JUAN JOSÉ HELGUERA MEDINA y Otros.

Expediente 894/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 36 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
894/2016
Año
2016
Actuaciones
36
Última actuación
22/03/2018

Partes del expediente

  • Juan José Helguera Medina
  • JUAN JOSÉ HELGUERA MEDINA y Otros.
  • JUAN LUIS GONZALEZ SANCHEZ y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 36.

  1. Principal

    Al no atender el citatorio la parte quejosa por este conducto se procede a notificar el proveído de veintidós de marzo actual, que en lo conducente dice: Visto lo de cuenta, se desprende de la certificación asentada por la Secretaría de este Juzgado de la Federación que ha transcurrido el término de tres días concedido por auto de trece de marzo de dos mil dieciocho (f. 431), a los quejosos ***, por su propio derecho, para que manifestaran lo que a su interés conviniera en relación al cumplimiento dado a la ejecutoria pronunciada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 segundo párrafo, de la Ley de Amparo y en la Tesis de Jurisprudencia de datos de localización y rubro siguiente: Novena Época Registro: 192174 Instancia: Segunda Sala Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Marzo de 2000 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 26/2000 Página: 243 INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). Este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato, procede a pronunciarse sobre el cumplimiento de que se trata en los términos siguientes: Mediante escrito recibido el treinta de septiembre de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común para los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Celaya, y que por razón de turno correspondió conocer a este Juzgado de la Federación, ***, por su propio derecho, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Magistrado de la Séptima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en la ciudad de Guanajuato; por violaciones a las garantías que se encuentran consagradas en los artículos 1, 14, 16, 19 y 20 apartado C), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, actos que describieron de la forma siguiente: IV.- NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE SE RECLAMA: La resolución del toca de apelación número ***del índice de la Séptima Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, de fecha 09 de Septiembre del 2015, en donde se confirma la NEGATIVA DE ORDEN DE APREHENSIÓN solicitada en contra de ***, por el delito de PRIVACIÓN ILEGAL DE LIBERTAD EN SU MODALIDAD DE SECUESTRO EXPRESS en agravio de los suscritos ***. Por auto de tres de octubre de dos mil dieciséis (f. 53-54), se admitió a trámite la demanda promovida; y substanciado que fue el procedimiento en todas sus partes, el trece de febrero de dos mil dieciocho (f. 377-395), se dictó la sentencia respectiva en la que concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados en los términos siguientes. Por lo anterior, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado, para que el Magistrado responsable, deje insubsistente el acto reclamado consistente en la resolución de nueve de septiembre de dos mil dieciséis, emitida en el toca ***, que resolvió el recurso de apelación interpuesto en contra de la diversa resolución de quince de julio de ese mismo año, esta última en la parte que negó la orden de aprehensión en contra del aquí tercero interesado por el delito de secuestro exprés agravado, en contra de los aquí quejosos; y emita otra en la que, en primer término, después de reiterar los aspectos que no formaron parte de la litis constitucional, y atendiendo lo anotado en este fallo, considere acreditado el cuerpo del delito previsto en el artículo 9 fracción I, inciso d), de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y posteriormente, con plenitud de jurisdicción, analice el supuesto normativo previsto en el artículo 10 fracción I, incisos b), c) y d), de esa legislación, así como la probable responsabilidad del activo en cuanto a esas figuras delictivas; con lo que se tendría por cumplido el amparo y restituida a la parte quejosa en el goce de las garantías violadas en términos del artículo 77 fracción I, de la Ley de Amparo. Posteriormente, mediante acuerdo de seis de marzo de dos mil dieciocho (405-406), se declaró que la sentencia emitida causó ejecutoria; por tanto, se procedió a requerir su cumplimiento. En atención a ello, mediante oficio 248 de nueve de marzo de dos mil dieciocho, registrado con el folio 1973 (f. 408), el Magistrado de la Séptima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en la ciudad de Guanajuato, remitió copia certificada de la resolución de nueve de marzo de dos mil dieciocho, emitida en el toca ***, en la que dejó insubsistente la diversa resolución de nueve de septiembre de dos mil dieciséis y emitió otra en la que, revocó la resolución recurrida y giró orden de aprehensión en contra de *** por el delito de secuestro exprés agravado, cometido en agravio de los aquí quejosos y con plenitud de jurisdicción, analizó el supuesto normativo previsto en el artículo 10 fracción I, incisos b), c) y d), de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la probable responsabilidad del indiciado en su comisión (f. 409-419). Mediante auto de trece de marzo de dos mil dieciocho (f. 431), se dio vista a la parte quejosa por el término de tres días para que manifestara lo que a su derecho correspondiera, con el apercibimiento que de no hacer manifestación alguna al respecto, este Juzgado conforme a las constancias que obran en autos se pronunciaría sobre el cumplimiento otorgado al fallo constitucional. En suma, si la protección constitucional fue otorgada para el efecto de que el Magistrado responsable, dejara insubsistente la resolución de nueve de septiembre de dos mil dieciséis, emitida en el toca ***, y emitiera otra, en la que considerara acreditado el cuerpo del delito de secuestro exprés agravado y con plenitud de jurisdicción analizara los supuestos normativos previstos en el artículo 10 fracción I, incisos b), c) y d), de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, así como la probable responsabilidad de ***; y al respecto existe constancia en autos que el Magistrado responsable dejó insubsistente la resolución reclamada, emitió la resolución de nueve de marzo de dos mil dieciocho, en la que revocó la determinación recurrida y ordenó la aprehensión del activo por la comisión del delito de secuestro exprés agravado y con plenitud de jurisdicción analizó los supuestos establecidos en el artículo 10 fracción I, incisos b), c) y d), de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, así como la probable responsabilidad penal del indiciado; se arriba a la conclusión de que la sentencia que concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, por los razonamientos expuestos, ESTÁ CUMPLIDA. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia siguiente: Novena Época Registro: 165807 Instancia: Segunda Sala Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXX, Diciembre de 2009 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 201/2009 Página: 301 EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución. Comuníquese lo anterior a las partes, y por tratarse de un asunto totalmente concluido, una vez que transcurra el término a que se refiere el artículo 202 primer párrafo, en relación con el diverso numeral 201 fracción I, de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del expediente en términos artículo 196 tercer y cuarto párrafos, del citado ordenamiento legal; previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados por los Juzgados de Distrito, específicamente en sus dispositivos Vigésimo y Vigésimo Primero, es de precisarse que este expediente NO es de relevancia documental. Por otro lado, toda vez que en el presente juicio, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, será susceptible de depuración una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo. En relación al cuaderno original de incidente de suspensión, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, toda vez que en el presente asunto aparece que fue negada la suspensión de los actos reclamados; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el manual para la organización de archivos judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicados en diciembre de 2012; por tanto, mientras acontece lo anterior, se ordena glosar el original del cuaderno incidental para mejor resguardo. Atendiendo al punto vigésimo, fracción III, del Acuerdo General conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal el duplicado del incidente de suspensión guárdese por separado y deberá ser destruido, en el plazo de seis meses.

  2. Principal

    Visto lo de cuenta, se desprende de la certificación asentada por la Secretaría de este Juzgado de la Federación que ha transcurrido el término de tres días concedido por auto de trece de marzo de dos mil dieciocho (f. 431), a los quejosos ***, por su propio derecho, para que manifestaran lo que a su interés conviniera en relación al cumplimiento dado a la ejecutoria pronunciada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 segundo párrafo, de la Ley de Amparo y en la Tesis de Jurisprudencia de datos de localización y rubro siguiente: Novena Época Registro: 192174 Instancia: Segunda Sala Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Marzo de 2000 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 26/2000 Página: 243 INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). Este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato, procede a pronunciarse sobre el cumplimiento de que se trata en los términos siguientes: Mediante escrito recibido el treinta de septiembre de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común para los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Celaya, y que por razón de turno correspondió conocer a este Juzgado de la Federación, ***, por su propio derecho, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Magistrado de la Séptima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en la ciudad de Guanajuato; por violaciones a las garantías que se encuentran consagradas en los artículos 1, 14, 16, 19 y 20 apartado C), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, actos que describieron de la forma siguiente: IV.- NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE SE RECLAMA: La resolución del toca de apelación número ***del índice de la Séptima Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, de fecha 09 de Septiembre del 2015, en donde se confirma la NEGATIVA DE ORDEN DE APREHENSIÓN solicitada en contra de ***, por el delito de PRIVACIÓN ILEGAL DE LIBERTAD EN SU MODALIDAD DE SECUESTRO EXPRESS en agravio de los suscritos ***. Por auto de tres de octubre de dos mil dieciséis (f. 53-54), se admitió a trámite la demanda promovida; y substanciado que fue el procedimiento en todas sus partes, el trece de febrero de dos mil dieciocho (f. 377-395), se dictó la sentencia respectiva en la que concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados en los términos siguientes. Por lo anterior, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado, para que el Magistrado responsable, deje insubsistente el acto reclamado consistente en la resolución de nueve de septiembre de dos mil dieciséis, emitida en el toca ***, que resolvió el recurso de apelación interpuesto en contra de la diversa resolución de quince de julio de ese mismo año, esta última en la parte que negó la orden de aprehensión en contra del aquí tercero interesado por el delito de secuestro exprés agravado, en contra de los aquí quejosos; y emita otra en la que, en primer término, después de reiterar los aspectos que no formaron parte de la litis constitucional, y atendiendo lo anotado en este fallo, considere acreditado el cuerpo del delito previsto en el artículo 9 fracción I, inciso d), de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y posteriormente, con plenitud de jurisdicción, analice el supuesto normativo previsto en el artículo 10 fracción I, incisos b), c) y d), de esa legislación, así como la probable responsabilidad del activo en cuanto a esas figuras delictivas; con lo que se tendría por cumplido el amparo y restituida a la parte quejosa en el goce de las garantías violadas en términos del artículo 77 fracción I, de la Ley de Amparo. Posteriormente, mediante acuerdo de seis de marzo de dos mil dieciocho (405-406), se declaró que la sentencia emitida causó ejecutoria; por tanto, se procedió a requerir su cumplimiento. En atención a ello, mediante oficio 248 de nueve de marzo de dos mil dieciocho, registrado con el folio 1973 (f. 408), el Magistrado de la Séptima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en la ciudad de Guanajuato, remitió copia certificada de la resolución de nueve de marzo de dos mil dieciocho, emitida en el toca ***, en la que dejó insubsistente la diversa resolución de nueve de septiembre de dos mil dieciséis y emitió otra en la que, revocó la resolución recurrida y giró orden de aprehensión en contra de *** por el delito de secuestro exprés agravado, cometido en agravio de los aquí quejosos y con plenitud de jurisdicción, analizó el supuesto normativo previsto en el artículo 10 fracción I, incisos b), c) y d), de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la probable responsabilidad del indiciado en su comisión (f. 409-419). Mediante auto de trece de marzo de dos mil dieciocho (f. 431), se dio vista a la parte quejosa por el término de tres días para que manifestara lo que a su derecho correspondiera, con el apercibimiento que de no hacer manifestación alguna al respecto, este Juzgado conforme a las constancias que obran en autos se pronunciaría sobre el cumplimiento otorgado al fallo constitucional. En suma, si la protección constitucional fue otorgada para el efecto de que el Magistrado responsable, dejara insubsistente la resolución de nueve de septiembre de dos mil dieciséis, emitida en el toca ***, y emitiera otra, en la que considerara acreditado el cuerpo del delito de secuestro exprés agravado y con plenitud de jurisdicción analizara los supuestos normativos previstos en el artículo 10 fracción I, incisos b), c) y d), de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, así como la probable responsabilidad de ***; y al respecto existe constancia en autos que el Magistrado responsable dejó insubsistente la resolución reclamada, emitió la resolución de nueve de marzo de dos mil dieciocho, en la que revocó la determinación recurrida y ordenó la aprehensión del activo por la comisión del delito de secuestro exprés agravado y con plenitud de jurisdicción analizó los supuestos establecidos en el artículo 10 fracción I, incisos b), c) y d), de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, así como la probable responsabilidad penal del indiciado; se arriba a la conclusión de que la sentencia que concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, por los razonamientos expuestos, ESTÁ CUMPLIDA. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia siguiente: Novena Época Registro: 165807 Instancia: Segunda Sala Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXX, Diciembre de 2009 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 201/2009 Página: 301 EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución. Comuníquese lo anterior a las partes, y por tratarse de un asunto totalmente concluido, una vez que transcurra el término a que se refiere el artículo 202 primer párrafo, en relación con el diverso numeral 201 fracción I, de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del expediente en términos artículo 196 tercer y cuarto párrafos, del citado ordenamiento legal; previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados por los Juzgados de Distrito, específicamente en sus dispositivos Vigésimo y Vigésimo Primero, es de precisarse que este expediente NO es de relevancia documental. Por otro lado, toda vez que en el presente juicio, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, será susceptible de depuración una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo. En relación al cuaderno original de incidente de suspensión, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, toda vez que en el presente asunto aparece que fue negada la suspensión de los actos reclamados; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el manual para la organización de archivos judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicados en diciembre de 2012; por tanto, mientras acontece lo anterior, se ordena glosar el original del cuaderno incidental para mejor resguardo. Atendiendo al punto vigésimo, fracción III, del Acuerdo General conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal el duplicado del incidente de suspensión guárdese por separado y deberá ser destruido, en el plazo de seis meses.

  3. Principal

    Vista la certificación que antecede, se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo sin que haya sido recurrida la resolución pronunciada el trece de febrero de dos mil dieciocho (f. 377-395), que concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2°, se declara que la sentencia de mérito ha causado ejecutoria. Ahora bien, la sentencia de referencia concedió la protección constitucional solicitada en los términos siguientes: Por lo anterior, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado, para que el Magistrado responsable, deje insubsistente el acto reclamado consistente en la resolución de nueve de septiembre de dos mil dieciséis, emitida en el toca ***, que resolvió el recurso de apelación interpuesto en contra de la diversa resolución de quince de julio de ese mismo año, esta última en la parte que negó la orden de aprehensión en contra del aquí tercero interesado por el delito de secuestro exprés agravado, en contra de los aquí quejosos; y emita otra en la que, en primer término, después de reiterar los aspectos que no formaron parte de la litis constitucional, y atendiendo lo anotado en este fallo, considere acreditado el cuerpo del delito previsto en el artículo 9 fracción I, inciso d), de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y posteriormente, con plenitud de jurisdicción, analice el supuesto normativo previsto en el artículo 10 fracción I, incisos b), c) y d), de esa legislación, así como la probable responsabilidad del activo en cuanto a esas figuras delictivas; con lo que se tendría por cumplido el amparo y restituida a la parte quejosa en el goce de las garantías violadas en términos del artículo 77 fracción I, de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Magistrado de la Séptima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en la ciudad de Guanajuato, para que dentro del término de tres días contados a partir del siguiente a aquel en que reciba el oficio de notificación correspondiente de cumplimiento a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo en los términos apuntados y remita constancia que así lo acredite, con el apercibimiento que de no hacerlo en los términos indicados dentro del plazo concedido; o no exponer el motivo legal que le impida hacerlo, se impondrá una multa desde luego y de igual forma, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente para que continúe el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación de la autoridad contumaz. Sin que sea el caso realizar mayor pronunciamiento respecto de la autoridad a la que pudiera recaerle el carácter de superior jerárquico de la ahora responsable; toda vez que al actuar la responsable con plenitud de jurisdicción y autonomía, no existe superior jerárquico a quien acudir atendiendo a lo señalado por el artículo 194, de la Ley de Amparo, en vinculación con el diverso 73, fracción XXIX-H de la Constitución Federal; tal como en un caso análogo, fue interpretado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al sustentar la Jurisprudencia de rubro "JUNTAS y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. Devuélvase al Magistrado de la Séptima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en la ciudad de Guanajuato, la copia certificada del toca *** (un tomo), que en su oportunidad adjuntó a su informe justificado. De igual forma, devuélvanse al Juez de Control del Juzgado de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región del Estado de Guanajuato, base Juventino Rosas, los tres discos en formato DVD que acompañó a su oficio JOJUR/259/2016 registrado con el folio 9170 (f. 71), el Jefe de Causa y Gestión adscrito a dicho órgano jurisdiccional, que contienen lo que se denominó como registros de audio y video de la audiencia de quince de julio de dos mil dieciséis, derivados de la causa penal ***, así como constancias relativas al traslado realizado de los ofendidos, en cumplimiento a lo ordenado por el Magistrado de la Séptima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en la ciudad de Guanajuato.

  4. Principal

    En esta fecha, tuvo verificativo la audiencia constitucional, la cual una vez concluida en todas sus etapas, se resolvió: ÚNICO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA y PROTEGE a ***, por su propio derecho; contra la resolución de nueve de septiembre de dos mil dieciséis, emitida dentro del toca 26/2016-O, que confirmó la determinación que negó la orden de aprehensión solicitada dentro de la causa penal 1P1916-37, que reclamaron al Magistrado de la Séptima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en la ciudad de Guanajuato; por los razonamientos y en los términos apuntados en el considerando tercero de esta resolución.

Quedan 32 actuaciones en este expediente

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