Juan José Cisneros Catalán
Expediente 221/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 6 actuaciones registradas, la última del 18 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 221/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 18/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Juan José Cisneros Catalán
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Acapulco, Guerrero; dieciocho de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso d), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió el acuerdo por el cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, aplicado en sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previa las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, capítulo octavo denominado "EXPEDIENTES DESTRUIBLES", artículo 21, inciso a), se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos tres años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al artículo 15 del referido del Acuerdo General. Hágase constar lo anterior, tanto en la caratula del presente expediente conforme lo prevé el diverso capítulo "DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS" en su arábigo 35 del citado Acuerdo General. Notifíquese.
- Principal
SÍNTESIS: Acapulco, Guerrero; veintiuno de abril de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la Presidenta de la Segunda Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, mediante el cual, remite copia certificada de las constancias de notificación de la audiencia de dos de marzo de dos mil veintidós, emitido en el expediente 000006/2019, por la que se emitió el auto admisorio de pruebas; a esta documental se le otorga valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa del numeral 2 de esta última legislación. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, de oficio se analizan las consecuencias jurídicas de la emisión de la citada determinación. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, a la letra dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Conforme con el texto legal preinserto, el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, lo que se actualiza cuando las cosas vuelven al estado que tenían antes de la violación constitucional aducida, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito consiste en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento del amparo. Luego, si el acto reclamado consiste en la omisión de dictar el auto admisorio de pruebas y mediante acuerdo de dos de marzo de dos mil veintidós, la junta responsable dictó dicho acuerdo y les fue notificado a las partes, se estima que han cesado los efectos del acto reclamado, en virtud de que la parte quejosa quedó en una situación idéntica a la que habría existido, si la omisión no hubiera existido, lo que imposibilita su examen constitucional, precisamente porque en el supuesto de que se concediera el amparo su efecto sería vincular a que la responsable respetara el acceso a la jurisdicción, materializada en la emisión del acuerdo de mérito, lo que ya realizó espontáneamente. Al sobrevenir una causa manifiesta e indudable de improcedencia, da lugar a decretar en este juicio el sobreseimiento fuera de audiencia, acorde con lo establecido en el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, sin necesidad de esperar a su celebración, habida cuenta que, en esas condiciones, ningún objeto tiene ya continuar con la tramitación del juicio de amparo y dar oportunidad a que se ofrezcan pruebas, si nada puede desvirtuar el resultado del fallo que será en el mismo sentido. En consecuencia, se deja sin efectos la hora y fecha fijadas para la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese personalmente.
- Principal
TIENE NOTIFICACIÓN PERSONAL LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
Acapulco, Guerrero; ocho de abril de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, mediante el cual desahoga el requerimiento de dieciséis de marzo pasado, y remite la constancia de notificación realizada a la parte demandada del acuerdo de veinte de enero de dos mil veintidós, en el expediente laboral 378/2007. Ahora bien, de las constancias que remite se advierte que por acuerdo de nueve de marzo del año en curso, al no haber dado cumplimiento al laudo el Ayuntamiento demandado como se requirió en acuerdo de veinte de enero de dos mil veintidós, hizo efectivo el apercibimiento ahí decretado y le impuso al actual Síndico Procurador del Ayuntamiento de Coyuca de Benítez, Guerrero, nuevamente multa por la cantidad ahí precisada y requirió nuevamente al Ayuntamiento demandado para que dentro del término de quince días siguientes a su notificación diera cumplimiento al laudo emitido en dicho juicio, en los siguientes términos: a) Exhibiera la cantidad que adeuda a los trabajadores, o bien el siguiente pago parcial como lo venía informando, o en su caso. b) Haber presupuestado el pago total del laudo en el presupuesto de egresos del año dos mil veintidós, o los trámites que esté haciendo para presupuestar dicho pago en el siguiente ejercicio fiscal, ello en estricto apego a lo dispuesto por el artículo 146 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, y 33 de la Ley 51 del Estado; lo anterior nuevamente con apercibimiento de multa, lo que ordenó notificar de manera personal a las partes, sin que haya anexado la constancia de notificación a la parte demandada. En este punto, se tiene presente que se concedió el amparo para el efecto de que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero: ".a) Emita una nueva determinación en la que con libertad de jurisdicción se pronuncie sobre lo manifestado por los trabajadores y el Ayuntamiento demandado, de lo que le dio cuenta el Actuario de su adscripción en la diligencia de dieciocho de febrero de dos mi dieciséis. b) Notifique al Ayuntamiento Municipal de Coyuca de Benítez, Guerrero, por conducto del Síndico Procurador y a este, por sí, así como al Secretario de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, el acuerdo de dos de abril de dos mil dieciocho, dictado en el expediente laboral 378/2007, y en su oportunidad, verifique que le hayan dado cumplimiento. c) Agotado tal requerimiento, instrumente además otros mecanismos legales para lograr el cabal cumplimiento al laudo emitido en el juicio laboral burocrático aludido, como lo establece el diverso ordinal 97 de la Ley 51 del Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero vigente; lo anterior con independencia de la multa establecida en el artículo 95 de la citada legislación, la cuál sólo constituye una medida de apremio para hacer cumplir sus determinaciones, y por tanto, de naturaleza diversa a las previstas en el referido arábigo 97 del mismo ordenamiento legal." Y que respecto al punto reseñado en el inciso a) de dicha ejecutoria, por acuerdo de veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho, el mismo se estimó satisfecho; en tanto que respecto a lo contenido en el inciso b), se tiene presente que por auto de trece de marzo de dos mil diecinueve, el tribunal responsable hizo efectivos los apercibimientos de multa contenidos en autos de dos de abril de dos mil dieciocho y diez de enero de dos mil diecinueve, mientras que en el proveído de cinco de julio de esa anualidad ordenó efectuar medidas de investigación del domicilio del funcionario sancionado, precisamente para hacer efectiva aquella medida de apremio. Por otro lado, en diversos proveídos, por ejemplo, los de fechas diez de enero, trece de marzo y cinco de julio de dos mil diecinueve, dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, veinte de enero de dos mil veintidós y nueve de marzo del año en curso, la autoridad responsable ha hecho alusión a la obligación de la autoridad municipal de dar cumplimiento al laudo emitido en el juicio de origen, y en su caso, que al generar ingresos propios debía adoptar las medidas necesarias en el presupuesto respectivo para el acatamiento de aquel fallo, apercibiéndolo con multa. Sin embargo, la autoridad responsable al emitir dichos autos nada ha proveído sobre otros mecanismos para que dicha obligación sea acatada, o en su caso, para que su incumplimiento traiga aparejada una sanción distinta a la mera imposición de una medida de apremio, habida cuenta que las gestiones de la anterior administración municipal ante las autoridades del Estado de Guerrero para obtener recursos extraordinarios y dar cumplimiento al laudo respectivo, no arrojaron resultados positivos, por no haberse gestionado en estricto apego a lo dispuesto por el artículo 146 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero. 1. Consecuentemente, requiérase por mensajería acelerada al Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo, para que dentro del término de tres días contado a partir de aquél en que reciba el oficio respectivo, acredite documentalmente: 1.1. Que notificó al Ayuntamiento de Coyuca de Benítez, Guerrero, el auto de nueve de marzo de dos mil veintidós, dictado en el expediente laboral 378/20007. 1.2. De haber transcurrido el término otorgado en acuerdo de nueve de marzo de dos mil veintidós, acuerde lo que en derecho corresponda, para lo cual en cumplimiento a los efectos de la sentencia de amparo deberá implementar otros mecanismos para que el Ayuntamiento Municipal de Coyuca de Benítez, Guerrero, dé cumplimiento a laudo emitido en el juicio laboral 378/2007, distintos a la imposición de sanciones pecuniarias, como por ejemplo, dar vista a las autoridades competentes para que instruyan un procedimiento administrativo de responsabilidad por desacato, conducta punible en términos de la Ley número 465 de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guerrero, así como dar vista al Ministerio Público por la posible comisión del delito de desobediencia previsto en el Código Penal de la Entidad, entre otras. Lo anterior se destaca porque lo reseñado en el inciso c) del fallo protector debía ponderarse sistemáticamente de conformidad con lo dispuesto por los artículos 97, 33, fracción VIII, y 98, de la Ley 51 del Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero, de cuya intelección se obtiene que la gama de instrumentos con los que dispone la autoridad del trabajo para lograr hacer cumplir sus determinaciones; del auxilio que se solicite a otras autoridades; o bien, de la infracción a la obligación antes citada; lo anterior, conforme a los lineamientos de la jurisprudencia 2a./J. 133/2008. Con el apercibimiento que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá al Presidente una multa por el equivalente a cien unidades de medida y actualización vigente en el país, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 258 de la Ley de Amparo vigente y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito para seguir el trámite de inejecución. 2. Asimismo, en obvio de mayores dilaciones, a efecto de determinar cómo se continuará con el procedimiento de ejecución de sentencia requiérase por el servicio de mensajería acelerada ESTAFETA al Ayuntamiento de Coyuca de Benítez, Guerrero, por conducto de la Síndica Procuradora, con sede en aquella municipalidad, para que dentro del término de tres días siguientes a la notificación de este acuerdo: 2.1. Acredite documentalmente haber acatado el acuerdo de nueve de marzo de dos mil veintidós, dictado en el expediente laboral 378/2007, para lo cual se remite copia del referido auto. 2.2. Y que lo anterior, lo haya exhibido ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero. Lo anterior, con el apercibimiento que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá al Síndico Procurador de dicho Ayuntamiento una multa por el equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización vigente en el país, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, en relación con el 259 de la Ley de Amparo. Notifíquese.
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