Juan José Medina Lomeli

Expediente 1943/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 11 actuaciones registradas, la última del 8 de enero de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1943/2015
Año
2015
Actuaciones
11
Última actuación
08/01/2016

Partes del expediente

  • Juan José Medina Lomeli

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    En ocho de enero de dos mil dieciséis, la licenciada María Soledad Torres Muguiro, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, CERTIFICO: Que el término de diez días que prevé el artículo 86, de la Ley de Amparo vigente, transcurrió del veintidós de diciembre de dos mil quince al seis del mes y año en curso, sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el diecisiete de diciembre de dos mil quince, en el juicio de amparo 1943/2015.- DOY FE. En la misma fecha, la Secretaria licenciada María Soledad Torres Muguiro, doy cuenta al Juez con la certificación que antecede, así como con el estado que guardan los presentes autos.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a ocho de enero de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presentes autos, y la certificación asentada por la Secretaria adscrita a este Juzgado, en el sentido de que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo vigente, sin que se interpusiera recurso de revisión contra la sentencia dictada el diecisiete de diciembre de dos mil quince, en la que se sobreseyó el presente juicio de garantías; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Reglamentaria en consulta, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. Sin que sea obstáculo, para llegar a la anterior determinación el hecho de que la resolución dictada en el presente juicio de garantías, se haya ordenado notificar personalmente a las partes, toda vez que no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia en consulta, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y archívese el presente expediente como asunto concluido. Por otra parte, en su oportunidad y con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el expediente principal ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en razón de que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de garantías; además de que este Juzgado considera que no revisten valor jurídico o histórico que amerite su conservación. De conformidad con lo previsto en el punto vigésimo primero, fracción III, última parte, del citado Acuerdo General, se declara que SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN EL ORIGINAL DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN, en el entendido de que sólo deberá conservarse las constancias relativas a la resolución del otorgamiento de la suspensión. En consecuencia, agréguese éste cuaderno al juicio de amparo en que se actúa. Por otra parte, el CUADERNO DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN correspondiente al presente juicio de amparo ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse; por tanto, guárdese por separado dicho cuaderno, para que una vez que transcurra el término de seis meses a que se refiere el citado punto vigésimo, se lleve a cabo su destrucción. En consecuencia, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del Acuerdo en cita, remítase este expediente por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del Acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Finalmente, devuélvase a la autoridad responsable Juez Primero de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Río Grande, Zacatecas, las copias certificadas del Juicio Ordinario de Nulidad de Contrato 490/2008, así como dos cuadernos de pruebas y un cuadernillo auxiliar de incidente de regulación de gastos y costas judiciales, relativos al citado juicio; que en su oportunidad remitió en apoyo a su informe justificado. NOTIFÍQUESE POR OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario en funciones de Juez de Distrito del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, designado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el uno de diciembre de dos mil quince, comunicada mediante oficio CCJ/ST/7129/2015, firmado por el licenciado Vicente David Burguet Franco, quien actúa con la Secretaria que autoriza licenciada María Soledad Torres Muguiro.- DOY FE. Ajc.

