Juan José Mendoza Aceves

Expediente 504/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 14 actuaciones registradas, la última del 6 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
504/2022
Año
2022
Actuaciones
14
Última actuación
06/06/2023

Partes del expediente

  • Juan José Mendoza Aceves

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Se advierte que se formó legajo por separado con motivo de que el expediente se encontraba pendiente de engrosar la sentencia respectiva; y toda vez que ya se emitió la resolución correspondiente, agréguese dicho legajo a los autos originales, mismo que contiene la promoción con registro 2589 y su acuerdo de veintidós de marzo de dos mil veintitrés. Cúmplase.

  2. Principal

    Se advierte que no se interpuso recurso de revisión contra la sentencia de veintiocho de abril del año en curso, emitida por este juzgado de distrito; asimismo, que ya transcurrió el término de diez días, para hacerlo; en consecuencia, se declara que ha causado ejecutoria, archívese el presente expediente como concluido. Notifíquese.

  3. Principal

    VISTOS, los autos, para resolver el juicio de amparo 504/2022, promovido por Juan José Mendoza Aceves o José Juan Mendoza Aceves, contra el acto del Juez de Control de la Cuarta Región Judicial, con residencia en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado el diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, en la Oficialía de Partes de este Juzgado, Juan José Mendoza Aceves o José Juan Mendoza Aceves, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra la autoridad y por el acto que a continuación se transcriben: "(.) III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: Lo son las siguientes: a).- JUEZ DE CONTROL DE LA CUARTA REGIÓN JUDICIAL CON RESIDENCIA EN NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS. IV.- ACTO RECLAMADO: La Resolución de Vinculación a proceso fecha ocho de septiembre de dos mil veintidós, dentro de la CP/0130/2022, por aparecer como probable responsable del delito de Abuso Sexual. (.)" El promovente manifestó como derechos fundamentales violados, los previstos en los artículos 1, 14, 16, 20, inciso b), 21 y 133 de la Constitución Federal. SEGUNDO. TRÁMITE DEL JUICIO. Este Juzgado de Distrito en auto de veinte de septiembre de dos mil veintidós, radicó la demanda de amparo bajo el número 504/2022, y la admitió a trámite, dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete, solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación y señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Emplazamiento de parte tercera interesada. Por auto de trece de octubre de dos mil veintidós (foja 97), se reconoció el carácter de terceros interesados a la agente del Ministerio Público de Procedimiento Penal Acusatorio adscrita a la Unidad General de Investigación Número Tres, y a Luz del Carmen Reynaga Ventura, así como a la menor de identidad reservada J.E.M.R., quienes fueron emplazadas el catorce y veinte de octubre de dos mil veintidós, respectivamente (fojas 103 y 104). Audiencia constitucional. En la fecha y hora señaladas para ello, previos diferimientos, se llevó a cabo la audiencia constitucional en este juicio de amparo, al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en Nuevo Laredo, Tamaulipas, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, 33, 35, 37, párrafo tercero, y 107 de la Ley de Amparo; y, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales, en específico en su punto de acuerdo cuarto, fracción XIX, segundo párrafo. Se afirma lo anterior, en virtud de que las consecuencias del acto reclamado tienen ejecución en esta ciudad, por tanto, este juzgado de distrito es competente para conocer sobre este asunto. SEGUNDO. PRECISIÓN DE ACTO RECLAMADO. Del análisis íntegro practicado al escrito inicial de demanda se precisa que el quejoso reclama: Del Juez de Control de la Cuarta Región Judicial: * El auto de vinculación a proceso de ocho de septiembre de dos mil veintidós, dictado dentro de la carpeta procesal CP/0130/2022, por el hecho que la ley señala como delito de abuso sexual. Apoya a lo anterior, por el criterio que la conforma, la tesis P. VI/2004 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice lo siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Así como la jurisprudencia P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto dicen lo siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." TERCERO. EXISTENCIA DE ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado del Juez de Control de la Cuarta Región Judicial, consistente en el auto de vinculación a proceso dictado el ocho de septiembre de dos mil veintidós, en la carpeta procesal CP/0130/2022 de su índice, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado (foja 24), Lo que se corrobora con las documentales que adjuntó como complemento la autoridad jurisdiccional, consistentes en un disco versátil digital (DVD) que contiene la videograbación de la audiencia respectiva, así como de las constancias que obran en la carpeta procesal CP/0130/2022. Los cuales tienen valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 305, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto"3 Así como, el registro digital número 20043621, cuyo rubro dice: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." CUARTO. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. Al no haber hecho valer las partes causas de improcedencia, ni de oficio se advierte su actualización, se procede a entrar al estudio de fondo del acto reclamado. QUINTO. ESTUDIO DE FONDO. En su único concepto de violación la parte quejosa esencialmente, señala: - Que el auto de vinculación a proceso viola en su perjuicio el artículo 20, aparato B, fracción IV, de la Constitución Federal, en virtud de que el Juez responsable no admitió el medio de prueba durante el desarrollo de la audiencia inicial, consistente en la testimonial de Cresenciana Mata Hernández, medio de prueba que considera pertinente y que en términos del artículo 314, segundo párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, debía admitirse, sin embargo, el juzgador manifestó que era potestativo dicho dispositivo y que a su consideración no era pertinente esa prueba, pues la defensa había tenido tiempo suficiente para entrevistar a la testigo y que no estaba acreditado que esa persona fuera la esposa del imputado -aquí quejoso-. Resulta infundado el motivo de disenso expresado por la parte quejosa, sin que en el caso se advierta queja deficiente que suplir en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Ello es así, pues contrario a lo que sostiene la parte quejosa, es correcta la determinación del Juez responsable, ya que la no admisión de la prueba ofertada por el defensor en la audiencia de imputación se encuentra ajustada a derecho, porque