Juan Jose Martinez Ortiz

Expediente 674/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 1 actuación registrada, la última del 22 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
674/2021
Año
2021
Actuaciones
1
Última actuación
22/07/2021

Partes del expediente

  • Juan Jose Martinez Ortiz

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por -, por su propio derecho, contra actos de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, y otra autoridad. Regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado con el número VII-674/2021-2. Ahora bien, del análisis a la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como actos reclamados, los siguientes: Las omisiones del Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en la 2 Investigación de Robo a Transporte, de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, consistentes en no acordar lo conducente a los hechos denunciados por el quejoso, en su comparecencia ante dicha autoridad, el veintidós de marzo del año en curso, dentro de la Carpeta de Investigación -, Numero Único de Caso -; así como respecto a su solicitud presentada el veintiocho de junio último, ante la Secretaria Técnica de la Fiscalía General del Estado de Michoacán; así también, no realizarle la notificación de los acuerdos relativos a sus peticiones, e impedirle el acceso a dicha carpeta de investigación. En atención a los actos reclamados, el Suscrito estima procedente desechar el presente libelo constitucional por ser notoriamente improcedente, con apoyo en lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo; esto es, por surtirse la causal de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XX, en relación con los diversos 62 y 107 fracción III, inciso b), aplicado a contrario sensu, del mismo ordenamiento legal, por las siguientes razones: Los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo, disponen lo siguiente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará 3 el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El primero de los preceptos pone de manifiesto, que las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el Órgano Jurisdiccional que conozca del juicio de amparo; por su parte, el segundo precepto autoriza a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Con relación a ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate, es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. 4 Asimismo, los artículos 61, fracción XX, y 107, fracción III, inciso b), a contrario sensu, de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate 5 de: a). b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. De esta porción normativa se obtiene que el juicio de amparo es procedente únicamente contra actos administrativos que no sean susceptibles de modificación o revocación a través de algún recurso o medio de defensa ordinario, con independencia de que quien ejerce la acción constitucional lo hubiere hecho valer o no con la debida oportunidad, salvo que se trate de las excepciones limitativamente previstas en la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sobre el punto, es aplicable la Jurisprudencia, bajo registro 187016, sostenida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito consultable en la página 902, Tomo XV, Mayo de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que no se contrapone a las proposiciones de la Ley de Amparo vigente, y dice: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe 6 contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías". Establecido lo anterior, cabe precisar que la demanda de amparo intentada, deviene improcedente, pues la parte quejosa no agotó el principio de definitividad que rige el juicio constitucional. Así es, el principio de definitividad en materia de amparo estudiado por la doctrina, recogido en la legislación y perfeccionado por la Jurisprudencia, consiste en la obligación de agotar todos los medios ordinarios de defensa que tengan el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir al juicio de amparo. Con relación a este principio, el doctor ..., en su libro "El Juicio de Amparo", 27a. Edición, Editorial Porrúa, página 383, manifiesta lo siguiente: "El principio de la definitividad del juicio de amparo supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, 7 bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga el quejoso, el amparo es improcedente." Así encontramos, que respecto de los actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, dicho principio se encuentra contenido en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que establece la improcedencia del juicio de garantías, en aquellos casos en los cuales el particular promueve el juicio constitucional, impugnando un acto emanado de dichas autoridades, sin haber agotado previamente el recurso ordinario que proceda. De lo anterior, se desprende que el legislador exige como requisitos para que se actualice la causal de improcedencia a que se ha hecho referencia, que: a) El acto reclamado sea proveniente de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; b) La ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Ese recurso o medio de defensa, se dé dentro del procedimiento o trámite en que se emitió la actuación reclamada; d) Por virtud de dicho medio ordinario de defensa, el acto reclamado pueda ser modificado, revocado o nulificado; e) Que no se surta en la especie una de las excepciones al principio de definitividad, establecidas en el citado precepto. Por tanto, se colige que el medio de defensa que debe tener a su alcance el quejoso para impugnar el acto emanado de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, es el que se otorga dentro del procedimiento o trámite del que éste proviene, es decir, un recurso ordinario, por virtud del cual se pueda revocar, nulificar o modificar dicho acto. Pues bien, este Juzgador considera que la parte quejosa, ante las omisiones de la autoridad que señala como responsable, Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en la Investigación de Robo a Transporte, de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, consistentes en no acordar lo conducente a los hechos denunciados por el quejoso, en su comparecencia ante dicha autoridad, el veintidós de marzo del año en curso, dentro de la Carpeta de Investigación -, Numero Único de Caso -; así como respecto a su solicitud presentada el veintiocho de junio último, ante la Secretaria Técnica de la Fiscalía General del Estado de Michoacán; así también, no realizarle la notificación de los acuerdos relativos a sus peticiones, e impedirle el acceso a dicha carpeta de investigación, previo a promover la demanda de amparo, en su carácter de ofendido, debió recurrir dichos actos, ante el Juez de Control, conforme a lo establecido en el artículo 109, fracción XXI, en relación con el diverso 258, del Código Nacional de Procedimientos Penales. 9 El artículo 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, dispone lo siguiente: Artículo 109. Derechos de la víctima u ofendido. En los procedimientos previstos en este Código, la víctima u ofendido tendrán los siguientes derechos: XXI. A impugnar por sí o por medio de su representante, las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, en los términos previstos en este Código y en las demás disposiciones legales aplicables. El diverso 258, del mismo ordenamiento legal, en lo que interesa, establece lo siguiente: Notificaciones y control judicial. Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. Por tanto, es claro, que previamente a la promoción del juicio biinstancial, la parte quejosa, al no estar conforme con los actos reclamados, debió recurrirlos ante el Juez de Control, ya que a través de éste, se puede obtener la modificación, revocación o anulación de los mismos. Resulta aplicable a lo anterior, la Jurisprudencia número 27/2018, que por contradicción de tesis, aprobó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la foja 945, del Libro 57, Tomo I, del mes de Agosto de 2018, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, 11 esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos." En esa medida, se concluye que en la especie no se satisfizo el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, por lo que este Órgano Jurisdiccional, estima que no se surte la excepción a dicho principio, prevista en el artículo 61, fracción XX, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, específicamente en el apartado donde ese dispositivo prevé: "No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia." Al respecto se cita la Jurisprudencia XX. J/1, emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo 12 Circuito, que se localiza en la página 94 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, Abril de 1995, Novena Época, con número de registro 205283, que no se contrapone a los postulados de la Ley de Amparo vigente, y estatuye: "RECURSOS ORDINARIOS. DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE A LA INTERPOSICION DEL AMPARO, CUANDO EN LA DEMANDA DE GARANTIAS SE RECLAMAN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN Y CUESTIONES DE LEGALIDAD. Si bien es cierto que el juicio de amparo puede interponerse sin necesidad de agotar recurso ordinario alguno cuando se reclaman violaciones directas a la Constitución General de la República; también lo es que tal excepción a la causal de improcedencia prevista en la fracción XV del artículo 73 de la ley de la materia presupone que en la demanda de garantías exclusivamente se hagan valer violaciones directas a nuestra Carta Magna supuesto que si además se incluyen cuestiones de legalidad, la parte quejosa debe previamente agotar el recurso ordinario procedente." Bajo tal escenario, de conformidad con los razonamientos antes esgrimidos, resulta manifiesta e indudable la causa de improcedencia que se menciona, por lo que SE DESECHA DE PLANO, la presente demanda de amparo, acorde a lo dispuesto por el artículo 113, en relación con los diversos 61, fracción XX, en relación con los diversos 62 y 107 fracción III, inciso b), aplicado a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, Asimismo, de acuerdo con el artículo 21 párrafo tercero, de la Ley de la Materia, se autoriza 13 la práctica de notificaciones personales en general, aun en días y horas inhábiles. En términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo, para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico, como en el impreso, sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Hágase del conocimiento de la parte promovente, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos, y para su difusión, no se requiere del consentimiento de ella; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por su parte, y de ser procedente la publicación, se suprimirán los datos personales, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este Órgano Jurisdiccional. Se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada 14 por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. En otro aspecto, con fundamento en los dispositivos 22, 28 y 29 del Acuerdo 21/2020, ante la necesaria e idónea continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional, se exhorta a la parte quejosa para que, cuando le sea posible y de estimarlo pertinente, transite hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; para lo cual, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán solicitar -a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea- la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio y la práctica de notificaciones electrónicas, para lo que se requiere también de la utilización de una firma electrónica vigente (FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal), de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020 que regula la integración y trámite de expediente electrónico, y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Asimismo, se invita a la parte quejosa, para que proponga formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios, como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, de cuyo contenido se ordena su registro y, de ser necesario, su incorporación al expediente respectivo, previa la certificación correspondiente, con fundamento en la fracción II del artículo 22 del citado Acuerdo General 21/2020. Por tanto, se comisiona al Actuario Judicial Adscrito, para que realice la notificación personal del presente proveído a la parte quejosa, acatando para ello, los lineamientos de higiene derivados de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19), para Notificadores y Defensores Públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones, así como los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud, de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables, de conformidad con el artículo 23, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. En el entendido de que dicha encomienda podrá efectuarse de manera escalonada, en los términos a que se refiere el artículo 2, Fracción IV del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Finalmente, se tiene a la parte quejosa, por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, el que precisa en su demanda de garantías, y como autorizado para tal efecto, así como para imponerse de autos, a -, toda vez que no se encuentra inscrito en el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, como quedó asentado en la constancia secretarial que antecede.

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