Juan José Ibares Cegueda

Expediente 786/2015 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 22 actuaciones registradas, la última del 28 de abril de 2016.

Datos del expediente

Expediente
786/2015
Año
2015
Actuaciones
22
Última actuación
28/04/2016

Partes del expediente

  • JUAN JOSÉ IBARES CEGUEDA y Otros.
  • Juan José Ibares Cegueda
  • Nicolás Ibares Seguda

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero, veintiocho de abril de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la Subadministradora Desconcentrada de Recaudación de la Administración Desconcentrada de Recaudación de Guerrero "1", con sede en esta ciudad, a través del cual informa que en atención a lo ordenado por este juzgado federal mediante proveído de veintisiete de enero del año en curso, la multa impuesta a José Luis Ubaldo Valente, quedó controlada bajo el crédito número 342924, y fue dada de baja el tres de febrero del año en curso. Notifíquese.

  2. Principal

    VISTO EL ESTADO DE LOS PRESENTES AUTOS.... TENGASE POR CONFORME CON DICHA DETERMINACION... ARCHIVESE ESTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO CONCLUIDO... SIENDO SUSCE4PTIBLE DE SER DEPURADO... EN RELACION AL DUPLICADO DEL INCIDENTE, SE ESTABLECE QUE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCION...

  3. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero, veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Juez Octavo Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad, atento a su solicitud, tomando en consideración las manifestaciones que produce se desprende que su omisión de informar oportunamente lo que fue requerido, no deriva de dolo alguno y además de que ya informó lo relativo al cumplimiento de la sentencia que concedió el amparo pedido, se deja sin efectos la multa impuesta en auto de dieciocho de enero del presente año al licenciado José Luis Ubaldo Valente como Secretario del Juzgado Octavo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, por la cantidad de treinta días de salario mínimo general vigente el año pasado en el Distrito Federal; consecuentemente, gírese oficio al Administrador Local de Recaudación de Acapulco, para que no haga efectiva la referida multa. Notifíquese.

  4. Principal

    Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de tres días concedido a la parte quejosa para hacer las manifestaciones que estimara convenientes en relación al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo informado por la autoridad responsable; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver de oficio si con las constancias que obran en autos se encuentra o no cumplida. La parte quejosa solicitó el amparo contra actos del Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad y otras autoridades de quienes reclamaron la orden de aprehensión y su ejecución. En la ejecutoria materia de esta resolución, se concedió el amparo para los siguientes efectos: "(.) de que el Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares: a).- Deje insubsistente el mandamiento de captura de dieciocho de junio de dos mil quince, pronunciado en la causa penal 77/2015, emitido en contra de los quejosos antes mencionados; y, b).- En su lugar, dicte otra resolución en la que siguiendo los lineamientos establecidos en la presente resolución: b.1).- Realice el análisis de comprobación del delito de despojo conforme a los elementos del cuerpo del delito descritos en el artículo 245, fracción I, del Código Penal del Estado de Guerrero número 499, vigente, en los términos precisados en el cuadro sinóptico respectivo. b.2).- Al abordar el estudio atinente a la acción de ocupar un inmueble ajeno, al valorar el caudal probatorio allegado a la causa penal de origen, determine si está o no acreditada la identidad del inmueble con aquel en el que se prestan los servicios de luz y teléfono cuyas facturas exhibió el inculpado José Ibares Cegueda en copia certificada; y partir del análisis individual de esas pruebas y en conjunto con los restantes, resuelva si se demostró o no que éste y el coinculpado Juan José Ibares Bello desde hace más de dieciséis años han ocupado la superficie afectada de la parcela 487Z-3P1/1, mientras que Jhomara Iracema Tapía Vega lo ha hecho desde hace tres con motivo de la relación sentimental que la une con este último. c).- Hecho lo anterior, conforme con sus atribuciones con plenitud de jurisdicción, resuelva sobre el ejercicio de la acción penal.." En cumplimiento a esa sentencia, la Primera Secretaria de Acuerdos del Juzgado Octavo Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tabares, encargada del despacho por Ministerio de Ley, con residencia en esta ciudad, remitió copia certificada de diversas constancias entre ellas del auto de veintiocho de diciembre de dos mil quince, del que se advierte dejó insubsistente la orden de aprehensión dictada el dieciocho de junio del año pasado dentro de la causa penal 77/2015-I, únicamente por cuanto hace a Juan José Ibares Cegueda y Jhomara Alejandra Tapia Vega, negando la orden de aprehensión por los citados inculpados; no así por cuanto hace a Juan José Ibares Bello, en virtud de que el veintinueve de octubre de dos mil quince, fue puesto a disposición e interno en el Centro Regional de Reinserción Social de esta ciudad, y en esa misma fecha se obtuvo su detención legal, dictándose auto de formal prisión en su contra; documental pública que tiene valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En esas condiciones, si la autoridad responsable se pronunció en los términos a que le obligaba la ejecutoria de amparo, se considera que por lo que hace a los quejosos Juan José Ibares Cegueda y Jhomara Alejandra Tapia Vega, han sido restituidos en el goce del derecho vulnerado y por tanto, procede declarar que la sentencia de amparo ha quedado cumplida, sin excesos ni defectos. Por otra parte, de la lectura realizada a la resolución de cuatro de noviembre de dos mil quince, se destaca que el juez de la causa asentó que con esa data cambió la situación jurídica del aquí quejoso Juan José Ibares Bello, pues afirma compareció el treinta de octubre del año próximo pasado a rendir su declaración preparatoria bajo los efectos de la suspensión provisional concedida por este juzgado federal y se resolvió su situación jurídica decretándose en su contra auto de formal prisión por el delito de despojo en agravio de Nicolás Ibares Segueda. Ahora bien, como ya se dijo la concesión del amparo fue para que se dejara insubsistente el acto reclamado que consistía en una orden de aprehensión librada en contra de los quejosos Juan José Ibares Cegueda, Jhomara Alejandra Tapia Vega y Juan José Ibares Bello, cuya sentencia de amparo se dictó en este juzgado federal el veintiséis de noviembre de dos mil quince; y de lo informado por el juez responsable se advierte que el cuatro de noviembre pasado dictó auto de formal prisión en contra del quejoso nombrado en último término, emisión que no fue informada a este juzgado; por tanto, no cabe duda que, antes de que se dictara sentencia en este asunto ya había operado un cambio de situación jurídica respecto del acto reclamado, lo que actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, y esa causa hubiese dado lugar al sobreseimiento en el juicio; misma causa que ahora constituye un obstáculo jurídico para determinar sobre el cumplimiento de la ejecutoria, porque aunque se dejara insubsistente la orden de aprehensión, no se debe afectar la situación jurídica creada por el auto de formal prisión, por así disponerlo el precepto legal ya mencionado; en esas condiciones se declara que existe imposibilidad jurídica para cumplimentar la sentencia de amparo que nos ocupa respecto del quejoso Juan José Ibares Bello, tal como lo establece el último párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor. Orienta lo anterior la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta tomo XXVII, junio de 2008, página 270 Novena Época, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto. Por otra parte, como el Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad, no informó dicho cambio de situación jurídica del quejoso Juan José Ibares Bello con la oportunidad requerida mediante auto admisorio de veintiuno de julio del año próximo pasado, tal como lo señala el numeral 64 de la ley de la materia, no obstante estar oportunamente notificado para ello según el acuse de recibo que obra en autos a foja once, pues se advierte que el cuatro de noviembre de dos mil quince dictó auto de formal prisión en contra de dicho quejoso, mientras que la sentencia en este juicio se emitió el veintiséis de noviembre de dos mil quince; con fundamento en el artículo 251 de la Ley de Amparo, se impone una multa de treinta días de salario mínimo general vigente el año pasado en el Distrito Federal, a razón de $70.10 (setenta pesos 10/100 moneda nacional), al licenciado José Luis Ubaldo Valente, en su carácter de Secretario de Acuerdos del Juzgado Octavo Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tabares, encargado del despacho por ministerio de ley durante el primer periodo de vacaciones, con sede en esta ciudad. En tal virtud, gírese oficio al Administrador Local de Recaudación de Acapulco del Servicio de Administración Tributaria residente en esta ciudad, para que proceda a hacer efectiva dicha multa, adjuntándole copia certificada de las constancias necesarias, haciéndole de su conocimiento que el licenciado José Luis Ubaldo Valente, Secretario del Juzgado Octavo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, tiene su domicilio oficial en calle del Futbol sin número, colonia Emiliano Zapata, código postal 39710, en esta ciudad; y que el monto equivalente a treinta días de salario mínimo general vigente el año pasado en el Distrito Federal, corresponde a la cantidad de $2,103.00 (dos mil ciento tres pesos 00/100 moneda nacional). Es aplicable la jurisprudencia 41/2014 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual se encuentra pendiente de publicación en el Semanario Judicial de la Federación, cuyo tenor es: "RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 97, FRACCIÓN II, INCISO A), DE LA LEY DE AMPARO. EL HECHO DE QUE QUEDE SIN MATERIA, NO ES OBSTÁCULO PARA QUE EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO IMPONGA A LA AUTORIDAD RESPONSABLE LA MULTA PREVISTA EN EL NUMERAL 260, FRACCIÓN IV, DEL MISMO ORDENAMIENTO (LEGISLACIÓN DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). A juicio de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la finalidad u objeto de la multa en comento no es obtener el cumplimiento de los deberes procesales que impone a la responsable el artículo 178 de la Ley de Amparo, sino sancionar, en lo que aquí interesa, la falta de trámite de la demanda de amparo. Además, su naturaleza jurídica no es la de una medida de apremio o de una corrección disciplinaria, pues no deviene de un mandato del órgano de control constitucional, ni se encamina a la preservación del orden o respeto en un juicio, sino la de una sanción, pues constituye una consecuencia jurídica que resulta del desacato a un mandato directo de la Ley de Amparo, cuyo conocimiento sí es previo para la autoridad responsable. Por ello, aun cuando la finalidad de los órganos de amparo no es erigirse como meros sancionadores, per se, sino como guardianes del orden constitucional, en principio, la referida multa debe imponerse, de oficio y de manera general, sea en un apartado de la resolución que se emita al resolver la queja, o en una diversa resolución, incluso un auto emitido por el Magistrado que presida el tribunal colegiado que conozca del asunto, pues la sanción opera ante el solo hecho de que se haya materializado el supuesto correlativo de infracción a la ley. En esa medida, aun ante el hecho de que el recurso de queja en comento pudiera estimarse que habría de quedar sin materia, por la atención ulterior que la autoridad responsable efectúe de los lineamientos que le impuso el legislador en términos del artículo 178 de la Ley de Amparo, y que se llegara a demostrar en el informe de queja que debe rendir en acatamiento a lo dispuesto en el artículo 101 de ese mismo ordenamiento; legalmente no puede permitirse que por ese mero y eventual cumplimiento, que, de cualquier modo, aconteció fuera de plazo, se permita a la autoridad responsable evadir la imposición de la multa condigna que le debe ser impuesta por haberse ubicado previamente en el supuesto de infracción que el legislador expresamente ha dispuesto sancionar, al haber dejado de actuar en su debida oportunidad, en plena concordancia a los lineamientos relativos que le impone el numeral 178 de la Ley de Amparo. En ese sentido, cabe agregar que la observancia ulterior de tales lineamientos, sólo implica que en el caso particular de que se trate, ya no se le exija a la autoridad responsable, mas en modo alguno, puede seguirse de ello una dispensa de la sanción prevista para el caso de inobservancia de esa disposición legal. No puede desatenderse que el obstáculo a la prosecución de la instancia de amparo entraña infracción a lo dispuesto en el artículo 17 de la Carta Magna, ni que el artículo 1º de esta, por un lado impone a todas las autoridades el deber de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos y; por otro, su mandato en el sentido de que el Estado debe prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley."

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