Juan Jose Jimenez Rodriguez

Expediente 9/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de enero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
9/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
25/01/2018

Partes del expediente

  • Juan Jose Jimenez Rodriguez

Actuaciones

  1. Principal

    Al no atender el aviso la parte quejosa, por este conducto se procede a notificar el proveído de veinticinco de enero de dos mil dieciocho, que en lo conducente dice: DESAHOGA PREVENCIÓN. Por recibido el escrito firmado por ***, quien se ostenta como representante del menor ***, por medio del cual da cumplimiento al requerimiento de diez de enero actual, manifestando en lo que aquí interesa, lo siguiente: Que vengo a aclarar el acto reclamado y digo: QUE SE SUSPENDAN EN EL CASO DE QUE SEAN PROCEDENTES, LAS CONVIVENCIAS SOLICITADAS POR LA TERCERA PERJUDICADA DENTRO DEL EXPEDIENTE ***, porque como dije mi hijo le tiene miedo a la tercera perjudicada por el maltrato que recibió durante el tiempo que vivió con ella. ANÁLISIS DE DEMANDA Y DE LOS ESCRITOS ACLARATORIOS. Ahora bien, una vez analizado el escrito aclaratorio de cuenta, así como el diverso escrito registrado bajo el número 440, con el cual también pretendió dar cumplimiento a la prevención en cita (fojas 29 y 30), y escrito de demanda promovido por la parte quejosa, se acuerda lo siguiente: Se reconoce a ***, como representante del menor ***, en términos de lo indicado en los artículo 6º y 8°, en relación con el ordinal 10 de la Ley de Amparo, dado que la acreditó con el acta de nacimiento que anexó a su diverso escrito registrado bajo el número 440 (fojas 20 y 30). En relación al análisis de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual dispone lo siguiente: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De lo anterior, se impone la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia se deseche de plano. Por tanto, se procede a efectuar el análisis respectivo. Encuentra apoyo a lo anterior por analogía, la jurisprudencia número XVII.2o.J/11, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Enero de 1999, página 648, de rubro y texto siguiente: DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Esencialmente la tesis en cuestión explica que, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable. Lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Ahora bien, la parte quejosa indicó ahora como actos reclamados, los siguientes: IV. ACTO RECLAMADO. De la responsable, para que no emita o en su defecto se suspenda la determinación u orden de presentar a mi menor hijo ***, a efecto de que sea escuchado por la responsable respecto a régimen de convivencias familiares que solicita la señalada como tercero perjudicada dentro del expediente número ***, radicado ante el Juzgado de Oralidad Familiar del Partido Judicial de Cortázar, Guanajuato." . Además en el escrito aclaratorio registrado bajo el número 606, refirió: Que vengo a aclarar el acto reclamado y digo: QUE SE SUSPENDAN EN EL CASO DE QUE SEAN PROCEDENTES, LAS CONVIVENCIAS SOLICITADAS POR LA TERCERA PERJUDICADA DENTRO DEL EXPEDIENTE ***, porque como dije mi hijo le tiene miedo a la tercera perjudicada por el maltrato que recibió durante el tiempo que vivió con ella." Por lo anterior, se advierte que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XII, del numeral 61 de la Ley de Amparo vigente, que en lo que interesa señala: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;." Esto, es así toda vez que el promovente ***, en su carácter de representante del menor ***, reclama la suspensión de las convivencias solicitadas por la tercera interesada ***, con el menor quejoso, si es que estas se llegaran a autorizar dentro el expediente número *** del índice del Juzgado de Oralidad Familiar del Partido Judicial de Cortázar, Guanajuato. De la narrativa anterior, se llega a la conclusión que con relación al acto que por esta vía se reclama sobreviene de manera manifiesta e indudable una causal de improcedencia, pues dicho acto adquiere el carácter de futuro y de realización incierta, por lo que