JUAN JOSE AMAYA CRUZ y Otros.
Expediente 873/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 873/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 17/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- JUAN JOSE AMAYA CRUZ y Otros.
Actuaciones
- Principal
MESA II B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de octubre de dos mil diecinueve. Visto el cómputo secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de queja contra el acuerdo por el que se desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del citado año, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se desechó la demanda de amparo en este juicio de amparo, hágase del conocimiento de la parte quejosa que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción I del punto Vigésimo Primero del Acuerdo Invocado. Realícense las anotaciones relativas en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.
- Principal
MESA II San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de octubre de dos mil diecinueve. Con el oficio signado por el Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, al que adjunta el juicio de amparo 857/2019 de su índice, promovido por JUAN JOSÉ AMAYA CRUZ, con motivo de que ese Juzgado estimó que a este órgano jurisdiccional corresponde conocer de ese asunto por contar con un antecedente con el cual tiene conocimiento previo del acto reclamado; fórmese expediente impreso y electrónico, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 873/2019. Este órgano de control constitucional comparte las consideraciones del Juzgado declinante por lo que acepta seguir conociendo del aludido juicio de amparo y se avoca a su estudio; acúsese recibo. Con motivo de que este Juzgado se avocó al conocimiento del juicio de amparo antes mencionado, y para efectos de integrar debidamente el expediente electrónico, solicítese al titular del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, -que si no estima hay algún inconveniente-, haga disponible el expediente electrónico del referido juicio, a fin de que este Juzgado pueda vincular el expediente electrónico de este juicio con el de origen. Lo anterior, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen que la integración de expediente electrónico es obligación de los Juzgados de Distrito. En principio, conviene señalar que de la lectura integral de la demanda se advierte que de la autoridad responsable Universidad José Vasconcelos de Oaxaca, la parte quejosa reclama la baja definitiva por tener una enfermedad (hepatitis crónica de larga evolución) contagiosa; y de las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, la omisión de legislar en el derecho a la educación, en el rubro de los mecanismos administrativos-jurídicos que permitan a los estudiantes de todos los niveles que estudien en universidades privadas contar con mecanismos de defensa imparciales en contra de actos de instituciones educativas privadas. Contra el acto reclamado a la autoridad responsable Universidad José Vasconcelos de Oaxaca, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, se estima actualizada de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 1, fracción I, y 5 fracción II, del mismo ordenamiento. De los preceptos legales citados así como de la naturaleza y fines del juicio de amparo, se establece que no es suficiente con que se reclame una violación a los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Federal, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, para que el juicio de amparo sea procedente, sino que es necesario que la contravención de los derechos fundamentales corra a cargo de una autoridad para efectos del juicio de amparo. En vinculación con lo anterior, se advierte que la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada, a que los actos que se reclamen se consideren como de autoridad, entendiéndose por tal, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas Así, el concepto actual de autoridad para efectos del juicio de amparo, refiere a aquellas a quienes la norma legal faculta para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales, esto es, acto de autoridad para efectos del juicio de amparo es el emitido en ejercicio de facultades decisorias que le están atribuidas al emisor en la ley y que, por ende, constituyen una potestad del Estado, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública su fuente, lo que permite concluir que el concepto de autoridad por regla general excluye a los actos de particulares. Lo anterior con independencia de la naturaleza formal del ente emisor, pues incluso la propia Ley de Amparo, precisa que tendrán la calidad de autoridad para efectos del juicio, los particulares cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos ya citados, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Hechas las precisiones anotadas, a juicio del secretario encargado del despacho, con relación al acto reclamado a la primera autoridad señalada como responsable, se evidencia que no se actualiza