  2. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.- En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las ONCE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL DIECISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, hora y fecha señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de garantías 1943/2015, estando en audiencia pública el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario en funciones de Juez de Distrito del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, designado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el uno de diciembre de dos mil quince, comunicada mediante oficio CCJ/ST/7129/2015, firmado por el licenciado Vicente David Burguet Franco, Secretario Técnico de dicha Comisión, asistido de la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo vigente, se procedió a su celebración, sin contar con la asistencia personal de las partes. Acto seguido, la Secretaria da lectura a las constancias que integran el presente juicio de garantías, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas, en aplicación a la Jurisprudencia siguiente: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo, de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en este acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas.". En relación con lo anterior, el Secretario en funciones de Juez acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias y por rendido el informe justificado de las autoridades responsables, Juez y Notificadora adscritos al Juez Primero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Río Grande, Zacatecas, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo vigente. A continuación, en el período de ofrecimiento y recepción de pruebas, la Secretaria da cuenta con las documentales ofrecidas por la parte quejosa con su escrito inicial de demanda y con las ofrecidas en su escrito de cuenta; así como con las constancias consistentes en copia certificada del Juicio Civil Ordinario de Nulidad de Contrato 490/2008, así como dos cuadernillos de pruebas y un cuadernillo auxiliar de incidente de regulación de gastos y costas judiciales, que remitió del juez responsable en apoyo a su informe como justificación de los actos reclamados. Al respecto, el Secretario en funciones de Juez de Distrito acuerda: Con fundamento en el artículo 119, de la Ley de Amparo vigente, se tienen por desahogadas de acuerdo a su propia y especial naturaleza las documentales antes señaladas. Acto continuo, se cierra el período probatorio, se pasa a la etapa de alegatos en el que con apoyo en el numeral 124 de la Ley de Amparo en vigor, se tiene que las partes no los formularon. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, en términos del artículo citado con antelación de la ley de la materia, se levanta el acta en términos del artículo 124 de la ley de la materia, y se procede al estudio de las constancias relativas para dictar la sentencia que en derecho corresponda. V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 1943/2015; y, R E S U L T A N D O: 1°. Demanda de amparo. En escrito presentado el diecinueve de octubre de dos mil quince, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, Juan José Medina Lomeli, por propio derecho, formuló demanda de amparo indirecto, contra actos y por las autoridades que a continuación se precisan: III. AUTORIDADES RESPONSABLES LA LICENCIADA CECILIA GONZÁLEZ RODARTE EN SU CARÁCTER DE JUEZ PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA Y DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE RÍO GRANDE, ZACATECAS (COMO AUTORIDAD ORDENADORA). LA LICENCIADA MAYRA JANETH MOLINA HERNÁNDEZ EN SU CARÁCTER DE OFICIAL NOTIFICADOR DEL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA Y DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE RÍO GRANDE, ZACATECAS (COMO AUTORIDAD EJECUTORA). ACTO RECLAMADO: Acta de entrega de posesión del predio con sus frutos y accesiones del bien objeto de Litis. 2°. Prevención. La demanda de garantías de referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, por lo que el veinte de octubre de dos mil quince, se registró bajo expediente 1943/2015, se previno al impetrante del amparo, a efecto de que precisara qué acto en concreto le reclama al juez Primero de Primera Instancia y de lo Familiar de Río Grande, Zacatecas, en razón a que, del contenido de la demanda de amparo, se desprende que el quejoso señala como acto reclamado el acta levantada por la oficial notificadora adscrita al citado órgano jurisdiccional el trece de septiembre de dos mil quince, dentro del juicio ordinaria de nulidad de contrato 490/2008, promovido por José Manuel Garamendi en contra del aquí quejoso. A lo cual el quejoso manifestó que el acto que se reclama al Juez Primero de Primera instancia y de lo Familiar de Río Grande, Zacatecas lo es el auto de once de septiembre de dos mil quince. 3°. Trámite del juicio de amparo. Se dictó proveído el veintitrés de octubre de dos mil quince, en el que se ordenó la admisión de la demanda; se pidió informe justificado a las autoridades señaladas como responsables; se dio intervención al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; y, fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede y que forma parte integral de la presente resolución. C O N S I D E R A N D O I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, tiene competencia legal para fallar en definitiva en el presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo vigente; 48 y 54, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 3/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal por reclamarse actos dentro de la demarcación territorial en que este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. II. Precisión y existencia del acto reclamado. II. 1. Precisión. Previo a analizar la certeza de los actos reclamados, debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente. Para tal efecto se atenderá a los lineamientos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido en el sentido de analizar íntegramente la demanda y al observar con criterio amplio, no restrictivo para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance y contenido, prescindiendo de los calificativos sobre inconstitucionalidad que realice, en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000 y P.VI/2004. En ese sentido, de una lectura íntegra del libelo constitucional y anexos que forman un todo, se advierte que el acto reclamado en la presente instancia constitucional, consiste en: El auto de once de septiembre de dos mil quince, dentro del juicio ordinario de nulidad de contrato 490/2008, promovido por José Manuel Garamendi en contra del aquí quejoso. II. 2. Inexistencia, certeza o presunción de los actos reclamados. Una vez determinados cuáles son los actos reclamados, por cuestión de técnica, a continuación se analizará la inexistencia o certeza de los mismos, tal y como lo estableció una anterior integración del Máximo Tribunal de la Nación en la tesis del rubro y texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad." II. 2. 1. Certeza: El Juez Primero y Oficial Notificadora ambos adscritos al Juzgado Primero de Primera Instancia y de lo Familiar de Río Grande, Zacatecas, al rendir su informe justificado reconocieron el acto que se les reclama. De igual forma, el acto reclamado se encuentra acreditado con la copia certificada del Juicio Civil Ordinario de Nulidad de Contrato 490/2008, así como dos cuadernillos de pruebas y un cuadernillo auxiliar de incidente de regulación de gastos y costas judiciales; documentales remitidas por el juez responsable, a las cuales se les otorga valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispone el artículo 2° de esta última legislación. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia del rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO"" III. Procedencia del juicio de amparo. La procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y de estudio preferente previo a la materia del fondo del asunto, ya sea de oficio o por planteamiento de alguna de las partes, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo vigente y con la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA.- Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En la especie, quien aquí resuelve considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XIV, del artículo 61, de la Ley de Amparo vigente, el cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;". Por su parte, el artículo 17, del ordenamiento legal en cita, establece: Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Ahora bien, como quedó asentado, la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en: El auto de once de septiembre de dos mil quince, dentro del juicio ordinario de nulidad de contrato 490/2008, promovido por José Manuel Garamendi en contra del aquí quejoso. Acto cuya existencia se corrobora con el Juicio Ordinario de Nulidad de Contrato 490/2008, del cual deriva el auto de once de septiembre de dos mil quince; y del que desprenden los siguientes antecedentes: El siete de octubre de dos mil ocho, el ahora tercero interesado José Manuel Garamendi Rizada demandó por la vía civil ordinaria al quejoso Juan José Medina Lomeli, promoviendo la acción de recisión de contrato de compraventa, sobre un predio rústico que guarda una superficie de quinientas cuarenta y cuatro hectáreas cero áreas cero centiáreas ubicado en la Exhacienda de Tetillas, municipio de Río Grande, Zacatecas(fojas 1 a 5). Una vez desahogados los medios de prueba que ofrecieron las partes, el veintidós de marzo de dos mil diez, se dictó sentencia definitiva, en la que se declaró rescindido el contrato de compraventa que se celebró el siete de mayo de dos mil ocho, entre el señor JOSÉ MANUEL GARAMENDI RIZADA en su calidad de vendedor y por la otra el señor JUAN JOSÉ MEDINA LOMELI como comprador, respecto del predio rústico con superficie de quinientas cuarenta y cuatro hectáreas, ubicado en la Ex Hacienda de Tetillas, Río Grande, Zacatecas (fojas 152 a 167). Determinación que fue confirmada por la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado (fojas 177 a 188). En la etapa de ejecución, el veintisiete de agosto de dos mil quince se requirió al ahora quejoso para que en el término de cinco días cumpliera voluntariamente con el resolutivo tercero de la resolución de Alzada -se condena al comprador para que restituya a su vendedor el terreno- e incluso se le impuso un apercibimiento que de no hacerlo dentro del término concedido se haría en la vía de ejecución forzosa (foja 226). El once de septiembre de dos mil quince, el juez del proceso hizo efectivo el apercibimiento al quejoso, por lo que se se autorizó a personal del propio juzgado para que se constituyera en compañía de la parte actora material en el inmueble que fue materia del juicio y se proceda a poner en posesión real, formal y material a la parte actora (foja 235). Auto que fue notificado por cédula a la parte quejosa el catorce de septiembre de dos mil quince (fojas 236 y 237). En ese tenor, si se parte de la regla general establecida en los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo, en el sentido de que el término para la presentación de la demanda de amparo es de quince días, se deduce que como la parte quejosa tuvo conocimiento del acto reclamado de que se trata, -auto de once de septiembre de dos mil quince-, dictado dentro del juicio ordinario de nulidad de contrato 490/2008-, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Río Grande, Zacatecas, el catorce de septiembre de dos mil quince, fecha en que se le notificó por cédula como se advierte de la foja 236 el cuaderno de pruebas, el término para que presentara su demanda constitucional empezó a correr el día hábil siguiente al que tuvo conocimiento de los actos -catorce de septiembre de dos mil quince -, es decir, a partir del diecisiete de septiembre de dos mil quince, feneciendo el siete de octubre del año en curso; descontando los días diecinueve, veinte, veintiséis y veintisiete de septiembre, tres y cuatro de octubre, ambos de dos mil quince por tratarse de días inhábiles, de conformidad con lo establecido por el artículo 23 de la Ley de Amparo; por lo que si del sello estampado por la Oficina de Correspondencia receptora se aprecia que la demanda se presentó hasta el diecinueve de octubre de dos mil quince, es decir, doce días después de la fecha de vencimiento, es evidente que se encuentra fuera del término a que se refiere el precepto legal en cita, y como consecuencia legal, que se ha consentido tácitamente el acto que se reclama, por no haberse promovido el amparo dentro del término de ley. Apoya lo expuesto, el criterio judicial que a continuación se invoca: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados". Así las cosas, al haberse actualizado la causal de improcedencia aludida, lo que procede, con apoyo en el artículo 61, fracción XIV, de la Nueva Ley de Amparo, es decretar y se decreta el sobreseimiento en el presente juicio de garantías, por lo que se refiere al acto reclamado consistente en el auto de once de septiembre de dos mil quince, dictado dentro del juicio ordinario de nulidad de contrato 490/2008, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Río Grande, Zacatecas. Es aplicable a lo anterior las tesis del rubro y texto siguientes: "CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en demanda de la justicia federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda". "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la Ley señala". En el entendido de que el sobreseimiento decretado debe hacerse extensivo en cuanto al acto reclamado a la autoridad ejecutora oficial notificador del Juzgado Primero de Primera Instancia y de lo Familiar del distrito judicial de Río Grande, Zacatecas, al no impugnarse por vicios propios, sino en vía de consecuencia. Con motivo de lo anterior, resulta innecesario ocuparse del estudio de las diversas causales de improcedencia que hizo valer el tercero interesado, (72 a 77), ya que al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y debe sobreseerse por las consideraciones vertidas en este fallo y además con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere o no, alguna otra causa de improcedencia es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución, al ser aplicable al caso la jurisprudencia 54/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 414 del Tomo VIII, Agosto de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto indican: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. AL quedar demostrado que en el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución". De esta suerte se hace innecesario emprender el estudio de los conceptos de violación expresados en el ocurso inicial de demanda, tal como lo establece la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada bajo el número 509, consultable en la página 335, del Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, Séptima Época, del Antepenúltimo Apéndice al Semanario Judicial de la Federación bajo el rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO.- No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio.". Derivado de lo expuesto, como se anticipó, es patente la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61, en relación con los numerales 17, 18 y 19, de la Ley de Amparo. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por Ricardo Patiño Flota, en su carácter de representante legal de la persona moral quejosa denominada Secretaría de Educación del Estado de Zacatecas, contra los actos que reclamó de las autoridades señaladas como responsables. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES Y POR OFICIO AL AUTORIDAD RESPONSABLE. Así lo resolvió y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, en funciones de Juez de Distrito del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, designado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el uno de diciembre de dos mil quince, comunicada mediante oficio CCJ/ST/7129/2015, firmado por el licenciado Vicente David Burguet Franco, Secretario Técnico de dicha comisión, ante la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria que autoriza y da fe.- DOY FE.

  3. Incidental

    En veintisiete de noviembre dos mil quince, el Secretario licenciado José de Jesús Martínez Torres, doy cuenta al Juez con un oficio registrado con el número 23524 y anexos que se adjuntan.- CONSTE. ZACATECAS, ZACATECAS, VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE. Téngase por recibido el oficio signado por el Juez Primero del Ramo Civil del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas, mediante el cual devuelve debidamente diligenciado el despacho con número de orden 1107/2015 y de origen 649/2015 del índice de este Juzgado de Distrito, que le fue enviado a fin de que en auxilio de las labores de este Juzgado, comisionara a quien corresponda notificada personalmente al tercero interesado Juan Manuel Garamendi Rizada el auto de veintitrés del presente mes y año, dictado por este Juzgado Federal; lo que se realizó por medio de lista el diecisiete de noviembre del presente año, de acuerdo a las constancias que se adjuntan al comunicado de mérito. Acúsese recibo de estilo. Notifíquese por lista a las partes. Lo proveyó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con Secretario que autoriza, licenciado José de Jesús Martínez Torres.- DOY FE.

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL TERCERO INTERESADO JOSÉ MANUEL GARAMENDI RIZADA, EL AUTO DICTADO EN FECHA VEINTICINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO c), DE LA LEY DE AMPARO: "En veintisiete de noviembre dos mil quince, el Secretario licenciado José de Jesús Martínez Torres, doy cuenta al Juez con un oficio registrado con el número 23524 y anexos que se adjuntan.- CONSTE. ZACATECAS, ZACATECAS, VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE. Téngase por recibido el oficio signado por el Juez Primero del Ramo Civil del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas, mediante el cual devuelve debidamente diligenciado el despacho con número de orden 1107/2015 y de origen 649/2015 del índice de este Juzgado de Distrito, que le fue enviado a fin de que en auxilio de las labores de este Juzgado, comisionara a quien corresponda notificada personalmente al tercero interesado Juan Manuel Garamendi Rizada el auto de veintitrés del presente mes y año, dictado por este Juzgado Federal; lo que se realizó por medio de lista el diecisiete de noviembre del presente año, de acuerdo a las constancias que se adjuntan al comunicado de mérito. Acúsese recibo de estilo. Notifíquese por lista a las partes. Lo proveyó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con Secretario que autoriza, licenciado José de Jesús Martínez Torres.- DOY FE."

Quedan 7 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · 11,540 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano