Juan Jesus Gomez Delgado

Expediente 1418/2023 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 5 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1418/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
13/11/2023

Partes del expediente

  • Juan Jesus Gomez Delgado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Incidental

    Audiencia. En Tijuana, Baja California, siendo las once horas con cinco minutos del trece de noviembre de dos mil veintitrés, día y hora señalados para que tenga verificativo la celebración de la audiencia incidental a que refiere el artículo 144 de la Ley de Amparo, estando en audiencia pública la licenciada Magali María Díaz Villarreal, Jueza Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, ante Aarón Abraham Rodríguez Agúndez, secretario que da fe, declara abierta la audiencia en la presente incidencia, sin la comparecencia de las partes. Cuenta: Se da cuenta con los informes previos rendidos por la autoridad responsable, registrados con los números número 17176 y 17206. A lo que la Jueza acuerda: Agréguense a los autos para que surtan los efectos legales a que haya lugar los informes previos rendidos por la autoridad responsable, mismo que por haberse presentado antes del inicio de la presente audiencia se tomará en consideración en la presente determinación y no es el caso diferir la misma por lo que hace a dicha autoridad. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 22, Tomo XII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, editado en diciembre de 2000, cuyo rubro y texto son los siguientes: "SUSPENSIÓN EN AMPARO. NO PROCEDE DIFERIR LA AUDIENCIA INCIDENTAL SI EN ELLA SE DA CUENTA CON EL INFORME PREVIO". Lectura de constancias. A continuación, el Secretario da lectura de las constancias existentes en autos, entre las que se encuentran el escrito inicial de demanda, e informe previo rendido por la responsable. Acuerdo: Se tiene por hecha la relación de constancias que se indican para los efectos legales conducentes. Pruebas. Seguidamente, se abre el periodo probatorio, haciendo constar que las partes no ofrecieron medios de convicción. Acuerdo. Atento a lo anterior, sin pruebas pendientes que desahogar, se cierra el periodo probatorio. Alegatos. Se pasa a la etapa de alegatos, en el que se hace constar que ninguna de las partes los formuló, ni el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito presentó pedimento, con lo que se da por concluida la etapa de alegatos de esta audiencia. Acuerdo. Se tiene por hecha la relación de constancias que se indican para los efectos legales conducentes. Cierre de audiencia. Al encontrarse integrado el expediente, se procede a dictar resolución en los siguientes términos: Resolución. Vistos, para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1418/2023-VI, promovido por ********************, por conducto de su defensora Rosa Elena Saucedo Covarrubia, contra actos del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, en funciones de Juez de Control; y, R E S U L T A N D O Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el treinta de octubre de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, Rosa Elena Saucedo Covarrubia, en su carácter de defensora de ********************, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, así como la suspensión provisional y en su momento la definitiva de los actos reclamados. Segundo. Trámite. Por razón de turno tocó conocer del juicio del que deriva el presente incidente de suspensión a este órgano de control constitucional, por acuerdo de seis de noviembre de dos mil veintitrés, se acordó la apertura del presente incidente, ordenándose formar por cuerda separada, y en la misma fecha se proveyó respecto de la suspensión provisional de los actos reclamados, se solicitó a la autoridad responsable su informe previo, y se citó a las partes para la celebración de la audiencia incidental, por lo que una vez agotados los trámites de instancia, corresponde dictar la resolución que en derecho corresponda; y, C O N S I D E R A N D O S: Primero. Competencia. Este Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, es competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, con fundamento en los artículos 125, 128 y 140 de la Ley de Amparo; así como el Acuerdo General 31/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación de este Juzgado. Segundo. Fijación del acto reclamado. En términos del artículo 146, fracción I, de la Ley de Amparo, el quejoso como acto reclamado el siguiente: "IV.