ninguno de los supuestos de procedencia que señala el artículo 1° de la Ley de Amparo, ya que éstos, no constituyen actos de autoridad para efectos del juicio constitucional ni uno que se le pueda equiparar, ya que, deben impugnarse en sede contenciosa administrativa ordinaria. Bajo ese contexto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que el hecho de que una universidad privada -como lo es en el caso-, realice actos relacionados con la inscripción o ingreso, evaluación, permanencia o disciplina de sus alumnos, no amerita que dicha autoridad se refleje en un particular que realiza actos de autoridad, pues la relación entre una universidad privada y su alumnado, nace en una disposición integrada al orden privado, por lo que no constituye un acto unilateral, sino de coordinación, estableciendo que tiene como objeto prestar un servicio educativo, por lo que actúan conforme a la normativa interna de la propia universidad, y que las personas que por voluntad propia deciden tener el carácter de alumno, tiene conocimiento de que, en dado caso de un incumplimiento a dicha normativa, se podrán tomar las medidas disciplinarias ante el indebido cumplimiento de lo acordado en la relación del contrato que en un principio se estableció. Por lo que en el caso, el acto reclamado consistente en la baja definitiva por tener una enfermedad (hepatitis crónica de larga evolución) contagiosa, de dicha institución educativa, no puede consistir acto de autoridad por el actuar de la Universidad José Vasconcelos de Oaxaca, S.C.; la cual tiene su origen en una disposición integrada al orden privado y no constituye un acto unilateral, sino de coordinación, atendiendo a que la universidad tiene como objeto prestar servicios educativos a nivel superior y actúa con base en su normativa interna, que obliga únicamente a quienes por voluntad propia deciden adquirir el carácter de alumnos; lo que no se traduce en un acto de autoridad para efectos del juicio constitucional. Al efecto, se cita la jurisprudencia 65/2018 (10ª.), aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: UNIVERSIDADES PRIVADAS. CUANDO REALIZAN ACTOS RELACIONADOS CON LA INSCRIPCIÓN O INGRESO, EVALUACIÓN, PERMANENCIA O DISCIPLINA DE SUS ALUMNOS, NO TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El artículo 5o., fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo prevé que para efectos de esa ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esa fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Ahora bien, el hecho de que una universidad privada realice actos relacionados con la inscripción o ingreso, evaluación, permanencia o disciplina de sus alumnos, con motivo de la aplicación de la normativa interna, no conlleva que se constituya en un particular que realiza actos de autoridad para efectos del juicio de amparo (por más que el estudiante pueda considerar que afecta sus derechos), ya que la relación entre las universidades particulares y sus educandos tiene su origen en una disposición integrada al orden privado y no constituye un acto unilateral, sino de coordinación, atendiendo a que aquéllas tienen como objeto prestar servicios educativos en los niveles medio superior y superior y actúan con base en su normativa interna, que obliga únicamente a quienes por voluntad propia deciden adquirir el carácter de alumnos y tienen conocimiento de que ante el incumplimiento de lo acordado en la relación contractual, pueden tomarse las medidas disciplinarias correspondientes, las que no constituyen un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. [Décima Época, Registro: 2017394, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 56, Julio de 2018, Tomo I, Materia(s): Común, página: 647]. Por otra parte, respecto del acto reclamado a las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión relativo a la omisión de legislar en el derecho a la educación, en el rubro de los mecanismos administrativos-jurídicos que permitan a los estudiantes de todos los niveles que estudien en universidades privadas contar con mecanismos de defensa imparciales en contra de actos de instituciones educativas privadas. También en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, se estima actualizada de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción, fracción XII, de la Ley de Amparo, contra las omisiones legislativas que se les reclama. Para argumentar lo anterior, cabe tener presente que sobre el tema -omisión legislativa-, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 1359/2015, determinó: "Al respecto, es importante aclarar que aunque en el caso concreto se estudia una omisión legislativa atribuida al Congreso de la Unión, lo cierto es que otras autoridades también podrían estar constitucionalmente obligadas a emitir normas generales, abstractas e impersonales. Sin embargo, en el resto de la sentencia sólo se hará referencia a las omisiones legislativas atribuidas al Poder Legislativo, en tanto se trata del supuesto en estudio. Ahora bien, para poder establecer un criterio sobre este tema, esta Primera Sala estima necesario clarificar qué es una "omisión legislativa". En este sentido, hay que tener en cuenta como punto de partida la manera en que esta Suprema Corte ha entendido dicho concepto cuando se ha analizado la constitucionalidad de este tipo de actos en otras vías procesales, como las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad. En este orden de ideas, al resolver la controversia constitucional 14/2005, el Tribunal Pleno distinguió entre omisiones legislativas absolutas y relativas. Las primeras se presentan cuando "[el órgano legislativo] simplemente no ha ejercido su competencia de crear leyes en ningún sentido, ni ha externado normativamente ninguna voluntad para hacerlo, de ahí que la misma siga siendo puramente potencia". En cambio, las omisiones legislativas relativas ocurren cuando "el órgano legislativo [ha] ejercido su competencia, pero de manera parcial o simplemente no realizándola de manera completa e integral, impidiendo así el correcto desarrollo y eficacia de su función creadora de leyes." En esta línea, en dicho precedente también se distinguió entre omisiones legislativas de ejercicio potestativo y de ejercicio obligatorio, en función de si existe una obligación de actuar o si se trata de una facultad discrecional. Así, de la combinación de ambas clasificaciones, podrían distinguirse cuatro tipos distintos de omisiones legislativas: (a) absolutas en competencias de ejercicio obligatorio; (b) relativas en competencias de ejercicio obligatorio; (c) absolutas en competencias de ejercicio potestativo; y (d) relativas en competencias de ejercicio potestativo; clasificación recogida en la tesis jurisprudencial de rubro "OMISIONES LEGISLATIVAS. SUS TIPOS." Por otra parte, no deben confundirse las omisiones legislativas con las lagunas. Existe una laguna normativa cuando el legislador no regula un supuesto de hecho específico, de tal forma que un caso concreto comprendido en ese supuesto no puede ser resuelto con base en una norma preexistente del sistema jurídico. En cambio, como ya se señaló, una omisión legislativa se presenta cuando el legislador no expide una norma o un conjunto de normas estando obligado a ello por la Constitución. Así, mientras las lagunas deben ser colmadas por los jueces creando una norma que sea aplicable al caso (o evitando la laguna interpretando las normas existentes de tal forma que comprendan el supuesto que se les presenta), una omisión legislativa no puede ser reparada unilateralmente por los tribunales, pues éstos no tienen competencia para emitir las leyes ordenadas por la Constitución, por lo que es el órgano legislativo quien debe cumplir con su deber de legislar. De acuerdo con lo anteriormente expuesto, esta Primera Sala considera que en el marco del juicio de amparo sólo habrá una omisión legislativa propiamente dicha cuando exista un mandato constitucional que establezca de manera precisa el deber de legislar en un determinado sentido y esa obligación haya sido incumplida total o parcialmente. En efecto, en caso de no existir un mandato constitucional que establezca con toda claridad el deber de legislar, la conducta de la autoridad carecería de toda relevancia jurídica para efectos del juicio de amparo, de ahí que en esta vía procesal no tenga mucho sentido hablar de omisiones de ejercicio potestativo". De esas consideraciones se puede advertir que, para que proceda el juicio de amparo contra una omisión legislativa, necesariamente debe de existir un mandato constitucional que establezca con claridad el deber de legislar en un determinado sentido y esa obligación haya sido incumplida total o parcialmente; de ahí que, ante la ausencia de ese mandato constitucional, dicha omisión carece de relevancia jurídica para efectos del juicio de amparo. De ahí que, ante la falta de aquél (mandato constitucional) que obligue a la autoridad a emitir una ley en cierto sentido, el juicio de amparo es improcedente. Sirve de apoyo a lo anterior, las tesis aisladas 1a. XIX/2018 (10a.) y 1a. XX/2018 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros y títulos: DIFERENCIAS ENTRE LAS LAGUNAS NORMATIVAS Y LAS OMISIONES LEGISLATIVAS. Existe una laguna normativa cuando el legislador no regula un supuesto de hecho específico, de tal forma que un caso concreto comprendido en ese supuesto no puede ser resuelto con base en normas preexistentes del sistema jurídico. En cambio, una omisión legislativa se presenta cuando el legislador no expide una norma o un conjunto de normas estando obligado a ello por la Constitución. Así, mientras las lagunas deben ser colmadas por los jueces creando una norma que sea aplicable al caso (o evitando la laguna interpretando las normas existentes de tal forma que comprendan el supuesto que se les presenta), una omisión legislativa no puede ser reparada unilateralmente por los tribunales, pues éstos no tienen competencia para emitir las leyes ordenadas por la Constitución, por lo que es el órgano legislativo quien debe cumplir con su deber de legislar. [página 1095 del Libro 52, Marzo de 2018, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación]. OMISIONES LEGISLATIVAS. SU CONCEPTO PARA FINES DEL JUICIO DE AMPARO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que en el marco del juicio de amparo sólo habrá una omisión legislativa propiamente dicha cuando exista un mandato constitucional que establezca de manera precisa el deber de legislar en un determinado sentido y esa obligación haya sido incumplida total o parcialmente. En efecto, en caso de no existir un mandato constitucional que establezca con toda claridad el deber de legislar, la conducta de la autoridad carecería de toda relevancia jurídica para efectos del juicio de amparo, de ahí que en esta vía procesal no tenga mucho sentido hablar de omisiones de ejercicio potestativo. Por último, es importante aclarar que autoridades distintas al Congreso de la Unión también podrían estar constitucionalmente obligadas a emitir normas generales, abstractas e impersonales. [página 1100, del Libro 52, Marzo de 2018, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación]. Asimismo, no obstante lo anterior, respecto de los citados actos reclamados también se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, cuyo tenor literal es el siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.). Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. La causa de improcedencia que prevé el precepto primeramente invocado, parte del principio de que no pueden ser materia de estudio en el juicio de amparo aquellos actos que para los efectos del amparo se consideran consentidos tácitamente, es decir, porque al no haberse reclamado en esa vía dentro de los plazos señalados en la ley de la materia, opera lo que el legislador estableció como una presunción de que el gobernado ha consentido en forma tácita la emisión o ejecución de los actos reclamados. Sobre tal base, es importante mencionar que la interpretación literal del segundo de los artículos transcritos, revela que por regla general el plazo para promover la demanda de amparo es de quince días, salvo los supuestos siguientes: a) Treinta días, cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición. b) Hasta ocho años, cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión. c) Siete años, cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. d) En cualquier tiempo, cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. A efecto de determinar el momento en el cual comienza a correr el plazo para presentar la demanda de amparo, debe destacarse que conforme al artículo 18 de la Ley de Amparo, el plazo para promover el amparo se contará desde el día siguiente: Al en que surta sus efectos conforme a la ley que rige el acto la notificación al quejoso de la sentencia, resolución o acuerdo que reclame; Al en que el quejoso haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o Al en que se hubiese ostentado sabedor de tales actos. Ahora, es un hecho notorio para este Juzgado de Distrito que el quejosos promovió el diverso juicio de amparo número 609/2019, del cual agregó a los autos copia certificada la Juez Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, declinante de la competencia, en el que reclamó como acto destacado la baja definitiva como alumno de la Institución Educativa Universidad José Vasconcelos de Oaxaca, con efectos a partir del siete de junio de dos mil diecinueve, acto que en esa demanda refirió le fue notificado el veinte de junio siguiente; además, en los hechos que narra en la demanda de amparo mencionada, en el punto uno, señala que el citado veinte de junio acudió a la escuela en mención para recoger sus documentos semestrales, preguntar por los trámites de inscripción para el próximo semestre, y ver el acuerdo correspondiente a la justificación de faltas que hizo en su momento, fue cuando le informaron que tenía que firmar la baja definitiva de ese Instituto. Luego entonces, lo anterior evidencia que contrario a lo afirmado por el quejoso en la demanda de amparo que se provee, en cuanto a que dice tuvo conocimiento el cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, del acto relativo a la baja definitiva como alumno de la citada Universidad, resulta que el quejoso en realidad conoció de los actos reclamados desde el veinte de junio del año en curso, lo que constituye una confesión expresa de la parte quejosa en aquél juicio de amparo (609/2019), en términos del artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, al haberla realizado de manera clara, precisa y bajo protesta de decir verdad. Elemento de convicción al que se le reconoce pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 199 y 200 del ordenamiento supletorio en mención . Bajo ese contexto, se pone de manifiesto que la demandante del amparo en este juicio, tuvo conocimiento fehaciente del acto reclamado desde el veinte de junio del presente año; de ahí que es evidente que se actualiza la hipótesis