en su ofrecimiento no se cumplió con los requisitos previstos en el artículo 314 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Para justificar lo anterior, en principio, es conveniente destacar la regulación Constitucional del sistema penal acusatorio, que se encuentra previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, numeral en el que se prevén los principios del proceso penal acusatorio y oral, tales como el de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, así como un conjunto de derechos en favor del imputado, entre los que se encuentra el señalado en la fracción IV, del apartado "B", relativo a que se le recibirán los testigos y demás pruebas pertinentes que ofrezca, en los términos que señale la ley. La fracción referida remite a la ley secundaria para efectos del ofrecimiento y desahogo de los medios de prueba o testimoniales que ofrezca el imputado en el proceso penal. Ahora, el artículo 2 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece que el objeto de dicho código es establecer las normas que han de observarse en la investigación, el procesamiento y la sanción de los delitos. A su vez, los artículos 4, 6, 9, del propio ordenamiento, establecen las características y contenido de los principios que integran el proceso penal acusatorio y oral. Ahora, en cuanto a las pruebas, el artículo 113, fracción IX, del citado ordenamiento, dispone que el imputado tendrá derecho a que se le reciban los medios pertinentes de prueba que ofrezca, concediéndosele el tiempo necesario para tal efecto y auxiliándosele para obtener la comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite y que no pueda presentar directamente, en términos de lo establecido por ese Código; ello, incluso, es reiterado en el artículo 262 de ese ordenamiento legal. Esto es, en la normatividad secundaria se reitera lo que constitucionalmente se dispuso, esencialmente, que se le recibirán las pruebas que ofrezca, ello en términos de lo establecido en dicho ordenamiento (Código). Sentado lo anterior, es evidente que el imputado debe de sujetar el ofrecimiento o incorporación de pruebas a lo que estrictamente prevé la norma, para efecto de que el Juez respectivo se encuentre en condiciones de admitirlas, de lo contrario, esto es, que dicho ofrecimiento no se haga conforme a lo previsto en la ley, serán desechadas. Respecto de la incorporación de datos y medios de prueba en el plazo constitucional o su ampliación, los artículos 314 y 315 del Código multireferido, disponen: "Artículo 314. Incorporación de datos y medios de prueba en el plazo constitucional o su ampliación. El imputado o su Defensor podrán, durante el plazo constitucional o su ampliación, presentar los datos de prueba que consideren necesarios ante el Juez de control. Exclusivamente en el caso de delitos que ameriten la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa u otra personal, de conformidad con lo previsto en este Código, el Juez de control podrá admitir el desahogo de medios de prueba ofrecidos por el imputado o su Defensor, cuando, al inicio de la audiencia o su continuación, justifiquen que ello resulta pertinente." "Artículo 315. Continuación de la audiencia inicial La continuación de la audiencia inicial comenzará con la presentación de los datos de prueba aportados por las partes o, en su caso, con el desahogo de los medios de prueba que hubiese ofrecido y justificado el imputado o su defensor en términos del artículo 314 de este Código. Para tal efecto, se seguirán en lo conducente las reglas previstas para el desahogo de pruebas en la audiencia de debate de juicio oral. Desahogada la prueba, si la hubo, se le concederá la palabra en primer término al Ministerio Público, al asesor jurídico de la víctima y luego al imputado. Agotado el debate, el Juez resolverá sobre la vinculación o no del imputado a proceso. En casos de extrema complejidad, el Juez de control podrá decretar un receso que no podrá exceder de dos horas, antes de resolver sobre la situación jurídica del imputado." De los preceptos citados se deduce, que en términos de lo previsto en el Código, el imputado o su defensor podrán incorporar datos y medios de prueba que consideren necesarios ante el Juez de Control, esto en el plazo constitucional y su ampliación, y que dicho Juez podrá admitir el desahogo de esos medios de prueba ofrecidos por el imputado o su defensor, cuando al inicio de la audiencia o su continuación estos justifiquen que ello resulta pertinente o relevante en función de la potencialidad que tienen para dar información sobre los hechos controvertidos. Esto es, el legislador secundario estableció de forma categórica como requisito para admitir el desahogo de las pruebas ofrecidas por el imputado o su defensor en esa etapa del procedimiento penal oral, que éstos justifiquen previamente su pertinencia o relevancia; lo que denota que no sólo por el hecho de que presenten, anuncien, o se ofrezcan datos o medios probatorios, el Juez se encuentre obligado a admitir su desahogo, sino que estos deben justificar argumentativamente al inicio de la audiencia o su continuación por qué resultan pertinentes los datos o medios de pruebas que pretenden incorporar en la etapa correspondiente. El ofrecimiento en esos términos obedece al respeto del principio de contradicción que al igual que el derecho a ofrecer pruebas, se prevé a nivel constitucional en el artículo 20, primer párrafo. Dicho principio toral del proceso penal acusatorio y oral, opera de manera transversal, para garantizar que las partes tengan igualdad de oportunidades ante el Juez, acorde a la fase procesal en que se encuentren. También establece que las partes podrán conocer, controvertir o confrontar los medios de prueba, así como oponerse a las peticiones y alegatos de la otra parte; esto es, a que se respete el derecho de defensa contradictoria de las partes contendientes, a través de la posibilidad de rechazar las pretensiones de su oponente, y que con ello el Juez de control pueda resolver conforme a las cuestiones efectivamente debatidas en la audiencia. De manera que la obligación de justificar argumentativamente que los datos y medios de prueba que se pretenden incorporar en el plazo constitucional o su ampliación son pertinentes, obedece a la posibilidad de que la contraparte esté en condiciones de cuestionar esa pertinencia. En el caso, de los registros de audio y video contenidos en el disco compacto relativo a la audiencia se advierte que la defensa con fundamento en el artículo 314, segundo párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, ofreció la incorporación de la testimonial de Cresenciana Mata Hernández, aduciendo que la pertinencia de su testimonio descansaba en el hecho de que de los datos de prueba obtenidos por la agente del Ministerio Público, se manifestó por parte de la menor y