- Señalo como acto reclamado: La resolución de fecha diecisiete de octubre dos mil veintitrés, notificada al día siguiente, vía electrónica dictada dentro de la causa penal número 698/2023, por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, en funciones de Juez de Control, en la que dejo subsistente la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa al quejoso JUAN JESÚS GÓMEZ DELGADO, TODA VEZ QUE DESECHO LA SOLICITUD DE LA REVISIÓN DE MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA A FAVOR DE QUIEN REPRESENTO. (Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;)." Tercero. Certeza del acto reclamado. La autoridad responsable, en su denominación correcta, rindió su informe previo, tal como se indica a continuación: Autoridad responsable Sentido del informe Foja 1 Juez de Distrito adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, en funciones de Juez de Control. Cierto 23 Del cuadro anterior, se advierte que la autoridad responsable aceptó la existencia del acto reclamado, pues así lo manifestó al rendir su informe previo; por tanto, así deberá tenerse para efectos de resolver el presente incidente de suspensión. Cuarto. Efectos de la suspensión. La parte quejosa solicita la suspensión del acto reclamado para los siguientes efectos: ". solicito se conceda la suspensión provisional del acto consistente en la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa con carácter restitutorio, a fin de evitar daños irreparables al quejoso en las etapas del juicio, por lo que deberá reponerse la audiencia de revisión de la medida cautelar, a fin de que se declare improcedente la prisión preventiva oficiosa y se abra audiencia para el debate, establecer la necesidad de cautela y de proceder la imposición de una medida diversa a la prisión preventiva oficiosa." Por tanto, una vez precisados los actos reclamados y los efectos para los cuales la parte quejosa solicitó la suspensión, se procede al análisis de la medida y los efectos para los cuales, en su caso, puede concederse. Sirve de apoyo a este razonamiento la jurisprudencia P./J. 4/2019 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y de contenido siguiente: "SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA. De los artículos 124, último párrafo, de la Ley de Amparo abrogada y 147, primer párrafo, de la vigente, se advierte que en los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, lo cual significa que el juzgador está legalmente facultado para precisar, conforme a su prudente arbitrio, las consecuencias y/o estatus legal en que deban quedar las cosas a partir de que conceda la medida cautelar, sin importar que para ello se aparte de los efectos propuestos por el quejoso en su escrito inicial, ya sea para maximizarlos o ajustarlos a las necesidades del caso concreto, pues se trata de conservar la materia del juicio de amparo y no de limitarse mecánicamente a proveer la suspensión en los términos estrictos planteados por el quejoso, sobre todo en los casos en que sea evidente que si se atendiera en forma puntual a su solicitud, no se lograría el objetivo integral de la suspensión. Ahora bien, la atribución depositada en el órgano de amparo para modular fundada y motivadamente las implicaciones futuras del otorgamiento de la suspensión no llega al extremo de poder ordenar la paralización de actos no reclamados en la demanda, porque si no se cuestionó su constitucionalidad, es obvio que no constituyen la materia del juicio, la cual debe mantenerse intacta, a fin de preservar los bienes o derechos cuya tutela se demande en el juicio de amparo." Quinto. Procedencia de la suspensión. Resulta pertinente indicar que los artículos 128 y 138 de la Ley de Amparo, precisan los aspectos que el juzgador debe tomar en cuenta para otorgar la medida cautelar solicitada, así como los requisitos que la parte peticionaria debe reunir, los cuales son: 1. Que la solicite el quejoso; 2. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; y, 3. Que deberá realizarse un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, la no afectación del interés social y la no contravención de disposiciones de orden público. En la especie, la parte quejosa solicitó expresamente en su escrito inicial de demanda la suspensión de los actos que reclama de la autoridad señalada como responsable, por lo que con ello se reúne el requisito establecido en la fracción I del artículo 128 anteriormente citado. Asimismo, se encuentra satisfecho el requisito establecido en la fracción II del artículo en comento, así como lo dispuesto por el numeral 138, toda vez que con la concesión de la medida cautelar se estima que no se sigue perjuicio al interés social, y no se contravienen disposiciones de orden público, como se expondrá a continuación. Sexto. Concesión de la suspensión. En relación al acto reclamado consistente en el auto que desechó la solicitud de la revisión de medida cautelar, decretada a la quejosa, tomando en consideración la naturaleza del acto reclamado, a fin de evitarle un daño irreparable en las etapas del juicio se concede, la suspensión definitiva solicitada, por los siguientes motivos. En la especie, se actualiza