Juan José Esparragoza Jimenez

Expediente 1914/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 12 actuaciones registradas, la última del 19 de febrero de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1914/2015
Año
2015
Actuaciones
12
Última actuación
19/02/2016

Partes del expediente

  • Juan José Esparragoza Jimenez
  • Comisionado del órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y readaptación Social dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    De conformidad con el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, a través del cual devuelve diligenciado el exhorto 470/2015, (número de orden 739/2015), de este índice, enviado para realizar la notificación del acuerdo de veintisiete de noviembre de dos mil quince, al quejoso, acúsese de recibo correspondiente y háganse las anotaciones en el libro respectivo. Atento a lo anterior, de la lectura del mismo se advierte que el quejoso José Juan Esparragoza Jiménez, manifestó lo siguiente: "me desisto de juicio de amparo indirecto 1914/2015" En consecuencia, toda vez que fue su deseo desistirse del presente asunto; tomando en consideración que los asuntos de esta naturaleza, sólo pueden seguirse a instancia de parte agraviada y ante la manifestación expresa de dicho quejoso, se le tiene por desistido del juicio constitucional en que se actúa. En esas condiciones, el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo establece: Artículo 63 El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: . .I. El quejoso desista de la demanda o no la ratifique en los casos en que la ley establezca requerimiento. En caso de desistimiento se notificará personalmente al quejoso para que ratifique su escrito en un plazo de tres días, apercibido que de no hacerlo, se le tendrá por no desistido y se continuará el juicio.(.). De lo anterior se advierte que la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada, de ahí que pueda válidamente desistir el quejoso en cualquier momento con la sola declaración de su voluntad; por consiguiente, con dicho desistimiento se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, y por consecuencia, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio de amparo promovido por José Juan Esparragoza Jiménez. En lo conducente resulta aplicable la tesis 39, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 681, del Tomo I, segunda parte, del Semanario Judicial de la Federación, octava época, cuyo texto refiere: "SOBRESEIMIENTO POR DESISTIMIENTO. Si durante la tramitación del juicio de amparo el quejoso se desiste expresamente de la demanda que interpuso, procede sobreseer el juicio constitucional con apoyo en la fracción I del artículo 74, de la Ley de Amparo". Así como la tesis VI.2o.19 K, sostenida por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 488, tomo III, febrero de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO POR DESISTIMIENTO EXPRESO DEL AGRAVIADO. Para que el desistimiento del agraviado proceda en el juicio constitucional, de conformidad con lo previsto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es menester que sea el propio quejoso quien presente el escrito y, además, que ratifique el mismo ante presencia judicial o funcionario con fe pública, previa identificación del interesado". En la inteligencia que al haber expresado dicho justiciable su voluntad a desistirse del presente juicio, ante presencia judicial; esto es, ante el fedatario judicial adscrito a este órgano de control constitucional, es evidente que no es necesario ordenar la ratificación de su decisión. En tal virtud, al haberse consentido expresamente por el promovente del amparo, el sobreseimiento decretado en este asunto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción III, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado analógica y supletoriamente, en términos del numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que el mismo ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2ª./J. 161/2010, sostenida por la Segunda Sala, visible en la página 687, tomo XXXIII, enero de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, del rubro y texto siguientes: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO PROCEDE SU RETRACTACIÓN UNA VEZ RATIFICADO ANTE LA PRESENCIA JUDICIAL. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 119/2006, de rubro: "DESISTIMIENTO EN EL AMPARO. DEBE SER RATIFICADO POR EL QUEJOSO.", sostuvo que la ratificación del escrito de desistimiento de la demanda de amparo tiene como objeto verificar la identidad de quien desiste, esto es, cerciorarse de que no se trate de un ocurso en el que se haya suplantado al interesado o que obedezca a una causa ajena a su voluntad. Ahora bien, la retractación de dicho desistimiento debe hacerse dentro del plazo de tres días previsto para su ratificación o durante el desarrollo de la diligencia relativa, en términos de la fracción III del artículo 30 de la Ley de Amparo. De lo que se sigue que si el peticionario de garantías pretende abandonar su intención de desistir de la demanda de amparo después de ratificar el desistimiento ante la presencia judicial, no es posible que la retractación surta efectos a su favor, pues la sola ratificación actualiza la causal de sobreseimiento prevista en la fracción I del artículo 74 de la citada Ley; máxime que lo contrario atentaría contra la garantía de seguridad jurídica y el principio general de derecho consistente en que los actos jurídicos no pueden dejarse al arbitrio de una de las partes. Lo anterior es así, con independencia de que dicha retractación se presente antes del dictado de la sentencia definitiva correspondiente, en la medida en que la negativa a acordar favorablemente la abdicación emana de la naturaleza intrínseca que le inculca la ratificación previa del escrito de desistimiento, además de que, en todo caso, la sentencia que se emita al respecto y decrete el sobreseimiento tendrá carácter declarativo, al manifestar una causa legal que impide la continuación del juicio o que pueda resolverse la cuestión de fondo originalmente planteada." Así como la tesis 2ª./J. 161/2010, sostenida por Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 527, tomo XI, abril de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, del rubro y texto siguientes: "DESISTIMIENTO. RETRACTACIÓN IMPROCEDENTE SI AQUÉL FUE PREVIAMENTE RATIFICADO ANTE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL CORRESPONDIENTE. La facultad irrestricta que tiene el quejoso para desistir de su demanda de garantías se basa en el principio de instancia de parte agraviada, conforme al cual, además de ser él quien puede exigir a los órganos judiciales que la impartan, su protección contra cualquier ley o acto de autoridad que lo lesione en su esfera jurídica, también es quien puede renunciar voluntariamente a que se le otorgue dicha protección. En ese tenor, si el quejoso, haciendo uso de esa facultad, desiste de su demanda de amparo, ratificando su voluntad en ese sentido ante el órgano jurisdiccional correspondiente, no puede surtir efectos un acto posterior de retractación de ese desistimiento, pues éste causó estado por su sola ratificación, actualizándose en dichas circunstancias la indudable y manifiesta causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XI de la Ley de Amparo, relacionado con el artículo 145 del mismo ordenamiento legal." De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto: a) De conformidad con el punto décimo fracción I, del citado Acuerdo, corresponde al archivo judicial reciente, y no es de los considerados de relevancia histórica, documental ni jurídica. b) Asimismo, en términos del punto vigésimo primero del referido acuerdo este expediente es destruible, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción II, de dicho punto, al ser un juicio de amparo sobreseído, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes. c) Transcurrido el término de tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico de Documentación y Análisis, designado para su resguardo. d) Pasados cinco años, del dictado del auto de archivo, este expediente es destruible. Finalmente, háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno, Sistema de Seguimiento de Expedientes, y en la carátula del juicio en que se actúa.

  2. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante proveído de tres de febrero del año en curso, se dio vista a las partes con el informe justificado rendido por el Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad, de la Secretaría de Gobernación, y al día de la fecha no media el plazo de ocho días que contempla el párrafo segundo del artículo 117 de la Ley de Amparo. Por tanto, a fin de que se cumplimente lo anterior, y no violar las reglas que rigen el juicio de garantías o causar un menoscabo en los derechos fundamentales de las partes, con fundamento en el referido numeral de la ley de la materia, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy, y se fijan las diez horas con veinticinco minutos del diez de marzo de dos mil dieciséis, para que tenga verificativo.

  3. Principal

    Visto el oficio de cuenta enviado por el Titular de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos y en ausencia de este el Director de Amparos y Derechos Humanos en representación del Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad, de la Secretaría de Gobernación, mediante el cual rinde su informe justificado, señala domicilio procesal para oír y recibir notificaciones y designa delegados; con apoyo en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con el para que se impongan de su contenido, asimismo, hágase relación de el en la audiencia constitucional. Por otra parte, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas, dada su propia y especial naturaleza las documentales que anexó la autoridad responsable; sin perjuicio de relacionarlas de nueva cuenta en la audiencia constitucional. Finalmente, con fundamento en los artículos 9 y 28, fracción I de la ley de la materia, se tiene como delegados a las personas que señala y como domicilio procesal para oír y recibir notificaciones el que designa la responsable supracitada.

  4. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que está transcurriendo el término de ocho días, establecido en el párrafo segundo del artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan de los informes justificados de mérito, resulta procedente diferir la audiencia constitucional señalada para hoy y en su lugar se fija las once horas con cuarenta y cinco minutos del nueve de febrero de dos mil dieciséis, para celebrarla. Aplica a lo anterior la jurisprudencia P./J. 54/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado, ..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario." (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, Tomo XI, Abril de 2000.

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