Juan José Ortíz Marin y Otros.
Expediente 2028/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 4 de marzo de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 2028/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 04/03/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Juan José Ortíz Marin y Otros.
- Juan José Ortíz Marin
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Oaxaca de Juárez, Oaxaca, cuatro de marzo de dos mil dieciséis. Toda vez que del cómputo secretarial se advierte que transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes legitimadas interpusieran recurso de revisión contra la sentencia dictada en autos, que sobreseyó en el juicio, sin que lo hubiesen hecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada ley, se declara que ha causado ejecutoria dicho fallo, para todos los efectos legales. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del citado año, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se sobreseyó en este juicio de amparo, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción II del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese. Así lo proveyó, el Juez de Distrito Miguel Arroyo Herrera, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante la Secretaria Lucía Concepción Nicolás Ruiz, que autoriza y da fe.
- Principal
MESA III B En la ciudad de Oaxaca de Juárez, Estado de Oaxaca, siendo las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DIECISÉIS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISÉIS, hora y día señalados en auto de veinte diez de diciembre del año en curso (foja 16), para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 2028/2015, promovido por Juan José Ortiz Marin, estando en audiencia pública el Juez de Distrito Miguel Arroyo Herrera, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, asistido de la Secretaria Lucía Concepción Nicolás Ruiz, con quien actúa y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declara legalmente abierta, sin la asistencia de las partes ni de persona alguna que las represente. A continuación, la Secretaria hace relación de las constancias que obran en autos. A lo anterior, el Juez acuerda: Téngase por hecha la relación de las constancias de autos, y por rendido el informe justificado de la autoridad responsable, para los efectos legales a que haya lugar. Enseguida se pasa al período de pruebas, por lo que la Secretaria da cuenta con el estado que guardan los autos, de los que se advierte que la parte quejosa con su escrito de demanda de amparo presento copia simple del escrito fechado el diez de diciembre de dos mil quince (fojas 8 a 10); además, la autoridad responsable Gerente de Servicios Jurídicos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores, remitió diversas documentales para apoyar su informe respectivo (fojas 19 a 48). A lo anterior, el Juez acuerda: téngase por ofrecida y desahogada, dada su propia y especial naturaleza la referida prueba documental, de conformidad con los artículos 119 y 123 de la citada Ley de Amparo, y no habiendo pruebas pendientes por desahogar se cierra este periodo. Acto continuo, abierta la fase de alegatos, la Secretaria informa que ninguna de las partes los formuló, ni la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita presentó pedimento. Con lo anterior, se da por concluida la presente etapa, por lo que se declaran vistos los autos y procede a dictar la resolución correspondiente. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 2028/2015, promovido por Juan José Ortiz Marín, contra actos del Delegado del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, por violación al artículo 8 constitucional, y Resultando PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito presentado el veintiuno de diciembre de dos mil quince, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, y turnado el veintidós de diciembre siguiente a este Juzgado Primero de Distrito, Juan José Ortiz Marín, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra un acto del Delegado del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, que hizo consistir esencialmente en la falta de acuerdo y contestación a su escrito de diez de diciembre de dos mil quince. SEGUNDO. Tramitación del juicio. El veintitrés de diciembre de dos mil quince, se admitió a trámite la demanda, se registró con el número de expediente 2028/2015, se solicitó a la autoridad responsable rindiera su informe con justificación, se dio vista a la representante social de la adscripción, y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional respectiva. Considerando PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, es competente para resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo previsto en los artículos 37 y 107 fracción II, de la Ley de Amparo; 48 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; al reclamarse un acto imputado a una autoridad con residencia en la circunscripción territorial en la que este órgano de control constitucional ejerce su jurisdicción. SEGUNDO. Materia del juicio de amparo. Antes de analizar lo referente a la certeza del acto reclamado, es necesario precisar cuál es éste, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, para lo cual es necesario efectuar un análisis conjunto de la demanda. De la lectura integral de la demanda se deduce que la parte quejosa señaló como acto reclamado de la autoridad responsable: a) La omisión de dar respuesta a su petición de diez de diciembre de dos mil quince, misma que se traduce en no agilizar el trámite para dictaminar el proyecto de escritura y la notario público Número 78 del Estado de Oaxaca estuviera en posibilidad de protocolizar el instrumento respectivo. TERCERO. Certeza o inexistencia del acto reclamado. De acuerdo con la técnica jurídica que rige al juicio de amparo, resulta oportuno pronunciarse respecto de la certeza o inexistencia del acto que se tilda violatorio de derechos humanos, ya que por razón de método, en toda sentencia de amparo, dicho proceder debe ocurrir previamente y, sólo en el caso de su existencia, lo aleguen o no las partes, el Tribunal que conoce del procedimiento debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen para, por último y de ser procedente el juicio, entrar al análisis del fondo del asunto. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no existir el acto combatido, sería ocioso ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia, y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resultaría imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica en el primer caso, que el acto reclamado sea cierto y, en el segundo, que además de ser cierto, el juicio de garantías sea procedente. 3.1 Acto Existente. Bajo ese orden de ideas, al rendir su informe justificado la autoridad responsable, negó la existencia del acto reclamado, empero precisó que efectivamente el diez de diciembre de dos mil quince el ahora quejoso presentó un escrito que dirigió al Delegado del INFONAVIT, manifestando consideraciones sin sustento, solicitando se giraran instrucciones para que el área de crédito de esa institución enviara en forma inmediata la respuesta a la notaría pública número 78 en el Estado, sobre el proyecto de escritura para el ejercicio de su crédito, sin embargo, precisó que el quejoso no señaló su domicilio; de lo anterior, se colige que si bien la autoridad responsable niega la existencia del acto reclamado, de sus propias manifestaciones es factible advertir que no emitió acuerdo alguno a fin de atender la solicitud del ahora quejoso, mucho menos exhibió las constancias relativas con las que justificara su negativa; por tanto, la misma se desvirtúa y se tiene por cierto el acto que se le atribuye. CUARTO. Procedencia de la demanda. Previo el estudio del fondo del asunto, procede analizar si contra el acto cuya existencia ha quedado determinada se actualiza alguna causa de improcedencia, ya sea que la hayan invocado las partes, o bien, oficiosamente sea advertida por el suscrito juzgador, toda vez que se trata de una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En la especie, contra la omisión reclamada de la autoridad responsable, el suscrito juzgador de oficio estima que en el caso sobrevino la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, con relación a los diversos 103, fracción I, de la Constitución General de la República, 1°, fracción I, y 5, fracción II, del primer ordenamiento legal invocado, los cuales, en ese orden, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.] Artículo 1º. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.] Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [...] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. De los preceptos legales transcritos, así como de la naturaleza y fines del juicio de amparo, se establece que no es suficiente con que se reclame una violación a los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Federal, así como por los tratados internaciones de los que el Estado Mexicano sea parte, para que el juicio de amparo sea procedente, sino que es necesario que la contravención de los derechos fundamentales corra a cargo de una autoridad. En relación con lo que debe entenderse por autoridad responsable, cabe destacar que tal calidad no únicamente le asiste a los entes entre los que dentro de sus facultades se encuentra la de imperio, es decir, de hacer respetar por medio de la fuerza pública sus propias determinaciones, sino que comprende también a todas aquéllas (incluso particulares) que realicen actos que crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas concretas en perjuicio del particular determinado y de una manera imperativa. En vinculación con lo anterior, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, referente al concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo en la jurisprudencia 164/2011, determinó las notas distintivas siguientes: La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado Con base en ello, se advierte que la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada, a que los actos que se reclamen provengan de una autoridad, entendiéndose por tal aquella que, con fundamento en una norma legal, dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto reclamado con el objeto de imponer unilateralmente obligaciones a los gobernados, modificar las existentes o limitar sus derechos. Así, el concepto actual de autoridad para efectos del juicio de amparo, refiere a aquellas a quienes la norma legal faculta para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales, esto es, autoridades para efectos del juicio de amparo son las que ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, lo que permite concluir que el concepto de autoridad por regla general excluye a los actos de particulares, precisándose así determinar para tal efecto si la relación jurídica se ubica dentro de las denominadas de supra o subordinación entablada entre los órganos de autoridad del Estado, por un lado, y el gobernado, por el otro, donde la voluntad del gobernante se impone de manera unilateral, imperativa y coercitiva al poderse exigir mediante el uso de la fuerza pública o a través de otras autoridades, existiendo como límite a su actuación los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Federal. También, resulta conveniente destacar que la teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dicha competencia