el supuesto de apariencia del buen derecho, atento a que se advierte que el acto reclamado por la quejosa, incide en que subsista la imposición de la medida cautelar, con motivo de la causa penal que se sigue en su contra, medida cautelar respecto de la cual, el Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte, con residencia en Ciudad de México, al resolver la contradicción de criterios 40/2023, estableció que, sin suponer la inaplicación de algún precepto constitucional o secundario, en acato a la obligación de aplicar y hacer valer en todo momento el principio pro persona, mediante un examen de interpretación más favorable conforme a la Constitución, permite conceder la suspensión provisional como una tutela anticipada. Al respecto es importante señalar que al resolver la referida contradicción de criterios (40/2023), el Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte, con residencia en Ciudad de México, estableció, entre otras cosas, lo siguiente "99. Por todo lo anterior, es dable resaltar que el principio pro persona se ha consolidado y reconocido gradualmente nacional e internacionalmente como uno de los pilares insustituibles del sistema jurídico mexicano; además, la aplicación de éste, coadyuva en la construcción de un sistema mucho más justo y garantista. 100. Ahora bien, es pertinente resaltar que la disidencia interpretativa que atañe a la presente ejecutoria tiene su génesis ante los pronunciamientos que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al dictar las sentencias en los casos Tzompaxtle Tecpile y otros contra México -de siete de noviembre de dos mil veintidós- y García Rodríguez y otro contra México -de veinticinco de enero de dos mil veintitrés-. 101. En las mencionadas sentencias interamericanas, entre otras cuestiones, se condenó al Estado Mexicano al declarar la inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa, pues dicho Tribunal Internacional estimó que esa figura era contraria a lo establecido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por tanto se ordenó a México adecuar la normatividad respecto a la figura de la prisión preventiva oficiosa con la finalidad de que ésta resulte compatible con los estándares interamericanos, ya que es una medida de carácter excepcional y por ende debe estar debidamente justificada. Sentencias en las que textualmente se estableció: [.] 102. De lo anterior puede afirmarse que en dichas sentencias, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció entre otras cuestiones, sobre la inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa en nuestro país, discusión y crítica que puso en relieve la incompatibilidad de la imposición de esta medida cautelar en México, con los estándares internacionales de derechos humanos establecidos en los tratados y convenios internacionales suscritos por el Estado Mexicano, en particular, con los principios de presunción de inocencia, proporcionalidad, legalidad y derecho a la libertad personal. [.] 198. Sin embargo, por lo hasta aquí expuesto no se puede inadvertir que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en las que se condenó a México, en particular, por considerar que la prisión preventiva oficiosa es inconvencional, son vinculantes y obligatorias para el Estado Mexicano; además, deben ser acatadas y cumplidas de buena fe. Asimismo, se ordenó tomar las medidas necesarias para implementar las decisiones de dicho tribunal y garantizar la plena protección de los derechos humanos en todo nuestro territorio, circunstancia que indudablemente representa un parteaguas en la evolución e interpretación de dicho paradigma. 199. Así, como se dijo en el apartado correspondiente de esta ejecutoria, si bien para la determinación del catálogo de delitos que merezcan prisión preventiva oficiosa, se estará a aquellos delitos previstos en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el numeral 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, previamente descritos, ilícitos respecto de los cuales procede la suspensión provisional conforme a lo establecido en la fracción I, del artículo 166, de la Ley de Amparo, también lo es que conforme a la jurisprudencia nacional e internacional, todos los operadores jurídicos estamos llamados a realizar un debido control de convencionalidad, a la luz de los estándares establecidos por el Tribunal Interamericano multicitado. [.] 205. Para resolver este punto de la litis es necesario traer al escenario lo resuelto por este Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, en sesión ordinaria virtual de quince de junio de dos mil veintitrés, en la contradicción de criterios ********************, en la cual en lo que atañe, este órgano colegiado determinó que el numeral 166 de la Ley de Amparo en efecto admite una interpretación conforme, que ha sido reconocida por el Máximo Tribunal de este país, en la cual el orden jurídico se analiza en concordancia con los derechos humanos establecidos en la Carta Magna y en los Tratados Internacionales ratificados por el Estado Mexicano. Por tanto, concluyó este Pleno, que es posible que el órgano jurisdiccional de amparo resuelva con relación a la suspensión de amparo en términos más amplios a lo que prevé ese artículo. [.] 