Juan José Sánchez Cáliz
Expediente 949/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 7 actuaciones registradas, la última del 19 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 949/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 19/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Juan José Sánchez Cáliz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
MESA VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no desahogó la vista ordenada en auto de diecisiete de marzo de la presente anualidad, respecto del informe de cumplimiento que estimó haber dado la autoridad responsable en relación con la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio de garantías; en consecuencia, el suscrito resolverá sobre el cumplimiento al fallo protector con base en los elementos que obran en el expediente. A fin de efectuar el pronunciamiento respectivo, en principio es pertinente precisar: que por sentencia de doce de febrero de dos mil veintiuno, en su primer punto resolutivo se sobreseyó en el presente juicio y en el segundo se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso Juan José Sánchez Cáliz, para los efectos siguientes: "Dicte de inmediato la sentencia definitiva que conforme a derecho corresponda en el juicio administrativo 134/2019-S-4, de su índice, toda vez que se ha consumado el plazo que establece el artículo 95 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco vigente". El diez de marzo del año actual, causó ejecutoria la sentencia de mérito; en consecuencia, se requirió a la autoridad señalada como responsable Magistrada de la Cuarta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, para que diera cumplimiento al fallo protector en el plazo de cinco días. Ahora bien, del examen a las documentales remitidas por la responsable, se observa que acató tales efectos, pues realizó lo siguiente: Mediante oficio TJA/S4/065/2021, la autoridad responsable en cumplimiento a la ejecutoria de amparo relativa, remitió copia certificada de la resolución de nueve de marzo de dos mil veintiuno, dictado en los autos del expediente administrativo 134/2019-S-4 de su índice. Por tanto, se dio vista y corrió traslado a las partes, con las constancias remitidas por la responsable, con las cuales estimó dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, para que manifestaran lo que sus intereses conviniere, sin que hayan hecho lo propio. En las relatadas condiciones, el suscrito estima que la autoridad responsable ha dado cumplimiento a la sentencia dictada en el presente asunto, ya que la Magistrada de la Cuarta Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, con sede esta ciudad, el nueve de marzo último, dictó resolución en los autos del expediente administrativo 134/2019-S-4; lo cual, constituyó el punto primordial del otorgamiento del amparo a la parte quejosa. Es aplicable al caso, por las razones que la sustentan, la jurisprudencia 82/2004, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Octubre de 2004, página 137, Novena Época, registro 180337, de rubro y texto siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA, CUANDO ESTÁ ACREDITADO EL CUMPLIMIENTO DEL NÚCLEO ESENCIAL DE LA SENTENCIA DE AMPARO. Cuando del análisis de autos se advierte acreditado, de manera fehaciente, que las autoridades responsables han dado cumplimiento a las obligaciones jurídicas que constituyen el núcleo esencial de la sentencia que concedió la protección federal, lo procedente es declarar sin materia el respectivo incidente de inejecución de sentencia. Esto es así, en atención a que, por un lado, en ese supuesto ya no existe la abstención total de la autoridad responsable de obrar en el sentido ordenado por la sentencia de amparo, si de la confrontación de la ejecutoria relativa con las actuaciones realizadas, se llega a la conclusión de que se acató dicho fallo en su núcleo esencial y, por otro, porque el declarar sin materia el incidente de inejecución de sentencia no significa que pudiera dejarse al quejoso en estado de indefensión, en virtud de que esa resolución no prejuzga sobre si el cumplimiento dado a la ejecutoria fue o no correcto, pues en la hipótesis de que el gobernado llegara a tener dudas o inquietudes con relación a algún aspecto del cumplimiento, tendría la oportunidad de hacer valer el recurso de queja previsto en las fracciones IV y IX del artículo 95 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para los casos en que exista una desatención parcial o relativa de las autoridades responsables a una sentencia de amparo." En tales condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria de amparo que se analiza. Por lo que, al no haber actos pendientes por cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 del citado ordenamiento legal, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. En términos de lo dispuesto en el inciso b) de la fracción I del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, diputación, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente asunto es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, razón por la cual debe conservarse en el archivo reciente de éste órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá ser depurado y transferido al depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el expediente distintas a la demanda y la sentencia, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Notifíquese personalmente.
- Principal
MESA 10 VILLAHERMOSA, TABASCO, DIEZ DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista, la certificación secretarial que antecede de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, el doce de febrero de dos mil veintiuno, en la que en su primer punto resolutivo se le CONCEDIÓ el amparo y la protección de la Justicia Federal al quejoso Juan José Sánchez Cáliz; por lo que, con fundamento en el artículo 2o. de la Ley invocada, en relación con los numerales 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para los efectos legales procedentes; consecuentemente, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente. Con fundamento en el artículo 192, último párrafo de la Ley de Amparo, requiérase a la Magistrada de la Cuarta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, para que dentro del término de cinco días hábiles, al en que quede notificada del presente acuerdo, cumpla con el fallo protector concedido a la parte quejosa, consistente en: [.] Dicte de inmediato la sentencia definitiva que conforme a derecho corresponda en el juicio administrativo 134/2019-S-4, de su índice, toda vez que se ha consumado el plazo que establece el artículo 95 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, vigente [.] Debiendo remitir las constancias certificadas relativas por duplicado a efecto de correrle traslado con una de ellas a la parte quejosa, con el apercibimiento que de no hacerlo así dentro del plazo señalado, con fundamento en el artículo 258, de la Ley de Amparo, se hará acreedora a una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $89.62 (ochenta y nueve pesos con sesenta y dos centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de siete de enero de dos mil veintiuno, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día siguiente, vigente a partir del uno de febrero del dos mil veintiuno. Asimismo, con apoyo en el Acuerdo General 5/2013, de trece de mayo dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se procederá de oficio a iniciar el incidente de inejecución de sentencia, y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, para los efectos previstos en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que puede culminar con la separación del cargo y consignación ante el Juez de Procesos Federales por el delito previsto en el artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo. Finalmente, agréguese a los presentes autos el escrito signado por Francisco Javier Méndez Pérez, autorizado de la parte quejosa, en términos amplios, mediante el cual solicita que cause ejecutoria la sentencia dictada en el presente juicio de amparo y se le requiera a la autoridad responsable el cumplimiento de la misma; en consecuencia, dígase que se esté a lo acordado en los párrafos que anteceden. Notifíquese.
- Principal
MESA 10 En la ciudad de Villahermosa, capital del estado de Tabasco, a las doce horas con cincuenta y cinco minutos del doce de febrero de dos mil veintiuno, estando en audiencia Carlos Calderón Espíndola, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, quien actúa debidamente asistido de Raúl Gamboa Barradas, secretario que certifica y da fe, procede a celebrar la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, respecto del juicio de amparo 949/2020-10, promovido por Juan José Sánchez Cáliz. RELACIÓN DE CONSTANCIAS A continuación, el Juez de Distrito, declara abierta la audiencia sin la presencia de las partes ni persona que las represente, y el secretario da cuenta con el estado que guardan los presentes autos e informa de las constancias que integran el expediente, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente del Más Alto Tribunal del País, en mil novecientos ochenta y nueve, de rubro: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL", la cual resulta aplicable ya que de acuerdo al artículo 6o., transitorio del Decreto que expide la nueva Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la jurisprudencia integrada conforme a la abrogada Ley de Amparo, continuará vigente en lo que no se oponga a la nueva Ley de Amparo. Atento a lo anterior, el Juez acuerda: Con fundamento en los artículos 117, 119 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación secretarial de las constancias que obran en autos, las cuales fueron agregadas a este juicio con conocimiento de las partes. PERÍODO PROBATORIO Abierto el período de pruebas, se da cuenta el acuse de recibido que acompañó el quejoso a su demanda de amparo, consistente en el escrito de diecisiete de septiembre de dos mil veinte presentado ante la autoridad responsable (foja 8); así como la documental que adjuntó la autoridad responsable Magistrada de la Cuarta Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, a su informe justificado, consistente en el acuerdo de tres de diciembre de dos mil veinte, dictado en el expediente134/2019-S-4 (fojas 21 y 22) Al respecto el Juez de Distrito acuerda: con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admiten las probanzas de referencia y se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza. PERÍODO DE ALEGATOS Cerrada dicha fase y abierta la de alegatos se da cuenta que ninguna de las partes hizo uso de ese derecho. Sobre el particular, el Juez de Distrito acuerda: de conformidad en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por perdido el derecho a las partes en hacerlo con posterioridad, por lo que se cierra esta fase. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y encontrándose debidamente integrado el expediente, se procede a dictar la resolución correspondiente. Doy fe. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 949/2020-10, promovido por Juan José Sánchez Caliz, contra actos del Magistrada de la Cuarta Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, y otra autoridad, por estimarlo violatorio de los artículos 1º párrafo tercero, 8º, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el veintiocho de octubre de dos mil veinte, a través del buzón judicial de los juzgados de Distrito, misma que fue recepcionada en la misma fecha en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, y turnado a este órgano jurisdiccional al día siguiente, Juan José Sánchez Cáliz solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos y autoridades que a continuación se detallan: ACTOS RECLAMADOS 1 "De la autoridad responsable ordenadora, reclamo: la denegación de justicia y la violación a los derechos humanos del quejoso, conforme a lo ordenado en los artículos 1º párrafo tercero y 17 Constitucional y el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José): La falta de emisión del acuerdo respecto al escrito de fecha 17 de septiembre del presente año recepcionado ante la oficialía de parte de la responsable el mismo día. 2 La falta de emisión de la sentencia en los autos del juicio administrativo 134/2019-S-4; 3 Por consecuencia lógica y jurídica, en violación a lo ordenado en los artículos 62, 81, y 95 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado. 4 La dilación procesal atribuible a la autoridad, derivado de la omisión del dictado de la sentencia en los autos del juicio contencioso administrativo. AUTORIDADES RESPONSABLES 1 Magistrada de la Cuarta Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco. 2 Pleno de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. El tres de noviembre de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de que se trata, la cual fue registrada con el expediente 949/2020-10; se requirió a las autoridades señaladas como responsables para que rindieran su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al Agente del Ministerio Público de la adscripción, y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, TERCERO. SUSPENSIÓN DE LABORES Y ATENCIÓN DE CASOS URGENTES. El veinte de diciembre de dos mil veinte, las Consejeras integrantes de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada de manera extraordinaria, aprobaron el punto para acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal." En cumplimiento a lo instruido, se regresó al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del "Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19". Luego, mediante circular SECNO/1/2021, de ocho de enero de dos mil veintiuno, signado por la secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, se dieron a conocer las medidas adoptadas y se precisó que el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el "Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19", cuya vigencia fue ampliada por diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020. CUARTO. REACTIVACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. En acuerdo de doce de enero de dos mil veintiuno, se reactivó el presente juicio y se señaló fecha para audiencia constitucional, por lo que de conformidad con la fracción II, del referido Acuerdo 21/2020, los plazos comenzaron a transcurrir a partir de que se notificó el referido proveído a las partes; y, CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de garantías. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como actos reclamados: La omisión de acordar el escrito de diecisiete de septiembre de dos mil veinte, presentado ante la autoridad responsable ese mismo día. La omisión de dictar sentencia en el expediente administrativo 134/2019-S-4, del índice de la Cuarta Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco. TERCERO. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS A LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO RESPONSABLE PLENO DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TABASCO. Son inexistentes los actos reclamados al Pleno de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, dado que la secretaria General de Acuerdos, encargada del despacho, al rendir su informe justificado negó los actos que se le reclaman. Es aplicable por analogía la tesis de jurisprudencia visible en la página doscientas treinta y seis, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos diecisiete a dos mil: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. De tal manera que ante la negativa de los actos reclamados por parte de la responsable, la carga de la prueba recae en la parte quejosa, por ello, una vez que se tuvo por recibidos el informe justificado se dio vista con el mismo para que manifestara lo que a sus interés conviniera; sin embargo la parte quejosa no desvirtuó tal negativa con medio probatorio alguno. Sirve de apoyo a lo antes expuesto, la tesis consultable en la página 903 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito que textualmente dice: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO: La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." Por tanto, es claro que en el caso concreto se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que opera cuando de autos apareciere claramente demostrado, que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional, lo que obliga a sobreseer el presente juicio. El anterior criterio, también encuentra sustento en la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, tomo 19-21, julio - septiembre 1989, página 154, Octava Época, cuyo rubro y texto dicen: "ACTO RECLAMADO, NEGACIÓN DEL. La autoridad responsable niega el acto que se le imputa y el quejoso no rinde prueba alguna que demuestre su existencia, debe sobreseerse en el amparo respectivo." CUARTO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Es cierto el acto reclamado a la autoridad señalada como responsable, pues así lo manifestó la Magistrada Cuarta Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, al rendir su informe justificado (foja 20). En tal virtud, se encuentra probada la existencia de los actos reclamados, al tenor de la jurisprudencia número 305, pronunciada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 206, del tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Información que se corrobora con las constancias respectivas que la Magistrado responsable anexó a su informe, consistentes en copia certificada del acuerdo de tres de diciembre de dos mil veinte, dictado en el expediente administrativo 134/2019-S-4, al que se concede valor probatorio pleno, en términos de los numerales 79, 93, fracción II, 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, por disposición expresa de su artículo 2º, párrafo segundo, toda vez que fueron expedidas por un servidor público en el ejercicio de sus funciones, sin que además, haya sido objetada su autenticidad. Es aplicable al caso, la jurisprudencia número 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, del tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". QUINTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Ahora bien, debe decirse, que previo al estudio de fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia del juicio de derechos fundamentales, ya sea que las partes las aleguen o que de oficio se adviertan por quien ahora resuelve, por ser esta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad a lo dispuesto por la última parte del artículo 62 de la Ley de Amparo, el cual establece lo siguiente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo" En ese sentido, este juzgador estima que en el caso que nos ocupa, se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo y con ello el sobreseimiento del juicio en que se actúa. El artículo 61, establece: "El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." En efecto, el artículo 61, fracción XXI, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando, hayan cesado los efectos del acto reclamado. En ese sentido, debe decirse que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de la garantía violada. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad responsable Magistrada de la Cuarta Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, relativas al expediente administrativo 134/2019-S-4, se desprende que mediante auto de tres de diciembre de dos mil veinte, dio contestación al escrito fechado y presentado por el propio quejoso el diecisiete de septiembre de dos mil veinte, en el que designa autorizados para que lo representen en aquel juicio, y solicita copias certificadas del expediente de origen: ".II. Se tiene por presentado al ciudadano Juan José Sánchez Cáliz, parte actora en el presente juicio, con un escrito de cuenta revocando autorizados legales y nombrando nuevos abogados; téngase por agregado a los autos el presente escrito para que surta sus efectos legales correspondientes; atento a lo anterior se tiene como nuevo autorizados a los licenciados Francisco Javier Méndez Pérez, Lizbeth de la O Ovando y Lucero Cruz Hernández en términos del artículo 16 segundo párrafo, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, y en términos del artículo 16 parte infine al ciudadano Ricardo Manuel Méndez Pérez, en virtud de no contar con su cédula profesional registrada antes este Tribunal; por último, en cuanto a las copias debidamente certificadas de todo lo actuado en el expediente 134/2019-S-4, dígase al compareciente que la expedición de la misma se RESERVA, hasta en tanto se levante la suspensión decretada en el TRANSITORIO TERCERO de los "LINEAMIENTOS RELATIVOS A LA REAPERTURA DE LAS ACTIVIDADES JURISDICCIONALES, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE REACTIVACIÓN GRADUAL Y ORDENADO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y JURISDICCIONALES DE ESTE ÓRGANO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO, BAJO EL ESQUEMA DE LA NUEVA NORMALIDAD.." Luego, resulta evidente que a la fecha de presentación de la demanda de garantías que nos ocupa, el veintiocho de octubre de dos mil veinte, indudablemente existía la conducta omisiva de la autoridad responsable pues no había dado respuesta al escrito de la quejosa en el que designaba abogados autorizados para que lo representaran en el juicio administrativo 134/2019-S-4, y tampoco había acordado la solicitud de copias certificadas de dicho expediente; sin embargo, a la presente fecha en que se celebró la audiencia constitucional, los efectos del acto reclamado han cesado, en consideración a lo antes plasmado; por lo que, como se anticipó, se surte la causal de improcedencia que prevé' el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, transcrito con antelación y procede sobreseer en el juicio conforme al diverso artículo 63, fracción V, de la misma Ley. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis 2a./J.9/98, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, publicada en la página 210, del Tomo VII, correspondiente al mes de febrero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto son del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.- Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales e inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 77 de la Ley de Amparo." SEXTO. PLANTEAMIENTO Y DECISIÓN DE ESTE JUZGADOR FEDERAL. La parte quejosa reclama en esencia la omisión de dictar sentencia en los autos del juicio administrativo 134/2019-S-4, del índice de la Cuarta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad. Es fundado el concepto de violación expuesto por la parte quejosa en su demanda de amparo, suplido en su deficiencia en términos del artículo 79, fracción V de la Ley de Amparo, en tanto que éste se sustenta en que ha habido una violación al derecho de pronta impartición de justicia que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para considerarlo así, cabe señalar que el artículo 17 Constitucional, establece diversos principios que integran el derecho individual de acceso a la impartición de justicia, a cuya observancia están obligadas las autoridades jurisdiccionales, tales principios son: Para mejor proveer, se cita el numeral 17 de la carta magna, que establece: ".Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. [.]" El precepto constitucional referido pertenece a la especie de las garantías de seguridad jurídica, en lo atinente, establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales emitirán sus resoluciones de manera pronta, completa, imparcial y gratuita. Ahora, los cuatro atributos de la garantía concerniente a la administración de justicia -pronta, completa, imparcial y gratuita-, se definen de la siguiente manera: 1. Justicia pronta. Se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes; 2. Justicia completa. Consiste en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. Justicia imparcial. Significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que puedan considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y 4. Justicia gratuita. Estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Estos cuatro atributos de la garantía de seguridad jurídica concerniente a la administración de justicia han sido explicitados por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. L/2002, de rubro: "ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN AQUEL DERECHO PÚBLICO SUBJETIVO, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES." De los anteriores atributos, resulta aplicable al presente asunto el referido a la justicia pronta, el cual consiste en la obligación de las autoridades encargadas de impartirla, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes. En efecto, del texto constitucional se advierte que la prontitud comprende tanto el desarrollo del trámite o procedimiento como el pronunciamiento de la resolución respectiva a través de la cual se dirima la controversia. Estos principios generales, aplicados a la materia específica, deben entenderse referidos al juicio sumario y a la sentencia, también se destaca que en materia de términos y plazos existe una remisión de la norma fundamental a las leyes, las cuales regularán aquéllos conforme a mecanismos expeditos y eficaces. Al respecto cobra aplicación la Jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, Tomo XIV, Septiembre de 2001, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 188804, que dice: "JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL". De lo anterior se deduce que los tribunales legalmente establecidos, deben realizar los actos procesales correspondientes en las contiendas sometidas a su jurisdicción, dentro de los términos y plazos que establezca la ley que los rija. Por su parte, los artículos 69 y 95 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, dispone: "Artículo 69. El magistrado unitario, dentro de los diez días posteriores a que haya concluido la sustanciación del juicio, siempre y cuando no existiere ninguna prueba pendiente por desahogar, ni cuestión pendiente que impida su resolución, señalará día y hora para que las partes comparezcan a la audiencia de ley a formular sus alegatos por escrito. Los alegatos presentados deberán ser considerados al dictar sentencia, los cuales deberán constreñirse a la Litis sin ampliar o variar la misma. Dentro de la misma audiencia, se declarará cerrada la instrucción del juicio, y a partir del día hábil siguiente empezará a computarse el plazo previsto en el artículo 95 de esta ley. Artículo 95. La sentencia se pronunciará dentro de los treinta días hábiles siguientes a aquél en el que se cierre instrucción" Ordenamiento legal que imponen a la autoridad que conozca del procedimiento de que se trate, que después de declarar el cierre de instrucción, la sentencia deberá dictarse dentro de los treinta días hábiles siguientes. Ahora, de la constancia que adjuntó la autoridad responsable al rendir su informe justificado, se advierte que existe una desfasamiento procesal para el dictado de la sentencia correspondiente, pues de acuerdo a lo manifestado en su informe justificado (foja 20), refiere que el dieciséis de agosto de dos mil diecinueve, llevó a efectos la audiencia de desahogo de alegatos por escrito prevista en el artículo 69 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, declarándose cerrada la instrucción en el juicio y citándose a las partes para oír sentencia definitiva, sin que a la fecha haya emitido resolución. Por tanto, se evidencia una dilación procesal en el procedimiento de origen, al no respetar los términos establecidos por La Ley de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, así como lo dispuesto en el artículo 17 Constitucional, ya que desde el dieciséis de agosto de dos mil diecinueve -fecha en que se declaró cerrada la instrucción-, han transcurrido más de treinta días hábiles, sin que a la fecha haya emitido la sentencia en el procedimiento de origen. De ahí que se haya violado el principio que consagra el principio de economía procesal contemplado en el artículo 17 Constitucional, entendiéndose éste como aquél que expresa que el proceso ha de desarrollarse con la mayor economía de tiempo, de energías y de costo, de acuerdo con las circunstancias de cada caso; es por ello que, la omisión en la forma que se ha precisado, implica denegación de justicia, al no aplicar la ley para lograr una justicia pronta, como obliga dicho numeral de la carta magna; y por ende, resulta procedente otorgar el amparo y protección de la justicia federal. Precisado lo anterior, tiene aplicación la Jurisprudencia número 8/2004, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página doscientos veintiséis, del Tomo XIX, correspondiente al mes de febrero de dos mil cuatro, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro 182160, que establece: "LAUDO. LA OMISIÓN DE SU DICTADO, A PESAR DE HABER TRANSCURRIDO EL PLAZO LEGAL PARA ELLO, ES UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO". Por las anteriores consideraciones y fundamentos, lo procedente es CONCEDER a la parte impetrante el amparo y protección de la justicia federal solicitada. SÉPTIMO. EFECTOS CONCESORIOS DEL AMPARO. De conformidad con lo instituido en los artículos 74 fracción V y 77 fracción II, de la Ley de Amparo, se precisa que la protección constitucional se concede para que la autoridad responsable Magistrada de la Cuarta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco: Dicte de inmediato la sentencia definitiva que conforme a derecho corresponda en el juicio administrativo 134/2019-S-4, de su índice, toda vez que se ha consumado el plazo que establece el artículo 95 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, vigente. OCTAVO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de tres de noviembre de dos mil veinte, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6º, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elaborándose versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio promovido por Juan José Sánchez Cáliz, por los motivos expuestos en los considerandos tercero y quinto de esta resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a Juan José Sánchez Cáliz, por las razones y para los efectos establecidos en los considerandos sexto y séptimo de esta sentencia. TERCERO. En atención a lo expuesto en último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese.
- Principal
MESA 10 VILLAHERMOSA, TABASCO, DOCE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista; la certificación que antecede, se advierte que el veinte de diciembre de dos mil veinte, las Consejeras integrantes de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada de manera extraordinaria, aprobaron el punto para acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal". Lo anterior, con el fin de salvaguardar la salud de las y los justiciables, y de las y los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, por lo que determinaron adoptar medidas especiales a partir del veintiuno de diciembre de dos mil veinte y hasta el once de enero de dos mil veintiuno. En cumplimiento a lo instruido, se regresó al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19. Ahora bien, como se hizo constar en la certificación de cuenta, en el presente expediente se encontraba señalada la celebración de la audiencia constitucional para las diez horas con veinte minutos del treinta de diciembre de dos mil veinte, misma que no pudo llevarse a cabo, por los motivos expresados en los párrafos que anteceden. Por lo anterior, se reanuda el trámite del presente expediente, y tomando en consideración que de autos se advierte que por acuerdo de nueve de diciembre de dos mil veinte, se dio vista a las partes con el contenido del informe justificado rendido por la Secretaria General de Acuerdos Encargada del Despacho en representación del Pleno de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, autoridad señalada como responsable, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo; por lo que dicho plazo transcurre del quince de diciembre de dos mil veinte al quince de enero de dos mil veintiuno, con excepción de los días inhábiles previstos por el artículo 19 de la Ley de Amparo, así como los establecidos en la sesión celebrada el veinte de diciembre de dos mil veinte, por las Consejeras integrantes de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal. Por lo que, para dar tiempo a lo anterior y en atención a la reanudación del trámite del presente asunto en esta fecha, se señalan como fecha y hora para que tenga verificativo la audiencia constitucional las DOCE HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS DEL DOCE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese.
Quedan 3 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · 16,294 expedientes
- Juan Jose Perez Sanchez55/2018
- Juan José Ramos Torres1598/2015
- Juan José Ramos Torres1758/2015
- Juan José Ramos Torres1184/2015
- Juan José Sánchez Caliz1129/2021
- Juan José Sánchez Cáliz845/2022
- Juan José Sánchez Caliz247/2023
- Juan José Sánchez Ramírez1677/2019
- Juan José Torres Badal1776/2015
- Juan José Vázquez Hernández1771/2015
- Juan Landero Cordova1637/2017
- Juan Lara Delgado464/2022