de su madre, que la señora Cresenciana Mata Hernández, esposa del acusado estuvo presente el día y lugar donde según la menor acontecieron los hechos por los que se formula imputación a su defendido, en ese sentido al considerar un medio de prueba pertinente e idóneo, solicitó su admisión. En relación con lo anterior, el Juez cuestionó a la defensa del imputado si había recabado la entrevista de dicha persona, a lo que el defensor manifestó que no, debido al poco tiempo con que se contó para conseguirla, solicitado se hiciera bajo interrogatorio, exponiendo el Juez que se requería de un registro para correr traslado al Ministerio Público y al asesor jurídico, para que tuvieran oportunidad de preparar su participación, en virtud de que se hace una referencia algo vaga en cuanto a la participación, ni se tiene ese registro, y un medio de prueba tiene como propósito establecer una hipótesis o probar una hipótesis, lo que no se había establecido; agregando el Juez de Control que conforme al artículo 314 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se establecía la oportunidad y el derecho del imputado a que se acepten medios de prueba, tratándose de delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa, y que dicho medio de prueba se llevaría a cabo, pero atendiendo a la igualdad de las partes y a que el control horizontal requiere que ambas partes tengan información de los datos que se van a debatir, interrogar o contrainterrogar, y atendiendo a que la audiencia no se podía diferir, se optó por que se verbalizara la entrevista y otorgar a las partes un término para preparar su defensa, por lo que el defensor verbalizó los datos de prueba sobre los que versaría la entrevista de la testigo propuesta. Seguida la reproducción del video, se observa que tanto la agente del Ministerio Público como el asesor jurídico de la víctima se opusieron al desahogo del citado medio de prueba, exponiendo los motivos para ello, por lo que el Juez responsable determinó: "(.) Atendiendo a lo que establece el artículo 314 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se refiere al párrafo segundo exclusivamente en el caso de delitos que ameriten la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa u otra personal, de conformidad con lo previsto en este código el Juez de Control podrá admitir el desahogo de medios de prueba, es una potestad, ofrecidas por el imputado o su defensor, cuando al inicio de la audiencia o su continuación, esto es el inicio de la audiencia, justifico que ello resulta pertinente; en cuanto a la pertinencia que es una de las exigencias de este dispositivo jurídico, tanto el asesor jurídico como el agente del Ministerio Público, particularmente el agente del Ministerio Público refiere que no hay ningún dato de prueba en la carpeta de investigación que establezca ni siquiera el nombre de la esposa, en los datos de prueba todos los datos de prueba que han sido referidos refieren eso, que el imputado José Juan Mendoza Aceves se encontraba en el domicilio que en ese entonces habitaba con su esposa, y luego refieren otra vez a su esposa, ni siquiera está establecida la identidad de la esposa, nadie dice cómo se llama la esposa, el imputado ha tenido acceso a los registros por lo menos desde el día catorce de julio del dos mil veintidós, debidamente representado por sus abogados, en esta fecha catorce de julio de dos mil veintidós, se intentó iniciar la audiencia, sin embargo por falta de un registro y tutelando los derechos del imputado de tener acceso a los registros, se difirió con ese propósito, catorce de julio de dos mil veintidós, el día nueve de agosto de dos mil veintidós, intentó llevarse a cabo la presente audiencia y por la inasistencia del imputado no se llevó a cabo, el día veintinueve de agosto del dos mil veintidós, también estuvimos aquí presentes inasistió el imputado, fue debidamente justificada su inasistencia, sin embargo hablando de la pertinencia también la defensa refiere que es idóneo, pero no es idóneo, ni siquiera es pertinente, porque no está establecida la identidad de su esposa, ni siquiera podemos hablar de que se trata de su esposa o no, porque ni siquiera sabemos qué nombre es el que registran en esas manifestaciones, en esos datos de prueba, respecto a la identidad de la esposa que se encontraba durmiendo en ese mismo domicilio, entonces además de eso, toda esta temporalidad del catorce de julio de dos mil veintidós, tuvo la oportunidad de allegar esos datos de prueba al agente del ministerio público y al asesor y correr traslado para efecto de en el ejercicio de la defensa adecuada y técnica, haber aquí en este dato de prueba, refiere que mi defendido estaba con su esposa, su esposa se llama fulana de tal, vive en tal domicilio, está el acta de matrimonio y anexo en este momento y además está a su disposición para que pueda ser entrevistada o recabé esta entrevista y aquí está el dato de prueba, no es posible atender a que digan que apenas acaba de tener acceso a la persona cuando se trata de su esposa, pero además de eso repito, catorce de julio de dos mil veintidós, hace casi dos meses que se intentó llevar a cabo la presente audiencia de juicio, faltan algunos días para que se cumplan los dos meses, tiempo suficiente para que si ese era la hipótesis de la defensa y que solicitara o pretendiera solicitar en esta audiencia que se desahogara ese medio de prueba, haber llevado por lo menos la identidad de la persona que aparece ahí como su esposa, presentarla o presentar su entrevista y aportar el dato de prueba el acta de matrimonio o concubinato o testigos que acrediten ese concubinato, pero en el caso concreto habla de la esposa, luego entonces es muy claro el artículo que refiere el defensor el 314 y en el apartado de pertinencia no es pertinente, no podemos tener la certeza de que la persona que se vaya a sentar ahí se trate de la esposa de José Juan Mendoza Aceves, pero además de eso ha habido casi dos meses de tiempo para efecto de que se estableciera la identidad y de que se estableciera el vínculo por el cual en este momento podría ser pertinente ese medio de prueba, por lo tanto atendiendo a esas manifestaciones, atendiendo al control horizontal y al debate que se abrió para efecto de la admisión o no de ese medio de prueba, no se admite ese medio de prueba. (.)" Como bien lo señaló el Juez responsable, las reglas del procedimiento rigen para ambas partes y en ellas se establece la posibilidad de que se puedan incorporar pruebas para lo cual es necesario que se atiendan ciertas directrices, tales como que la contraparte tenga conocimiento previo de qué se trata, principalmente para poder establecer la pertinencia. Por tanto, si como bien se refirió y lo señaló la propia defensa ante el cuestionamiento del Juez responsable, la fiscalía y la asesoría jurídica de la víctima no tuvieron un antecedente o registro de investigación por parte de la defensa, no era factible la admisión de dicho medio de prueba, máxime que en el caso, no se había establecido la identidad de la testigo propuesta, no obstante el tiempo transcurrido desde el catorce de julio de dos mil veintidós, fecha señalada inicialmente para la celebración de la audiencia inicial. Ello en atención a que es obligación de las partes que exista ese descubrimiento probatorio; y, el derecho de ofrecer pruebas no exime al oferente de exponer los antecedentes o registros de investigación a través de los cuales se pretende sustentar un testimonio. Por tal motivo, es evidente que al no cumplirse con la exigencia prevista en el Código Nacional de Procedimientos Penales, para efectos de la solicitud de incorporación del medio de prueba que ofertó el defensor del imputado en la audiencia respectiva, fue acertada la determinación del Juez de Control responsable de no admitir el desahogo de la testimonial ofrecida. Interpretación que, además, contra lo afirmado por el quejoso, es acorde con el principio de contradicción que de forma transversal aplica en el procedimiento penal; en el caso, a fin de respetar la igualdad de oportunidades entre la defensa y la fiscalía para sostener sus puntos de vista y enriquecer el debate. Incluso, la carga procesal referida también emerge de lo previsto en los artículos 217 y 237 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De ahí que el descubrimiento probatorio también era exigible al ofrecer pruebas en la audiencia de vinculación a proceso. Sirve de apoyo a lo anterior por identidad jurídica sustancial, el criterio que a continuación se transcribe: "DESCUBRIMIENTO PROBATORIO DE LA PRUEBA TESTIMONIAL EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LOS REGISTROS QUE EL IMPUTADO O SU DEFENSOR ESTÁN OBLIGADOS A ENTREGAR MATERIALMENTE AL MINISTERIO PÚBLICO, DEBEN REUNIR LOS REQUISITOS Y SEGUIR LAS REGLAS QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 217 Y 335, ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. De la interpretación sistemática de los artículos 337, 340 y 346 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que el descubrimiento probatorio consiste en la obligación de las partes de darse a conocer entre ellas en el proceso, los medios de prueba que pretendan ofrecer en la audiencia de juicio y, tratándose del imputado y su defensor, su obligación es entregar materialmente al Ministerio Público copia de los registros y acceso a las evidencias materiales que ofrecerán en la audiencia intermedia, sin que esos registros se refieran exclusivamente a los datos de prueba que obran en la carpeta de investigación, sino también con los que aquéllos cuenten a fin de acreditar su hipótesis de inocencia o para controvertir la de acusación en ejercicio de su derecho de defensa, es decir, el imputado y su defensor pueden llevar a cabo su propia indagación e integrar su carpeta de registros con las investigaciones realizadas, ya no a través del fiscal, sino por ellos mismos para la demostración de los hechos que, en su caso, pretendan evidenciar. En este último supuesto, tratándose de la prueba testimonial, los registros que sean recabados por el imputado o su defensa deben reunir los requisitos y seguir las reglas que establecen los artículos 217 y 335, último párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues así está dispuesto en el precepto 337 mencionado, que establece que los registros que se entregarán al representante social deben realizarse "en los términos que establece el propio código", es decir, deben contener la firma de quienes hayan intervenido o, en su defecto, su huella o la razón de por qué no quisieron firmar, así como la indicación de la fecha, hora y lugar en que se haya efectuado, identificación del testificante, una breve descripción de la actuación y, en su caso, sus resultados, debiendo presentar una lista identificando a los testigos con nombre, apellidos, domicilio y modo de localizarlos, señalando, además, los puntos sobre los que versarán los interrogatorios. Consecuentemente, la falta de esos requisitos en la obtención y, en su momento, en el ofrecimiento de la prueba testimonial en la fase escrita de la etapa intermedia del procedimiento penal acusatorio, tiene como consecuencia que el Juez de Control válidamente pueda excluirla conforme al artículo 346, fracción IV, del referido código." Aunado a ello, esta juzgadora estima que el desechamiento de la testimonial de que se trata no es contraria al principio pro persona, así como a los principios relativos a la universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad que son necesarios para la protección de los derechos humanos del imputado, en relación con la defensa adecuada y debido proceso, previstos en el artículo 1 Constitucional, y los Tratados Internacionales en materia de esos derechos, como lo pretende hacer valer la parte quejosa. Lo anterior, porque como ya se vio, la obligación de acatar las disposiciones que norman el procedimiento relativo al nuevo sistema penal acusatorio, deriva de lo previsto en la Constitución, en la medida en que se estableció que lo relativo al ofrecimiento de pruebas en dicho procedimiento se debe sujetar a lo que al respecto establezca la ley correspondiente; esto es, a lo dispuesto en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Sumado a que el hecho de que el Código referido, en su artículo 314, establezca que el Juez podrá admitir el desahogo de los medios de prueba ofrecidos por el imputado o su defensor, cuando éstos, al inicio de la audiencia o su continuación, justifiquen que ello resulta pertinente, de manera que por el hecho de que no exista un descubrimiento probatorio y que por ello el Juez no lo haya admitido el pretendido por el ahora quejoso, no implica transgresión el principio pro persona, contenido en el artículo 1 de la Constitución Federal. Si bien es cierto que el imputado tiene el derecho humano al debido proceso y a una adecuada defensa, reconocida tanto en la Constitución de nuestro país como en los tratados internacionales, también lo es que el hecho de que en el orden jurídico interno se prevean requisitos formales o presupuestos procesales necesarios para la admisión de medios probatorios, en preservación del principio de seguridad jurídica, consecutivo de la justicia, no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano, sino el respeto a elementos procesales previstos por el legislador. Esto es, el derecho humano al debido proceso y defensa adecuada, no implica la eliminación de las formalidades legales, reglas y requisitos establecidos por el legislador para la tramitación y sustanciación del procedimiento penal acusatorio, ni la inobservancia de éstas por parte de los gobernados, por el contrario, pretender eliminarlas impactaría a los derechos fundamentales de seguridad jurídica y equidad procesal que se busca con el establecimiento de lineamientos para la admisión de pruebas, de ahí lo infundado del concepto de violación. Al respecto, cobra aplicación en lo conducente, la tesis aislada 1a. CCXCIII/2014 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. LA RESOLUCIÓN JUDICIAL QUE DESECHA LA DEMANDA O LA QUE LA TIENE POR NO PRESENTADA POR INCUMPLIR CON LAS FORMALIDADES Y LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN SEDE LEGISLATIVA, RESPETA ESE DERECHO HUMANO."7 Asimismo, por la postura sustentada, cobra aplicación la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA." En otro orden, aunque el quejoso no hace valer diverso concepto de violación, esta juzgadora estima que se colmaron los requisitos para el dictado del auto de vinculación a proceso de que se trata y se emprende su estudio de manera oficiosa. Al respecto, se estima correcta la decisión del Juez de Control responsable, ya que efectivamente para el dictado del auto de vinculación a proceso se cumplieron los requisitos de forma y fondo previstos en la Constitución y la norma secundaria. En efecto, para el dictado del auto de vinculación a proceso deben reunirse requisitos de fondo y forma, los cuales se desprenden del contenido del artículo 19 Constitucional y de lo previsto en numeral 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Los requisitos de forma se circunscriben a que: a) debe de existir formulación de la imputación; b) se dicte únicamente por hechos que fueron motivo de dicha formulación; y, c) que se haya otorgado al imputado la oportunidad de declarar. El primero se colmó porque del análisis del disco que contiene la audiencia respectiva, se obtiene que la representación social formuló imputación al aquí quejoso por un hecho que la ley señala como delito de abuso sexual, previsto y sancionado por los artículos 267 y 268, en relación con el 277, fracción I, del Código Penal para el Estado de Tamaulipas. El segundo se cumplió en la medida en que el Juez de Control emitió el auto de vinculación de que se trata, con base en el hecho expuesto por la agente del ministerio público, en el sentido de que el delito atribuido al imputado, obedeció a que el veinticinco de abril de dos mil veintiuno, aproximadamente a las tres horas, en el domicilio ubicado en calle Hugo Pedro González Lugo número setecientos ocho, en el fraccionamiento El Progreso, cuando la adolescente de identidad reservada J.E.M.R. de trece años de edad, se encontraba en la cama acostada con José Juan Mendoza Aceves -aquí quejoso- quien es su papá y su esposa (de José Juan Mendoza Aceves), ya que la adolescente se quedaba los fines de semana y José Juan Mendoza Aceves empezó a tocarla de los pechos por debajo de la blusa y a tocarle las piernas, despertando y dándose cuenta que se encontraba con su pantalón desabrochado y la seguía tocando, por lo que se levantó y se fue al baño y se tapó con una cobija. El tercero de los requisitos se colmó en atención a que el Juez responsable otorgó al imputado la oportunidad para emitir su declaración respecto de los hechos imputados, siendo que éste se reservó su derecho a declarar, una vez de consultarlo con su defensor. Ahora, los requisitos de fondo que contienen los artículos 19 Constitucional y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, consisten en: I) Que existan datos que establezcan que se ha realizado un hecho que la ley señala como delito; II) Que el imputado pudo haberlo cometido o participado en su ejecución; y, III) Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. En este punto, es conveniente destacar que el análisis sobre la constitucionalidad del auto de vinculación a proceso debe efectuarse sólo con base en las cuestiones debatidas en la audiencia respectiva, sin que se tome en consideración la carpeta de investigación, ya que el Juez de control, por regla general, no puede revisar su contenido. Esto es, el dictado del auto referido se rige por el grado de razonabilidad de los datos que establezcan que se ha cometido un hecho ilícito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió, ello en la medida de que tales datos no constituyen prueba como tal, sino una mera referencia a las diligencias practicadas por el Ministerio Público en el ejercicio de su función persecutora del delito, las que, en la postura asumida por la propia fiscalía, resulten idóneas, pertinentes y suficientes para justificar el sometimiento del imputado a un plazo mayor, siempre razonable, de investigación supervisada por la autoridad judicial. Además, el Juez no está obligado a realizar un desglose de los elementos del delito, sino únicamente a que una vez establecido de manera clara el hecho materia de la imputación, lleve a cabo un ejercicio tendiente a determinar si esa conducta encuadra en alguna de las descripciones típicas que en abstracto describe la norma penal como delito. En el caso, la determinación del Juez de Control responsable con relación al cumplimiento de los requisitos de fondo se estima correcta, pues la valoración que respecto de los datos de prueba realizó se estima adecuado atendiendo a lo siguiente. Lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho. Basta imponerse de la reproducción de la audiencia para advertir que la Agente del Ministerio Público expuso medularmente, como hecho delictivo, lo siguiente: El veinticinco de abril de dos mil veintiuno, aproximadamente a las tres horas, en el domicilio ubicado en calle Hugo Pedro González Lugo número setecientos ocho, en el fraccionamiento El Progreso, cuando la adolescente de identidad reservada J.E.M.R. de trece años de edad, se encontraba en la cama acostada con José Juan Mendoza Aceves -aquí quejoso- quien es su papá y su esposa (de José Juan), ya que la adolescente se quedaba los fines de semana y José Juan Mendoza Aceves empezó a tocarla de los pechos por debajo de la blusa y a tocarle las piernas, despertando y dándose cuenta que se encontraba con su pantalón desabrochado y la seguía tocando, por lo que se levantó y se fue al baño y se tapó con una cobija. Datos de prueba. La representación social expuso como antecedentes de la investigación, diversos datos respecto de los cuales dio a conocer la información que de cada uno de ellos derivaba, entre los que destacan: 1. Acta de denuncia o querella presentada en fecha de veintisiete de abril de dos mil veintiuno, por parte de Luz del Carmen Reynaga Ventura, ante el agente del Ministerio Público y la misma denuncia es en representación de su mejor hija de identidad reservada J.E.M.R., de trece años de edad en la época de los hechos y de la denuncia, en contra de José Juan Mendoza Aceves (prueba a que otorgó valor probatorio). 2. Comparecencia de Luz del Carmen Reynaga Ventura, de veintisiete de abril de dos mil veintiuno, por la que exhibió el acta de nacimiento número folio 6397555, expedida por la Oficialía Cuarta de Nuevo Laredo, del registro civil, a favor de su menor hija de iniciales J.E.M.R., en donde en el apartado del nombre del padre aparece José Juan Mendoza Aceves, también proporcionó el domicilio del antes mencionado (prueba a que otorgó valor probatorio). 3. Dictamen de integridad física y ginecoproctológico, de veintisiete de abril de dos mil veintiuno, con número de folio 204/2021, elaborado por la doctora Laura Carmina Cruz Salinas, perito médico forense del Departamento de Medicina Forense de la Coordinación de Servicios Periciales, quien practicó examen médico de integridad física y ginecoproctológico a la menor J.E.M.R., de trece años de edad, quien se encontraba en compañía de quien refirió ser su madre (se otorgó valor probatorio por haber sido elaborado por quien tiene las facultades y experticia para emitirlo). 4. Dictamen psicoemocional con número de folio 243/2021, de treinta de abril de dos mil veintiuno, elaborado y firmado por la licenciada Ana Yadira Flores Flores, perito profesional en psicología adscrita a la Coordinación de Servicios Periciales, practicado a la menor de identidad reservada de iniciales J.E.M.R., quien se encontraba en compañía de quien dijo ser su madre y que ese dictamen se elaboró el veintisiete de abril de dos mil veintiuno (se otorgó valor probatorio por haber sido realizado por un perito oficial que cuenta con las facultades y experticia para emitirlo). 5. Dictamen del Departamento de informática, con número 93/2021, de veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, elaborado y firmado por el ingeniero Jorge Alejandro Guillén Ramírez, perito profesional de la Unidad de Nuevo Laredo de Servicios Periciales, quien revisó el celular marca Motorola, color rosa, con la finalidad de buscar y extraer un archivo whatsapp, el cual se obtuvo mediante un screenshot el cual plasmó en su dictamen impreso (otorga valor probatorio por haberse realizado por un perito que tiene facultades para hacerlo, porque se encuentra en ejercicio de sus funciones y se advierte su experticia). 6. Oficio 0464/2021, del Departamento de Psicología, de ocho de junio de dos mil veintiuno, signado por la psicóloga Ana Yadira Flores Flores, perito profesional en psicología, mediante el cual refiere haber sido designada para intervenir a la solicitud realizada para llevar a cabo la entrevista de la menor J.E.M.R., previa autorización de su madre Luz del Carmen Reynaga Ventura, diligencia que se llevó a cabo sin la presencia de la madre por así haberlo solicitado la menor y autorizarlo su madre (otorga valor probatorio por haberse realizado por un perito que tiene facultades para hacerlo, porque se encuentra en ejercicio de sus funciones y se advierte su experticia). 7. Acta entrevista de veintiocho de abril de dos mil veintiuno, por Melisa Briseida Hernández Aguilar, agente de la policía investigadora a Luz del Carmen Reynaga Ventura (la cual no atendió en virtud de que ya había valorado la declaración que de viva voz rindió la antes mencionada y se trata de los mismos hechos, por lo que no atendió dicho medio de prueba). 8. Entrevista recabada el cuatro de junio de dos mil veintiuno, por Melisa Briseida Hernández Aguilar, agente de policía adscrita a la Unidad General de Investigación Número 3, recabada a la adolescente J.E.M.R., quien se encontraba acompañada por su madre Luz del Carmen Reynaga Ventura, la asesora jurídica, y un asesor jurídico, diligencia que fue videograbada por María de la Cruz López Montalvo, perito adscrito a la Coordinación de Servicios Periciales; diligencia que se llevó a cabo sin la presencia de la madre por así haberlo solicitado la menor y autorizarlo su madre (medio de prueba que se atendió y otorgó valor probatorio atendiendo a que se trata de una perito en ejercicio de sus funciones) 9. Inspección elaborada por Melisa Briseida Hernández Aguilar, de cinco de junio de dos mil veintiuno, practicada en calle Hugo Pedro González Lugo número setecientos ocho, en la colonia Los Colorines, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, agregando croquis y placas fotográficas del inmueble (dato de prueba que se atendió y da valor probatorio por haber sido elaborado por un funcionario en ejercicio de sus funciones). 10. Informe de videograbación, elaborado por María de la Cruz López Montalvo, perito técnico perteneciente a la Coordinación Regional de Servicios Periciales, de seis de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio 3505, y por el cual refiere haberse constituido el cuatro de junio de dos mil veintiuno, a la diligencia donde se encontraba la menor de iniciales C.A.B.M., en compañía de su madre Luz del Carmen Reynaga Ventura, de Melisa Briseida Hernández Aguilar, la psicóloga Ana Yadira Flores Flores y la licenciada Rosalba Hernández Roux, agregando que es un error de ortografía en las iniciales de la menor, pues es coincidente la fecha de la diligencia y el nombre de la madre sí corresponde, anexando un disco compacto firmado por la perito y que se remitió con la cadena de custodia (dato de prueba que otorgó valor probatorio por haber sido recabada la entrevista en las condiciones en que se llevó a cabo, estableciéndose que la menor se encontraba en condiciones para emitirla, observándose protocolo a que tiene derecho de ser entrevistada) Hecho que la ley señala como delito y probable responsabilidad. En concordancia con lo anterior, respecto del quejoso Juan José Mendoza Aceves o José Juan Mendoza Aceves, el Juez responsable determinó que los referidos datos de prueba acreditan la existencia de un hecho que la ley señala como delito, ocurrido el día veinticinco de abril de dos mil veintiuno, del delito de abuso sexual, siendo las tres horas aproximadamente en el domicilio ubicado en calle Hugo Pedro González Lugo, número setecientos ocho, en el fraccionamiento El Progreso, cuando la adolescente de iniciales J.E.M.R., de trece años de edad se encontraba en la cama acostada con José Juan Mendoza y su esposa, ya que la adolescente se quedaba con su padre los fines de semana y José Juan Mendoza Aceves empezó a tocarla ese día de los pechos por debajo de la blusa y a tocarle las piernas despertando y dándose cuenta de que se encontraba con su pantalón desabrochado y la seguía tocando por lo que J.E.M.R., se levantó y se fue al baño, se abrochó y se tapó con otra cobija hasta que se quedó dormida. Por lo que resultaba evidente que esa conducta que el agente del Ministerio Público le atribuye a José Juan Mendoza Aceves, que es la de realizar estos tocamientos el día veinticinco de abril de dos mil veintiuno, a las tres horas, en el domicilio que ya quedó establecido, se ajusta puntualmente a la descripción típica contenida en el hecho que la ley señala como delito de abuso sexual, la cual se encuentra prevista en el artículo 267 y sancionada en el 268, relación con el 277, fracción I, del Código Penal en el Estado; misma que se encuentra justificada con la entrevista de la adolescente J.E.M.R. recabada con los protocolos establecidos para tal efecto, en donde es consistente en señalar a su padre como la persona que el veinticinco de abril de dos mil veintiuno, a las tres horas, en el domicilio que ella visitaba cada fin de semana, mientras que se encontraba dormida, la empezó a tocar de sus pechos por debajo de la blusa, y al despertar tenía su pantalón desabrochado, y su papá la seguía tocando; también con el acta de nacimiento 6397555, de la Oficialía Cuarta del Registro Civil, con la que se acredita la calidad de ascendente sobre la adolescente J.E.M.R., además de su condición de adolescente; también el artículo 268 establece lo que es una circunstancia calificativa agravante y en el caso concreto, esa acta de nacimiento resulta eficaz para establecer que la menor J.E.M.R., el día de los hechos tenía trece años de edad. Además, el artículo 277, fracción I, del Código Penal para el Estado, el que es parte de la clasificación jurídica establecida por el Ministerio Público, dispone que si el delito fuere cometido de un ascendiente contra su descendiente, además de la pena de prisión perderá el derecho a la patria potestad o tutela, y el caso el acta de nacimiento resulta eficaz para acreditar esta circunstancia calificativa. Argumentos que comparte esta Juzgadora, pues de conformidad con lo dispuesto por el artículo 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el hecho generado en las circunstancias de tiempo, modo y lugar precisados por la fiscalía, es congruente y coherente en sí mismo y, además, guarda correspondencia con los datos de prueba que obran en el sumario, que fueron obtenidos de manera lícita. Asimismo, los datos aportados resultan ser suficientes, aptos e idóneos para acreditar el hecho señalado como abuso sexual, cuyos componentes se encuentran previstos y sancionados en los artículos ya citados. Por tanto, los medios de prueba concatenados entre sí resultan aptos e idóneos al tratarse de medios lícitos, pues no se advierte información irregular y en su integridad resulta utilizable. Máxime que, el imputado, aquí quejoso, tuvo la oportunidad de declarar y contestar la imputación. Por tanto, el Juez responsable correctamente estableció que los anteriores datos corroboran de manera razonable que, efectivamente, el imputado realizó en contra de su menor hija, tocamientos el día veinticinco de abril de dos mil veintiuno, a las tres horas, cuando se encontraba durmiendo con su padre y la esposa de éste, lo que la despertó y se encontraba con su pantalón desabrochado. Asimismo, cabe destacar que el Juez responsable dio contestación a los argumentos de la defensa al solicitar que no se vinculara a proceso al imputado. Y que si bien, la prueba testimonial ofrecida por la defensa no fue admitida y se dijo en un principio tendía a demostrar los hechos, lo cierto es que no se realizó el descubrimiento probatorio de manera oportuna, motivo por el cual en su momento se desestimó. De tal modo que válidamente concluyó que no había material que desvirtuara la versión de la fiscalía, ya que la defensa no justificó su versión y las reglas del procedimiento son las mismas para ambas partes, ya que la contradicción es un principio que rige el sistema penal acusatorio. Por lo que destacó correctamente que no debía atenderse a consideraciones personales ni apreciaciones subjetivas. Luego, sí existen datos de prueba suficientes para tener evidenciada la existencia de un hecho con apariencia de delito, para efectos del dictado del auto de vinculación a proceso. Además, correctamente el Juez responsable consideró que tales elementos, en concordancia como pluralidad de indicios, eran suficientes para acreditar la probable participación del imputado, aquí quejoso, en la comisión del hecho; y, que al no controvertirse, son suficientes hasta ese momento, para acreditar su calidad de autor material. De ahí que la suscrita comparte el criterio del Juez de control responsable, en el sentido de que los hechos narrados son constitutivos del hecho que la ley señala como delito de abuso sexual, previsto y sancionado en los artículos 267 y 268, en relación con el 277, fracción I, del Código Penal para el Estado de Tamaulipas, y la posible intervención de Juan José Mendoza Aceves o José Juan Mendoza Aceves en su comisión. Al respecto, cobra especial relevancia el hecho de que conforme a las reglas del sistema penal acusatorio, para el dictado del auto de vinculación a proceso, sólo se exige la comprobación de "un hecho que la ley señale como delito" y la "probabilidad en la comisión o participación del activo", esto es, "sólo la probabilidad"; pues será en la etapa de juicio donde tendrá la oportunidad de probar las contradicciones que deriven de los hechos que se le imputan. Esto es, debe evitarse formalizar pruebas o exponer razonamientos sobre su valoración, que carguen de formalidad y valor irrefutable la información recabada en la carpeta de investigación. De tal forma que la valoración que realiza el Juez de Control se limita a la idoneidad, pertinencia y suficiencia de los datos que le son referidos. Por ello, en relación con el estándar de prueba que es necesario para emitir la vinculación a proceso, basta con que el juzgador estime que los datos de prueba citados por el Ministerio Público cumplen esas características y, que en conjunto, resultan suficientes para presumir que el imputado participó en su comisión para justificar el auto de vinculación. Apoya lo anterior, la tesis II.2o.P.80 P (10a.), del rubro y texto siguientes: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO DICTADO DENTRO DE LA AMPLIACIÓN DEL TÉRMINO CONSTITUCIONAL. EN ESTA RESOLUCIÓN EL ALCANCE DE UN ESTADO PROBATORIO CONTRADICTORIO ES EXCLUSIVAMENTE DE NATURALEZA PRELIMINAR. Cuando se dicta un auto de vinculación a proceso dentro de la ampliación del término constitucional, no es el momento oportuno para oponer las pruebas contradictorias que obren en autos, y dar prevalencia a unas sobre las otras, ya que esa evaluación queda reservada, en su caso, para la etapa intermedia, toda vez que en el sistema penal acusatorio no se otorga a las primeras etapas una fase determinante, sino meramente preliminar, que si bien ya eran así en el sistema tradicional, ahora son todavía más formales y meramente preliminares, por lo cual, el alcance de un estado probatorio contradictorio a nivel de auto de término constitucional en este nuevo sistema acusatorio adversarial, es exclusivamente de naturaleza preliminar, pues el auto de vinculación no resuelve el fondo del asunto, sino que su finalidad es determinar si los datos de prueba justifican la continuación del proceso que se lleva a una etapa posterior intermedia de depuración, máxime que en el auto señalado el Juez no puede depurar anticipadamente, salvo un caso de excepción que impidiera la apertura de la continuidad, pues ello implicaría, en su caso, que no hubiera ni siquiera un estado de contradicción, sino un estado absoluto de desvanecimiento de datos. Así, la autoridad constitucionalmente facultada para determinar bajo su responsabilidad si existen datos insuficientes para la continuidad del proceso, es el Juez de Control, por lo cual, en el amparo no puede sustituirse esa valoración que es evidente y eminentemente preliminar." Cabe señalar, además, que el derecho de legalidad previsto en el artículo 16 Constitucional, relativo a la fundamentación y motivación, tiene como propósito primordial que el justiciable conozca el porqué de la conducta de la autoridad; circunstancia que se traduce en darle a conocer, en detalle, la esencia y de manera completa, todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto jurídico de decisión, de manera que sea evidente y muy claro para el afectado, poder cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.4.A. J/43 del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL DE LA GARANTÍA Y SU FINALIDAD SE TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA DEFENSA Y COMUNICAR LA DECISIÓN. El contenido formal de la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 constitucional relativa a la fundamentación y motivación tiene como propósito primordial y ratio que el justiciable conozca el "para qué" de la conducta de la autoridad, lo que se traduce en darle a conocer en detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de voluntad, de manera que sea evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa. Por tanto, no basta que el acto de autoridad apenas observe una motivación pro forma pero de una manera incongruente, insuficiente o imprecisa, que impida la finalidad del conocimiento, comprobación y defensa pertinente, ni es válido exigirle una amplitud o abundancia superflua, pues es suficiente la expresión de lo estrictamente necesario para explicar, justificar y posibilitar la defensa, así como para comunicar la decisión a efecto de que se considere debidamente fundado y motivado, exponiendo los hechos relevantes para decidir, citando la norma habilitante y un argumento mínimo pero suficiente para acreditar el razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia lógica de los hechos al derecho invocado, que es la subsunción." En ese orden de ideas, se advierte que en el acto reclamado se señalaron las circunstancias especiales, razones particulares y causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del auto de vinculación a proceso. También se justipreciaron los datos de prueba que aportó la agente del Ministerio Público y los cuales, en oposición a lo manifestado por la defensa, fueron considerados por el Juez responsable como idóneos, pertinentes y suficientes; sin que se advierta que corresponda una justipreciación diversa a la establecida en el acto reclamado; además, existe adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables. Por tanto, debe concluirse que los requisitos y las consecuencias jurídicas para el dictado de un auto de vinculación a proceso se encuentran legal y debidamente satisfechos en términos de los artículos 316, 317 y 31812 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ello, porque como se precisó en párrafos precedentes, para el dictado del auto de vinculación a proceso, es suficiente que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, sin establecer con un grado de certeza la existencia de ese hecho y la participación del imputado, ya que dichos datos se obtendrán, en su caso, al concluir la investigación complementaria e influirá para que el fiscal dentro de la etapa intermedia o de preparación a juicio formule o no su acusación. Por todo lo anteriormente reseñado, se estima que el Juez responsable fundó y motivó su determinación. En ese tenor, al menos hasta este estadio procesal, se estableció que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el imputado, aquí quejoso, lo cometió, pues no se aportaron durante la audiencia inicial, ni durante la de vinculación a proceso, datos probatorios de descargo que fueran admisibles y con eficacia demostrativa que desvirtúen los datos incriminatorios, las cuales resultaron suficientes para que el Juez responsable tuviera por acreditado el delito que se le imputa. SEXTO. DECISIÓN. Ante lo infundado del concepto de violación y al no advertir esta juzgadora algún motivo para suplir la deficiencia de la queja, procede NEGAR el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. SÉPTIMO. PUBLICACIÓN DE SENTENCIA. De conformidad con lo establecido en los artículos 6, fracción II, de la Constitución Federal, y 68 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los órganos jurisdiccionales deben proteger los datos personales de las partes en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que éstas hagan valer el derecho de oponerse a su publicación, por lo que ante la falta de manifestación expresa de las partes de oponerse a la publicación de sus datos personales, lo que procede es ordenar la publicación de la presente sentencia con supresión de datos personales. Por lo expuesto y con apoyo además en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo; se; R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE al quejoso Juan José Mendoza Aceves o José Juan Mendoza Aceves, por el acto reclamado de la autoridad responsable precisados en el considerando segundo, por los motivos expuestos en los considerandos quinto y sexto de esta sentencia. SEGUNDO. Publíquese esta sentencia con supresión de datos personales, en términos de lo ordenado en su último considerando. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Judith Alhelí Andrade Villafán, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Nuevo Laredo, hoy veintiocho de abril de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del Juzgado, ante Martha Beatriz Ortega Santos, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Por este medio se notifica a la tercera interesada: Por lo expuesto y con apoyo además en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo; se; R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE al quejoso Juan José Mendoza Aceves o José Juan Mendoza Aceves, por el acto reclamado de la autoridad responsable precisados en el considerando segundo, por los motivos expuestos en los considerandos quinto y sexto de esta sentencia. SEGUNDO. Publíquese esta sentencia con supresión de datos personales, en términos de lo ordenado en su último considerando. Notifíquese personalmente

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