Juan Jose Espinoza Martinez
Expediente 634/2021 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 634/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 26/10/2021
Partes del expediente
- Juan Jose Espinoza Martinez
Actuaciones
- Principal
Tijuana, Baja California, veintiséis de octubre de dos mil veintiuno. Feneció término legal. De la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el plazo de diez días que concede a las partes el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión en contra del auto de veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio. Causa estado. Con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el citado auto ha causado estado; en consecuencia, dense los avisos de ley. Archivo. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, y toda vez que, como se advierte de la certificación de cuenta, no existen acuses pendientes de glosar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Valoración. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte y que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se determina: Juicio de amparo. De conformidad con lo establecido en el artículo 21, inciso b) del citado acuerdo, se establece que el cuaderno relativo a este juicio es susceptible de destrucción por haberse decretado el sobreseimiento en el presente asunto fuera de audiencia, por lo que, una vez transcurrido el término de tres años, meses a que alude el referido numeral, procédase a su destrucción en los términos previstos en el penúltimo párrafo del citado precepto. Hecho lo anterior, realícense las anotaciones en el libro de gobierno. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del artículo 15 del mencionado Acuerdo, a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Tijuana, Baja California, veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno. Se rinde informe justificado. Agréguese a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar el informe justificado rendido por la responsable Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, déjense a la vista de las partes por el término de ocho días para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Documentales. En cuanto a las pruebas documentales que la responsable anexa a su informe, con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admiten y se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, lo anterior, sin perjuicio de hacer relación de las mismas en la audiencia constitucional. Sobreseimiento en el juicio fuera de audiencia. Ahora, del estudio íntegro de las constancias que remitió el Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en Tecate, Baja California, esta juzgadora estima que se actualiza el supuesto previsto en la fracción XXI del precepto 61, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, hipótesis que se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del motivo de afectación, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional. La improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la ley de la materia, consistente en la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Bajo esa óptica, cesaron los efectos del acto reclamado consistentes en la omisión de dar respuesta al escrito presentado en oficialía de parte el nueve de abril de dos mil veintiuno, dentro del cuaderno de ejecución 520/2019, del índice del Juzgado de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en Tecate, Baja California, en que solicitó audiencia para peticionar un beneficio, sin que a la presentación de la demanda se hubiere acordado el mismo. Es así, porque de las copias que remitió la autoridad responsable, se advierte que mediante auto de seis de septiembre de dos mil veintiuno, en atención a las solicitudes planteadas por el quejoso y su defensor particular, el nueve de abril de dos mil veintiuno y veintidós de junio de dos mil veintiuno, admitió la solicitud para la concesión del beneficio de libertad condicionada y/o libertad anticipada y señaló las trece horas con treinta minutos del veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, para resolver sobre el beneficio que lleguen a plantear en la misma, lo cual fue notificado al quejoso el nueve de septiembre de dos mil veintiuno. En tales condiciones, al haberse acordado el escrito presentado por el quejoso el nueve de abril de dos mil veintiuno, cuya omisión se dolía el quejoso Juan José Espinoza Martínez y al habérsele notificado dicho auto; es inconcuso que cesaron los efectos de los actos reclamados en esta vía constitucional, pues aquella situación jurídica se destruyó en todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiera otorgado el amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis 2a./J. 205/2008, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, enero de dos mil nueve, página 605, con registro electrónico 168189, de rubro y de contenido "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto." Lo anterior, atendiendo a que el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, prevé que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando durante éste se materialice un supuesto de improcedencia, y conforme a la postura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, puede sobreseerse en el juicio fuera de audiencia cuando la causa de improcedencia sea manifiesta (cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara, de forma que con alguna prueba se desvirtúe) e indudable (cuando existe la certidumbre y la plena convicción de que la hipótesis de improcedencia analizada opera en el caso a estudio). Ante lo expuesto, al haberse actualizado en la especie la causa de improcedencia referida, se sobresee fuera de audiencia constitucional en el juicio de amparo con fundamento en los artículos 61, fracción XXI y 63 fracción V de la Ley de Amparo. Sustenta la anterior determinación, la jurisprudencia dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En consecuencia, se ordena dejar sin efectos la celebración de la audiencia constitucional señalada en autos. Háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Tijuana, Baja California, tres de septiembre de dos mil veintiuno. Radicación. Vista la demanda de cuenta, fórmese el expediente físico y electrónico respectivos y regístrese en el libro de gobierno como juicio de amparo 634/2021-IV. Admisión de la demanda. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, fracción I, 33, 35, 107, 108, 110, 112, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo; se admite la demanda que promueve Juan José Espinoza Martínez, por propio derecho, contra la autoridad y actos señalados en la misma. Incidente de suspensión. Sin tramitarse el incidente de suspensión por no haberse solicitado. Audiencia constitucional. Se fijan las nueve horas con veinte minutos del veinte de octubre de dos mil veintiuno, para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el presente asunto, para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el presente asunto; misma que se señala hasta esa fecha atendiendo a la reanudación de actividades de este órgano jurisdiccional que generó que se cuente con altas cargas de trabajo. Ministerio Público. Dese la intervención que legalmente le corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, en términos de los artículos 107, fracción XV constitucional y 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo. Tercero interesado. Se reserva señalamiento alguno, hasta en tanto la autoridad rinda su informe justificado, y del mismo se advierta que a alguien pueda asistirle tal carácter. Informe justificado. En atención a los artículos 117 y 75 de la ley de la materia, requiérase a la responsable su informe justificado, que deberá rendir dentro de quince días, incluso por medios magnéticos, expresando con precisión si es o no es cierto el acto que se le reclama; además deberá señalar las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio en términos del artículo 61 de la referida ley, así como la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado; sin que sea el caso requerir las constancias que acredite dicho acto reclamado, toda vez que consiste en omisiones. Ahora, para el caso de que expresamente no haya incurrido en el acto omisivo que se le atribuye, deberá remitir las constancias completas, legibles y ordenadas en forma cronológica que así lo acrediten, pues resulta indispensable que este órgano jurisdiccional cuente con los elementos necesarios para analizar el fondo de la cuestión planteada, por lo cual se estima que la ilegibilidad de las constancias equivale a su no envío, que ocasionaría un retraso inexcusable en la administración de justicia, debiendo manifestar en su caso, el impedimento legal que tenga para hacerlo. Apercibimiento. Con el apercibimiento que de no hacer lo antes descrito, en los términos indicados, se le impondrá una multa de cien veces la Unidad de Medida y Actualización de conformidad con los preceptos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos segundo y tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Presunción de certeza. Asimismo, en caso que no rinda su informe en el plazo concedido se presumirán ciertos los actos reclamados, quedando a cargo de la parte quejosa probar su inconstitucionalidad en términos de lo dispuesto en el cuarto párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo y se les impondrá, en la audiencia respectiva, la multa con la que se les apercibió. Autorización de remisión de informe vía electrónica. Se autoriza a las responsables para que, en su caso, remita el informe requerido al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación o bien al correo electrónico 5jdoajf15cto@correo.cjf.gob.mx; tomando en consideración que los Acuerdos Generales 12/2020 y 21/2020, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, -este último extendido en su vigencia hasta el treinta y uno de octubre de dos mil veintiuno, por el diverso Acuerdo General 9/2021-, presentan un esquema de trabajo que exhorta al uso de las herramientas tecnológicas al alcance de las instituciones públicas, así como de los justiciables para eficientar la labor jurisdiccional, permitiendo entre otros, la utilización de servicios interconectados, además de oficios generados electrónicamente o digitalizados con firma electrónica y remitidos por correo electrónico institucional, sin perjuicio de que opte por realizarlo mediante oficio que envíe físicamente a este juzgado. Causas de sobreseimiento. Con fundamento en los artículos 64 y 251 de la Ley de Amparo, prevéngase a las partes que para el caso de tener conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, deberán comunicarlo de inmediato a este órgano jurisdiccional, debiendo, de ser posible, acompañar las constancias que así lo acrediten; con el apercibimiento que de no hacerlo, se les impondrá una multa de treinta unidades de medida y actualización, de conformidad con los preceptos 238 y 251 de la citada Ley de Amparo. Conocimiento previo. Solicítese a la autoridad responsable para que al rendir su informe con justificación, comunique a este órgano de control constitucional si tiene conocimiento de algún juicio de amparo que se relacione con el acto que se le reclama en éste, o sea, que haya sido promovido por el mismo quejoso o que derive del mismo procedimiento del que emana el acto que aquí se reclama; lo anterior, a efecto de aprovechar, en su caso, el conocimiento previo del asunto y evitar el dictado de resoluciones contradictorias. Autorizados. Asimismo, se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia a Jesús Roberto Flores Alarcón, dado que de la certificación secretarial que antecede se advierte que cuentan con el registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Señalamiento de domicilio. Atento a lo dispuesto en el numeral 108 fracción I de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio el que se señala para tal efecto; sin embargo, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, se comisiona indistintamente a los actuarios de la adscripción para que las notificaciones que emanen de este asunto le sean notificadas de manera personal a los quejosos en el Centro de Reinserción Social Tijuana, por ahí encontrarse recluido. Sirve de apoyo de lo anterior, la tesis aislada I.11o.C.27 K (10ª), emitida por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible a página 3424, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que al rubro y contenido dice: "NOTIFICACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR UN QUEJOSO PRIVADO DE SU LIBERTAD. SIN IMPORTAR LA MATERIA, DEBEN REALIZARSE PERSONALMENTE TODAS LAS DETERMINACIONES EMITIDAS DURANTE SU TRAMITACIÓN. El artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo dispone: "Las notificaciones en los juicios de amparo se harán: I. En forma personal: a) Al quejoso privado de su libertad, en el local del órgano jurisdiccional que conozca del juicio, o en el de su reclusión o a su defensor, representante legal o persona designada para oír notificaciones.", sin hacer distinción en la materia propia del juicio de amparo, cuya razón radica en que la falta de la notificación personal de las determinaciones emitidas en el procedimiento constitucional al quejoso privado de su libertad, puede acarrearle perjuicios de trascendencia y gravedad, no reparables con el dictado del fallo correspondiente. Con esa norma el legislador estableció una medida especial con la manifiesta intención de que el gobernado, en esa condición, tenga conocimiento de toda actuación emitida en el amparo, entre ellas, del informe justificado y los documentos que se acompañen, cuyo conocimiento certero logra que pueda objetar las pruebas aportadas por la o las responsables para desvirtuarlo, o bien, ampliar su demanda por cuanto a alguna otra autoridad, sobre diversos actos vinculados estrechamente con el reclamado, sus conceptos de violación, etcétera, que al momento de rendirse dicho informe desconocía, precisamente, por su situación." Documental. Por otra parte, esta autoridad se reserva a proveer respecto al medio de convección ofrecido por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, consistente en el duplicado original del escrito de petición ingresado el nueve de abril del año en curso, con acuse de recibido original de oficialía de partes de la autoridad responsable, hasta en tanto la allegue a esta instancia constitucional, toda vez que contrario a lo que argumenta, la misma no fue anexada a su escrito inicial. Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Notificación de las autoridades. En términos de la jurisprudencia por contradicción de tesis 2ª/J. 176/2012 (10ª) de la Décima Época, emitida por la Segunda Sala de Nuestro Máximo Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero del 2013, tomo 2, visible a página 1253, cuyo rubro se cita: "NOTIFICACIONES DE LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS", se hace del conocimiento de las responsables que en el presente juicio únicamente les serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales (admisión, ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos y determinaciones que por su trascendencia deban hacer de su conocimiento por medio de oficio dirigido a su residencia oficial) y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito. Transparencia. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Además, en términos de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, no se hará la publicación del nombre y datos personales de todas y cada una de las resoluciones que se emiten en el presente juicio de amparo. Expediente electrónico. Fórmese el expediente electrónico respectivo y hágase del conocimiento de las partes que no lo integrarán las constancias siguientes: copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias que corresponden a actuaciones del propio juzgado que evidentemente ya forman parte de los autos; tampoco las promociones o constancias respecto de las cuales a juicio de este órgano, deba guardarse sigilo en relación a una o varias partes o resulten confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las cuales se conservarán en este juzgado sin digitalizarse, finalmente con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, a prudente árbitro, no serán digitalizados los documentos públicos o privados ni copias simples o certificadas que como anexos incluyan las partes en sus oficios o promociones. Notifíquese; personalmente al quejoso interno y a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita.
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