Juan Jose Brondo Gutierrez
Expediente 1065/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1065/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 13/07/2022
Partes del expediente
- Juan Jose Brondo Gutierrez
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México, trece de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el auto que desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con relación al punto 8.1.2 en su numeral 4, del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; una vez que transcurran tres años de archivado, el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental.
- Principal
Toluca, Estado de México, veintinueve de junio de dos mil veintidós. Registro Vista la demanda que promueve ++++++, por propio derecho, con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, y regístrese bajo el número 1065/2022-I-B. Precisión del acto reclamado Del análisis de la demanda se precisa que el acto reclamado consiste en: Los autos dictados en el expediente 233/2020 radicado en el Juzgado Cuarto Mercantil de Toluca, tendentes a ejecutar el embargo del bien inmueble ubicado en Calle Miguel Hidalgo, número quinientos once, Barrio de San Miguel, municipio de San Mateo Atenco. En ese sentido, se advierte que en el presente asunto se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 17 y 18 del ordenamiento legal en cita, que se analiza oficiosamente, en términos de lo dispuesto por el diverso numeral 62 de la ley de la materia en cita. A efecto de corroborar lo anterior, conviene citar el contenido literal de la porción normativa a que se ha hecho referencia en el párrafo anterior, el cual es del tenor siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento." De la interpretación de la porción normativa transcrita, permite aducir válidamente que el motivo de improcedencia descansa esencialmente en la inobservancia al principio rector del juicio de amparo, relativo a la presentación oportuna de la demanda de amparo, ya que al no promoverse dentro del plazo establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo, conlleva a su extemporaneidad. Por su parte, los artículos 17 y 18 de la ley de la materia, establecen lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Ahora bien, del primero de los preceptos transcritos se desprende que la presentación o promoción de la demanda de amparo deberá sujetarse al término de quince días, salvo las diversas excepciones que contempla dicho numeral como son: (1) Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, el plazo para su presentación será de treinta días; (2) En el caso de que el acto reclamado lo constituya una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, la demanda podrá presentarse en un plazo de hasta ocho años; (3) Tratándose de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, el plazo para la promoción del amparo será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; y, (4) Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, la demanda podrá presentarse en cualquier tiempo. Por su parte, en el artículo 18 de la Ley de Amparo, se establecen las diversas reglas para computar el término de los quince días dentro de los cuales ha de presentarse la demanda de amparo para tenerla como oportuna, pues en este último se indica que el término deberá computarse: a) A partir del día siguiente en que surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; b) Al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o, c) Al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. En esas condiciones, es claro que la intención del legislador fue la de establecer que el plazo para la promoción del juicio de amparo, debe computarse a partir del día siguiente a aquél en que se verifique cualquiera de las tres hipótesis establecidas con antelación. Puntualizado lo anterior, conviene reiterar que el acto que se reclama en la presente instancia constitucional son los autos dictados en el expediente 233/2020 radicado en el Juzgado Cuarto Mercantil de Toluca, tendentes a ejecutar el embargo del bien inmueble ubicado en Calle Miguel Hidalgo, número quinientos once, Barrio de San Miguel, municipio de San Mateo Atenco. Lo cual, bajo protesta de decir verdad, la parte quejosa manifiesta tuvo conocimiento el veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, tal como lo refiere en su escrito de demanda. Ahora bien, se destaca que dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles,1 de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Es aplicable a lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en las páginas 294 y 295 del Tomo LXXXIX, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 321664, cuyo rubro y texto son: "AMPARO, CONFESIÓN EN EL. Es indudable que en el juicio de amparo no se admite la prueba de confesión, porque el artículo que la prohíbe, quiere vedar la que se provoca por medio de posiciones; pero esto no quiere decir que no tenga eficacia probatoria la confesión que, de manera espontánea, hagan las partes en sus memoriales y sólo pueda dejarse de considerar eficaz, si hay prueba de mayor fuerza que la desvirtúe." Bajo esa óptica, debe decirse que si tuvo conocimiento de los actos el veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, surte sus efectos al día siguiente, esto es, veinticinco de junio de dos mil veintiuno; por tanto, el término de quince días para que acudiera en demanda de amparo transcurrió del veintiocho de junio al dieciséis de julio ambos de dos mil veintiuno; descontando de dicho computo los días veintiséis y veintisiete de junio y tres, cuatro, diez y once de julio de dos mil veintiuno, por haber sido sábados y domingos, de ahí que si la demanda se depositó en el Buzón Judicial de la Oficialía de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, el veintiocho de junio de dos mil veintidós; resulta inconcuso que se presentó de forma extemporánea, esto es, fuera del término de quince días que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 115/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Novena Época, página 5, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XIV, en relación con los diversos numerales 17 y 18 ambos de la ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo promovida por Juan José Brondo Gutiérrez, en términos de lo dispuesto por la fracción V, del artículo 63 de la Ley de Amparo, en virtud de ser notoriamente improcedente. Domicilio Conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la quejosa el señalado en el proemio de su demanda. En la inteligencia que de ser incierto o inexacto ese sitio, o estar dentro de algún condominio o edificio y, no se le permita el acceso al Fedatario judicial, o bien, no se pueda ingresar por otra circunstancia, se le notificará por lista esa determinación y las subsecuentes, aún las de carácter personal, en los estrados de este Juzgado, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. Autorizados Por otra parte, en relación a las personas que designa como autorizados; con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, dígasele que éstos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. Notificación especial a las partes En términos del Acuerdo General 20/2021, hágase del conocimiento de las partes que el instrumento que regirá la actividad de este órgano jurisdiccional hasta el siete de agosto de dos mil veintidós o hasta que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal lo determine, será el Acuerdo General 92022. Apartado especial actuarios Asimismo, de conformidad con el artículo 2, fracción XII, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, se comisiona al actuario de la adscripción para que mediante notificación electrónica a través del Portal de Servicios en Línea, por oficio electrónico o digitalizado con firma electrónica, por lista electrónica según corresponda realicen las notificaciones que se emitan en el presente sumario; asimismo, para que realicen todas y cada una de las comunicaciones que deriven del presente juicio en los términos que manda la ley. De igual manera, en este acto se les instruye para que verifiquen que los oficios que deriven del presente acuerdo y subsecuentes, se entreguen de manera correcta a sus destinatarios. Expedición de copias Desde este momento se autoriza a las partes la reproducción de copias fotostáticas a su costa, sin que medie petición al respecto, atendiendo el derecho fundamental contenido en el artículo 17 Constitucional; en el entendido que previa entrega, deberá quedar debidamente asentado en autos su recepción, ello para su constancia legal. Habilitación de días y horas inhábiles En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles.
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