218. De modo que si la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos es vinculante, y ahí se resolvió categóricamente que es inconvencional la figura consistente en la prisión preventiva oficiosa; por tanto, es dable afirmar que cuando se reclama este tipo de actos en el juicio de amparo, para proveer sobre la suspensión provisional o definitiva debe partirse de la base de que la apariencia del buen derecho está demostrada, lo cual lleva consigo que se le den efectos restitutorios -tutela anticipada-. 219. De ahí que, el órgano jurisdiccional basado en esa interpretación, atenderá al segundo párrafo del artículo 147 de la Ley de Amparo, el cual dispone que la suspensión puede tener un efecto de tutela anticipada, es decir, de restablecer provisionalmente a la parte quejosa en el goce del derecho violado en tanto se dicta sentencia en el juicio de amparo, siempre y cuando sea jurídica y materialmente posible. 220. Luego, el peligro en la demora es patente, pues el tiempo que pase el quejoso bajo los efectos de una prisión preventiva automática, no se le podrá reparar aunque se obtenga una sentencia favorable; de modo que al no advertirse que la suspensión pueda trastocar el interés social y orden público sino todo lo contrario, al estar interesada la sociedad en el resguardo y protección de los derechos humanos consagrados en la Constitución y Tratados Internacionales en que México forme parte, el efecto de la suspensión será para que el juez responsable, con base en las disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el término de cuarenta y ocho horas, -en aplicación analógica a la revisión de medidas cautelares que prevé el artículo 162-, señale fecha para la celebración de una audiencia en la que, -con intervención de las partes-, prescinda de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, reclamada en el juicio de garantías y previo cumplimiento de los principios del sistema oral-acusatorio, esencialmente el de contradicción, proceda al debate de imposición de diversas medidas cautelares. [.] 222. Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, es que la jurisprudencia P./J. 20/2014, derivada de la contradicción de criterios ********************, contrario a lo resuelto por uno de los tribunales contendientes, no constituye un obstáculo, ni inobservancia alguna para hacer esta interpretación, porque no se está dilucidando una cuestión de fondo, es decir, no se está resolviendo sobre la inconvencionalidad del artículo 19 de la Constitución Federal y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, como tampoco del 166 de la Ley de Amparo, sino solamente la apariencia del buen derecho en la suspensión provisional, merced de los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aplicables al caso concreto. 223. En otras palabras, la prevalencia del principio pro persona y la interpretación conforme, no implican la inobservancia de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, toda vez que, el pronunciamiento sobre la inconvencionalidad del artículo 19 y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en donde se contempla el acto reclamado, será materia de análisis que deba realizar la persona juzgadora de Distrito en el fondo del asunto, porque la tutela anticipada es una medida provisional que no sustituye la sentencia definitiva. 224. De esa manera, por las particularidades del asunto, la presente ejecutoria no supone la inaplicación de algún precepto constitucional o secundario, desvirtuar la finalidad específica de los mecanismos jurídicos regulados en el orden jurídico nacional, la eliminación de cierta figura procesal, ni en absoluto el cuestionamiento del texto constitucional, sino que implica el cumplimiento a la obligación constitucional de aplicar y hacer valer en todo momento el principio pro persona, mediante un examen de interpretación más favorable conforme a la misma disposición fundamental, únicamente por cuanto hace a los efectos de la suspensión provisional en el caso específico." Resolución que se invoca como un hecho notorio al estar publicada la versión pública de dicha sentencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, como se observa de la página oficial http://sise.cjf.gob.mx/SVP/word1.aspx?arch=4385/4385000 032616523019.pdf_1&sec=Liliana_S%C3%A1nchez_Doniz &svp=1, por lo que es obligatoria para todos los órganos jurisdiccionales de los circuitos que integran la región Norte-Centro. Ello en apoyo en la Jurisprudencia P./J. 16/2018, que emitió el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto siguientes: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente." De lo expuesto, se concluye que al resolver la contradicción de criterios ********************el Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte, con residencia en Ciudad de México, estableció que se puede conceder la medida suspensional definitiva puede tener una tutela anticipada, por lo que se acredita la apariencia del buen derecho a que hace alusión el quejoso. Asimismo, conforme al artículo 147 de la Ley de Amparo, es factible restablecer provisionalmente a la parte quejosa en el goce del derecho violado, hasta en tanto se dicte sentencia en el juicio de amparo, puesto que mientras dura el juicio de amparo de no señalarse una diversa medida cautelar, incluso la prisión preventiva justificada, se le causarían daños y perjuicios de imposible reparación a la parte quejosa, aunado a que es jurídica y materialmente posible restituir las cosas al estado que se encontraban antes de la emisión del acto reclamado. Es aplicable, la jurisprudencia 2a./J. 204/2009, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Nación, de rubro y contenido siguientes: "SUSPENSIÓN. PARA DECIDIR SOBRE SU OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE PONDERAR SIMULTÁNEAMENTE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO CON EL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL O AL ORDEN PÚBLICO. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 15/96, de rubro: "SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO.", sostuvo que para el otorgamiento de la suspensión, sin dejar de observar los requisitos exigidos por el artículo 124 de la Ley de Amparo, basta la comprobación de la apariencia del buen derecho invocado por el quejoso, de modo que sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado, lo que deberá sopesarse con el perjuicio que pueda ocasionarse al interés social o al orden público con la concesión de la medida, esto es, si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso. Conforme a lo anterior, el juzgador debe realizar un estudio simultáneo de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora con la posible afectación que pueda ocasionarse al orden público o al interés social con la suspensión del acto reclamado, supuesto contemplado en la fracción II del referido artículo 124, estudio que debe ser concomitante al no ser posible considerar aisladamente que un acto pudiera tener un vicio de inconstitucionalidad sin compararlo de manera inmediata con el orden público que pueda verse afectado con su paralización, y sin haberse satisfecho previamente los demás requisitos legales para el otorgamiento de la medida." De igual forma, sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia PC.XVII. J/24 K (10a.), emitida por Pleno del Decimoséptimo Circuito, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO. PUEDE TENER EFECTOS RESTITUTORIOS TRATÁNDOSE DE ACTOS QUE SE TRADUCEN EN OMISIONES DE LA RESPONSABLE QUE TIENEN UNA PREVISIÓN ESPECÍFICA EN LA LEY. De los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 128, 131, 138 y 147 de la Ley de Amparo, estos últimos interpretados a la luz del indicado precepto constitucional, se advierte la posibilidad de que se dote a la suspensión provisional en el amparo, de efectos restitutorios, sin perder su naturaleza de medida cautelar, así como el deber a cargo de los juzgadores de amparo de realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social; en tal virtud, la técnica jurídica para resolver sobre la suspensión de los actos que se traducen en omisiones de la responsable, que tienen una previsión específica en la ley, implica que el juicio de probabilidad en relación con la suficiencia de la verosimilitud del derecho alegado se aprecie de manera clara y evidente de acuerdo a la revisión que se haga de la legislación y la jurisprudencia nacional e internacional relacionada con el acto reclamado, incluyendo la valoración de los hechos narrados bajo protesta de decir verdad, en todo su contexto, armonizándolos con los principios de interdependencia e indivisibilidad del derecho humano trastocado y con el fin de constatar si se pone en riesgo el disfrute de diversos derechos de la persona; lo anterior no significa que mediante la suspensión provisional se puedan constituir derechos que el quejoso no tuviera antes de presentar la demanda de amparo, pues sólo se justifica cuando hay apariencia suficiente de un derecho previo que necesita de protección provisional por haber sido afectado por un acto probablemente inconstitucional. Previo pronunciamiento respecto a los efectos de la suspensión cabe tener en cuenta que la provisional fue otorgada a la parte quejosa para el efecto de que la autoridad responsable Juez de Distrito adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, en funciones de Juez, con sede en esta ciudad, realizara lo siguiente: Dejará sin efectos la determinación de diecisiete de octubre de dos mil veintitrés, emitida dentro de la causa penal 698/2023, del índice de la responsable, y en su lugar emitiera otra, en la que proveyera sobre la solicitud de audiencia para revisión de modificación de medida cautelar y con base en las disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el término de cuarenta y ocho horas, señalara fecha para la celebración de una audiencia, con intervención de las partes, para la revisión de las medidas cautelares. 2) En la misma audiencia prescindiera de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y previo cumplimiento de los principios del sistema oral acusatorio, esencialmente el de contradicción, procediera al debate de imposición de diversa medida cautelar, conforme a lo señalado por el Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte, con residencia en Ciudad de México. Bajo ese contexto, el oficio recibido el diez de noviembre de dos mil veintitrés, se advierte que la autoridad de referencia el nueve de noviembre de dos mil veintitrés en acato a la suspensión provisional concedida a la parte quejosa, previo contradictorio entre las partes determinó modificar la medida cautelar de la prisión preventiva oficiosa, y en su lugar, se impuso diversas medidas cautelares de presentación periódica, exhibición de una garantía económica, prohibición de salir de determinado territorio y sometimiento al control y vigilancia de una autoridad. En tales circunstancias, el juez responsable consideró imponer a ********************, la medida cautelar prevista en el artículo 155 fracción I, II, V y VI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, consistente en: La presentación periódica ante el juez o ante autoridad distinta que aquél designe; La exhibición de una garantía económica V. La prohibición de salir sin autorización del país, de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial que fije el juez; y, VI. El sometimiento al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada o internamiento a institución determinada. Como se puede observar, el juez responsable proveyó al dar cumplimiento a la suspensión provisional decretada por este órgano jurisdiccional impuso ********************, la medida cautelar prevista en el artículo 155 fracciones I, II, V y VI, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Consecuentemente, se concede la suspensión definitiva del acto reclamado, para el efecto de que, en caso de que se solicite la modificación de las medidas cautelares decretadas al quejoso por el juez responsable en audiencia de nueve de noviembre de dos mil veintitrés, prevista en el artículo 155 fracción I, II, V y VI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, no se imponga la diversa de prisión preventiva oficiosa. Lo anterior, hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia que se dicte en el juicio de amparo en lo principal. Requisitos de efectividad. La suspensión provisional surte efectos desde luego, en términos del 136, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que haya lugar a fijar garantía dada la naturaleza y efectos concedidos de los actos reclamados Por lo expuesto y fundado, se; R E S U E L V E: Único. Se concede a ********************, la suspensión definitiva por los motivos expuestos en el considerando sexto de esta resolución. Notifíquese.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, trece de noviembre de dos mil veintitrés. Informa autoridad. Agréguese el oficio registrado con el número 17208, mediante el cual informa que en audiencia celebrada el nueve de noviembre de dos mil veintitrés, se levantó la suspensión del derecho político al voto de Juan Jesús Gómez Delgado, ordenado con motivo de la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en la audiencia inicial celebrada el veintiséis de junio del año en curso, en virtud de que ordenó su libertad exclusivamente por lo que hace a esa causa penal. De lo que se toma nota para los efectos legales conducentes. Sin mayor proveído. Por otra parte agréguese a los autos el oficio con número de registro 17207, sin que sea el caso hacer mayor pronunciamiento respecto de su contenido, toda vez que el diez de noviembre del año en curso, se proveyó respecto a diversos oficios de igual contenido. Notifíquese.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, diez de noviembre de dos mil veintitrés. Desahoga requerimiento. Vista la certificación secretarial que antecede, agréguese a los autos el escrito presentado por la representante legal de la moral ********************, en atención a su contenido, téngasele desahogando el requerimiento que le fue formulado a través del acuerdo de treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés; al respecto, señala que interpone recurso de revisión contra la resolución de veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Interpone recurso de revisión. Atento lo anterior, con apoyo en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86 y 88 de la Ley de Amparo, se tiene al autorizado legal de la moral quejosa, interponiendo recurso de revisión en contra de la sentencia de veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés; por tanto, distribúyanse entre las partes las copias de dicho recurso y previa constancia de esto último, dentro del término de tres días, contado a partir del día siguiente al que se integre debidamente el expediente, remítase el original del escrito de agravios y copia de éste al Tribunal Colegiado Materias Civil y de Trabajo del Decimoquinto Circuito, en esta ciudad, en turno, para la substanciación del recurso. Notifíquese.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, seis de noviembre de dos mil veintitrés. Transcurrió plazo. Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, se advierte que transcurrió el plazo de diez días establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia emitida el once de septiembre de dos mil veintitrés, en la que se otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal a David José Castellanos Carrillo, sin que lo hubieran hecho. Ejecutoria. Con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que la citada sentencia ha causado ejecutoria; en consecuencia, dense los avisos de ley. Efectos de la sentencia. Ahora, en la sentencia ejecutoriada se otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal para los siguientes efectos: "SÉPTIMO. Efectos de la concesión del amparo. De conformidad con el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, la protección constitucional otorgada a David José Castellanos Carrillo, es para el efecto de que el Juzgado Décimo Civil, Especializado en Materia Mercantil, con residencia en Tijuana, Baja California: 1. Deje sin efecto todo lo actuado en el juicio de origen, identificado como el juicio ejecutivo mercantil 340/2021 de su índice, a partir del citatorio y diligencia de emplazamiento respectivos del aludido quejoso. 2. Reponga el procedimiento en el citado juicio a fin de que se ordene llevar a cabo el emplazamiento en estricto apego a las leyes del procedimiento." Requerimiento a la autoridad responsable. Con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Juez Décimo Civil Especializado en Materia Mercantil, con sede en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días hábiles legalmente computado, informe el cumplimiento dado al fallo protector, remitiendo al efecto copia certificada de las constancias que así lo acrediten. Apercibimiento. Apercibida que de no hacerlo sin causa justificada, o bien, en caso de eludir el acatamiento del fallo protector con actos que no tiendan de manera directa a satisfacerlo, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, con apoyo en los ordinales 192, 193, 194, 237 fracción I y 258 de la Ley de Amparo y se procederá a remitir los autos al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, para la tramitación del incidente de inejecución de sentencia, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación ante la autoridad competente. Lo expresado encuentra sustento, en la tesis CLXXIV/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, noviembre de dos mil, página 6, que dice: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. SI UN SERVIDOR PÚBLICO, COMO AUTORIDAD RESPONSABLE INCURRE EN DESACATO DURANTE EL DESEMPEÑO DE SU CARGO, DEBE CONSIGNÁRSELE ANTE EL JUEZ DE DISTRITO QUE CORRESPONDA, AUNQUE HAYA DEJADO DE DESEMPEÑARLO." En la inteligencia de que el amparo y la protección de la Justicia Federal, impone a la autoridad antes señalada, acatar con toda diligencia la misma, de ahí que deberá atender de manera inmediata todas las eventualidades que se presenten, para cuidar que se observe la concesión que se otorga al impetrante, en el entendido de que si a fin de observar el debido cumplimiento a la ejecutoria de que se trata, es menester la intervención de diversas autoridades ligadas por cualquier motivo a la autoridad responsable, éstas deberán, dentro del término que le ha sido concedido, dictar las providencias necesarias, para que dentro del mismo plazo, la parte quejosa pueda obtener de manera eficaz, los efectos de la protección de la Justicia Federal. Una vez transcurrido el plazo concedido a la autoridad responsable, dese cuenta con todo el expediente, para los efectos legales conducentes; hágase la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.

Quedan 1 actuación en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana · 4,651 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano