Juan José Mendoza Aceves

Expediente 324/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 10 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
324/2023
Año
2023
Actuaciones
10
Última actuación
17/11/2023

Partes del expediente

  • Juan José Mendoza Aceves

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Nuevo Laredo, Tamaulipas, diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Promoción Téngase por recibida la intervención ministerial 312/2023 del agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, mediante el cual interponen recurso de revisión en contra de la sentencia terminada de engrosar el diecisiete de octubre de dos mil veintitrés (fojas 48 a 75), en los autos del presente juicio de amparo, atento a su contenido, se acuerda: Determinación Agréguese a los autos para que obre como corresponda la intervención ministerial de cuenta, atento a su solicitud, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de que se trata, por lo que una vez notificadas las partes, y dentro del término de tres días, contados a partir del día siguiente al que se integre debidamente el expediente, remítase el mismo al Tribunal Colegiado en turno del Décimo Noveno Circuito, con residencia en Reynosa, Tamaulipas, para su substanciación, junto con el original del escrito de expresión de agravios y una copia para el Ministerio Público de la Federación adscrito a ese órgano colegiado; así como, un disco versátil digital (DVD) que contiene la videograbación de la audiencia de medida cautelar de prisión preventiva dentro de la carpeta procesal CP/130/2022, y distribúyanse entre las partes las copias del recurso de mérito para los efectos legales conducentes. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    Se agrega oficio del Juez de Control de la Cuarta Región Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, únicamente para que obre como corresponda el oficio de cuenta, lo anterior es así ya que mediante proveído de treinta de los corrientes se acordó sobre el particular. Por otra parte, se tiene remitiendo en alcance la información contenida en el disco DVD que envía la autoridad responsable, en el entendido de que podrá ser consultada por las partes, si lo estiman necesario. Notifíquese.

  3. Principal

    Nuevo Laredo, Tamaulipas, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Promoción Téngase por recibido el oficio del Juez de Control de la Cuarta Región Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, atento a su contenido, se acuerda: Determinación Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta, y con fundamento en el numeral 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2, se tiene a la referida autoridad responsable informando las diligencias que ha decretado en vías de cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Notifíquese.

  4. Principal

    V I S T O S; para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto 324/2023, promovido por ***, contra actos del Juez de Control de la Cuarta Región Judicial, con sede en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O : PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Por escrito presentado el veintitrés de junio de dos mil veintitrés, en la Oficialía de Partes de este Juzgado, *** solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos que a continuación se transcriben: "[.] III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: Lo son las siguientes: a). - JUEZ DE CONTROL DE LA CUARTA REGIÓN JUDICIAL CON RESIDENCIA EN NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS. IV.- ACTO RECLAMADO: La Resolución de Revisión de Medidas Cautelares fecha dos de junio de dos mil veintidós, dentro de la ***, por parecer como probable responsable del delito de ***, resolución que atenta con los principios esenciales de fundamentación y motivación que todo acto de autoridad debe contener, y que se encuentran prescritos en los artículos 14 segundo párrafo, 16 y 19 párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, ya que toda autoridad debe hacer respetar dichas garantías al llevar a cabo su función; de la misma manera la Convención Americana de Derechos Humanos, establece que los estados partes, se comprometen a garantizar de acuerdo a su derecho interno, la protección y respeto a los derechos humanos que se encuentran en la convención; y que si no es así, entonces cualquier órgano del poder público (Juez de Control) puede aún ante la ausencia de la norma, proteger la dignidad de las personas, entre ellos sus derechos humanos; así como también de conformidad con los artículos 8 y 25 de la misma convención, se establecen las garantías judiciales y las garantías de protección jurisdiccional; comprometiéndose los estado partes, a contar recursos eficientes y efectivos dentro de su derecho interno; para que las personas puedan defender sus derechos humanos frente al abuso de la autoridad o cuando éstos no lleven a cabo su función conforme a los parámetros de respecto al derecho humano; en este mismo sentido se han pronunciado los diferentes tribunales nacionales e internacionales que han interpretado mediante jurisprudencia, las disposiciones constitucionales y convencionales a que he hecho mención. [.]" El quejoso manifestó que se infringen en su perjuicio los derechos fundamentales tutelados por los artículos 1, 14, 16, 20 inciso B, 21 y 133 de la Constitución Federal. SEGUNDO. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO. Mediante proveído de veintisiete de junio de dos mil veintitrés, se ordenó registrar la demanda con el número 324/2023, se admitió a trámite, se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional Emplazamiento de terceros interesados. En auto de diez de agosto de dos mil veintitrés (fojas 35 y 36) con fundamento en el artículo 5, fracción III, inciso e), de la Ley de Amparo, se reconoció el carácter de terceros interesados a ***, agentes del Ministerio Público de Procedimiento Penal Acusatorio, adscritos a la Unidad General de Investigación número tres, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, con sede en Nuevo Laredo, quienes fueron emplazados el catorce de agosto del año en cita (foja 39). Audiencia constitucional. En la fecha y hora señaladas para ello, previos diferimientos, se llevó a cabo la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Nuevo Laredo, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 33, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; y, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana. Se afirma lo anterior, en razón de que las consecuencias de los actos reclamados tienen lugar en esta ciudad, en donde este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. En el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, se prevé que las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados. Así, del análisis íntegro practicado al escrito inicial de demanda, se advierte que el quejoso ***, reclama, lo siguiente: De la autoridad responsable Juez de Control de la Cuarta Región Judicial, con sede en esta ciudad. -La resolución de revisión de medida cautelar, emitida en audiencia de tres de junio de dos mil veintitrés, mediante la cual se declaró improcedente la modificación de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa impuesta en diversa audiencia de nueve de septiembre de dos mil veintidós, al aquí quejoso ***, en los autos de la carpeta procesal ***, por los hechos con apariencia del delito de ***, cometido en contra de la niña de iniciales ***. Apoya a lo anterior, la tesis P. VI/2004 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Así como la jurisprudencia P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." TERCERO. CERTEZA DE ACTOS RECLAMADOS. Es cierto el acto reclamado, pues la autoridad responsable Juez de Control de la Cuarta Región Judicial, con sede en esta ciudad, así lo manifestó al rendir su informe justificado (foja 17), lo que constituye una confesión con valor probatorio pleno al tenor del artículo 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2. Para sustentar la constitucionalidad del acto, el Juez responsable acompañó diversas documentales y un disco versátil digital (DVD) que contiene la audiencia celebrada el tres de junio de dos mil veintitrés, en los autos de la carpeta procesal *** de su índice, las que, al no haber sido objetadas, tienen valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2. Tiene aplicación, la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente tenor: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." CUARTO. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. Previo al estudio de fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia, sea que las partes las hagan valer o que de oficio las advierta este juzgado federal, en virtud de ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo establecido en el artículo 624 de la Ley de Amparo. En el caso no se advierte de manera oficiosa que se actualice alguna causa de improcedencia, ni las partes la hicieron valer, por lo que procede el análisis del fondo del asunto. QUINTO. ESTUDIO. Toda vez que en el presente asunto se encuentran involucrados intereses de una menor de edad - niña -, razón por la cual las medidas que se emiten con relación a los actos reclamados debe efectuarse a la luz del principio de interés superior del menor reconocido en el párrafo noveno del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior, en razón de que los niños, niñas y adolescentes son destinatarios de un trato preferente, por su carácter jurídico de sujeto de especial protección, lo que implica que son titulares de un conjunto de derechos que deben valorarse de acuerdo con sus circunstancias específicas. En ese tenor, dicho principio opera no sólo en las decisiones que emitan los entes de derecho público sino también en todos los actos, conductas, propuestas, servicios, procedimientos y demás iniciativas, en relación con su educación, el cuidado, la salud, el medio ambiente, las condiciones de vida, la protección, el asilo, la inmigración y el acceso a la nacionalidad. Es aplicable la tesis 2a. CXLI/2016 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. EL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR SE ERIGE COMO LA CONSIDERACIÓN PRIMORDIAL QUE DEBE DE ATENDERSE EN CUALQUIER DECISIÓN QUE LES AFECTE. El artículo 2, segundo párrafo, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes prevé que el "interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes"; de ahí que cuando se tome una decisión que les afecte en lo individual o colectivo, "se deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales". Al respecto, debe destacarse que el interés superior del menor es un concepto triple, al ser: (I) un derecho sustantivo; (II) un principio jurídico interpretativo fundamental; y (III) una norma de procedimiento. El derecho del interés superior del menor prescribe que se observe "en todas las decisiones y medidas relacionadas con el niño", lo que significa que, en "cualquier medida que tenga que ver con uno o varios niños, su interés superior deberá ser una consideración primordiala que se atenderá", lo cual incluye no sólo las decisiones, sino también todos los actos, conductas, propuestas, servicios, procedimientos y demás iniciativas. Así, las decisiones particulares adoptadas por las autoridades administrativas - en esferas relativas a la educación, el cuidado, la salud, el medio ambiente, las condiciones de vida, la protección, el asilo, la inmigración y el acceso a la nacionalidad, entre otras- deben evaluarse en función del interés superior del niño y han de estar guiadas por él, al igual que todas las medidas de aplicación, ya que la consideración del interés superior del niño como algo primordial requiere tomar conciencia de la importancia de sus intereses en todas las medidas y tener la voluntad de dar prioridad a esos intereses en todas las circunstancias, pero sobre todo cuando las medidas tengan efectos indiscutibles en los niños de que se trate."5 5 Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Constitucional, Libro 38, Enero de 2017, Tomo I, página 792, registro 2020401. Así las cosas, la parte quejosa argumenta sustancialmente que la autoridad responsable violó en su perjuicio los artículos 19, párrafo segundo, y 20, apartado B, fracción I, Constitucionales, en la emisión de la resolución de revisión de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa de tres de junio de dos mil veintitrés, dictado en su contra, dentro de la carpeta procesal ***, por los hechos con apariencia del delito de *** en perjuicio de una menor de edad. En este punto, el quejoso indicó que la resolución de revisión medida cautelar de prisión preventiva oficiosa que le fue negada por la jueza responsable, contraviene lo dispuesto por el artículo 161 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que considera que contrario a lo que sostuvo la responsable, en el caso, se encuentra demostrado que efectivamente existió un cambio en las condiciones objetivas que justificaron en su momento la imposición de la medida cautelar, dado que la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el resolver el caso Tzompaxtle Tecpile y otros contra México -de siete de noviembre de dos mil veintidós-, es suficiente para que se ordenara el cambio de medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, a una menos lesiva. En el caso, procede suplir la deficiencia de sus argumentos, en términos de lo previsto por el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Ahora bien, debe señalarse que el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé que toda autoridad que emita una decisión en el ejercicio de sus funciones, debe hacerla constar por escrito, dentro del ámbito de su competencia, así como fundarla y motivarla, no obstante ello, en la especie, no se soslaya que uno de los principios sobre el cual descansa del nuevo sistema de justicia penal, es la oralidad, por lo que las audiencias y resoluciones deben constar en registro de audio y video, así como por escrito, como lo dispone el artículo 67, fracción V, del Código Nacional de Procedimientos Penales. En el caso, se satisface este requisito, dado que se cuenta con el disco versátil digital (DVD), cuya reproducción permite observar el desarrollo de la audiencia de revisión de medida cautelar de prisión preventiva oficiosa de tres de junio de dos mil veintitrés, en la que el Juez de Control responsable determinó que resultaba improcedente la solicitud de modificación de medida cautelar, por lo que estimó que debía prevalecer la medida cautelar decretada en la diversa audiencia de nueve de septiembre de dos mil veintidós. Asimismo, se advierte que el tres de junio de dos mil veintitrés, la jueza de Control, una vez que declaró abierta la audiencia (a partir del minuto 00:01:21), procedió a la individualización de las partes, advirtiéndose que estuvieron presentes ***, ambos agentes del Ministerio Público; Esteban Ramírez Mendoza, asesor jurídico de la víctima; sin la asistencia de *** parte ofendida y representante de la víctima niña de iniciales ***. Enseguida, la jueza determinó que no obstante ante la inasistencia de la parte ofendida *** se debía continuar con el desarrollo de la audiencia dado que había sido debidamente notificada de la fecha y hora señalada para la audiencia, además de encontrarse apropiadamente representada por el asesor jurídico de la ofendida y representante de la víctima (a partir del minuto 00:02:20). Continuando con la audiencia (a partir del minuto 00:03:38), se identificó al licenciado ***, defensor particular, así como al imputado ***, a este último se le preguntó si conocía sus derechos y el motivo de la audiencia, respondió que sí. La jueza de Control (a partir del minuto 00:04:11), otorgó el uso de la voz a la defensa en razón de hacer sido quien solicitó la revisión de la medida cautelar impuesta el ocho de septiembre de dos mil veintidós, para tal efecto, esencialmente refirió que en términos del numeral 161, del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicitaba la modificación de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa que se le impuso a su representado en la resolución previamente citada, en virtud de que consideraba habían variado de manera objetiva las condiciones por las cuales le fue impuesta, manifestando que dichos cambios objetivos derivaban de la condena al Estado Mexicano en la sentencia correspondiente al caso Tzompaxtle Tecpile y otros contra México -de siete de noviembre de dos mil veintidós-, que como consecuencia de ello todas las autoridades internas, incluidos los jueces se encuentran obligadas a acatar esa determinación, pues al aplicar las figuras de arraigo y prisión preventiva, se debe realizar un control de convencionalidad para que no se afecten en los derechos contenidos en la Convención Americana de los Derechos Humanos, respecto de las personas investigadas o procesadas por un delito. También sostuvo, que el imputado tiene domicilio cierto en esta ciudad, además de contar con trabajo estable dentro de la empresa *** sociedad anónima de capital variable, de esta ciudad, que en dicha empresa tiene laborando más de catorce años, y que tal relación laboral se encuentra actualmente interrumpida en términos de la legislación de Trabajo, por lo que de modificar la medida cautelar de prisión preventiva por una menos lesiva, estaría en condiciones de retomar sus actividades laborales, aunado a la disposición que el imputado ha tenido en todo momento ante los requerimientos hechos por el juzgado, pues siempre ha estado presente, por lo que considera que resulta procedente la modificación de la medida, pues se encuentra en una situación objetiva distinta, ya que la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, resulta vinculante para todo juzgador, por lo que solicita le sea impuesta la relativa a las fracciones V y VIII del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales.9 Así las cosas, el agente del Ministerio Público (a partir del minuto 00:10:55), solicitó que no fuera atendida la petición de la defensa en razón de resultar improcedente, para ello sostuvo que los argumentos vertidos por la defensa resultaban infundados, por lo que, la Fiscalía expuso las razones que estimo conducentes. La jueza de Control (a partir del minuto 00:55:15), escuchadas las partes, procedió a exponer las consideraciones por las cuales determinó que resultaba improcedente la solicitud de la defensa sobre revisión y modificación de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, pues a su criterio estimó que las condiciones objetivas por las que se impuso dicha medida cautelar, no habían variado, por lo que los argumentos de la defensa en el sentido de que el imputado contaba con domicilio cierto, un trabajo estable y que siempre ha acudido a las diligencias a las que se le citó, resultaban ineficaces, dado que dichas condiciones existían en el momento de la imposición de la medida cautelar, ya que fueron valoradas en la audiencia de nueve de septiembre de dos mil veintidós. También sostuvo que la resolución emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al resolver el caso Tzompaxtle Tecpile y otros contra México -de siete de noviembre de dos mil veintidós-, no es suficiente para justificar que las condiciones hayan variado, dado que en dicha resolución se abordaron y establecieron supuestos distintos a la revisión de una medida cautelar, como en el caso acontece, por lo que es erróneo el planteamiento realizado por la defensa, aunado a que al Estado Mexicano se le impuso la obligación de emitir la reforma constitucional y legal correspondiente, por lo que mientras no se dé cumplimiento a esa condena, se debe estar a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, máxime que el cambió que se diera a la legislación secundaria, no afectaría la disposición contenida en el artículo 161 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual es el aplicable al caso concreto por tratarse de una revisión de medida. Aunado a lo anterior, la jueza responsable consideró que en la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos invocada por la defensa, al abordar la figura de la prisión preventiva, se estimó que no es contraria a los artículos 7.3, 7.5 y 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ya que en términos del artículo 19 Constitucional, así como en los ordinales 154, 157 y 158 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la prisión preventiva oficiosa que en la actualidad se impone, se realiza mediante control judicial, por ende, su aplicación no resulta arbitraria. Además, señaló que de la citada resolución, se advierte que el motivo de estudio fue el artículo 161 del Código Federal de Procedimientos Penales, vigente en el año mil novecientos noventa y nueve, dispositivo legal que resulta distinto a aquellos contemplados en la actual codificación nacional adjetiva penal, ya que en el citado dispositivo legal no se consideraba la finalidad, proporcionalidad, necesidad y posibilidad de imponer medidas cautelares distintas a la restricción de la libertad, como ahora se contempla en los artículos 153, 155, 156 y 158 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Que si bien, en el marco de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, las autoridades internas deben ejercer un control de convencionalidad, en el caso no opera, ya que los artículos 19 Constitucional, 153, 154, 156, 157, 158 y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, cumplen con el marco normativo de la Convención Americana, por ende, la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa no contraviene el orden constitucional y legal, para llevar a cabo el ejercicio de un control de convencionalidad. Además, refirió que la resolución de nueve de septiembre de dos mil veintidós, mediante la cual se impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, no fue impugnada, por lo que sostuvo que quedó firme, y que al no existir condiciones objetivas para modificar la medida cautelar impuesta, lo conducente fue declarar improcedente la solicitud de revisión de medida cautelar en términos de lo dispuesto artículo 161 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo anterior constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional. En ese sentido, cabe destacar que en el caso existe criterio jurisprudencial emitido por el Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, relacionado con el tema que nos ocupa y que se hace consistir en la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, quien al resolver la contradicción de criterios 40/2023, entre los sustentados por el Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, dió lugar a la tesis de jurisprudencia PR.P.CN. J/13 P (11a.) la cual es del tenor literal siguiente: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO SE RECLAMA LA IMPOSICIÓN DE LA PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA, LA PERSONA JUZGADORA NO DEBERÁ LIMITARSE A LOS EFECTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 166, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO, SINO QUE DEBERÁ OTORGARLA CON EFECTOS RESTITUTORIOS DE TUTELA ANTICIPADA, YA QUE LAS SENTENCIAS VINCULANTES EMITIDAS POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, EN LOS CASOS TZOMPAXTLE TECPILE Y OTROS Y GARCÍA RODRÍGUEZ Y OTRO EN LAS QUE FUE DECLARADA INCONVENCIONAL ESA MEDIDA, CONSTITUYEN UN FACTOR DETERMINANTE PARA TENER POR DEMOSTRADA LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, al resolver diversos recursos de queja, realizaron un análisis jurídico para determinar si era procedente o no conceder la suspensión provisional con efectos restitutorios cuando el acto reclamado en un juicio de amparo es la imposición de la prisión preventiva oficiosa. Así, uno de los órganos contendientes concedió la suspensión provisional únicamente para el efecto de que, en lo que se refiera a su libertad, la parte quejosa quedara a disposición del órgano jurisdiccional de amparo en el lugar que éste señalara y a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer del procedimiento penal para efectos de su continuación, en términos de lo dispuesto en los artículos 163 y 166, fracción I, de la Ley de Amparo; asimismo, argumentó que no era factible conceder la suspensión con efectos restitutorios, en virtud de que con ello se inobservarían los artículos 19 constitucional, 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 217 de la Ley de Amparo, así como la jurisprudencia P./J. 20/2014 (10a.) derivada de la contradicción de tesis 293/2011, resuelta por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por otra parte, el diverso órgano jurisdiccional contendiente, concedió la suspensión provisional con efectos restitutorios, en observancia a una tutela provisional anticipada, al considerar que el artículo 128 de la Ley de Amparo no impide conceder la suspensión para dicho efecto, esto es, al no ser una disposición absoluta, ya que la mencionada normativa constituye la regla general al analizar la suspensión de los actos que se impugnen en el juicio de amparo y, por ende, pueden existir excepciones a ese lineamiento general. Igualmente, destacó que no se protegen los derechos de la parte quejosa con motivo de la suspensión en aplicación estricta de los artículos 163 y 166 de la Ley de Amparo, de manera que, de conformidad con las sentencias internacionales en las que se determinó la responsabilidad del Estado Mexicano, por la inconvencionalidad de la figura de la prisión preventiva oficiosa, concedió la medida suspensional para efecto de que el Juez de Control señalara fecha para la celebración de una audiencia de revisión de medida cautelar y fijara una diversa, haciendo la precisión de que sólo se podría imponer la prisión preventiva en caso de ser justificada. Criterio jurídico: El Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que con base en una interpretación conforme del artículo 166 de la Ley de Amparo, en correlación con el artículo 107, fracción X, constitucional, es posible conceder la suspensión provisional con efectos restitutorios cuando el acto reclamado sea la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, debido a que las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los casos Tzompaxtle Tecpile y otros contra México y García Rodríguez y otro contra México (en las que entre otras cuestiones, se condenó al Estado Mexicano y se declaró la inconvencionalidad de dicha medida cautelar) son vinculantes y, por tanto, acreditan la apariencia del buen derecho, el peligro en la demora y la no afectación al orden público. Justificación: Tal como se resolvió en la contradicción de tesis 293/2011, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la que derivaron las jurisprudencias P./J. 20/2014 (10a.) y P./J. 21/2014 (10a.), el bloque de constitucionalidad está conformado tanto por los derechos humanos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como por aquellos que se encuentren inmersos en los tratados internacionales, mismos que fueron incorporados a nuestra Norma Fundamental por mandato del propio artículo 1o., creando así un parámetro de regularidad constitucional amplificado, que los relaciona entre sí, sin distinción jerárquica. Asimismo, la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos es vinculante para el Estado Mexicano, aun en los casos en donde no sea condenado, bajo la verificación de la existencia de las mismas razones que motivaron el pronunciamiento, por lo que debe armonizarse la jurisprudencia interamericana con la nacional y, de no ser ello posible, aplicar el criterio que resulte más favorable a la protección de los derechos humanos. Bajo las anteriores consideraciones, para determinar si resulta procedente conceder la suspensión provisional con efectos restitutorios, cuando el acto reclamado sea la imposición de la prisión preventiva oficiosa, la persona juzgadora de amparo no sólo debe limitarse a los efectos establecidos en el artículo 166, fracción I, de la Ley de Amparo, es decir, que el quejoso quede a disposición de la persona juzgadora de Distrito únicamente en cuanto a su libertad personal y a disposición del Juez de la causa para la continuación del procedimiento, sino que es posible una concesión de tutela anticipada, toda vez que los pronunciamientos hechos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en las sentencias correspondientes a los casos ya señalados en donde se declaró la inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa, son elementos que permiten la actualización de la apariencia del buen derecho, pues ello hace presumible que hay probabilidades jurídicas considerables para que el acto reclamado, en su momento, sea declarado inconstitucional. De modo que, cuando la parte quejosa solicite la suspensión provisional por la imposición de dicha medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, ésta deberá otorgarse con efectos de tutela anticipada, frente a lo cual, el Juez de la causa, con base en las disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, deberá convocar a una audiencia dentro de un plazo de cuarenta y ocho horas, en la que prescinda de la prisión preventiva oficiosa reclamada en el juicio de amparo y podrá imponer una diversa, previo contradictorio entre las partes, en el expreso entendido de que la prevalencia del principio pro persona y la interpretación conforme, no implican la inobservancia de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la inaplicación de algún precepto constitucional o secundario, desvirtuar la finalidad específica de los mecanismos jurídicos regulados en el orden jurídico nacional, la eliminación de cierta figura procesal, ni en absoluto el cuestionamiento del Texto Constitucional, toda vez que, el pronunciamiento sobre si deberá prevalecer la jurisprudencia nacional o la internacional, será materia de evaluación que deba realizar la persona juzgadora de Distrito en el fondo del asunto, es decir, la tutela anticipada es una medida provisional y no sustituye la sentencia definitiva, por lo que la suspensión deberá ser concedida en los términos antes señalados." Dicho criterio por contradicción, resulta ser de observancia para éste Juzgado de Distrito, y vinculante para la autoridad responsable, en razón de que el Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, es quien ejerce competencia sobre este Circuito Judicial y por tratarse de una jurisprudencia emitida por un Pleno de Circuito, en términos de lo previsto por los artículos 215 y 217 de la Ley de Amparo, se torna de aplicación obligatoria. En ese sentido y siguiendo las consideraciones relativas a la inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa que fueron sostenidas por el Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte, con sede en la Ciudad de México, y que se encuentran plasmadas en la resolución de trece de julio de dos mil veintitrés, emitida dentro de la contradicción de criterios 40/2023, terminada de engrosar el catorce de agosto del año en curso, y publicada en el sistema de la Dirección General de Gestión Judicial, apartado Consulta de Datos de Expedientes, "Primer Circuito"12, torna inaplicables los argumentos expuestos por la jueza de Control responsable en la audiencia de revisión de medida cautelar de prisión preventiva oficiosa de tres de junio de dos mil veintitrés, mediante los cuales pretendió justificar su decisión, al determinar que resultaba improcedente la solicitud de modificación de medida cautelar, estimando que debía prevalecer la medida cautelar decretada en la diversa audiencia de nueve de septiembre de dos mil veintidós. Ello es así, toda vez que según se expuso en el argumento de la autoridad ya plasmado, aunado a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha emitido variadas opiniones y jurisprudencia en relación al citado derecho, muestra de ello es la reafirmación que dicho Tribunal Internacional ha hecho en el sentido de que toda privación de libertad debe basarse en fundamentos legales y estar sujeta a un debido proceso, por lo que condena toda detención arbitraria, esto es, aquella que no está sustentada por una base legal apropiada, o bien, que no cumple con los estándares de justicia e imparcialidad, genera que la resolución aquí reclamada, resulte inconvencional. Cierto, la citada Corte ha reconocido que toda persona privada de su libertad debe gozar de ciertas garantías procesales, tales como el derecho a ser informado de los motivos de la detención, el derecho a ser llevado sin demora ante un tribunal competente, el derecho a un juicio justo y el derecho a impugnar la legalidad de la detención de que se trate. Igualmente, se ha hecho referencia de manera reiterada sobre la trascendencia del principio de presunción de inocencia, respecto del que se ha sostenido que toda persona debe ser considerada inocente hasta que se pruebe su culpabilidad. En este sentido, la detención preventiva prolongada sin una justificación suficiente es un ejemplo claro de una violación del derecho a la libertad personal y no ha soslayado la importancia de contar con controles judiciales efectivos sobre dichas detenciones. Así lo ha definido también con las posturas que adoptó respecto del derecho a la libertad personal en asuntos como son, el Caso Suárez Rosero contra Ecuador; Caso Heliodoro Portugal contra Panamá; Caso Bayarri contra Argentina; Caso Cabrera García y Montiel Flores contra México; Caso Almonacid Arellano y otros contra Chile; Caso Rosendo Cantú y otra contra México; Caso Alvarado Espinoza y otros contra México; por citar algunos. De tal manera que los criterios y pronunciamientos antes señalados, son sólo algunas de las interpretaciones que ha realizado la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la importancia del derecho a la libertad personal, sin que pase inadvertido que la jurisprudencia que emite el tribunal mencionado evoluciona de manera progresiva y puede haber casos específicos en los que se brinden aclaraciones adicionales o se establezcan directrices novedosas. Bajo ese contexto, se pone en evidencia que el derecho a la libertad personal es una prerrogativa que ha recorrido un largo proceso evolutivo de observación, identificación y protección en nuestro sistema jurídico nacional, así como en grado internacional -Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como en la Convención Americana sobre Derechos Humanos-progreso jurídico que derivó del abuso del poder sistemático y persistente a través de los años, exigiendo a las normas constitucionales y convencionales, apartarse de la posibilidad de que arbitrariamente se atente contra el mencionado derecho. Ahora bien, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido varias sentencias en las que se ha pronunciado sobre la prisión preventiva como restricción al derecho a la libertad personal en diferentes países de la región, encontrándose entre algunos casos destacados, los siguientes:  Caso Tibi contra Ecuador, sentencia en la que se destacó que el Estado dispuso la prisión preventiva del señor Daniel Tibi, sin que existieran indicios suficientes para suponer que la presunta víctima fuera autor o cómplice de algún delito; de igual forma no se probó la necesidad de dicha medida. Por ello, la Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró que la prisión preventiva a la que estuvo sometido el señor Tibi fue arbitraria y constituyó violación a su derecho a la libertad personal y presunción de inocencia. - Caso Suárez Rosero contra Ecuador, asunto que hace referencia a la responsabilidad internacional del Estado por la detención ilegal y arbitraria de Rafael Iván Suárez Rosero por parte de agentes policiales, así como la falta de diligencia en el proceso penal seguido contra él. Suárez Rosero fue detenido por agentes de la Policía Nacional del Ecuador, en el marco de una operación cuyo presunto objetivo era desarticular una organización del narcotráfico internacional. La detención se realizó sin una orden judicial y sin existir flagrancia. En el caso, la Corte estimó que en el principio de presunción de inocencia subyace el propósito de las garantías judiciales, al afirmar la idea de que una persona es inocente hasta que su culpabilidad sea demostrada, además existe una la obligación estatal de no restringir la libertad del detenido más allá de los límites estrictamente necesarios para asegurar que no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones y que no eludirá la acción de la justicia, ya que la prisión preventiva es una medida cautelar, no así punitiva. Sentado lo anterior, cabe precisar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia P. LXVII/2011(9a.), de rubro "CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN UN MODELO DE CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD.", 16 determinó que todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a velar no sólo por los derechos humanos contenidos en los instrumentos internacionales firmados por el Estado Mexicano, sino también por los derechos humanos contenidos en la Carta Magna, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, es decir, el principio pro persona. Asimismo, señaló que el control de convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos, de ejercicio obligatorio para todas las personas juzgadoras del país, se integra de la siguiente manera: I) Todos los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, así como la jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación; II) Todos los derechos humanos contenidos en Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte; y III) Criterios vinculantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos establecidos en las sentencias en las que el Estado Mexicano haya sido parte, y criterios orientadores de la jurisprudencia y precedentes de la citada Corte, cuando el Estado Mexicano no haya sido parte. El criterio anterior surgió -expediente varios 912/2010- del cumplimiento a lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Rosendo Radilla Pacheco contra México17, y en el que se determinó la responsabilidad del Estado Mexicano, imponiéndole llevar a cabo diversas medidas encaminadas a la implementación del control de convencionalidad, entre las que se encuentra la obligación que tienen todas las autoridades del país para que dentro del ámbito de sus atribuciones, velen por los derechos humanos contenidos tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los Instrumentos Internacionales celebrados por México, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate -principio pro persona-, mandato que debe ser interpretado de manera armónica con el artículo 133 constitucional, aun existiendo disposiciones en contrario contenidas en una norma de rango subordinado. De modo que ese tipo de interpretación por parte de los jueces presupone llevar a cabo los siguientes pasos: a. Interpretación conforme en sentido amplio; b. Interpretación conforme en sentido estricto; c. Inaplicación de la ley cuando las alternativas anteriores no son posibles. De esa manera, fue que se amplificó el catálogo de derechos humanos que imperan en el sistema jurídico mexicano, sin desatenderse que todas las normas gozan de facto de una presunción de constitucionalidad, que tienen la verosimilitud de ser superadas al llevarse a cabo el control de constitucionalidad o convencionalidad ex officio antes mencionado. En ese sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que: "la pretensión de oponer el deber de los tribunales internos de realizar el control de constitucionalidad al control de convencionalidad que ejerce la Corte, es en realidad un falso dilema, pues una vez que el Estado ha ratificado el tratado internacional y reconocido la competencia de sus órganos de control precisamente a través de sus mecanismos constitucionales, aquéllos pasan a conformar su ordenamiento jurídico. De tal manera el control de constitucionalidad implica necesariamente un control de convencionalidad, ejercidos de forma complementaria". Así, el principio pro persona, contemplado en los artículos 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, conforma un criterio hermenéutico que inserta todo el derecho internacional de los derechos humanos, en virtud del cual, se debe acudir a la norma más amplia, o a la interpretación más extensiva cuando se trata de reconocer derechos protegidos, e inversamente, a la norma o a la apreciación más restringida cuando se trate de sentar restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o de su suspensión extraordinaria. Es decir, dicho principio da lugar, por un lado, a definir la base de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido favorecedor del ser humano, ya que, ante el surgimiento de diversas posibilidades de solución respecto de un mismo problema, obliga a los organismos jurisdiccionales a escoger la que protege en términos más amplios. Por todo lo anterior, es dable resaltar que el principio pro persona se ha consolidado y reconocido gradualmente nacional e internacionalmente como uno de los pilares insustituibles del sistema jurídico mexicano; además, la aplicación de éste, coadyuva en la construcción de un sistema mucho más justo y apegado a los derechos fundamentales del ser humano. Es pertinente destacar que los pronunciamientos emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al dictar las sentencias en los casos Tzompaxtle Tecpile y otros contra México -de siete de noviembre de dos mil veintidós- y García Rodríguez y otro contra México -de veinticinco de enero de dos mil veintitrés-, se condenó al Estado Mexicano al declarar la inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa, pues dicho Tribunal Internacional estimó que esa figura era contraria a lo establecido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por tanto se ordenó a México adecuar la normatividad respecto a la figura de la prisión preventiva oficiosa con la finalidad de que ésta resulte compatible con los estándares interamericanos, ya que es una medida de carácter excepcional y por ende debe estar debidamente justificada. Sentencias en las que en lo que interesa en el presente caso, textualmente se estableció: -Caso Tzompaxtle Tecpile y otros contra México. "[.] B.2. Sobre la prisión preventiva 212. En lo que se refiere a la prisión preventiva, los artículos 161 y 168 del Código Federal Procesal Penal siguen vigentes con una redacción idéntica a la que se encontraba en vigor para la época de los hechos. A su vez, a ello se sumó el artículo 19 de la Constitución Federal 159 y el artículo 3 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, establece que el delito de delincuencia organizada, así como los señalados en los artículos 2o., 2o. Bis y 2o. Ter de esta Ley, ameritarán prisión preventiva oficiosa (supra párr. 46). 213. En ese sentido, el Tribunal nota que los aspectos problemáticos que habían sido señalados en el Capítulo de Fondo, aún persisten y fueron incluso ampliados en las normatividades ulteriores. Esos aspectos consisten en que: a) no se hace referencia a las finalidades de la prisión preventiva, ni a los peligros procesales que buscaría precaver (supra párr. 106) para los casos de prisión preventiva oficiosa por delincuencia organizada; b) tampoco se propone ponderar a través de un análisis la necesidad de la medida frente a otras medidas menos lesivas para los derechos de la persona procesada como lo serían las medidas alternativas a la privación a la libertad (supra párr. 111), y c) se establece preceptivamente la aplicación de la prisión preventiva para los delitos que revisten cierta gravedad una vez establecidos los presupuestos materiales sin que se lleve a cabo un análisis de la necesidad de la cautela frente a las circunstancias particulares del caso (supra párr. 108). [.] 217. Por otra parte, en lo que se refiere a la figura de la prisión preventiva, esta Corte ordena al Estado, como lo ha hecho en otros casos, adecuar su ordenamiento jurídico para que sea compatible con la Convención Americana. Para tales efectos, el Estado deberá tomar en consideración lo indicado en los párrafos 96 a 114 de la presente Sentencia en donde se establecen los requisitos que deben cumplir las medidas de esa naturaleza para que sean conformes con el referido tratado. 218. Por otra parte, no solo la supresión o adecuación de las normas en el derecho interno garantizan los derechos contenidos en la Convención Americana, de conformidad a la obligación comprendida en el artículo 2 de dicho instrumento. También se requiere el desarrollo de prácticas estatales conducentes a la observancia efectiva de los derechos y libertades consagrados en la misma. En consecuencia, la existencia de una norma no garantiza por sí misma que su aplicación sea adecuada. Es necesario que la aplicación de las normas o su interpretación, en tanto prácticas jurisdiccionales y manifestación del orden público estatal, se encuentren ajustadas al mismo fin que persigue el artículo 2 de la Convención . 219. De acuerdo con lo expuesto, se recuerda que las autoridades internas, al aplicar las figuras del arraigo o de la prisión preventiva, deben ejercer un adecuado control de convencionalidad para que las mismas no afecten los derechos contenidos en la Convención Americana de las personas investigadas o procesadas por un delito. En ese sentido, corresponde reiterar que cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, todos sus órganos, incluidos sus jueces, están sometidos a aquél, lo cual les obliga a velar por que los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de normas contrarias a su objeto y fin, por lo que - en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes las magistraturas y órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles están en la obligación de ejercer ex officio un control de convencionalidad entre las normas internas y la Convención Americana, y en esta tarea, deben tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana. [.]" -Caso García Rodríguez y otro contra México. "[.] 144. Como este Tribunal ha señalado en otras oportunidades, las disposiciones de derecho interno que se adopten para tales fines han de ser efectivas, lo que significa que el Estado tiene la obligación de consagrar y adoptar en su ordenamiento jurídico interno todas las medidas necesarias para que lo establecido en la Convención sea realmente cumplido y puesto en práctica. En ese sentido, esta Corte ha indicado que los Estados no solo tienen la obligación positiva de adoptar las medidas legislativas necesarias para garantizar el ejercicio de los derechos en ella consagrados, sino que también deben evitar promulgar leyes que impidan el libre ejercicio de estos derechos y, a la vez, evitar que se supriman o modifiquen las leyes que los protegen. [.] 176. Lo anterior resulta aún más problemático debido a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de México en la contradicción de tesis 293/2011, por medio de la cual aceptó que las restricciones expresas contenidas en la Constitución Nacional desplazaban a las normas internacionales, entre las cuales se encuentra las de la Convención Americana y las demás integrantes del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En ese sentido, según indicó el perito José Ramón Cossío Díaz, "los jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación están obligados a acatar lo resuelto en la contradicción de tesis 293/2011 y en el expediente varios 1396/2011, so pena de ser sancionados, sin que puedan plantear su desavenencia o cuestionar los criterios del Pleno o las salas de la propia Suprema Corte". Además, según ese perito, al aceptarse que las restricciones constitucionales prevalecen frente a los derechos de fuente convencional y a la jurisprudencia y las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, "se hace nugatoria la posibilidad de avanzar en el criterio que fortaleciera el principio pro-persona. [.] Lo anterior, genera que los alcances de la tutela judicial en México en los mecanismos de control de detención, revisión por vías ordinarias y mediante juicio de amparo de las detenciones impuestas bajo las figuras de arraigo y prisión preventiva oficiosa, sean ineficaces al no ser posible aplicar de manera adecuada el principio pro-persona". En ese sentido y de conformidad con esa interpretación, el Estado mexicano podría estar incumpliendo obligaciones internacionales que se comprometió a acatar al firmar y ratificar los instrumentos internacionales como la Convención Americana y las decisiones de la Corte Interamericana que son de obligatorio cumplimiento para los Estados Parte. 177. En cuanto a lo anterior, corresponde recordar que este Tribunal ha señalado de forma constante que las distintas autoridades estatales tienen en la obligación de ejercer ex officio un control de convencionalidad entre las normas y prácticas internas y la Convención Americana, en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. Para llevar a cabo esa tarea, las autoridades internas deben tener cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte, como última intérprete última de la Convención. [.] 301. Por otra parte, en lo que se refiere a la figura de la prisión preventiva oficiosa, esta Corte ordena al Estado, como lo ha hecho en otros casos, adecuar su ordenamiento jurídico, incluyendo sus disposiciones constitucionales, para que sea compatible con la Convención Americana. Para tales efectos, el Estado deberá tomar en consideración lo indicado en los párrafos 154 a 163, y 184 de la presente Sentencia, en donde se establecen los requisitos que deben cumplir las medidas de esa naturaleza para que sean compatibles con el referido tratado. 302. Por otra parte, no solo la supresión o adecuación de las normas en el derecho interno garantizan los derechos contenidos en la Convención Americana, de conformidad a la obligación comprendida en el artículo 2 de dicho instrumento. También se requiere el desarrollo de prácticas estatales conducentes a la observancia efectiva de los derechos y libertades consagrados en la misma puesto que la existencia de una norma no garantiza por sí misma que su aplicación sea adecuada. En ese sentido, es necesario que la aplicación de las normas o su interpretación, en tanto prácticas jurisdiccionales y manifestación del orden público estatal, se encuentren ajustadas al mismo fin que persigue el artículo 2 de la Convención. 303. Conforme a lo expuesto, se recuerda que las autoridades internas, al aplicar las figuras del arraigo o de la prisión preventiva, deben ejercer un adecuado control de convencionalidad para que las mismas no afecten los derechos contenidos en la ConvenciónAmericana de las personas investigadas o procesadas por un delito, atendiendo el principio pro persona. En ese sentido, corresponde reiterar que cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, todos sus órganos, incluidos sus jueces y juezas, están sometidos a aquél, lo cual les obliga a velar por que los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de normas contrarias a su objeto y fin, sean estas de naturaleza constitucional o legal, por lo que - en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes- las magistraturas y órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles están en la obligación de ejercer ex officio un control de convencionalidad entre las normas internas y la Convención Americana, y en esta tarea, deben tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana. [.]" De lo anterior, puede afirmarse que en dichas sentencias, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció entre otras cuestiones, sobre la inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa en nuestro país, discusión y crítica que puso en relieve la incompatibilidad de la imposición de esta medida cautelar en México, con los estándares internacionales de derechos humanos establecidos en los tratados y convenios internacionales suscritos por el Estado Mexicano, en particular, con los principios de presunción de inocencia, proporcionalidad, legalidad y derecho a la libertad personal. Lo anterior, surgió inicialmente de la preocupación respecto a la inconvencionalidad de esta práctica, argumentando que puede vulnerar los derechos fundamentales de las personas acusadas y que va en contra de los estándares internacionales de derechos humanos arriba enunciados, resaltando la necesidad de que la prisión preventiva se base en fundamentos sólidos y suficientes, estableciendo que la privación de libertad debe ser la última opción y que se deben considerar medidas alternativas que permitan asegurar la comparecencia del imputado y la integridad del proceso penal, de manera que la imposición de la prisión preventiva oficiosa sin considerar las circunstancias individuales de cada caso, puede llevar a la sobrepoblación carcelaria y a la violación de los derechos de las personas privadas de libertad. En efecto, al dictar las sentencias en los casos Tzompaxtle Tecpile y otros contra México -de siete de noviembre de dos mil veintidós- y García Rodríguez y otro contra México -de veinticinco de enero de dos mil veintitrés-, la Corte Internacional consideró que la prisión preventiva oficiosa es contraria a la Convención Americana sobre Derechos Humanos , en atención a que la forma en la que se ha previsto la fijación de la prisión preventiva en nuestro país, no hace referencia a las finalidades de la misma, los peligros procesales que se pretenden prevenir ni la exigencia de un análisis de la necesidad de establecer esa medida, frente a otras que sean menos restrictivas para la persona procesada, ni un análisis de salvaguarda de cautela frente a las particularidades del caso concreto. Además, se dijo que el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, igualmente es contrario a la Convención antes citada ya que, sumado a los puntos relatados, se limitaba la función de la persona juzgadora al impedirle realizar un control efectivo sobre la medida, lo que le impide a la persona procesada, controvertir el fundamento, lo que actualiza el detrimento del Estado Mexicano al no adoptar disposiciones de derecho interno en perjuicio de las víctimas. Así, ante la aplicación de la prisión oficiosa en los términos en que se ha realizado en nuestro país, el multicitado Tribunal Internacional destacó, en ambas sentencias ya referidas, medularmente lo siguiente: -Las autoridades judiciales deben corroborar el cumplimiento de diversos requisitos para restringir el derecho a la libertad personal a través de una medida cautelar como la prisión preventiva, para efecto de que dicha privación no sea arbitraria, a saber: a) que se presenten presupuestos materiales relacionados con la existencia de un hecho ilícito y con la vinculación de la persona procesada a ese hecho; b) esas medidas cumplan con los cuatro elementos del "test de proporcionalidad", es decir, con la finalidad de la medida que debe ser legítima -compatible con la Convención Americana-, idónea para cumplir con el fin que se persigue, necesaria y estrictamente proporcional, y c) la decisión que las impone contenga una motivación suficiente que permita evaluar si se ajusta a las condiciones señaladas. -Se ordenó adecuar el ordenamiento jurídico interno, incluyendo las normas constitucionales y legales que mantengan la figura de la prisión preventiva oficiosa, a fin de eliminar definitivamente dicha figura y mientras ello ocurre, asegurar que los operadores jurídicos la inapliquen mediante un debido control de convencionalidad, a la luz de los estándares establecidos en ambas sentencias. -Se sostuvo que en tanto no se cumpla con la medida legislativa anterior, los operadores jurídicos nacionales, en particular las juezas y los jueces, deben ejercer el control de convencionalidad antes citado e inaplicar dicha figura en todos los casos que conozcan, pudiendo aplicar medidas no lesivas de derechos humanos como la prisión preventiva justificada y otras medidas de carácter cautelar, atendiendo en todo momento al principio pro persona. -Se destacó la indispensabilidad del desarrollo de prácticas estatales conducentes a la observancia efectiva de los derechos y libertades consagrados en la Convención, por tanto, es necesario que la aplicación de las normas o su interpretación, en tanto prácticas jurisdiccionales y manifestación del orden público estatal, se encuentren ajustadas al mismo fin que persigue el artículo 2 de la Convención. -Se reiteró que cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como lo es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, todos sus órganos, incluidos sus jueces, están sometidos a aquél, lo cual les obliga a velar por que los efectos de las disposiciones de la misma, no se vean mermados por la aplicación de normas contrarias a su objeto y fin, por lo que, en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes las magistraturas y órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles están en la obligación de ejercer ex officio un control de convencionalidad entre las normas internas y la convención enunciada, y en esta tarea, deben tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Atendiendo a las consideraciones anteriores, no debe perderse de vista que los pronunciamientos que realiza la Corte Interamericana de Derechos Humanos, conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, son obligatorios para los Estados parte, y éstos están legalmente obligados a acatarlas y tomar las medidas necesarias para su cumplimiento, de tal forma que la supervisión y seguimiento de dichas sentencias, aseguran que se respeten los derechos humanos establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y promueven la protección de los derechos de las personas en la región. Si bien es cierto, las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son vinculantes y su implementación puede requerir tiempo y esfuerzo por parte de los Estados, ya que algunas sentencias implican cambios en la legislación o en las políticas públicas, lo cual puede llevar tiempo para su efectiva implementación, también cierto es que, de manera expresa se fijó la obligación para los operadores jurídicos de todos los niveles para que, en tanto ello suceda, ejerzan ex officio un control de convencionalidad entre las normas internas y la Convención señalada. Máxime, que en ambas sentencias el Estado Mexicano es la parte sentenciada, lo que impide ipso facto su incumplimiento, ya que México es parte de la Convención Americana de Derechos Humanos y han aceptado la jurisdicción de la Corte internacional de mérito, lo que implica que México está legalmente obligado a acatar las decisiones y tomar las medidas necesarias para garantizar su pleno cumplimiento y así evitar que no se repitan violaciones similares en el futuro. Como se adelantó, el acto reclamado sujeto a estudio, en el que se aplicó el esquema de prisión preventiva oficiosa respecto de los hechos que la ley señala como el delito de *** cometido en agravio de un menor de edad -niña- (en términos de los artículos 19, párrafo segundo de la Constitución Federal y 167, párrafo tercero del Código Nacional de Procedimientos Penales), resulta contrario a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En efecto, siguiendo la metodología diseñada por la Primera Sala de la SCJN en la jurisprudencia 1a./J. 84/2022 (11a.)26 de rubro: "CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO. METODOLOGÍA PARA REALIZARLO.", de la que se obtiene que para un correcto ejercicio del control de convencionalidad ex officio, puede seguirse la siguiente metodología: a. Identificación. Identificar el derecho humano que considere podría verse vulnerado, en atención a las circunstancias fácticas del caso, mismas que se desprenden de la narración del titular del derecho o del caudal probatorio que obre en el expediente. b. Fuente del derecho humano. Determinar la fuente de ese derecho humano, es decir, si éste se encuentra reconocido en sede constitucional y/o convencional y fijar su contenido esencial, es decir, explicar en qué consiste, a la luz tanto de su fuente primigenia como de la jurisprudencia desarrollada por el tribunal encargado de la interpretación final de la fuente. c. Estudio de constitucionalidad y convencionalidad. Análisis de la norma sospechosa de inconstitucionalidad e inconvencionalidad a la luz del contenido esencial del derecho humano y determinar si éste es contravenido. d. Determinación. Decisión sobre la constitucionalidad y/o convencionalidad de la norma, es decir, determinar si la norma es constitucional o inconstitucional, o bien, convencional o inconvencional; la forma en cómo debe interpretarse y, en su caso, si ésta debe inaplicarse para el caso concreto. Además, de lo precisado por el Pleno de dicho alto tribunal al resolver el expediente varios 912/2010, los principios de interpretación conforme e interpretación pro persona, así como los criterios vinculantes establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, particularmente los casos Tzompaxtle Tecpile y otros Vs. México y García Rodríguez Vs. México, tenemos lo siguiente: a) Identificación. De acuerdo con las circunstancias del caso, se deriva que la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa impuesta al quejoso en audiencia inicial de veintidós de agosto de dos mil veintidós, dentro de la carpeta procesal ***, viola el derecho a la libertad personal contenido en los artículos 7.1, 7.3, y 7.5; el derecho a la presunción de inocencia reconocido en el artículo 8.2, y el derecho a la igualdad en y ante la ley establecido en el artículo 24, todos previstos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.27 b) Fuente del derecho humano. En este caso, los derechos que se encuentran en juego se encuentran reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y han sido desarrollados por el tribunal interamericano en su jurisprudencia vinculante, sin que pase inadvertido que estos derechos también se contemplan en los artículos 1o, 16 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; no obstante, para realizar el examen de convencionalidad, resulta suficiente atender a las normas de derechos humanos contenidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, máxime cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos interpretó el contenido del Pacto de San José y tanto la Convención Americana sobre Derechos Humanos como la jurisprudencia interamericana resultan más favorables para la parte quejosa. c) Estudio de la convencionalidad. De acuerdo con las pautas hermenéuticas de interpretación conforme y principio pro persona, este Juzgado de Distrito aprecia que el acto reclamado, en el que se aplicó el esquema de prisión preventiva oficiosa al quejoso, no admite una interpretación conforme con las disposiciones convencionales, al ser la jurisprudencia de la Corte Interamericana sobre la figura de la prisión preventiva oficiosa no solo vinculante sino una extensión a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que representa una protección más amplia para aquel derecho, y respecto de la cual - Constitución y Convención- guardan una relación sin distinción. En efecto, este tribunal identifica, en primer término, que la medida impuesta al quejoso vulnera los derechos a la libertad personal y a la presunción de inocencia, en virtud de que el esquema de la figura de prisión preventiva oficiosa no hace referencia a las finalidades de dicha medida preventiva, ni a los peligros procesales que buscaría preservar; tampoco prevé la exigencia de hacer un análisis de la necesidad de la medida frente a otras menos lesivas para los derechos de la persona procesada, como lo serían las medidas alternativas a la privación de la libertad. Incluso, la prisión automática se constituye como una regla general y no como una excepción. Además, la prisión preventiva oficiosa no permite evaluar, a priori, que se presenten presupuestos materiales relacionados con la existencia de un hecho ilícito y con la vinculación de la persona procesada a ese hecho. Tampoco está sujeta al tamiz del test de proporcionalidad, lo que implica evaluar que la finalidad de la medida sea legítima (compatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos), idónea para cumplir con el fin que se persigue, necesaria y estrictamente proporcional en cada caso. De igual forma, la prisión automática no exige que la decisión que la imponga contenga una motivación judicial suficiente que permita evaluar si se ajusta a las condiciones señaladas, pues basta que la medida sea solicitada por la fiscalía y que el delito o delitos se encuentren previstos en el catálogo que prevén los artículos 19, párrafo segundo de la Constitución