normativa establecida en el primero de los supuestos que prevé el artículo 18 de la Ley de Amparo; es decir, que el plazo de quince días debe computarse a partir del siguiente al en que el quejoso haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución. En el caso, como se ha señalado, el veinte de junio de dos mil diecinueve, el quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado, por lo que el plazo genérico de quince días previsto en el artículo 17 de la ley de la materia para promover el juicio de amparo empezó a computarse el veintuno de junio y concluyó el once de julio del año en curso, sin contar los días sábados y domingos, al ser inhábiles en términos de lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley de Amparo. Luego, si la demanda de amparo signada por la parte quejosa, fue presentada en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, residente en esta población hasta el diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve, es incuestionable que se hizo fuera del plazo legal previsto en el numeral 17 de la citada Ley, lo que jurídicamente implica que el aludido acto reclamado fue consentido por el impetrante del amparo, dado que no se está en el supuesto de excepción que prevé la fracción IV del mencionado artículo. En tales condiciones, al actualizarse de manera notoria, manifiesta e indudable las causas de improcedencia analizadas, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de que se trata. Sirve de apoyo, la jurisprudencia por contradicción de tesis, siguiente AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. EXCEPCIONALMENTE PUEDE CONSTITUIR LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EN ASUNTOS TRAMITADOS CONFORME A LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013 [INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 54/2012 (10a.)]. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la jurisprudencia citada, la regla general consistente en que en el auto inicial de trámite de la demanda de amparo no pueden realizarse análisis exhaustivos, porque sólo se cuenta con lo manifestado en la demanda y con las pruebas que se anexan, por lo que no es la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio constitucional; ahora bien, tal determinación no excluye la posibilidad de que existan casos de excepción a dicha regla general, como podrían ser aquellos en los que ya esté expresamente definido por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que una autoridad señalada como responsable no tiene ese carácter para efectos de la procedencia del juicio de amparo, cuando ello no se oponga a la legislación vigente, acorde con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, en virtud de que sería suficiente aplicar el criterio definido respecto de algún acto determinado, sin que se requiera mayor pronunciamiento para que en el auto inicial del juicio constitucional pueda desecharse la demanda por una causa notoria e indudable de improcedencia en términos del artículo 113 de la ley citada, lo que debe ser incuestionable y de obvia constatación, para lograr certidumbre de que el caso de improcedencia no podría llegar a modificarse con los elementos que aportaran las partes al procedimiento. [Época: Décima Época, Registro: 2007580, Instancia: Plenos de Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 11, Octubre de 2014, Tomo II, Materia(s): Común, Tesis: PC.III.L. J/5 L (10a), Página: 1224]. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones los estrados de este órgano jurisdiccional, con fundamento en el artículo 27, fracción III de la Ley de Amparo, practíquensele sus notificaciones por lista de acuerdos, y únicamente téngase por autorizados para esos efectos a las personas que señala, por así solicitarlo expresamente el quejoso. Para concluir, se autoriza a las partes, para que, al imponerse de los autos, puedan utilizar medios electrónicos (cámaras o lectores ópticos) para reproducir copias de las constancias de autos. Finalmente, con apoyo en lo dispuesto 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince; mediante oficio que al efecto se gire, remítase el presente expediente a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en esta localidad, para que realice la compensación respectiva a fin de equilibrar las cargas de trabajo y posteriormente lo devuelva a este juzgado. Notifíquese personalmente.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · 12,210 expedientes
- JUAN IGNACIO DE LA CAJIGA MARÍN y Otros.847/2018
- JUAN JARQUÍN RUIZ y Otros.269/2021
- Juan Javier San Juan Antonio1608/2015
- Juan Jesús Castellanos Arrazola1542/2014
- Juan Jiménez Fernandez o José Juan Jiménez Fernandez y Otros.252/2017
- Juan Jimmy Cruz Pablo y Otros.278/2016
- JUAN JOSÉ AMAYA CRUZ y Otros.609/2019
- JUAN JOSÉ ARREAGA CASTELLANOS y Otros.1049/2021
- JUAN JOSÉ FRANCISCO ECHEVERRIA SÁNCHEZ y Otros.441/2018
- Juan José García Bautista369/2015
- Juan José López López y Otros.248/2016
- Juan José Ortíz Marin y Otros.2028/2015