Juan José Martínez Rodríguez
Expediente 199/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 7 actuaciones registradas, la última del 3 de julio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 199/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 03/07/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Juan José Martínez Rodríguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
El suscrito Juan García Trejo, secretario de juzgado certifico: El término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, trascurrió para la parte quejosa del diecinueve de junio al dos de julio del año en curso, sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el catorce de junio de la presente anualidad, dentro del juicio de amparo número 199/2018; Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que sí existe un documento original por devolver a la parte quejosa. Dentro del expediente en que se actúa, no se tramitó incidente de suspensión. No existen documentos por devolver a la autoridad responsable. Lo que se hace constar para los efectos legales correspondientes. Zacatecas, Zacatecas, tres de julio de dos mil dieciocho. Doy fe. En la misma fecha se da cuenta con la certificación que antecede. Conste. Zacatecas, Zacatecas, tres de julio de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos y certificación de cuenta, en el sentido de que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de revisión contra la sentencia dictada el catorce de junio del año en curso, que sobreseyó en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. En razón de que el acuerdo antes mencionado no requiere ejecución material, con apoyo en el numeral 214, de la Ley de Amparo en vigor, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno. Por otro lado, en su oportunidad y con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el expediente principal SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que este Juzgado estima que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Finalmente, en virtud de que dentro del presente sumario obra un documento original exhibido por la parte quejosa, se comisiona al actuario judicial adscrito a este Juzgado, a fin de que se constituya en el domicilio de sus autorizados Ana Karina Reyna Rodríguez y José Alberto Zarate Juárez, e indistintamente los REQUIERA, con fundamento en el último párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, a fin de que con identificación oficial y vigente y en horario de labores, acudan ante este Juzgado a recoger el documento de mérito, el cual se pone a su disposición por el término de noventa días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, apercibidos que de no hacerlo dentro de dicho término, será destruido, al realizarse la depuración de constancias que integran el juicio en que se actúa. Notifíquese; personalmente al quejoso a través de sus autorizados. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Olivia.
- Principal
CERTIFICACIÓN. EL CATORCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO, LA SECRETARIA DEL JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO, LICENCIADA ANA CECILIA CASTAÑEDA ABUDIS, CERTIFICO: QUE EN EL JUICIO DE AMPARO 199/2018, PROMOVIDO POR JUAN JOSÉ MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, CONTRA ACTOS DEL CONGRESO DEL ESTADO DE ZACATECAS Y OTRAS AUTORIDADES, SE ENCUENTRA EN ESTUDIO PARA PRONUNCIAR LA SENTENCIA CORRESPONDIENTE, TODA VEZ QUE EL VEINTIOCHO DE MAYO DE LA PRESENTE ANUALIDAD, SE CELEBRÓ LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. LO QUE SE ASIENTA PARA CONSTANCIA LEGAL. DOY FE. LA SECRETARIA. El catorce de junio de dos mil dieciocho, se da cuenta con la certificación que antecede y con el escrito registrado bajo el número 12523, con anexo. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, catorce de junio de dos mil dieciocho. Téngase por recibido el oficio signado por el licenciado José Alberto Zárate Juárez autorizado del quejoso Juan José Martínez Rodríguez (foja 23 vuelta), por medio del cual informa que el diecinueve de febrero de la presente anualidad falleció éste, para lo cual acompaña copia del acta de defunción; por tanto, como se advierte de la certificación que antecede en el juicio de amparo 199/2018, se celebró la audiencia constitucional el veintiocho de mayo del año en curso, y se encuentra en estudio para pronunciar la sentencia correspondiente, el ocurso deberá tenerse en consideración una vez que se dicte la sentencia respectiva; entre tanto, con dichas constancias fórmese cuaderno de antecedentes debiendo glosarse al citado expediente sin ulterior acuerdo. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Ana Cecilia Castañeda Abundis, secretaria de juzgado que autoriza. Doy fe. Jessy*
- Principal
V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 199/2018; y, RESULTANDO: PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintiséis de enero de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, Juan José Martínez Rodríguez, por propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra los actos y autoridades que enseguida se describen: Autoridades responsables: I. Congreso del Estado de Zacatecas. II. Gobernador del Estado de Zacatecas. III. Secretario de Finanzas del Estado de Zacatecas. Actos reclamados: I. El Decreto número 109 publicado en el Periódico Oficial el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, por el cual se reforma, deroga y adiciona, diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, en específico los artículos 78 a 82, relativos al Impuesto Adicional para la Infraestructura, 83 a 90 referentes al Impuesto para la Universidad Autónoma de Zacatecas y los artículos Transitorios Primero al Séptimo de dicha ley. II. El Decreto 273 publicado en el Periódico Oficial el veinte de diciembre de dos mil diecisiete, en específico el artículo 99, así como el artículo Único Transitorio de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, relativo al Derecho de Control Vehicular. III. El Decreto 272 publicado en el Periódico Oficial el veinte de diciembre de dos mil diecisiete, en específico los artículos 1º (1.8.1, 1.8.2 y 4.4), 2º, 3º, relativo al Impuesto Adicional para la Infraestructura y los artículos Primero y Segundo Transitorios referentes al Impuesto para la Universidad Autónoma de Zacatecas, ambos de la Ley de Ingresos del Estado de Zacatecas, para el ejercicio fiscal 2018. IV. El refrendo de los Decretos antes señalados. V. La ejecución de dichos artículos. La parte quejosa señaló como artículos vulnerados el 1, 14 párrafos primero y segundo, 16, 31 fracción IV y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. La demanda fue turnada a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, en auto de veintinueve de enero de dos mil dieciocho (fojas 21 a 24), se registró el juicio con el expediente 199/2018, se admitió la demanda a trámite, se solicitaron los informes con justificación, se ordenó dar intervención al agente del Ministerio Público adscrito; se citó a las partes a la celebración de la audiencia constitucional, la cual inició en términos de la presente acta; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción I, inciso d, de la Ley de Amparo y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que se reclama una norma general que tiene como ámbito de aplicación el Estado de Zacatecas, territorio en el que ejerce jurisdicción este juzgado. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el acto reclamado en el que se concreta la litis efectivamente planteada es: I. El Decreto número 109, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Zacatecas el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, en específico los artículos 78 a 90, así como los artículos transitorios primero a séptimo de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, que establecen el impuesto adicional para la infraestructura y el impuesto para la Universidad Autónoma de Zacatecas. II. El Decreto número 273, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Zacatecas el veinte de diciembre de dos mil diecisiete, en específico el artículo 99, así como el artículo transitorio único de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, que establecen el derecho de control vehicular. III. El Decreto número 272, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Zacatecas el veinte de diciembre de dos mil diecisiete, en específico los artículos 1 numerales 1.8.1, 1.8.2 y 4.4, 2 y 3, así como los artículos transitorios primero y segundo de la Ley de Ingresos del Estado de Zacatecas, para el Ejercicio Fiscal 2018; que establecen el impuesto adicional para la infraestructura y el impuesto para la Universidad Autónoma de Zacatecas. Que se atribuyen, en sus respectivos ámbitos de competencia, al Congreso y al Gobernador, ambos del Estado de Zacatecas. IV. El refrendo de los citados Decretos legislativos; que se atribuye al Secretario de Finanzas del Estado de Zacatecas. V. La ejecución, que se traduce en el cobro de los derechos e impuestos que prevén los artículos tildados de inconstitucionales; que se atribuye al Secretario de Finanzas del Estado de Zacatecas. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Es innecesario analizar la existencia o no de los actos reclamados, en virtud de que en la especie, se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el numeral 63 fracción III, en relación al numeral 6° de la Ley de Amparo que establecen: "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley.." "Artículo 63. El Sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) III.- El quejoso muera durante el juicio, si el acto reclamado sólo afecta a su persona;." Del primero de los artículos trascritos, se desprende, que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien le afecte la norma, o cualquier otro acto que se reclame y, sólo podrá seguirse por el agraviado, representante legal, apoderado o defensor. Asimismo, el segundo numeral establece, que procederá el sobreseimiento del juicio de amparo cuando el quejoso muera durante el juicio, si el acto reclamado afecta únicamente a éste. Ahora bien, de autos se advierte que obra el escrito signado por el licenciado José Alberto Zárate Juárez, autorizado del quejoso Juan José Martínez Rodríguez, por medio del cual informa que el diecinueve de febrero de la presente anualidad falleció éste, para lo cual acompaña copia del acta de defunción, documental que tiene valor probatorio en términos de los artículos 197 y 210-A del Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que conforme a este último, debe atenderse preponderadamente a la fiabilidad del método en que haya sido generado el citado documento. Sirve de sustento a lo anterior, por analogía de razón, la tesis de jurisprudencia de 2ª./J. 24/2008 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta en la página 530, Tomo XXVII, febrero de 2008, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "DECLARACIÓN PRESENTADA A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y ACUSE DE RECIBO CON SELLO DIGITAL. LA CONSTANCIA IMPRESA O SU COPIA SIMPLE SON APTAS PARA ACREDITAR LA APLICACIÓN DE LOS PRECEPTOS LEGALES EN QUE AQUÉLLA SE SUSTENTÓ. De acuerdo con el artículo 31 del Código Fiscal de la Federación, los contribuyentes deben realizar pagos y presentar las declaraciones respectivas en documentos digitales a través de los medios electrónicos señalados por el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas generales y este último, conforme al artículo 17-E del propio ordenamiento, por la misma vía remitirá el acuse de recibo que contenga el sello digital, consistente en la cadena de caracteres generada por la autoridad, la cual permita autenticar su contenido. De esa forma, si para cumplir con las indicadas obligaciones fiscales, por disposición legal, debe hacerse uso de una interconexión de redes informáticas, a través de la cual el contribuyente y las autoridades fiscales se transmiten información directamente desde computadoras, prescindiendo de constancias impresas, para valorar la información obtenida de dicha red, o sus copias simples, no debe acudirse a las reglas aplicables en cuanto al valor probatorio de documentos impresos, sino a la regulación específica prevista en el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, conforme al cual debe atenderse preponderantemente a la fiabilidad del método en que haya sido generada, comunicada, recibida o archivada y, en su caso, si el contenido de la información relativa es atribuible a las personas obligadas y si está disponible para su ulterior consulta. Así, tratándose del cumplimiento de las obligaciones fiscales a través de medios electrónicos, el método por el cual se generan los documentos digitales está previsto en la ley y, además, el propio legislador y la autoridad administrativa, a través de reglas generales, han desarrollado la regulación que permite autenticar su autoría, de manera que su impresión o su copia simple son aptos para demostrar la aplicación de los preceptos legales que sirven de base a los diversos cálculos cuyo resultado se plasma en la declaración, siempre y cuando sea indudable que las correspondientes hipótesis normativas sustentan los resultados contenidos en ella.". (Lo resaltado es propio de este juzgado). Así, de dicho comprobante digital se advierten diversas características que tornan el mismo en un medio de eficaz de convicción, tales como el identificador electrónico, la clave única de registro de población, código de verificación y la firma electrónica, validados por el Registro Civil, llegando a la conclusión de que el mismo es idóneo para determinar que la parte quejosa falleció el diecinueve de febrero de dos mil dieciocho. Sin que obste a lo anterior, el hecho de que la referida documental, se haya recibido con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, porque si bien conforme al artículo 119 de la Ley de Amparo, por regla general, las pruebas documentales en el juicio biinstancial deben ofrecerse y desahogarse en dicha audiencia; ello resulta inaplicable cuando a través de las mismas se demuestra algún supuesto de sobreseimiento. Resulta aplicable al presente asunto la Jurisprudencia 2a./J. 25/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1279, libro VIII, mayo de dos mil doce, tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, cuyo rubro y texto literalmente dice: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LOS JUECES DE DISTRITO ESTÁN FACULTADOS PARA DECRETARLO VALORANDO PRUEBAS DOCUMENTALES APORTADAS CON POSTERIORIDAD A LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL DE LAS QUE APAREZCA PROBADA O SOBREVENGA UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Es cierto que las pruebas documentales en el juicio de amparo deben ofrecerse y desahogarse, por regla general, a más tardar en la audiencia constitucional prevista en el artículo 155 de la Ley de Amparo, de manera que las exhibidas con posterioridad a su celebración no podrán tomarse en cuenta, pues de hacerlo se vulneraría la unidad jurídica de dicha actuación procesal, concebida como una secuencia en la cual se ofrecen y desahogan pruebas, se oyen los alegatos y se dicta la sentencia, además de que se menoscabaría el principio de igualdad entre las partes, pues la recepción de pruebas a uno de los contendientes fuera de dicha diligencia implicaría dejar en estado de indefensión a su contraparte, quien sólo puede objetarlas dentro de dicho acto procesal; empero, esta regla general no opera cuando se acredite alguno de los supuestos de sobreseimiento previstos en el artículo 74 de la Ley de Amparo con pruebas documentales exhibidas con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, pues en este caso, dicho precepto legal no hace limitación alguna, por lo que el juzgador se encuentra facultado para sobreseer en el juicio valorando tales pruebas cuando aparezca probada o sobrevenga una causa de improcedencia.". Así las cosas, al haber fallecido el quejoso de que se habla de acuerdo con el acta de defunción descrita en renglones precedentes, se actualiza el supuesto a que se refiere el artículo 63, fracción III, en relación al numeral 6°, ambos de la Ley de Amparo, motivo por el cual se decreta el sobreseimiento en el presente juicio de garantías. Resulta aplicable, la tesis del entonces Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, consultable en la página 1793 del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo XXI, febrero de 2005, que dice: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO. SE ACTUALIZA ÉSTE CUANDO ACAECE EL FALLECIMIENTO DEL QUEJOSO AFECTANDO SÓLO SUS DERECHOS PERSONALES. Sin la presencia de sucesión alguna, o bien, designación de herederos, luego del conocimiento del fallecimiento del quejoso, la garantía reclamada afecta entonces sólo a su persona y, por tanto, se trata de un derecho personalísimo cuya extinción por la muerte del agraviado produce sin duda la extinción del juicio de amparo en la medida en que no reviste significación ni importancia patrimonial, en cuanto a que después de su muerte no trascendió dicha garantía a su sucesión por inexistencia de la misma. De manera que, como nadie intervino con legitimación para continuar con la acción de amparo y, por tanto, no existe la parte agraviada ni, por lo mismo, sujeto jurídico en cuyo favor pudiera dictarse sentencia con efecto natural de reponerlo en el goce de la garantía violada; presupuesto procesal del juicio de amparo al tenor de lo mandado por el artículo 107 constitucional, y cuya ausencia extingue la fuerza propulsora del juicio de garantías, lo que impide que se dicte sentencia de fondo que verse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados; no cabe entonces otra conclusión que estimar que, en el caso, respecto del juicio de garantías, al quedar sin parte agraviada y sin garantía qué tutelar, se surte la causa de sobreseimiento prevista en la fracción II del artículo 74 de la Ley de Amparo.". Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Juan José Martínez Rodríguez, por los actos y autoridades responsables señalados, por las razones y fundamentos expuestos en el considerando tercero de esta resolución. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante Ana Cecilia Castañeda Abundis, secretaria que autoriza y da fe, hasta el catorce de junio de dos mil dieciocho, en que lo permitieron las labores del juzgado.
- Principal
Zacatecas, Zacatecas, siete de mayo de dos mil dieciocho, Juan García Trejo, secretario de juzgado Certifico: Que se encuentran fijadas las nueve horas con cuarenta minutos de este día para que tenga verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo. Lo que se asienta para los efectos legales conducentes. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con la promoción con folio 9714. Conste. Zacatecas, Zacatecas, siete de mayo de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el INFORME JUSTIFICADO de la autoridad responsable secretario de Finanzas del Gobierno del estado, con residencia en esta ciudad; con su contenido, dese vista a las partes para que hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional manifiesten lo que a su interés convenga. Con fundamento en el artículo 9 de la Ley de la Materia, téngase a la autoridad oficiante designando como delegados a quienes menciona en su comunicado. Asimismo, con apoyo en el diverso 119 de la legislación en consulta se tienen como pruebas de la autoridad oficiante las documentales que adjunta a su informe, mismas que dada su propia y especial naturaleza se tienen por desahogadas; así como la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto legal y humana; sin perjuicio de su relación que se haga al momento de la audiencia respectiva. Luego, vista la certificación que antecede de la que se advierte que se encuentran señaladas las nueve horas con cuarenta minutos de este día para que tenga verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo; sin embargo, a fin de dar oportunidad a que transcurra el término de ocho días a que refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del contenido del informe justificado de mérito; por tanto, SE DIFIERE la audiencia constitucional señalada para hoy, y se fijan las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO. En apoyo de lo anterior se invoca la Tesis aislada 2006279, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, visible en la página 1451, Libro 5, Abril de 2014, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. A FIN DE NO DEJAR EN ESTADO DE INDEFENSIÓN AL QUEJOSO PROCEDE DE OFICIO SU DIFERIMIENTO CUANDO NO MEDIE EL PLAZO MÍNIMO PARA QUE CONOZCA EL INFORME JUSTIFICADO Y PUEDA ALEGAR O PROBAR LO CONDUCENTE (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 117 DE LA LEY DE AMPARO).El artículo 117 de la Ley de Amparo establece a la autoridad responsable las obligaciones siguientes: a) rendir el informe con justificación; b) hacerlo en un plazo de quince días; c) exponer las razones y fundamentos para la improcedencia del juicio, o bien, la constitucionalidad o legalidad del acto de autoridad; y, d) acompañar las constancias necesarias para apoyarlo. También destaca que el informe rendido fuera del plazo será tomado en cuenta, siempre que el quejoso haya estado en posibilidades de conocerlo. De lo anterior se colige que el legislador privilegió el conocimiento del informe por parte del quejoso, pues estableció un plazo mínimo de ocho días entre la fecha en que se le dio vista y la celebración de la audiencia, que en caso de no respetarse, permite diferir o suspender la audiencia constitucional, según proceda, a petición de parte. Ahora bien, de la interpretación sistemática de este precepto se concluye que el Juez Federal debe actuar de oficio cuando no se respeta dicho plazo, porque le corresponde velar por la correcta sustanciación del juicio de amparo y que, además, se justifica porque el contenido del informe justificado puede influir en forma determinante en el sentido del fallo; en consecuencia, a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, procede diferir de oficio la audiencia constitucional para que tenga conocimiento de dicho informe y pueda alegar o probar lo conducente dentro de los plazos correspondientes y, con ello, favorecer el acceso a la justicia y el principio de igualdad procesal entre las partes. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Olivia
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