debe desecharse de plano la demanda, por su notoria e indudable improcedencia, dado que para la procedencia del amparo, debe existir un agravio, el cual se entiende como todo menoscabo, u ofensa a la esfera jurídica de la persona, apreciable objetivamente, el cual no debe ser abstracto o genérico y debe ser de realización pasada, presente o inminente, no simplemente eventual o hipotético. Para clarificar lo que se afirma, es menester señalar que el Máximo Tribunal de Justicia de la nación, al precisar el concepto de acto futuro e incierto, estableció que son futuros aquellos actos en que sea remota la ejecución de los hechos que se previenen, y que no encajan en esa categoría los actos respecto de los que se tiene la certidumbre de que se ejecutarán de no cumplirse determinado mandato de la autoridad que lo condiciona; es decir, que no pueden estimarse como tales aquellos en los que existe la inminencia de la ejecución del acto, los que aun cuando no se han ejecutado, se tiene la certidumbre de que se ejecutarán, por demostrarlo así los actos previos relacionados con su ejecución, y que respecto de los actos futuros, el juicio constitucional sólo es procedente cuando son de inminente realización. Además de que el acto que puede reclamarse en una demanda de amparo, debe consistir en un hecho voluntario e intencional, positivo (decisión, ejecución o ambas) o negativo (abstención u omisión) que implique una afectación de situaciones jurídicas abstractas (ley), es decir que constituya un acto concreto de efectos particulares (acto stricto sensu) imputable a un órgano del Estado e impuesto al gobernado de manera imperativa, unilateral y coercitiva. De la definición que antecede, se desprende que el acto de molestia que se reclama en la vía constitucional, debe ser un hecho voluntario y cierto, no debido al azar o a una suposición, rasgo distintivo entre aquél y un acontecimiento cualquiera, cuya realización esté encaminada a la obtención de un fin, es decir, a la causación de la afectación o lesión a cualquier derecho del gobernado, ocasionándole un agravio que puede provenir, indistintamente, de una ley o de un acto stricto sensu, de índole decisoria, ejecutiva u omisiva que le otorgue la naturaleza de autoridad al ser coercitivo, unilateral e imperativo; formas o maneras en que se realiza la mencionada afectación. Por ello, los actos futuros, probables o remotos, respecto de los cuales no existe una certeza clara y fundada de su realización (actos inciertos), no producen efecto de derecho, y contra ellos no procede el juicio de amparo. Se apoya lo anterior en la tesis XX.308 K, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página 138, Tomo XV-I, correspondiente al mes de febrero de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, de texto y rubro siguientes: ACTOS FUTUROS DE REALIZACIÓN INCIERTA. NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO CONTRA LOS. Contra actos futuros de realización incierta no procede el juicio de garantías. De igual forma es aplicable la jurisprudencia número I.6o.T. J/33 (10a.), publicada en la página 1816, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 39, Febrero de 2017, Tomo III, Materia(s): Común, Época: Décima Época, Registro: 2013737, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, del contenido siguiente: APERCIBIMIENTO DIRIGIDO AL TITULAR DE UNA DEPENDENCIA, CONSISTENTE EN QUE DE NO CUMPLIR CON LO ORDENADO EN EL LAUDO, SE DARÁ VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL O A LA CONTRALORÍA GENERAL. ES UN ACTO FUTURO E INCIERTO QUE DEPENDE DE LA CONDUCTA QUE AQUÉL ASUMA. Los actos futuros e inciertos son aquellos cuya realización es remota e incierta, en tanto que su existencia depende de la actividad previa del quejoso o de que la autoridad decida ejercer o no alguna de sus atribuciones distintas a las que originó el acto reclamado. De ahí que el apercibimiento dirigido al titular de una dependencia, consistente en que de no cumplir con lo ordenado en el laudo se dará vista al agente del Ministerio Público de la Federación o a la Contraloría General, se ubica como un acto futuro e incierto en razón de que tal apercibimiento, en todo momento, va a depender de la conducta que aquél asuma en relación con el mandato judicial, de manera que si cumple no se hará efectivo el apercibimiento, y de no cumplir, entonces sí se hará efectivo, pero lo destacable es que la vista no se decretará como consecuencia inmediata del apercibimiento, sino que está condicionada a que el demandado cumpla o no con el laudo, es decir, con sus obligaciones como servidor público y, al ser futuro e incierto, no se ven trastocados sus derechos tutelados por las normas legales; por lo que en ese caso, es correcto el sobreseimiento decretado por un Juez de amparo, por ubicarse en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el diverso numeral 61, fracción XII, de la misma legislación. (Lo subrayado es por parte de este juzgado federal). Aunado a lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el juicio de amparo procede contra actos no existentes aún, pero de cuya realización se tenga certeza plena, por así demostrarlo actos previos, o por ser una consecuencia forzosa e ineludible de hechos probados, lo cual no ocurre en el caso. En efecto, el juicio de amparo tiene como finalidad obtener la protección de la justicia federal para que se restituya al quejoso en el goce de la garantía individual violada, pero no prevenir actos que en el futuro pudieran generar esa afectación, como sucede en la especie. Estimar lo contrario generaría la posibilidad de permitir el ejercicio de la acción de control constitucional, apoyada en expectativas y no en contra de actos concretos o de realización cierta e inminente. Es aplicable al caso el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo I, Segunda Parte-1, enero a junio de 1998, visible en la página 56, con número de registro 230866, la cual textualmente indica: ACTOS RECLAMADOS. NATURALEZA JURIDICA DE LOS ACTOS INMINENTES, EN SU POSICION FRENTE A LOS ACTOS YA EXISTENTES Y A LOS FUTUROS. Conviene analizar la naturaleza de los actos inminentes, en su posición frente a los actos ya existentes y a los futuros, tomando como punto de partida que la procedencia del juicio de garantías exige una materia sobre la cual pueda surtir efectos el fallo constitucional, pues sólo en presencia de un acto que sirva de materia al juicio, el quejoso puede sufrir un agravio actual, directo y presente; mismo que se traduce en el perjuicio a que se refiere el artículo cuarto de la Ley de la Materia. Sin embargo, de aplicarse rigurosamente este principio, según el cual la acción de amparo sólo es procedente en contra de un acto ya existente, ocurriría que el gobernado, aunque tuviera pleno conocimiento de la realización próxima de una acto lesivo, para intentar el amparo estaría obligado a esperar pacientemente la realización de dicho acto, con todas las consecuencias perjudiciales ínsitas al mismo, so pena de ver sobreseído el juicio promovido con anticipación a dicho evento. Tales reflexiones, entre otras, condujeron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a matizar esta regla general, admitiendo la procedencia del juicio de amparo en contra de actos no existentes aún, pero de cuya realización se tiene plena certeza por así demostrarlo actos previos, o por ser una consecuencia forzosa e ineludible de hechos probados." En esas condiciones, con fundamento en los artículos 61, fracción XII y 13 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo promovida por el menor ****, por conducto de su representante ***, por su notoria e indudable improcedencia. De conformidad con el artículo 26, fracción I, inciso j) de la Ley de Amparo, notifíquese el presente acuerdo en forma personal a la parte quejosa. Por lo expuesto y fundado en los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, en relación con el numeral 61, fracción XII y 113 de la Ley de Amparo, se; RESUELVE: ÚNICO. Se desecha de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda de amparo promovida por el menor ***, por conducto de su representante ***, por las consideraciones vertidas en el cuerpo del presente proveído.

