Juan Jose Mendoza Martínez

Expediente 259/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 22 actuaciones registradas, la última del 7 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
259/2018
Año
2018
Actuaciones
22
Última actuación
07/02/2019

Partes del expediente

  • Juan Jose Mendoza Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, siete de febrero de dos mil diecinueve. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se acuerda: Teniendo en consideración que, conforme a las constancias de notificación del proveído de siete de enero de dos mil diecinueve, por el que se declaró cumplida la ejecutoria de amparo, transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de inconformidad; y que en el libro de recibo de correspondencia oficial que se lleva en este juzgado, no obra registrada promoción mediante la cual se interponga dicho recurso; en consecuencia, se declara consentido el acuerdo de referencia. En virtud de lo anterior, y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, debido a que por sentencia de diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, por una parte se sobreseyó y por otra se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal, la cual causó ejecutoria por auto de diez de octubre de dos mil dieciocho, este expediente es susceptible de depuración. De igual manera y toda vez que en el presente asunto se tramitó incidente de suspensión del acto reclamado, en el cual se concedió la medida cautelar; por tanto, el original del incidente de suspensión, también es susceptible de depuración; sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Lo señalado con anterioridad, deberá efectuarse, una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto. Asimismo, archívese por separado el duplicado respectivo, y con fundamento en el punto vigésimo, fracción III, del referido Acuerdo, es susceptible de destrucción, al obrar su original y no existir documentos originales en tal cuaderno; lo que ocurrirá al transcurrir más de seis meses contados a partir del dictado de la resolución interlocutoria respectiva. Glósese copia autorizada del presente proveído en el duplicado del cuaderno incidental que deriva del presente asunto, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Atendiendo a las particularidades del presente juicio de amparo, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el Punto Décimo Primero del mencionado Acuerdo General Conjunto 1/2009. Notifíquese.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, siete de enero de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los autos, con fundamento en el párrafo segundo del artículo 196 de la Ley de Amparo y tomando en consideración los elementos de prueba que obran en este expediente, se procede a estudiar si se encuentra cumplida la ejecutoria de amparo. En primer término, es menester precisar que el diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, se dictó sentencia en el presente asunto, en la que por una parte se sobreseyó el presente juicio y por otra se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa para el efecto de que el Juez Octavo del Ramo Penal en esta ciudad: "[.] 1.- Deje insubsistente la determinación reclamada de dos de marzo de dos mil dieciocho, dictada dentro del proceso penal 80/2016 de su índice, en la que ordenó la reaprehensión en contra del aquí quejoso Juan José Mendoza Martínez y cancele el oficio por medio del cual la hizo del conocimiento al Procurador General de Justicia en el Estado para su ejecución; y, 2.- Una vez hecho lo anterior, regularice el procedimiento con el fin de ordenar a quien corresponda, requiera nuevamente al justiciable Juan José Mendoza Martínez, por conducto de su fiador José Prisciliano Mendoza Chávez, para que dentro del término de quince días se presente a exhibir las parcialidades omitidas hasta esta fecha, y con libertad de jurisdicción determine posteriormente en su caso lo que proceda conforme a derecho." Haciéndose extensiva dicha disposición a los actos de ejecución reclamados del Fiscal General del Estado y Director de la Policía Ministerial del Estado, al no combatirse por vicios propios (foja 63). Luego, mediante auto de diez de octubre de dos mil dieciocho (foja 80), se declaró que la sentencia de mérito había causado ejecutoria, por lo que se requirió a las autoridades responsables por el cumplimiento de la misma. En atención a lo anterior, el Juez Octavo del Ramo Penal en esta ciudad, mediante oficio 4133/18 (foja 85 y 86), transcribió el auto de dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, emitido en la causa penal de origen, del que se advierte que en acatamiento a la ejecutoria de amparo dejó insubsistente la determinación reclamada de dos de marzo de dos mil dieciocho, dictada en el proceso penal 80/2016-2, girando oficio al Procurador General de Justicia del Estado, para la cancelación inmediata de la orden de captura ordenada mediante diverso oficio 854/2018 (con lo anterior se dio cumplimiento al punto 1 de los efectos precisados en la sentencia amparatoria). Asimismo, en la propia determinación (auto de dieciséis de octubre de dos mil dieciocho), ordenó girar oficio a la Dirección de Consignaciones y Garantías del Poder Judicial del Estado, haciéndole del conocimiento que se dejó sin efectos la determinación notificada mediante comunicación 853/2018, que ordena hacer efectiva la caución exhibida por el quejoso mediante billetes de depósito números DC 0219505 y DC 0221711, que amparan las cantidades de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 moneda nacional), cada uno. En el mismo orden de ideas, regularizó el procedimiento en la causa penal de origen, ordenando requerir al procesado, aquí quejoso, por conducto de su fiador judicial José Prisciliano Mendoza Chávez, a efecto de que en el plazo de quince días, se presentara a exhibir las parcialidades omitidas hasta esa fecha, mismas que le fueron fijadas para el disfrute del beneficio de la libertad provisional, apercibiéndolo que en caso de incumplimiento, se revocaría el beneficio del cual actualmente goza el procesado, se ordenaría su reaprehensión y se haría efectiva la garantía exhibida. Posteriormente, el Juez responsable, mediante oficio 4710/2018 (foja 89), transcribió el auto emitido en la causa penal de origen el veintisiete de noviembre del año próximo pasado, del que se desprende que derivado de que el fiador judicial no hizo presente al encausado a efecto de que exhibiera las parcialidades omitidas, las cuales le fueron fijadas para gozar del beneficio de la libertad provisional (no obstante haberse notificado el proveído de dieciséis de octubre de dos mil dieciocho). En consecuencia, y siendo que transcurrió el termino concedido para tal efecto, libró orden de reaprehensión en contra del quejoso Juan José Mendoza Martínez, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de homicidio en riña, sin perjuicio de que en su momento se le conceda la libertad provisional, previa exhibición de la caución que se fije para tal efecto. Asimismo, ordenó girar oficio al Fiscal General en el Estado, para el cumplimiento de la aludida orden de captura; suspendió el procedimiento de la causa, "hasta en tanto sea habido el procesado de autos", y ordenó hacer efectiva la caución exhibida mediante billetes de depósito números DC 0219505 y DC 0221711, que amparan las cantidades de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 moneda nacional), cada uno (con lo anterior se da cumplimiento al punto 2 de los efectos para los cuales se otorgó la protección constitucional). Por su parte, la Subprocuradora Jurídica de la Procuraduría General de Justicia del Estado y el Titular de la Coordinación de Apoyo Legal de la Dirección General de la Policía Ministerial del Estado, mediante oficios DA/MJA/1997/2018 (foja 90) y PGJE/PME/CAL/A/0677-A/2018 (foja 87), respectivamente, información haber dejado sin efectos la orden de reaprehensión dictada en contra del quejoso. Ante tal situación, este juzgado considera que con el actuar de la autoridad responsable se obtiene el cumplimiento total del fallo protector, pues las responsables acataron los lineamientos de la ejecutoria de amparo, restituyendo al quejoso en el goce del derecho fundamental vulnerado; motivo por el cual, con apoyo en lo establecido por el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede declararla cumplida. Resulta aplicable, la Jurisprudencia publicada con la clave 2ª./CXIV/97, en la página 414, del Tomo VI, octubre de 1997, Novena Época, Materia Común del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Hágase del conocimiento de las partes este proveído, para los efectos del artículo 201, fracción I de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA QUE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, siete de enero de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los autos, con fundamento en el párrafo segundo del artículo 196 de la Ley de Amparo y tomando en consideración los elementos de prueba que obran en este expediente, se procede a estudiar si se encuentra cumplida la ejecutoria de amparo. En primer término, es menester precisar que el diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, se dictó sentencia en el presente asunto, en la que por una parte se sobreseyó el presente juicio y por otra se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa para el efecto de que el Juez Octavo del Ramo Penal en esta ciudad: "[.] 1.- Deje insubsistente la determinación reclamada de dos de marzo de dos mil dieciocho, dictada dentro del proceso penal 80/2016 de su índice, en la que ordenó la reaprehensión en contra del aquí quejoso Juan José Mendoza Martínez y cancele el oficio por medio del cual la hizo del conocimiento al Procurador General de Justicia en el Estado para su ejecución; y, 2.- Una vez hecho lo anterior, regularice el procedimiento con el fin de ordenar a quien corresponda, requiera nuevamente al justiciable Juan José Mendoza Martínez, por conducto de su fiador José Prisciliano Mendoza Chávez, para que dentro del término de quince días se presente a exhibir las parcialidades omitidas hasta esta fecha, y con libertad de jurisdicción determine posteriormente en su caso lo que proceda conforme a derecho." Haciéndose extensiva dicha disposición a los actos de ejecución reclamados del Fiscal General del Estado y Director de la Policía Ministerial del Estado, al no combatirse por vicios propios (foja 63). Luego, mediante auto de diez de octubre de dos mil dieciocho (foja 80), se declaró que la sentencia de mérito había causado ejecutoria, por lo que se requirió a las autoridades responsables por el cumplimiento de la misma. En atención a lo anterior, el Juez Octavo del Ramo Penal en esta ciudad, mediante oficio 4133/18 (foja 85 y 86), transcribió el auto de dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, emitido en la causa penal de origen, del que se advierte que en acatamiento a la ejecutoria de amparo dejó insubsistente la determinación reclamada de dos de marzo de dos mil dieciocho, dictada en el proceso penal 80/2016-2, girando oficio al Procurador General de Justicia del Estado, para la cancelación inmediata de la orden de captura ordenada mediante diverso oficio 854/2018 (con lo anterior se dio cumplimiento al punto 1 de los efectos precisados en la sentencia amparatoria). Asimismo, en la propia determinación (auto de dieciséis de octubre de dos mil dieciocho), ordenó girar oficio a la Dirección de Consignaciones y Garantías del Poder Judicial del Estado, haciéndole del conocimiento que se dejó sin efectos la determinación notificada mediante comunicación 853/2018, que ordena hacer efectiva la caución exhibida por el quejoso mediante billetes de depósito números DC 0219505 y DC 0221711, que amparan las cantidades de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 moneda nacional), cada uno. En el mismo orden de ideas, regularizó el procedimiento en la causa penal de origen, ordenando requerir al procesado, aquí quejoso, por conducto de su fiador judicial José Prisciliano Mendoza Chávez, a efecto de que en el plazo de quince días, se presentara a exhibir las parcialidades omitidas hasta esa fecha, mismas que le fueron fijadas para el disfrute del beneficio de la libertad provisional, apercibiéndolo que en caso de incumplimiento, se revocaría el beneficio del cual actualmente goza el procesado, se ordenaría su reaprehensión y se haría efectiva la garantía exhibida. Posteriormente, el Juez responsable, mediante oficio 4710/2018 (foja 89), transcribió el auto emitido en la causa penal de origen el veintisiete de noviembre del año próximo pasado, del que se desprende que derivado de que el fiador judicial no hizo presente al encausado a efecto de que exhibiera las parcialidades omitidas, las cuales le fueron fijadas para gozar del beneficio de la libertad provisional (no obstante haberse notificado el proveído de dieciséis de octubre de dos mil dieciocho). En consecuencia, y siendo que transcurrió el termino concedido para tal efecto, libró orden de reaprehensión en contra del quejoso Juan José Mendoza Martínez, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de homicidio en riña, sin perjuicio de que en su momento se le conceda la libertad provisional, previa exhibición de la caución que se fije para tal efecto. Asimismo, ordenó girar oficio al Fiscal General en el Estado, para el cumplimiento de la aludida orden de captura; suspendió el procedimiento de la causa, "hasta en tanto sea habido el procesado de autos", y ordenó hacer efectiva la caución exhibida mediante billetes de depósito números DC 0219505 y DC 0221711, que amparan las cantidades de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 moneda nacional), cada uno (con lo anterior se da cumplimiento al punto 2 de los efectos para los cuales se otorgó la protección constitucional). Por su parte, la Subprocuradora Jurídica de la Procuraduría General de Justicia del Estado y el Titular de la Coordinación de Apoyo Legal de la Dirección General de la Policía Ministerial del Estado, mediante oficios DA/MJA/1997/2018 (foja 90) y PGJE/PME/CAL/A/0677-A/2018 (foja 87), respectivamente, información haber dejado sin efectos la orden de reaprehensión dictada en contra del quejoso. Ante tal situación, este juzgado considera que con el actuar de la autoridad responsable se obtiene el cumplimiento total del fallo protector, pues las responsables acataron los lineamientos de la ejecutoria de amparo, restituyendo al quejoso en el goce del derecho fundamental vulnerado; motivo por el cual, con apoyo en lo establecido por el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede declararla cumplida. Resulta aplicable, la Jurisprudencia publicada con la clave 2ª./CXIV/97, en la página 414, del Tomo VI, octubre de 1997, Novena Época, Materia Común del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Hágase del conocimiento de las partes este proveído, para los efectos del artículo 201, fracción I de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA QUE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho. Agréguense a estos autos los oficios de cuenta remitidos por el Juez Octavo del Ramo Penal de esta Ciudad y la Subprocuradora Jurídica de la Procuraduría General de Justicia del Estado, mediante los cuales informan sobre el cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo; en tal virtud, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes, por el término de tres días, corriéndoles traslado con copia de los oficios de cuenta, para que manifiesten lo que a su derecho convenga; en la inteligencia que transcurrido dicho término, con o sin el desahogo de la vista, este órgano constitucional resolverá sobre el cumplimiento de la sentencia. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa y terceros interesados.

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