Federal y 167, párrafos tercero, del Código Nacional de Procedimientos Penales, para que el órgano jurisdiccional la imponga, sin que esté obligado a motivar su decisión. En ese contexto, la prisión cautelar oficiosa no obliga al Ministerio Público como al órgano jurisdiccional a justificar la necesidad de la cautela frente a las circunstancias particulares del caso concreto, por lo que, a diferencia de otras medidas cautelares, no se exige verificar si existe riesgo de que la persona imputada se sustraiga de la acción de la justicia; que se ponga en riesgo la integridad de la víctima, del ofendido, de los testigos, y/o la comunidad, o bien, que se ponga en peligro el desarrollo de la investigación o del proceso. Desde este enfoque, la prisión oficiosa o automática supone, para la persona procesada una pena encubierta sin una condena, puesto que constituye una medida punitiva sin previo juicio acompañado de sus garantías, por un lapso que, incluso, puede ser prolongado y en algunos casos indeterminado, sin que sea posible evaluar si subsisten razones que motivaron la adopción de la medida cautelar. Por lo tanto, la medida impide que, durante el proceso penal, se considere a la persona como inocente, pues, en estos términos, se está anticipando la pena de prisión sin justificación alguna. Desde esta óptica, la prisión cautelar oficiosa, lejos de preservar su naturaleza de providencia cautelar se convierte en una medida punitiva. En ese tenor, la aplicación automática de la prisión preventiva oficiosa sin considerar el caso concreto y las finalidades legítimas para restringir la libertad de la persona, así como su situación diferencial respecto de otros que, también al ser imputados por delitos, no están comprendidos en el catálogo previsto en el artículo 19 de la Constitución Federal y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, supone necesariamente una lesión al derecho a la igualdad ante la ley previsto en el artículo 24 de Convención Americana sobre Derechos Humanos. Por lo demás, debe decirse que la prisión cautelar, al ser una medida tasada, colisiona con los principios del sistema procesal penal acusatorio, particularmente el de contradicción, igualdad entre las partes, inmediación y publicidad, porque excluye la posibilidad de que las partes, frente a la persona juzgadora, puedan debatir sobre la imposición de la prisión automática. Aunado a todo lo expuesto, cabe abundar que en el caso, como se ha venido sosteniendo al imponer la prisión preventiva oficiosa, la jueza de control responsable no tuvo opción por disposición legal y constitucional de tomar en consideración diversos elementos que le permitieran establecer la idoneidad de la medida solicitada, como en el caso sería el arraigo en la ciudad, tener un trabajo seguro y retribuido, en el cual cuenta con una antigüedad de aproximadamente catorce años, además de la disposición para afrontar el proceso. Al resultar fundados los argumentos examinados en el apartado anterior, suplidos en su deficiencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, y quedar demostrado que resultó inconvencional la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa dictada en su contra, pues transgrede sus derechos fundamentales, procede conceder a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para el efecto de que la autoridad responsable Juez de Control de la Cuarta Región Judicial, con sede en esta ciudad: -De forma inmediata cite a las partes a una audiencia sobre debate, revisión e imposición de medidas cautelares. - En la propia audiencia, deje insubsistente la diversa de tres de junio de dos mil veintitrés, en la carpeta procesal ***, en la que declaró improcedente la revisión de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. - Previa solicitud y debate entre las partes procesales, determine con plenitud de jurisdicción, la revisión de medida o medidas cautelares que deban imponerse al promovente de amparo, prescindiendo de la figura jurídica medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, reclamada en el presente juicio de control constitucional. En el entendido de que de considerar procedente la prisión preventiva justificada, deberá tomar en cuenta todos los elementos de convicción que las partes le ofrezcan a fin de justificarla o no. - Además de la versión oral, emita por escrito su decisión, de conformidad con el artículo 67, párrafo segundo, fracción V del Código Nacional de Procedimientos Penales. Como se anticipó al inicio del presente estudio, no se soslaya que en el caso, exista una niña víctima del delito de ***, atribuido al aquí quejoso; sin embargo los efectos de la concesión del amparo, giran en torno a que, en una audiencia, en la que se escucha a las partes -incluida la víctima- se decida con plenitud de jurisdicción la medida cautelar procedente. Por tanto, al momento no existe afectación a su esfera de derechos. SÉPTIMO. PUBLICACIÓN DE SENTENCIA. De conformidad con lo establecido en los artículos 6, fracción II, de la Constitución Federal y 68 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los órganos jurisdiccionales deben proteger los datos personales de las partes en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que éstas hagan valer el derecho de oponerse a su publicación, por lo que ante la falta de manifestación expresa de las partes de oponerse a la publicación de sus datos personales, lo que procede es ordenar la publicación de la presente sentencia con supresión de datos personales. OCTAVO. AUTORIZACIÓN SECRETARIO EN FUNCIONES DE JUEZ. Sin que obste que la presente resolución constitucional la emita el Secretario en Funciones de Juez de Distrito, ello a que, aunado a que ésta determinación, junto con su respectiva acta de audiencia, constituyen un todo indivisible, dicho funcionario fue facultado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, como así se asienta en la antefirma de la presente sentencia de amparo. Rige lo anterior, la Jurisprudencia por contradicción de tesis P./J. 17/2020 (10a.), resuelta por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital 2022487, perteneciente a la Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 80, Noviembre de 2020, Tomo I, página 16, la que es del rubro y texto siguientes: "SECRETARIO DE JUZGADO EN FUNCIONES DE JUEZ DE DISTRITO. PARA JUSTIFICAR ESA CALIDAD EN EL DICTADO DE LA SENTENCIA, BASTA CON QUE MENCIONE EN LA ANTEFIRMA DE LA RESOLUCIÓN QUE SE ENCUENTRA AUTORIZADO POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA ACTUAR CON TAL CARÁCTER. Hechos: La Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al analizar la forma en que un secretario en funciones de Juez de Distrito debe justificar que actúa con tal carácter al dictar sentencias, llegaron a soluciones distintas, ya que para la Primera Sala basta con que el secretario mencione que se encuentra autorizado por el Consejo de la Judicatura Federal, mientras que para la Segunda Sala es necesario que en la sentencia se transcriba el documento que autoriza al secretario para fungir como Juez de Distrito. Criterio jurídico: La calidad de secretario en funciones de Juez de Distrito al dictar una sentencia, se justifica cuando éste menciona en la antefirma de la resolución que se encuentra autorizado por el Consejo de la Judicatura Federal para actuar con ese carácter. Justificación: La sola manifestación de esa autorización goza de la presunción de certeza, en tanto que el Consejo de la Judicatura Federal tiene facultades para autorizar al secretario del juzgado para desempeñar las funciones de Juez de Distrito en la ausencia del titular, y dichas actuaciones deben ser autorizadas por el secretario de Acuerdos respectivo, quien tiene fe pública. Lo anterior se refuerza en virtud de que la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley de Amparo y el Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a esta última, no prevén mayores formalidades para el ejercicio de tal encomienda; esto, sin menoscabo de que el quejoso, en su caso, pueda demostrar la ilegalidad de tal actuación." Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 74, 75 y demás aplicables de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a Juan José Mendoza Aceves, contra el acto precisado en el apartado segundo, por las razones y para los efectos precisados en los considerandos quinto y sexto, respectivamente, de esta sentencia. SEGUNDO. Publíquese esta sentencia con supresión de datos personales, en términos de su último considerando. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Luis Alberto González Villa, Secretario en Funciones de Juez del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Nuevo Laredo, por licencia de la titular; designado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión ordinaria de veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés, comunicada mediante oficio SEADS/2289/2023, del índice de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del propio consejo, hoy diecisiete de octubre de dos mil veintitrés, asistido de Adolfo Arreygue y Arreygue, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

Quedan 6 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · 3,876 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano