dictado sentencia definitiva en dicho juicio, indique los puntos resolutivos de la misma, transcribiéndolos o acompañando copia de los mismos. e.6) De ser el caso, señale las determinaciones y/o actuaciones emitidas con posterioridad al dictado de la sentencia respectiva; de ser posible transcribiéndolas o acompañando copia de ellas. f.1) Los antecedentes del juicio agrario radicado con el número 885/2018, del índice del Tribunal Unitario Agrario del Vigésimo Quinto Distrito, a que hace referencia en su demanda de amparo, debiendo precisar: f.2) Las prestaciones que motivaron la tramitación del mismo, transcribiéndolas o acompañando copia de las mismas. f.3) A quién o quiénes les surte el carácter de partes en el citado juicio, indicando sus domicilios actuales y correctos. f.4) Indique el estado procesal en que se encuentra el referido controvertido. f.5) De haberse dictado sentencia definitiva en dicho juicio, indique los puntos resolutivos de la misma, transcribiéndolos o acompañando copia de los mismos. f.6) De ser el caso, señale las determinaciones y/o actuaciones emitidas con posterioridad al dictado de la sentencia respectiva; de ser posible transcribiéndolas o acompañando copia de ellas. Hágase de su conocimiento que las exigencias que le son requeridas en este acuerdo, deberán sujetarse a la veracidad, pues las mismas, en su momento serán confrontadas con los datos que se adviertan de las constancias que se aporten a los autos, por lo que de realizar manifestaciones que se traduzcan en hechos falsos, este Juzgado de Distrito, procederá a dar vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito para que investigue sobre la posible comisión de delitos, lo anterior, conforme lo prevé el artículo 261 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.7o.A.100 K, emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, perteneciente a la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo: XXIII, abril de 2006, visible en la página 990, cuyo rubro y texto son: "DEMANDA DE GARANTÍAS. FORMA EN QUE DEBE CUMPLIRSE EL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO A LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE LE CONSTEN AL GOBERNADO Y QUE CONSTITUYAN ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO O FUNDAMENTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Conforme al precepto legal aludido, la parte quejosa debe manifestar los hechos y abstenciones descritos con antelación; sin embargo, en la hipótesis de que no sea satisfecha dicha carga procesal, el Juez Federal debe requerir para que sea subsanada la irregularidad. Ahora bien, en el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, página mil ciento noventa y dos, vigésima segunda edición, Editorial Espasa Calpe, Sociedad Anónima, dos mil uno, Madrid, España, se establecen distintas acepciones de la palabra "hecho", entre ellas, las siguientes: "hecho, cha. [...] 5. Cosa que sucede. 6. [...] Acción que se ha llevado a cabo, adelantándose a cualquier evento que pudiera dificultarla o impedirla [...]". Por su parte, en la página ciento sesenta y dos de la obra consultada, es definido el vocablo "antecedente" de diferentes maneras, entre las cuales destaca la que se reproduce a continuación: "[...] 2. m. Acción, dicho o circunstancia que sirve para comprender o valorar hechos posteriores.". De la misma manera, en la página veintiuno del diccionario mencionado se establecen los conceptos de la palabra "acción", entre otros, los que se transcriben enseguida: "[...] Ejercicio de la posibilidad de hacer. 2. Resultado de hacer". En la página catorce se define el vocablo "abstención" de la manera siguiente: "[...] Acción y efecto de abstenerse". En esas condiciones se concluye que para dar cumplimiento al requisito previsto en la fracción IV del artículo 116 de la Ley de Amparo, concerniente a la manifestación bajo protesta de decir verdad sobre los hechos o abstenciones que le constan al gobernado y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, es necesario realizar una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de garantías, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al último párrafo del artículo 73 de la citada ley." g) Tomando en consideración que en el apartado de acto reclamado, señala como tal de manera desatacada, "la inaplicación de las medidas de apremio solicitadas, para la suspensión de los acuerdos de la ilegal Asamblea de fecha 20 de octubre de 2018, para dejar las cosas en el estado en que se encuentran, hasta la resolución del trámite del juicio agrario por controversia 843/2018". Asimismo, en el punto "9" del apartado de antecedentes, aduce que "en el mes de agosto del 2019, mi representado, solicitó a la autoridad responsable, bajo los oficios con el folio 3913 y 4046, que se aplicaran las diligencias precautorias necesarias, para la protección de las tierras que poseen la parte que represento, con el fin de que cesen los trabajos que actualmente se llevan a cabo en las tierras propiedad de mi representado por parte de el ahora tercero interesado negándolas bajo el escrito emitido por la misma autoridad el 19 de agosto del presente año", En ese tenor, deberá precisar si en el caso el acto reclamado lo constituye: g.1) La determinación emitida el diecinueve de agosto de dos mil diecinueve, en autos del juicio agrario 843/2018, a través de la cual el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Vigésimo Quinto Distrito en el Estado, negó acordar de conformidad la petición contenida en los oficios "folio 3913 y 4046", relativa a la aplicación de diligencias precautorias. g.1.1) En el entendido que de constituir dicha determinación el acto reclamado en la presente instancia constitucional, deberá indicar además, bajo protesta de decir verdad, la fecha en de conformidad con las constancias que integran el juicio de origen, se le notificó dicha determinación, o bien, en caso de que ello no haya acontecido, es decir, que no se le haya notificado, deberá precisar la data en que tuvo conocimiento de la misma. g.1.2) Además, transcriba o exhiba copia o impresión fotográfica legible de la petición contenida en los oficios "folio 3913 y 4046", relativa a la aplicación de diligencias precautorias. g.2) En caso de que el anterior, no constituya el acto reclamado en este juicio de amparo, deberá precisar la data de la determinación que reclama, es decir, de aquella en que se contiene "la inaplicación de las medidas de apremio solicitadas", indicando además, bajo protesta de decir verdad, la fecha en de conformidad con las constancias que integran el juicio de origen, se le notificó esa determinación, o bien, en caso de que ello no haya acontecido, deberá precisar la data en que tuvo conocimiento de la misma. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible a fojas 54, tomo III, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1989, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación que dice: "ACTO RECLAMADO, FALTA DE PRECISIÓN EN EL SEÑALAMIENTO DEL. PROCEDE LA ACLARACIÓN DE LA DEMANDA Y NO EL SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO. Si el quejoso en su demanda de garantías, omite precisar el acto reclamado de las autoridades responsables, el juez a quo, previamente a su admisión, debe dictar el acuerdo correspondiente a efecto de subsanar la irregularidad destacada para resolver conforme a derecho, esto es, desechándola por falta de aclaración, o bien admitiéndola con base al escrito aclaratorio que permita conocer los actos reclamados a la totalidad de las autoridades señaladas como responsables, si esto no sucede y en su lugar el juez de Distrito sobresee en el juicio, lo procedente es, en la revisión, revocar la sentencia y ordenar la reposición del procedimiento con base en la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo." Así como, la tesis XX.57 K, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página 871, del tomo III, Marzo de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTÍAS. De conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a las autoridades, debe señalarse con claridad y precisión, en virtud, de que, a través del mismo sólo puede juzgarse sobre la legalidad o no de lo reclamado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de garantías; por tanto, ante la falta de precisión y claridad de los actos reclamados debe requerirse al quejoso que dé cumplimiento a esos requisitos apercibido que de no hacerlo se tendrá por no interpuesta la demanda, sin que sea válido considerar que ante la obscuridad de la misma debe desecharse ésta, en razón que de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, ante omisiones de tal naturaleza, se concede al peticionario de garantías la oportunidad de corregirlos mediante un escrito aclaratorio, siendo categórico el contenido del numeral en cita, en el sentido de que si no se cumple con el requerimiento, el Juez Federal deberá tener por no interpuesta la demanda.". Asimismo, adquiere aplicación la Tesis III.3º.C.76K, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito visible a fojas 427, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIII, Mayo de 1994, Tribunales Colegiados de Circuito, que dice: "DEMANDA DE AMPARO, ACLARACION DE LA. PROCEDE CUANDO SE OMITE LA FECHA DE CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO (ARTICULO 146 DE LA LEY DE AMPARO). No señalar en la demanda de garantías el dato referente a la fecha de conocimiento de los actos reclamados, debe considerarse una irregularidad en el libelo que es suficiente para ordenar su aclaración, habida cuenta que, además de que el artículo 116, fracción IV, de dicha Ley, dispone que todo quejoso está obligado a manifestar, bajo protesta de decir verdad: "... cuáles son los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen antecedentes del acto reclamado...", sin conocerse ese antecedente no sería posible efectuar el cómputo para saber si la demanda aludida se presentó o no en tiempo; de ahí que el incumplimiento de ese requisito quede comprendido entre aquellas deficiencias señaladas por el artículo 146 de la Ley invocada, que confiere facultades expresas al juez de Distrito para prevenir al promovente y, en su caso, tener por no interpuesta la demanda, cuando no se hiciere la aclaración respectiva. En la inteligencia de que el último precepto citado no limita las facultades del juzgador federal para exigir la aclaración sólo cuando se omitan los requisitos que señala el referido artículo 116, sino que en forma amplia y discrecional le permite observar cualquier irregularidad que pudiese obstaculizar el trámite a fin de que sea subsanado." Es aplicable también, la tesis número P./J.35/2001, visible a fojas 79, Tomo XIII, abril de 2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO, EL ESCRITO INICIAL Y SU ACLARACIÓN NO PUEDEN DESVINCULARSE NI ANALIZARSE POR SEPARADO YA QUE AMBOS INTEGRAN AQUELLA.- Al tener el escrito aclaratorio de una demanda de amparo indirecto su origen en una irregularidad del escrito inicial, ya sea por que éste no cumplió con todos los requisitos previstos en el artículo 116 de la Ley de Amparo, o bien, porque con él no se exhibió el número de copias a que se refiere el artículo 120 de tal ordenamiento legal, y que su propósito es el de subsanar tales vicios, puede concluirse que no pueden desvincularse, analizarse o considerarse por separado, pues ambos escritos integran la demanda de amparo y, consecuentemente, deben ser considerados indefectiblemente como un solo documento." Así como, la Jurisprudencia número 36/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 79 del tomo XIII, Abril de 2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO.- Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo.". Apercíbase a la parte promovente que de no cumplir con la presente prevención dentro del término concedido, con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de la materia, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. ..."

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