Juan Jose Rangel Hernandez
Expediente 695/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 1 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 695/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 01/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Juan Jose Rangel Hernandez
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, uno de septiembre de dos mil veintidós. Como según constancia secretarial de cuenta, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que la ley establece para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto de veintiocho de junio del año en curso, en la que desechó la demanda de garantías promovida por -, por propio derecho, sin que hiciera uso de tal derecho; consecuentemente, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para los efectos procedentes. Asimismo, tomando en consideración que de la constancia secretarial se desprende que no existe determinación pendiente por dictar ni diligencia por practicar; en consecuencia, se ordena el archivo definitivo del presente expediente como asunto totalmente concluido, previas anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. Por otra parte, el juicio en que se actúa es susceptible de DESTRUCCIÓN, dado que se desechó el juicio de amparo en que se actúa; de conformidad con lo establecido en los artículos 12, 14 y 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, disposición citada en último término que dispone: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: En los Juzgados de Distrito: Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados. Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión en amparo siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados; Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado [.] En el acuerdo de archivo de los expedientes judiciales deberá constar la orden de notificación personal a las partes para acudir al órgano jurisdiccional, dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperar los documentos originales que hubieren exhibido en el expediente, apercibiéndoles de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Cuando no se pueda efectuar la notificación personal a las partes, aquélla se realizará a través de listas que se publicarán en los estrados del órgano jurisdiccional. Una vez cumplido el término a que se refiere el primer párrafo de este artículo, el órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir estos expedientes y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación.". Se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo general en cita ni este juzgador, atendiendo a la importancia del asunto, lo considera de trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Notifíquese.
- Principal
con esta fecha se notifica por lista al quejoso... el proveído de veintiocho de junio de dos mil veintidós... Vista la demanda de amparo promovida por -, por propio derecho, contra actos del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Morelia, Michoacán; regístrese en el Libro de Gobierno e ingrésese al sistema electrónico con el número VII-695/2022-1. Ahora, del análisis a la demanda de garantías, se advierte que la parte quejosa señala como actos reclamados los siguientes ". CUARTO.- ACTO RECLAMADO. No querer remitir el auto de apertura a juicio oral de fecha 18 de marzo del año en curso, dictado dentro de la causa penal número -, instruida al suscrito, por la comisión del delito de homicidio calificado, en agravio de -, juntamente con los demás registros que obran en la causa penal mencionada, al Tribunal de enjuiciamiento, y ponerme a su disposición, a fin de que se señale fecha para audiencia de juicio y con ello dar inicio con el juicio oral correspondiente, que se sigue en mi contra. La falta de acuerdo y contestación al escrito presentado ante la autoridad responsable, por mi defensor particular licenciado -, donde se le solicita remitir los autos originales de la causa penal número -, instruida al suscrito, por la comisión del delito de homicidio calificado, en agravio de -, al Tribunal de enjuiciamiento a fin de que se señale fecha para audiencia de juicio y con ello dar inicio con el juicio oral correspondiente que se sigue en mi contra". Ahora bien, en atención a lo anteriormente expuesto, se advierten motivos manifiestos e indudables de improcedencia, lo que trae como consecuencia que de conformidad con lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo deba desecharse de plano la demanda de amparo, atento a las siguientes consideraciones. Precisado lo anterior, se advierte que, en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente I. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; VI.". De las disposiciones anteriores se advierte que el juicio de amparo indirecto será improcedente cuando se reclamen actos que no afecten materialmente derechos sustantivos. Ahora bien, la parte quejosa reclama una omisión que le afecta sus derechos consagrados en los artículo 1, 8, 17 y 20 de la Carta Magna y que afirma se comete dentro de un procedimiento jurisdiccional, por lo que en el caso el amparo indirecto en contra de esa omisión resulta improcedente, ya que el actuar de la autoridad responsable se rige por lo dispuesto en los artículos 14 y 17 Constitucionales, por lo que dichos actos que reclama en agravio a su derecho de petición no deja sin defensa a la parte quejosa ni puede verse de forma autónoma, ya que debe considerarse que se trata de una violación de carácter adjetivo, subsanable ante la propia autoridad responsable. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J.7/2015, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 480 del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, con el rubro y texto siguiente DERECHO DE PETICIÓN. LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO NO PUEDE RECLAMARSE DE MANERA AUTÓNOMA. El artículo 8o. constitucional impone a la autoridad la obligación de dar respuesta, en breve término, a la solicitud formulada por un particular; por su parte los artículos 14 y 17 constitucionales regulan el debido proceso, así como el derecho de acción, a través de los cuales se busca obtener una decisión en la que se resuelvan de forma completa las pretensiones deducidas, mediante el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento. En razón de ello, los procedimientos ventilados ante organismos jurisdiccionales o aquellos seguidos ante autoridades que realicen funciones materialmente jurisdiccionales, se rigen bajo las garantías previstas en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, resulta jurídicamente inadmisible que se pueda reclamar de manera autónoma la omisión de dar respuesta a una petición en términos del artículo 8o. constitucional, cuando el particular eleva una solicitud a un funcionario público dentro de un juicio o dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, puesto que las reglas que rigen estos procedimientos son tanto las previstas en los artículos 14 y 17 constitucionales, así como las que desarrollan dichos derechos en la legislación secundaria. No obstante ello, la autoridad está obligada a analizar, conforme a los principios de indivisibilidad e interdependencia previstos en el artículo 1o. constitucional, los derechos como una unidad, no de forma aislada, sino como una totalidad indisociable y exenta de jerarquía. Así, al concebirse de forma armónica, se podrá resolver de mejor manera la omisión que reclama el particular dentro del procedimiento." De igual forma, sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J.8/2015, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 478 del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, con el rubro y texto siguiente "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMA UNA VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO (LEY DE AMPARO ABROGADA). De acuerdo con lo establecido en el artículo 114, fracciones II, III y IV, de la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, se desprende que en contra de actos dictados dentro de procedimientos jurisdiccionales, como dentro de procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, será procedente el amparo indirecto de forma excepcional cuando los actos tengan el carácter de "imposible reparación"; o cuando el quejoso hubiese quedado sin defensa o privado de los derechos que la ley de la materia le conceda. En esas condiciones, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación al derecho de petición, cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional o seguido en forma de juicio, el actuar de la autoridad se rige por lo dispuesto tanto en los artículos 14 y 17 constitucionales, como en los plazos y términos desarrollados por el legislador ordinario en la norma secundaria. En razón de ello, por regla general, el amparo indirecto sería improcedente, pues si se trata exclusivamente de un reclamo dentro de un procedimiento respecto al derecho de petición, el cual no deja sin defensa al quejoso ni puede verse de forma autónoma, debe considerarse que se trata de una violación de carácter adjetivo conforme a la cual tienen que atenderse las reglas establecidas en la legislación ordinaria para el efecto de obligar a la autoridad a dar respuesta a la petición realizada" Como se ve, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando los actos reclamados no sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En esas condiciones como los actos reclamados no tienen el carácter de irreparable, ya que cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aún cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estos no afectan de manera directa e inmediata derecho humano alguno, sino que es de carácter procesal o adjetivo, ya que la afectación que ocasiona es susceptible de repararse una vez que la autoridad responsable de cumplimiento a lo ordenado en auto de dieciocho de marzo del año en curso, pues no se trata de una omisión autónoma al procedimiento, y con ello se busca evitar dentro de los procedimientos jurisdiccionales ordinarios la apertura de numerosos frentes litigiosos de índole constitucional, de suerte que sólo excepcionalmente se susciten cuestiones de esa naturaleza; por tanto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, relacionada con el artículo 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, aplicado este último en sentido contrario. Asimismo, sobre el concepto de ejecución de imposible reparación, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció jurisprudencia, que aparece publicada con el número 244, en la página 164, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con el siguiente epígrafe y texto "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Consecuentemente, por lo expuesto en líneas precedentes, y con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se reitera, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por -, por propio derecho por actualizarse en el caso la causal de improcedencia del juicio constitucional, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, relacionada con el artículo 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, aplicado este último en sentido contrario. En otro aspecto, con fundamento en los dispositivos 22, 28 y 29 del Acuerdo 21/2020, ante la necesaria e idónea continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible y de estimarlo pertinente, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; para lo cual, las partes, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán solicitar -a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea- la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio y la práctica de notificaciones electrónicas, para lo cual se requiere también de la utilización de una firma electrónica vigente (FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal), de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020 que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Asimismo, se invita a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, de cuyo contenido se ordena su registro y, de ser necesario, su incorporación al expediente previa la certificación correspondiente, con fundamento en la fracción II del artículo 22 del citado Acuerdo General 21/2020. Finalmente, se tiene a la parte quejosa por señalado domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, y por autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a-, toda vez que según constancia secretarial de cuenta, se advierte que tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa... LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO.
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Morelia, Michoacán, veintiocho de junio de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por -, por propio derecho, contra actos del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Morelia, Michoacán; regístrese en el Libro de Gobierno e ingrésese al sistema electrónico con el número VII-695/2022-1. Ahora, del análisis a la demanda de garantías, se advierte que la parte quejosa señala como actos reclamados los siguientes: ". CUARTO.- ACTO RECLAMADO. No querer remitir el auto de apertura a juicio oral de fecha 18 de marzo del año en curso, dictado dentro de la causa penal número -, instruida al suscrito, por la comisión del delito de homicidio calificado, en agravio de -, juntamente con los demás registros que obran en la causa penal mencionada, al Tribunal de enjuiciamiento, y ponerme a su disposición, a fin de que se señale fecha para audiencia de juicio y con ello dar inicio con el juicio oral correspondiente, que se sigue en mi contra. La falta de acuerdo y contestación al escrito presentado ante la autoridad responsable, por mi defensor particular licenciado -, donde se le solicita remitir los autos originales de la causa penal número -, instruida al suscrito, por la comisión del delito de homicidio calificado, en agravio de -, al Tribunal de enjuiciamiento a fin de que se señale fecha para audiencia de juicio y con ello dar inicio con el juicio oral correspondiente que se sigue en mi contra". Ahora bien, en atención a lo anteriormente expuesto, se advierten motivos manifiestos e indudables de improcedencia, lo que trae como consecuencia que de conformidad con lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo deba desecharse de plano la demanda de amparo, atento a las siguientes consideraciones. Precisado lo anterior, se advierte que, en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: I. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; VI.". De las disposiciones anteriores se advierte que el juicio de amparo indirecto será improcedente cuando se reclamen actos que no afecten materialmente derechos sustantivos. Ahora bien, la parte quejosa reclama una omisión que le afecta sus derechos consagrados en los artículo 1, 8, 17 y 20 de la Carta Magna y que afirma se comete dentro de un procedimiento jurisdiccional, por lo que en el caso el amparo indirecto en contra de esa omisión resulta improcedente, ya que el actuar de la autoridad responsable se rige por lo dispuesto en los artículos 14 y 17 Constitucionales, por lo que dichos actos que reclama en agravio a su derecho de petición no deja sin defensa a la parte quejosa ni puede verse de forma autónoma, ya que debe considerarse que se trata de una violación de carácter adjetivo, subsanable ante la propia autoridad responsable. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J.7/2015, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 480 del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, con el rubro y texto siguiente: DERECHO DE PETICIÓN. LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO NO PUEDE RECLAMARSE DE MANERA AUTÓNOMA. El artículo 8o. constitucional impone a la autoridad la obligación de dar respuesta, en breve término, a la solicitud formulada por un particular; por su parte los artículos 14 y 17 constitucionales regulan el debido proceso, así como el derecho de acción, a través de los cuales se busca obtener una decisión en la que se resuelvan de forma completa las pretensiones deducidas, mediante el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento. En razón de ello, los procedimientos ventilados ante organismos jurisdiccionales o aquellos seguidos ante autoridades que realicen funciones materialmente jurisdiccionales, se rigen bajo las garantías previstas en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, resulta jurídicamente inadmisible que se pueda reclamar de manera autónoma la omisión de dar respuesta a una petición en términos del artículo 8o. constitucional, cuando el particular eleva una solicitud a un funcionario público dentro de un juicio o dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, puesto que las reglas que rigen estos procedimientos son tanto las previstas en los artículos 14 y 17 constitucionales, así como las que desarrollan dichos derechos en la legislación secundaria. No obstante ello, la autoridad está obligada a analizar, conforme a los principios de indivisibilidad e interdependencia previstos en el artículo 1o. constitucional, los derechos como una unidad, no de forma aislada, sino como una totalidad indisociable y exenta de jerarquía. Así, al concebirse de forma armónica, se podrá resolver de mejor manera la omisión que reclama el particular dentro del procedimiento." De igual forma, sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J.8/2015, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 478 del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, con el rubro y texto siguiente: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMA UNA VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO (LEY DE AMPARO ABROGADA). De acuerdo con lo establecido en el artículo 114, fracciones II, III y IV, de la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, se desprende que en contra de actos dictados dentro de procedimientos jurisdiccionales, como dentro de procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, será procedente el amparo indirecto de forma excepcional cuando los actos tengan el carácter de "imposible reparación"; o cuando el quejoso hubiese quedado sin defensa o privado de los derechos que la ley de la materia le conceda. En esas condiciones, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación al derecho de petición, cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional o seguido en forma de juicio, el actuar de la autoridad se rige por lo dispuesto tanto en los artículos 14 y 17 constitucionales, como en los plazos y términos desarrollados por el legislador ordinario en la norma secundaria. En razón de ello, por regla general, el amparo indirecto sería improcedente, pues si se trata exclusivamente de un reclamo dentro de un procedimiento respecto al derecho de petición, el cual no deja sin defensa al quejoso ni puede verse de forma autónoma, debe considerarse que se trata de una violación de carácter adjetivo conforme a la cual tienen que atenderse las reglas establecidas en la legislación ordinaria para el efecto de obligar a la autoridad a dar respuesta a la petición realizada" Como se ve, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando los actos reclamados no sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En esas condiciones como los actos reclamados no tienen el carácter de irreparable, ya que cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aún cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estos no afectan de manera directa e inmediata derecho humano alguno, sino que es de carácter procesal o adjetivo, ya que la afectación que ocasiona es susceptible de repararse una vez que la autoridad responsable de cumplimiento a lo ordenado en auto de dieciocho de marzo del año en curso, pues no se trata de una omisión autónoma al procedimiento, y con ello se busca evitar dentro de los procedimientos jurisdiccionales ordinarios la apertura de numerosos frentes litigiosos de índole constitucional, de suerte que sólo excepcionalmente se susciten cuestiones de esa naturaleza; por tanto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, relacionada con el artículo 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, aplicado este último en sentido contrario. Asimismo, sobre el concepto de ejecución de imposible reparación, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció jurisprudencia, que aparece publicada con el número 244, en la página 164, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con el siguiente epígrafe y texto: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Consecuentemente, por lo expuesto en líneas precedentes, y con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se reitera, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por -, por propio derecho por actualizarse en el caso la causal de improcedencia del juicio constitucional, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, relacionada con el artículo 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, aplicado este último en sentido contrario. En otro aspecto, con fundamento en los dispositivos 22, 28 y 29 del Acuerdo 21/2020, ante la necesaria e idónea continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible y de estimarlo pertinente, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; para lo cual, las partes, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán solicitar -a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea- la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio y la práctica de notificaciones electrónicas, para lo cual se requiere también de la utilización de una firma electrónica vigente (FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal), de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020 que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Asimismo, se invita a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, de cuyo contenido se ordena su registro y, de ser necesario, su incorporación al expediente previa la certificación correspondiente, con fundamento en la fracción II del artículo 22 del citado Acuerdo General 21/2020. Finalmente, se tiene a la parte quejosa por señalado domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, y por autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a-, toda vez que según constancia secretarial de cuenta, se advierte que tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
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