para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materia de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Federal, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, y las de supracoordinación que se entablan entre órganos del Estado. Parámetros que resultan útiles para distinguir a una autoridad, con las características precisadas con antelación, para efectos del juicio de amparo. Ahora, en lo específico, debe decirse que el análisis sistemático del transcrito artículo 5o., fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, en cuanto establece la procedencia del juicio de amparo contra actos de particulares "... cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad ...", debe entenderse en su contenido semántico del vocablo "equivalente", el actuar de los particulares que se coloquen en un plano semejante respecto de las autoridades que realicen actos unilaterales, imperativos y coercitivos. En ese sentido, la ejecución de actos en un plano de igualdad con otros particulares, que no impliquen una subordinación como autoridad coercitiva e imperativa, de ningún modo refleja el que los particulares pudieran tener por equivalencia el carácter de autoridades responsables, ni de actos equivalentes a los de autoridad, dado que el fragmento del precepto de que se trata no debe interpretarse de manera aislada, sino que con los principios constitucionales que como mandatos de optimización estatuyen los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, que en su contenido literal no establecen la regulación expresa de actos propios de particulares para la procedencia del juicio de amparo, ni esa connotación jurídica puede encontrar sustento en la iniciativa de la nueva Ley de Amparo, ni en el procedimiento propio de debate correspondiente, por no referirse a la indicada acepción, que tampoco puede contrariar lo dispuesto en la Ley Suprema del país. Por consiguiente, si el actuar de un particular en un plano de igualdad y horizontal con otro u otros particulares no se encuentra previsto en un principio regulado como acto de autoridad en la Constitución Federal, menos puede discernirse ese vínculo jurídico de leyes generales secundarias, como reglas en un ámbito meramente fáctico, puesto que la Ley de Amparo no ha de reñir con los principios que la propia Carta Fundamental estatuye, sino que debe atenderse a lo que dispuso el legislador ordinario en la norma secundaria como "equivalente", entendiéndose por esto cuando los particulares actúen en auxilio o en cumplimiento de un acto de autoridad, pues no pueden soslayarse los preceptos constitucionales que rigen por excelencia el juicio de amparo en México, continúan incólumes en su contenido deontológico -teoría de los deberes- y axiológico -teoría de los valores- la procedencia del amparo contra "actos de autoridad", esto es, los que cumplen los requisitos legales de ser unilaterales, imperativos y coercitivos, en el orden en que actúa un ente público -por sí o por auxilio de un particular o en cumplimiento de un mandato o de una ley- que exija un hacer u omisión inexcusable, sometiéndose la voluntad del particular a través de medios represivos o inhibitorios para que se cumpla una decisión originariamente proveniente de la autoridad estatal. Con todos esos lineamientos, permite concluir que no respecto de cualquier acto de particular sea procedente el juicio de amparo, y que no todos los actos que emite un ente público pueden considerarse como de autoridad para efectos del amparo. En la especie, para sostener lo inicialmente afirmado, es conveniente señalar que del escrito de demanda e informes justificados se advierte lo siguiente: ? La parte impetrante de amparo formuló petición al Delegado del INFONAVIT en Oaxaca, mediante escrito de diez de diciembre de dos mil quince, a través del cual le solicitó girara sus instrucciones a quien correspondiera a fin de que dictaminara el proyecto de escritura de compraventa así como de crédito simple con garantía hipotecaria. ? Por su parte, la autoridad responsable al rendir su informe justificado precisó que efectivamente el ahora quejoso le elevó una petición, y que en la misma no señaló domicilio, por lo que se estima que no le dio respuesta a su solicitud. Lo narrado pone de manifiesto que el acto reclamado al Delegado del Instituto Nacional de la Vivienda de los Trabajadores, no es un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, toda vez que la solicitud deviene de un contrato de apertura de crédito simple con garantía hipotecaria y el particular (aquí quejoso), empero, no es una conducta que desplieguen con el carácter de autoridad de supra subordinación, sino lo efectúan en su calidad que dice ostentar el impetrante de amparo, relación jurídica de coordinación, entabladas entre la institución y un particular, que no implica una subordinación como autoridad coercitiva e imperativa, sino en un plano de coordinación. Por lo que conduce a determinarse que la petición de la parte quejosa así como de la respuesta recaída a la misma, no debe considerase como un acto de autoridad, toda vez que en el caso concreto, el funcionario que el impetrante de amparo señala como responsable, está actuando en su calidad de ente de financiamiento de un crédito hipotecario para la obtención de una vivienda en sustitución del patrón. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la sustentan, la tesis III.1o.T.Aux.11A emitida por el Primer Tribunal Colegiado Auxiliar con residencia en Guadalajara Jalisco, visible a foja 1273, tomo XXXII, septiembre de dos mil diez, materia administrativa del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS). CARECE DEL CARÁCTER DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CUANDO SU ACTUACIÓN U OMISIÓN SE MATERIALIZA EN FUNCIÓN DE SUS ATRIBUCIONES COMO ENTE ASEGURADOR Y EN SUSTITUCIÓN DEL PATRÓN, COMO CONSECUENCIA DEL VÍNCULO LABORAL ENTRE ÉSTE Y EL TRABAJADOR Y NO SÓLO CUANDO SE RECLAME LA FALTA DE RESPUESTA A UNA SOLICITUD EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN (APLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 211/2009). De la jurisprudencia 2a./J. 211/2009, publicada en la página 303 del Tomo XXX, diciembre de 2009, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. NO TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO, CUANDO SE RECLAMA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN QUE DEBE RESPONDERSE EN SU CARÁCTER DE ENTE ASEGURADOR.", se advierte que para que al Instituto Mexicano del Seguro Social no se le considere como autoridad en el amparo, se requiere que en la demanda se reclame la falta de respuesta a una solicitud en ejercicio del derecho de petición consagrado por el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, de la ejecutoria que le dio origen se conoce la razón jurídica que justifica ese criterio, y ésta se relaciona con el doble carácter que el referido organismo tiene legalmente reconocido, a saber: 1. Como organismo fiscal autónomo en la determinación y recaudación de las cuotas obrero patronales, caso en el cual actúa como autoridad con los atributos propios que la ley le otorga, esto es, bajo una relación de supra a subordinación; y 2. Como ente asegurador y en sustitución del patrón, como consecuencia del vínculo laboral entre éste y el trabajador o con base en un acto jurídico mediante el cual se obliga a otorgar determinadas prestaciones en servicios, especie o en dinero al asegurado o a sus beneficiarios, donde se conduce en un plano de igualdad, dado que involucra el cumplimiento de dicho acuerdo de voluntades. De ahí que, siguiendo esos lineamientos, cuando se trata de establecer si el indicado instituto efectivamente tiene el carácter de autoridad responsable, el rasgo determinante no obedece al tipo de garantías que el quejoso aduzca como violadas ni a la circunstancia de que reclame la falta de respuesta a una petición en términos del artículo 8o. constitucional, pues ello sólo tiene que ver con el contenido de los conceptos de violación y con lo que el agraviado decida señalar como acto reclamado, pero no necesariamente involucra el tipo de atribuciones que, con su actuación u omisión ejerce, las que deben coincidir con las que la Suprema Corte de Justicia de la Nación identifica como propias de un organismo fiscal autónomo en la determinación y recaudación de las cuotas obrero patronales. A partir de lo anterior se afirma que el Instituto Mexicano del Seguro Social carece del carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, cuando su actuación u omisión se materializa en función de sus atribuciones como ente asegurador en los términos descritos, pues entonces la expresión de sus atribuciones se agota en un plano de igualdad y no de supra a subordinación, sin importar que el acto reclamado no se identifique exclusivamente con el derecho de petición, ya que, según lo expuesto, no es esa la única hipótesis a la que resulta aplicable la citada jurisprudencia. De ahí que el presente juicio resulta improcedente, pues el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridades, y en el caso las señaladas como responsables en el caso en específico no tienen tal carácter. En las relatadas circunstancias, queda de manifiesto que se actualiza la causa de improcedencia en estudio, por tanto, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 103, fracción I, de la Constitución General de la República, y 1°, fracción I y 5, fracción II, del primer ordenamiento legal invocado, se SOBRESEE en el presente juicio respecto al acto reclamado y autoridad precisada. Por lo expuesto y fundado, se Resuelve ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo. Notifíquese. Así lo proveyó, el Juez de Distrito Miguel Arroyo Herrera, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante la Secretaria Lucía Concepción Nicolás Ruiz, que autoriza y da fe
- Principal
MESA III B Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veintiuno de enero de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el informe justificado que rinde el Gerente de Servicios Jurídicos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; y sus anexos; con los cuales, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes, para su debido conocimiento. Notifíquese. Así lo proveyó, el Juez de Distrito Miguel Arroyo Herrera, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante la Secretaria Lucía Concepción Nicolás Ruiz, que autoriza y da fe.
- Principal
MESA III B Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veinte de enero de dos mil dieciséis. Vistos los autos de los que se advierte, por una parte, que se encuentra señalada para hoy la audiencia constitucional, y por otra, que la autoridad responsable Delegado del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, no ha rendido su informe justificado, pues aún está transcurriendo el plazo de quince días que se le concedió en proveído de veintitrés de diciembre de dos mil quince, para que rindiera el mismo; en tal virtud, la audiencia constitucional señalada para hoy, se difiere para que tenga verificativo a las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DIECISÉIS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISÉIS. Notifíquese. Así lo proveyó, el Juez de Distrito Miguel Arroyo Herrera, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante la Secretaria Lucía Concepción Nicolás Ruiz, que autoriza y da fe.
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