Juan José Sánchez Caliz

Expediente 1129/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 8 actuaciones registradas, la última del 23 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1129/2021
Año
2021
Actuaciones
8
Última actuación
23/12/2021

Partes del expediente

  • Juan José Sánchez Caliz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTITRÉS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Vistos: las piezas postales remitidas por el Servicio Postal Mexicano, con residencia en esta ciudad, relativas a los oficios 29059/2021, 25744/2021, 29063/2021, 29062/2021 y 29064/2021, dirigidos a las autoridades responsables denominadas Director de Seguridad Pública de Cárdenas, Tabasco, Dirección de Administración del Ayuntamiento de Cárdenas, Tabasco, Dirección de Finanzas del Ayuntamiento de Cárdenas, Tabasco y Jefe del Departamento de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Cárdenas, Tabasco, los cuales fueron devueltas en razón de la leyenda que dice "no existe autoridad en domicilio en cita". Sin embargo, no es el caso reenviar los aludidos oficios, toda vez que por resolución de treinta de noviembre del año en curso, se sobreseyó en el presente juicio de amparo, promovido por Juan José Sánchez Cáliz, y por auto de diecisiete de diciembre del año en curso, causo ejecutoria la aludida sentencia, misma que se ordenó su archivó como asunto totalmente concluido. Notifíquese.

  2. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Vistos: la certificación secretarial, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que el quejoso Juan José Sánchez Calix, hubiera recurrido la sentencia dictada el treinta de noviembre de dos mil veintiuno, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En términos del artículo Vigésimo Primero1 inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el numeral Vigésimo Segundo2 del propio acuerdo. En virtud de lo anterior, hágase saber a la parte quejosa que, toda vez que de la certificación de cuenta se 1 Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: a) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; c) El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión en amparo siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados; d) Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado; e) Medidas precautorias, siempre que no sean en materia penal. f) Impedimentos; g) Recusaciones; h) Excusas; i) Returnos; j) Incompetencias; k) Conflictos competenciales. En el acuerdo de archivo de los expedientes judiciales deberá constar la orden de notificación personal a las partes para acudir al órgano jurisdiccional, dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperar los documentos originales que hubieren exhibido en el expediente, apercibiéndoles de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Cuando no se pueda efectuar la notificación personal a las partes, aquélla se realizará a través de listas que se publicarán en los estrados del órgano jurisdiccional. Una vez cumplido el término a que se refiere el primer párrafo de este artículo, el órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir estos expedientes y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. No serán valorados como destruibles aquellos expedientes que encuadren en alguno de los supuestos de relevancia documental previstos en este Acuerdo General. 2 Artículo 22. Documentos necesarios para formalizar la destrucción de expedientes. En términos de lo dispuesto en los procedimientos y formatos señalados en el Manual, para la destrucción de los expedientes se deberán generar, por duplicado, los documentos siguientes: I. Acta firmada por el titular del órgano jurisdiccional y el servidor público designado para dar fe de la desintegración material. El acta de destrucción deberá incluir el acuerdo de desincorporación; y II. Listado en formato impreso y electrónico de los expedientes o constancias que se destruyen, firmada por el titular del órgano jurisdiccional y el servidor público designado para dar fe de la desintegración material. advierte que en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el párrafo segundo del artículo vigésimo primero del referido acuerdo general para recuperarlos. Asimismo, con fundamento en los artículos 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica al secretario que, al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese.

  3. Principal

    VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 1129/2021-7, promovido por Juan José Sánchez Cáliz, contra actos de la Cuarta Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco y otras autoridades, por estimarlos violatorios de los artículos 1° párrafo tercero, 8°, 17, 35 y 123 fracción XII, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, recepcionado en la Oficina de Correspondencia Común y turnado a este órgano jurisdiccional el veinte siguiente, Juan José Sánchez Cáliz solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridades que a continuación se detallan: ACTO RECLAMADO 1 La omisión de acordar los escritos de treinta de abril y veintiuno de junio de dos mil veintiuno, presentados en el juicio contencioso administrativo 134/2019-S-4. AUTORIDADES RESPONSABLES 1 Cuarta Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco. 2 Dirección de Seguridad Pública Municipal del Ayuntamiento de Cárdenas, Tabasco. 3 Comisión del Servicio de Carrera de la Policía Preventiva Municipal del Ayuntamiento de Cárdenas, Tabasco. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. En auto de veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo con el expediente 1129/2021-7; se requirió a las autoridades señaladas como responsables para que rindieran informe justificado; se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la adscripción; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo en términos del acta que precede. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-CoV-2. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917, septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda, se desprende que la parte quejosa sustancialmente reclama: La omisión de acordar los escritos de treinta de abril y veintiuno de junio de dos mil veintiuno, presentados en el juicio contencioso administrativo 134/2019-S-4, del índice de la Cuarta Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco. No pasa inadvertido que también reclama: La falta de seguimiento y cumplimiento a lo ordenado en el resolutivo segundo y tercero de la sentencia de nueve de marzo de dos mil veintiuno; La omisión de dictar las medidas de apremio para la debida y legal ejecución de la sentencia de mérito; La inejecución de la sentencia precitada; La omisión de la restitución, otorgamiento del grado, categoría y condición laboral, inherente con los derechos y obligaciones que conllevan a favor del quejoso; La falta de restitución del quejoso en el grado de policía primero; La falta de cumplimiento de los fines, rubros y bases de organización de la comisión, relativas a lo ordenado en los artículos 65, 66, 67, 68 y demás relativos de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Tabasco, y 41, 42, 43, 45 y 47 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Tabasco; y, La falta de otorgamiento del grado conforme a la escala de organización jerárquica en la corporación para lograr la debida restitución del quejoso en el grado de policía primero. Sin embargo, los mismos no pueden tenerse como actos destacados, ya que se encuentran íntimamente ligados a lo planteado en los escritos de referencia. En efecto, en el primero de los ocursos, la parte quejosa solicitó ante la Sala responsable: Se declare que la sentencia dictada en el juicio natural ha causado estado y se proceda a realizar la certificación correspondiente; Se requiera a la entidad pública condenada el cumplimiento de la sentencia, a efectos de que proceda a restituirlo en su categoría de policía primero, así como para que realice el ajuste, ampliación, actualización y modificación del sueldo o salario conforme a dicha categoría; Se dicten los medios de apremio y apercibimientos de ley en contra de la condenada a efecto de lograr el cumplimiento de la sentencia. Asimismo, del segundo de los escritos de mérito, se advierte que el aquí quejoso promovió ante la Sala responsable incidente de liquidacion de sentencia. Luego, es evidente que lo planteado en los referidos escritos tiene como objeto la ejecución de la sentencia emitida en el juicio natural; razón por la que dichos actos no pueden tenerse como destacados en el presente juicio de amparo. TERCERO. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS A LAS AUTORIDADES MUNICIPALES. No son ciertos los actos reclamados a las aludidas autoridades porque, además de haberlos negado, a la fecha de presentación de la demanda de amparo -diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno-, no se encontraba firme la sentencia dictada en el juicio natural. En efecto, de las copias remitidas por la Sala responsable, se advierte que en proveído cuatro de octubre de dos mil veintiuno, dictado en el juicio natural, tuvo por interpuesto el recurso de apelación planteado por el ayuntamiento demandado en esa instancia, en contra de la sentencia definitiva dictada el nueve de marzo de dos mil veintiuno. Entonces, es claro que dicha sentencia no se encuentra firme, por lo que las autoridades citadas no se encontraban en aptitud legal de actuar conforme a la pretensión del aquí quejoso. Al respecto, sirve de apoyo a lo expuesto, en lo conducente, lo establecido en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 99/2018 (10a.), formulada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, del siguiente rubro y texto: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos". También es de tomar en cuenta la tesis de jurisprudencia 2a./J. 3/94, formulada por la otrora Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 79, Julio de 1994, página 15, cuy rubro y texto es: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja". En las relatadas circunstancias, respecto de las referidas autoridades municipales, se decreta el SOBRESEIMIENTO en el presente juicio en términos de la fracción IV, del artículo 63 de la Ley de Amparo. CUARTO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO A LA SALA ADMINISTRATIVA. Es cierto el acto reclamado por haberlo reconocido la autoridad responsable de mérito en el informe justificado, lo que se corrobora con las copias certificadas que remitió del referido expediente. Sobre el particular, es aplicable la jurisprudencia sustentada por el aludido Pleno de nuestra Corte Suprema, visible en la página 231, Tomo VI, Materia Común, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, titulada "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATlVO". QUINTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se deben analizar las causas de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa; de orden público y estudio preferente. Tiene aplicación al respecto la Jurisprudencia 814, del entonces Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en las páginas 553 y 554 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que señala: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En ese tenor, la suscrita advierte que en el presente caso han cesado los efectos del acto reclamado; por ende, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61 fracción XXI, de la Ley de Amparo, que instituye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] . XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". En efecto, el aludido ordinal dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. En ese sentido, debe decirse que los efectos del acto reclamado cesan cuando la autoridad responsable lo deroga o revoca y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes de su nacimiento; o también, cuando la autoridad, sin revocarlo o dejarlo insubsistente, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Lo anterior es así, porque de las copias certificadas remitidas por la autoridad responsable, se advierte que en proveído de cuatro de octubre de dos mil veintiuno, dictado en el juicio natural, se pronunció respecto de los escritos de treinta de abril y veintiuno de junio de dos mil veintiuno, en el que, además, tuvo por interpuesto el recurso de apelación planteado por el ayuntamiento demandado en esa instancia, en contra de la sentencia definitiva dictada el nueve de marzo de dos mil veintiuno. Luego, resulta evidente que a la fecha de presentación de la demanda de amparo que nos ocupa -diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno-, indudablemente existía el acto reclamado. Sin embargo, a la data del presente fallo, los efectos del mismo ya habían cesado, en consideración a lo antes plasmado; por lo que, como se anticipó, se surte la causal de improcedencia que prevé el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, transcrito con antelación y procede sobreseer en el juicio conforme al diverso artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento jurídico. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis 2a./J.9/98, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, publicada en la página 210, del Tomo VII, correspondiente al mes de febrero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto son del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales e inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 77 de la Ley de Amparo." Con motivo de lo anterior, técnica y jurídicamente resulta improcedente el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, por tratarse de cuestiones que atañen al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver aquélla. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, publicada con el número 509 en el Semanario Judicial de la Federación, página 335, del Tomo VI, del Apéndice 1995, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". SEXTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por Juan José Sánchez Cáliz, contra el acto reclamado y autoridades referidas en el resultando PRIMERO, por las razones expuestas en los considerandos TERCERO y QUINTO de la presente resolución. SEGUNDO. En atención a lo señalado en el último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la misma con supresión de datos personales. Notifíquese.

  4. Principal

    MESA 7 VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la certificación que antecede se advierte que en proveído de cinco de los actuales, se dio vista a las partes con el informe justificado y constancias remitidas por Alejandro Jiménez Pérez, Síndico de Hacienda del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Cárdenas, Tabasco, en representación de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, y de la Comisión de Servicio de Carrera de la Policía Preventiva Municipal, ambos de Cárdenas, Tabasco, autoridades responsables, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, por lo que el plazo de los ocho días, transcurre del diez al veintidós del precitado, con exclusión de los días inhábiles previstos por el numeral 19 del ordenamiento jurídico citado y artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, fracción VI. En tal virtud, a efecto de no violar las formalidades esenciales del procedimiento, se ordena diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fija como nueva fecha y hora para su celebración las DOCE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese.

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