  2. Principal

    Por recibido el escrito firmado por ***, quien se ostenta como representante del menor *** por medio del cual aduce dar cumplimiento al requerimiento de diez de enero actual. Atento a su contenido, dígasele al ocursante que no ha lugar a tenerlo por cumpliendo con lo solicitado, toda vez que no desahoga todos los puntos que se mandaron aclarar de su demanda de amparo. Por ende, dado que a la fecha en que se pronuncia el presente proveído no ha fenecido el término concedido a la parte quejosa para que cumpla con la prevención que se le formuló el diez de enero de dos mil dieciocho, el cual se le notificó el diecinueve y surtió efectos el veintidós del nombrado mes y año; por tanto, se hace de su conocimiento que continúa corriendo el término concedido por auto de diez de enero último, y bajo el apercibimiento de que de no cumplir con lo antes requerido en dicho lapso, se tendrá por no presentada su demanda, en términos del artículo 114, segundo párrafo, fracción V de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    Al no ser atendido el aviso por parte del quejoso por este conducto se le notifica: DEMANDA. Visto el escrito de demanda que promueve *** a través de la cual solicita el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos del Juez de Oralidad familiar del Partido Judicial de Cortázar, Guanajuato, por violaciones a los artículos 1.°, 4.°, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SE ORDENA FORMAR EXPEDIENTE. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 9/2018-II.2. Anótese su ingreso en el libro de control de este Juzgado. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO A DISPOSICIÓN DE LAS PARTES. Póngase a disposición de las partes el expediente electrónico, habilitándose las actuaciones y formulándose las notificaciones atento al trámite del expediente. ACTOS RECLAMADOS POR EL QUEJOSO. Ahora bien, el quejoso señala como acto reclamado lo siguiente: IV. ACTO RECLAMADO. De la responsable, para que no emita o en su defecto se suspenda la determinación u orden de presentar a mi menor hijo *** a efecto de que sea escuchado por la responsable respecto a régimen de convivencias familiares que solicita la señalada como tercero perjudicada dentro del expediente número **, radicado ante el Juzgado de Oralidad Familiar del Partido Judicial de Cortázar, Guanajuato . PREVENCIÓN. Previo a acordar lo relativo a la admisión o desechamiento de la demanda de cuenta, con fundamento en los artículos 114, fracciones I, II y III, en relación con el 108, fracción I, de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa, para que dentro del término de cinco días hábiles, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la legal notificación de este proveído, deberá cumplir con lo siguiente. Toda vez que en su escrito inicial de demanda el promovente ***, manifiesta ser representante del menor *** refiriendo que adjunta acta de nacimiento para acreditar lo anterior. Sin embargo, no anexa dicha documental, u alguna otra expedida por alguna institución oficial, de la que se advierta dicha calidad. Por tanto, deberá exhibir la documental idónea para acreditar la calidad que aduce tener respecto del menor quejoso. Ello, conforme al criterio sustentado por nuestro Máximo Tribunal de Justicia, que ordena que el presupuesto de personalidad se debe analizar en la admisión de demanda, en virtud de que es imprescindible que el quejoso lo justifique, conforme a lo indicado en los artículo 6º y 8°, en relación con el ordinal 10 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia número P./J. 37/2001, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 125, del Tomo XIII, Abril de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, la cual es del tenor de lo siguiente: PERSONALIDAD EN EL AMPARO INDIRECTO. ES APLICABLE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO AL ESCRITO ACLARATORIO QUE LA ACREDITA. De lo dispuesto por la jurisprudencia número P./J. 43/96 de este Tribunal Pleno, de rubro: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTÁ ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARÁ LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO.", así como de la ejecutoria que la originó se infiere, por una parte, que el Juez de Distrito debe pronunciarse indefectiblemente sobre la personalidad del promovente cuando provee acerca de la demanda y, si no está acreditada, se encuentra obligado a prevenirlo, de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo y, por otra parte, que el acreditamiento de dicha personalidad no es una cuestión que únicamente incumba al peticionario y al juzgador de amparo, o que no trascienda a la litis constitucional sino que, por el contrario, al ser uno de los requisitos de la demanda (en términos de lo dispuesto en el artículo 116, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales), incide en las defensas de las demás partes, en la medida en que tienen derecho de conocer si quien se ostenta como sujeto de válida expresión de otro, para excitar la actividad jurisdiccional con el propósito de resolver un conflicto, efectivamente cuenta con dicha facultad, y este derecho a conocer el contenido del escrito de la demanda, por disposición expresa del artículo 120 de la ley de la materia, se logra a través de una copia del referido ocurso, carga que corresponde al propio quejoso, debiendo entenderse que si dicha personalidad no la acredita el peticionario del amparo con el escrito inicial de demanda, sino que la comprueba con el escrito aclaratorio, es indiscutible que debe exhibir copias de este escrito, en el número previsto en el artículo 120 de la Ley de Amparo. De igual forma, es aplicable a lo anterior la tesis de jurisprudencia número P/J 43/96, visible en la página 48 del Tomo IV, Julio de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, la cual por sí misma se explica, al tenor de lo siguiente: PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTA ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO.- Una nueva reflexión acerca de los dispositivos de la Ley de Amparo en torno al tema de la personalidad y de los criterios surgidos a lo largo de varias décadas sustentados, primero por el Tribunal Pleno, y luego por las Salas de esta Suprema Corte, conducen a que éste órgano supremo abandone las tesis jurisprudenciales publicadas en la última compilación, Tomo VI (Materia Común), identificadas con los números 369 y 378, intituladas: PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EXAMINARLA EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO, ES LEGAL Y PODERES INSUFICIENTES POR OMISION DE REQUISITOS. AL DICTARSE LA SENTENCIA NO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO, SINO SOBRESEER; para adoptar el criterio de que al Juez de Distrito no le es dable examinar de oficio la personería del promovente en cualquier momento del juicio, sino al recibir la demanda, porque constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso, de cuyo resultado si esté plenamente satisfecho ese requisito, el Juez lo debe hacer constar en el acuerdo admisorio; y, de no estarlo, lo estime como una irregularidad de la demanda que provoca prevenir al promovente, en términos del artículo 146 de la Ley de la materia, para que satisfaga ese extremo dentro del plazo legal, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le tendrá por no interpuesta; proceder que independientemente de estar apoyado en la Ley de Amparo, obedece a los imperativos del precepto 17 Constitucional y responde también a los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal, en tanto impide el empleo estéril de recursos humanos y materiales en el trámite del juicio iniciado por quien carece de personalidad y emita los daños graves ocasionados, tanto para el sistema de impartición de justicia como para las partes. La inobservancia de este criterio, origina que el Tribunal revisor, si estima que no está comprobada la personalidad del promovente, ordena la reposición del procedimiento, según lo previene el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo. Aunado a lo anterior, el quejoso deberá precisar el acto reclamado, toda vez que en su escrito inicial de demanda el promovente *** solicita que el juez responsable "no emita" el acto que reclama; y, enseguida refiere "o en su defecto "se suspenda" la determinación u orden de presentar a mi menor hijo J.J.J.R., ante el Juez de Oralidad Familiar del Partido Judicial de Cortázar, Guanajuato. Lo que genera la duda de qué es lo que realmente reclama, es decir, si la determinación en la que ordena que el menor sea escuchado por la responsable respecto a un régimen de convivencias familiares que solicitó la tercera interesada ***, dentro del expediente número *** del índice de la autoridad responsable; o en su caso, si es la contestación que se dé a la solicitud de convivencias familiares solicitada por la nombrada tercera a dicha petición. Ello, dado que del acto reclamado, genera una circunstancia que pareciera contradictoria u obscura. Además, deberá exhibir copias suficientes del escrito mediante el cual desahogue la presente prevención, para correr traslado a la totalidad de las partes que integren la presente litis constitucional, es decir, una para la autoridad que señala como responsable, otra para agregarse al expediente, dos más para formar los cuadernos incidentales respectivos, de ser el caso y una para correrle traslado al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Es aplicable la tesis P./J. 36/2001, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 79, del Tomo XIII, Abril de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido es el siguiente: DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo. APERCIBIMIENTO A LA PARTE QUEJOSA. Lo anterior, con apercibimiento que de no hacerlo en el término y forma indicados, se procederá conforme al segundo párrafo de la fracción V del artículo 114 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece; esto es, SE TENDRÁ POR NO PRESENTADA la demanda de amparo. DOMICILIO PROCESAL. Como lo solicita la quejosa, se tiene como domicilio para recibir notificaciones el ubicado en la calle *** de esta ciudad. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Asimismo, se tiene como autorizados de su parte a los licenciados ***, en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que no tienen registrada su respectiva cédula profesional en la base de datos, instaurada en cumplimiento al Acuerdo General 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el Sistema Computacional para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día dieciocho de julio de dos mil cinco y en atención al decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones, entre ellas la Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha diecisiete de junio de dos mil dieciséis. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. Hágase del conocimiento de las partes en este asunto, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando Décimo Quinto del Reglamento de la Suprema corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, y en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Finalmente, en observancia al principio de la pronta y expedita impartición de justicia, a que se refiere el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que de igual forma protege el artículo 21 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de cualquiera de las diligencias que lleve a cabo el Actuario judicial adscrito a este Juzgado de la Federación, en las ocasiones que sean necesarias.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · 7,966 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano