Juan José Chiw Galván

Expediente 1278/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 21 actuaciones registradas, la última del 8 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
1278/2018
Año
2018
Actuaciones
21
Última actuación
08/12/2020

Partes del expediente

  • Juan José Chiw Galván

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, OCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Vista; la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el veintinueve de octubre de dos mil veinte, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, promovido por Parque Industrial Platinium, Sociedad Anónima de Capital Variable; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En términos del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el numeral Vigésimo Segundo del propio acuerdo. En virtud de lo anterior, hágase saber a la parte quejosa que se ponen a su disposición los documentos en copia certificada que exhibió en el presente asunto; para lo cual cuenta con noventa días hábiles para recogerlos, esto, de acuerdo al párrafo segundo del artículo 21 del referido acuerdo general. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    mesa 3 VISTOS; para resolver los autos del juicio de amparo número 1278/2018-3, promovido por PARQUE INDUSTRIAL PLATINIUM, sociedad anónima de capital variable, a través de su Administrador Juan José Chiw Galvan, contra actos de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales del Ayuntamiento de Centro, Tabasco, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades, por violación a los artículos 1, 14, 16 y 17 Constitucionales; y, RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el veintiuno de agosto de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, y turnado a este órgano jurisdiccional el veintidós siguiente, PARQUE INDUSTRIAL PLATINIUM, sociedad anónima de capital variable, a través de su Administrador Juan José Chiw Galvan, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos y autoridades que a continuación se detallan: ACTOS RECLAMADOS "La orden de cierre, clausura, suspensión, inmovilización o embargo girada en contra de mi representada PARQUE INDUSTRIAL PLATINIUM S.A. DE C.V., con relación a tres fracciones de terreno, propiedad de mi mandante [.] La ejecución de dicha orden, con sus consecuencias jurídicas y materiales [.] La falta de notificación y la violación a la garantías de audiencia de mi mandante, toda vez que mi representada nunca fue debidamente emplazada, llamada a contender, notificada o hecha saber de forma alguna del procedimiento administrativo contenido en el expediente número 140/2018. El contenido de la resolución emitida en fecha 22 de agosto de 2018, en dicho expediente administrativo. En su caso, la aplicación indebida de una multa en perjuicio de mi mandante." AUTORIDADES RESPONSABLES 1 CABILDO DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO. 2 PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO. 3 DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES. 4 JOSÉ LUIS FRÍAS OVANDO, INSPECTOR ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES. 5 DIRECCIÓN DE FINANZAS DEL H.AYUNTAMIENTO DE CENTRO, TABASCO. 6 ANDRÉS ÁLVAREZ PANDURO, NOTIFICADOR ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. En proveído de veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, se admitió a trámite la demanda de que se trata, la cual fue registrada con el expediente 1278/2018-3; se requirió a las autoridades señaladas como responsables para que rindieran su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al Agente del Ministerio Público de la adscripción; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, TERCERO. AUTORIDAD INEXISTENTE. En veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho (foja 208), se dejó de tener como autoridad responsable a la que el quejoso denominó como Cabildo del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, Tabasco, por inexistentes sus actos y se suspendió toda comunicación con la misma, llevándose a cabo la audiencia constitucional en los términos del acta que aparece levantada al respecto. CUARTO.- REPOSICIÓN DE PROCEDIMIENTO. El diez de diciembre de dos mil dieciocho (fojas 289 a 292), se celebró la audiencia en el presente amparo, dictándose la resolución correspondiente, en la que sobreseyó el amparo promovido por la parte quejosa, inconforme contra dicha resolución la parte quejosa interpuso recurso de revisión, y por ejecutoria de veintidós de julio de dos mil veinte, el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Circuito, revocó la sentencia recurrida y ordenó reponer el procedimiento a partir del acuerdo de veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, dejando sin efectos la audiencia constitucional y la sentencia dictada, sin afectar las diligencias practicadas con anterioridad, y para el efecto de que proveyera lo conducente en lo relativo al requerimiento que se hizo al Inspector adscrito a la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, del Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco y se allegue de las constancias que considere necesarias para resolver el asunto. QUINTO. CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA En auto de veintiséis de agosto del presente año, se dejó sin efecto la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo, y se señaló nueva hora y fecha para su celebración, y se requirió a la autoridad responsable Inspector adscrito a la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales del Ayuntamiento Constitucional del Centro, Tabasco, para que remitiera copia certificada de todas y cada una de las actuaciones que integren el acto reclamado, por lo que en acuerdo de veintitrés de septiembre del presente año, se tuvo al Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales de Centro, Tabasco, con residencia en esta ciudad, remitiendo copia certificada del expediente administrativo 140/2018, dándose vista a las partes, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo; llevándose a cabo al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en términos del Acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Lo anterior, en virtud de que el acto reclamado tiene ejecución en la circunscripción donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I1, de la Ley de Amparo; para eso, es imprescindible efectuar un examen conjunto de la demanda de garantías. 1 Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado; Al respecto, es de tomar en cuenta la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, de rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD".2 Asimismo, es aplicable la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente reclama: a).- La omisión de citar a la quejosa al procedimiento administrativo 140/2018. b).- La resolución administrativa de veintidós de agosto de dos mil dieciocho, en la que impuso como sanción el pago de una multa y la clausura de la obra. 2 Esta tesis y las subsecuentes que se citen en el presente fallo, que se hayan formulado antes de la Ley de Amparo publicada dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, se aplican con base en el artículo Sexto transitorio del Decreto de creación de ésta, mismo que prevé que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga al nuevo ordenamiento jurídico. TERCERO.- INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. El Presidente Constitucional del Municipio de Centro, Tabasco, al rendir informe justificado negó la existencia del acto que se le reclama, sin que la parte quejosa haya aportado prueba en contrario que desvirtúe dicha negativa. En efecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de sus derechos fundamentales que alega, ya que el que insta el juicio de amparo tiene la ineludible obligación de establecer, directamente o mediante el informe rendido por la autoridad responsable, la existencia del acto que impugna y a justificar, con los medios de pruebas que tiene a su alcance, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, la autoridad responsable no rinda el mencionado informe. Resulta aplicable, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 180 del Tomo III, Apéndice de 1917 a 2000, cuyo contenido es: "INFORME JUSTIFICADO. LA SIMPLE NEGATIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS ES SUFICIENTE PARA QUE SE TOME EN CUENTA, SIN QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE TENGA QUE AGREGAR OTRAS MANIFESTACIONES O ANEXAR PRUEBAS.- No afecta jurídicamente al informe en que las autoridades responsables se limitan a exponer que no son ciertos los actos que de cada una de ellas se reclaman, que en él no se haga mención del nombre y domicilio del tercero perjudicado ni se manifieste si se han realizado actos similares o distintos de los reclamados que afecten o puedan afectar los derechos agrarios de los quejosos, ni, en su caso, los fundamentos legales de aquéllos; sin que, asimismo, se informe sobre los actos en virtud de los cuales los quejosos adquirieron los derechos agrarios que aducen, ni se remitan las constancias necesarias para precisar tales derechos. Dichas omisiones no bastan para invalidar la negativa de los actos reclamados por parte de las autoridades responsables, al no encontrarse desvirtuada por prueba alguna en contrario, ni existir disposición legal que determine que las repetidas omisiones acarreen como consecuencia la presunción de ser ciertos los actos reclamados, procediendo el sobreseimiento del juicio de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Por ende, se consideran inexistentes los referidos actos reclamados. Es aplicable lo expuesto en la tesis IX.1o.83 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, Septiembre de 2004, página 1714, cuyo rubro y texto es: "ACTO RECLAMADO. EL SOLO DICHO DEL QUEJOSO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD NO DEMUESTRA SU EXISTENCIA. Ninguna eficacia probatoria tiene, para demostrar la existencia del acto reclamado, la circunstancia de que se promueva el juicio de amparo y que bajo protesta de decir verdad se exprese en la demanda que son ciertos los actos reclamados, pues ello no desvirtúa su negativa por parte de las autoridades responsables". Ante tales circunstancias, con fundamento en lo dispuesto en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, se SOBRESEE en el presente juicio por la inexistencia de actos. ESTELA ANGÉLICA MENA ROSADO Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 284, visible a página 236, Tomo VI, Materia Común, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que literalmente reza: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." CUARTO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. El Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos adscrito a la Dirección de Obras Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales del Ayuntamiento de Centro, Tabasco, el Director de Finanzas del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, Tabasco, y el Inspector y Ejecutor de Resoluciones en Materia de Anuncios y Construcción adscrito a la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Dirección de Obras Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales de Centro, Tabasco, al rendir informe justificado negaron la existencia de los actos que se les reclaman; sin embargo, dicha negativa se desvirtúa con las constancias que remitieron en su informe justificado, relativas al procedimiento administrativo 140/2018, donde se desprende la certeza de los actos reclamados. Por su parte, José Luis Frías Ovando, Inspector adscrito a la Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales del Ayuntamiento de Centro, Tabasco, omitió rendir informe justificado, a pesar de estar legalmente notificado para ello, como se advierte de la constancia de notificación que obra a fojas 129 y 221 de autos, por lo que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se presume cierto los actos que se le reclaman, además de que de las constancias remitidas por la responsable, consistente en el expediente administrativo 140/2018, se desprende la existencia de los actos que se le reclaman; las cuales cuentan con la validez probatoria que le confieren los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, así como siguiendo la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación de 1995, de rubro "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO", lo que evidencia la certeza de los actos reclamados, por lo que así deberá tenerse para los efectos legales procedentes. QUINTO. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO. 1.- En veinticinco de julio de dos mil dieciocho, el Inspector adscrito a la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales del Ayuntamiento de Centro, dejó citatorio de espera a quien resulte responsable y/o Parque Industrial Platinium, sociedad anónima de capital variable, a fin de que esperara al notificador el treinta y uno de julio siguiente (foja 270). 2.- Orden de visita de inspección 0592, de fecha treinta de julio de dos mil dieciocho (foja 269). 3.- El treinta de julio de dos mil dieciocho, se levantó el acta de inspección (fojas 271 a 276). 4.- Acta circunstanciada de la inspección de treinta y uno de julio de dos mil dieciocho (foja 277). 5.- Resolución de veintidós de agosto de dos mil dieciocho, en la que se resolvió sancionar a la empresa denominada PARQUE INDUSTRIAL PLATINIUM, sociedad anónima de capital variable, a través de su representante legal y/o quien resulte responsable, con el pago de una multa por la cantidad de $8,060.00 (ocho mil sesenta pesos 00/100 moneda nacional), por la infracción cometida al momento de realizar la visita de inspección; se ordenó la clausura de la obra que realiza la empresa denominada PARQUE INDUSTRIAL PLATINIUM, sociedad anónima de capital variable hasta que realice los trámites correspondientes y obtenga, las autorizaciones exigidas y exhiba copia de dichas autorizaciones, se le apercibió para que acreditara que cuenta con las autorizaciones para ocupar la zona federal ubicado en la calle Dos sin número en la Ranchería Anacleto Canabal 1ra Sección (Parque Industrial) de este municipio de Centro, Tabasco, y en caso de no contar con las mismas se le ordena liberar la zona federal (laguna) que ocupa, otorgándole el plazo de quince días naturales, así como que deberá pagar la multa impuesta, y se ordenó enviar copia de la resolución a la Dirección de Finanzas del Ayuntamiento de Centro, para que hiciera efectivo el cobro de la multa impuesta (fojas 261 a 267). 6. El veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, se notificó la sentencia mediante cédula que se dejó fijada en la puerta de la entrada (fojas 259 y 260). SEXTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Por ser una cuestión de orden público y, por ende, de análisis preferente se procede a determinar si existen causas que impliquen la improcedencia del juicio de amparo intentado, ya sea que las hagan o no valer las partes, o bien, acorde con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, de oficio las advierta quien esto resuelve e impidan abordar el análisis de fondo de la cuestión debatida en esta instancia constitucional. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia con número de registro 210784, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 87, octava época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 80, agosto de 1994, que dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Para el suscrito Juzgador Federal, respecto del acto reclamado consistente en la omisión de citar a la quejosa al procedimiento administrativo 140/2018, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción VI, aplicada en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, y en consecuencia, lo procedente es sobreseer en el juicio de garantías, en términos de la fracción V del precepto 63 del ordenamiento legal citado. Los referidos numerales de la ley reglamentaria, disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas;." Del primero de los preceptos citados, se colige que las causas de improcedencia del juicio de amparo, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Constitución Federal o de la Ley de Amparo, dado que las veintidós primeras fracciones del citado artículo 61, establecen algunos de los supuestos de improcedencia del juicio de amparo, pero no son los únicos en que dicho juicio puede estimarse improcedente, pues existen otras causas claramente previstas en los diversos preceptos de la Constitución Federal y de la propia Ley de Amparo. Es ilustrativo al caso, por analogía, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página mil trescientos cuarenta y cuatro, del Libro 2, Enero de dos mil catorce, Tomo II, de la Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 2005313, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013. Esta fracción debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia del juicio de amparo que enunciativamente prevé, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que de suyo implica que las fracciones I a XVII del artículo 73 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia, pero no son los únicos, pues existen otras causas de improcedencia claramente previstas en algunos de los preceptos de la Constitución Federal y de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Por tanto, no existe imprecisión en torno de las causas de improcedencia contenidas en esa fracción." Por su parte, del segundo de los numerales reproducidos, se concluye que el juicio de amparo es procedente contra actos ejecutados dentro y fuera de juicio que afecten a personas extrañas a éste. A ese respecto, conviene anotar algunas precisiones técnicas que se relacionan con la temática que envuelve el tópico que aquí se analiza. En primer lugar, cabe resaltar que la solicitante del amparo acude a esta vía constitucional mediante la procedencia del juicio prevista en la fracción VI del numeral 107 de la Ley de Amparo, esto es, bajo el carácter de tercero extraño. En primer lugar, cabe resaltar que la solicitante del amparo acude a esta vía constitucional mediante la procedencia del juicio prevista en la fracción VI del numeral 107 de la Ley de Amparo, esto es, bajo el carácter de tercero extraño; en ese sentido debe decirse que suelen expresarse de forma indistinta los términos "persona extraña" y "tercero extraño"; sin embargo, acorde con la interpretación jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el concepto de persona extraña a juicio es más amplio que el de tercero extraño, porque en aquél se incluye también al propio demandado cuando no es emplazado, o cuando los vicios en el emplazamiento le impiden conocer los datos necesarios para defenderse. Luego, para efecto de lo preceptuado en el artículo 107, fracción VI, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluido en este concepto, como ya se dijo, la parte formal que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente. Ilustra a lo antes dicho la Jurisprudencia P./J. 7/98, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página cincuenta y seis, del tomo VII, Enero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente." Así, no obstante en el caso la quejosa es parte formal en el procedimiento administrativo 140/2018, instaurado en su contra de donde derivan las consecuencias que reclama, precisamente por figurar como demandada, lo cierto es que no lo es en el aspecto material, dado que -según aduce- no se le ha llamado legalmente a efecto de que pudiera estar en condiciones de enderezar una defensa adecuada dentro del mismo. Desde otro ángulo, conviene destacar también lo relativo a definir cuál es la naturaleza del acto jurídico procesal del que la parte aquí quejosa dice no se llevó a cabo, es decir, el denominado llamamiento a juicio o emplazamiento. En ese sentido, el emplazamiento es un acto procesal mediante el que un órgano jurisdiccional realiza un acto procesal a efecto de hacer saber a la parte interesada la existencia de una controversia en la que interesa comparezca con el ánimo de que se defienda eficazmente; esto es, el emplazamiento es una de las figuras del derecho procesal que tiene un grado de importancia supremo, porque lleva implícita la satisfacción y respeto al derecho fundamental de audiencia y defensa que cualquier gobernado debe tener frente al desarrollo de un procedimiento tendiente a afectarlo en su esfera jurídica, ya sea de carácter civil, administrativo, familiar, laboral, entre otros. De ahí que ante su falta o irregular satisfacción conforme a las reglas procesales de cada materia, tal situación es productora de transgresión a las formalidades esenciales del procedimiento y, por ende, de resultar viciada, acarrea que todas las actuaciones que fueron realizadas en ausencia del no llamado o indebidamente emplazado, queden nulas. Así pues, el emplazamiento constituye una actuación procesal de trascendental importancia para el respeto del derecho fundamental previsto en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Federal, porque es una de las más importantes formalidades esenciales del procedimiento, ya que por medio de ella se hace del conocimiento a la parte demandada la existencia de un procedimiento o juicio en su contra, que bien puede concluir con la privación de sus derechos; luego, es necesario llamarlo para que tenga oportunidad de alegar lo que considere oportuno, oponer excepciones y defensas y ofrecer pruebas. De igual manera, el emplazamiento debe satisfacer todas las formalidades requeridas por la ley, pues de no hacerlo vulneraría de manera directa el derecho fundamental de audiencia previsto por el numeral 14 de nuestra Carta Magna. Ilustra a lo anterior, la Jurisprudencia P./J. 47/95, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la nación, visible en la página ciento treinta y tres, del tomo II, Diciembre de mil novecientos noventa y cinco, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del contenido siguiente: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado." Ahora bien, del análisis integral de las constancias que integra el expediente administrativo 140/2018, documental pública que tiene pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 130, 197, 202 y 217, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2°, ya que los fueron expedidos por servidor público en ejercicio de las atribuciones que legalmente le competen. Además de que no fueron impugnadas por la quejosa, pues en su ampliación de demanda únicamente controvierte la notificación de la resolución impugnada, por lo que dichas actuaciones son consentidas. Pues de dichas documentales se desprende que el veinticinco de julio de dos mil dieciocho se dejó citatorio para que esperara al funcionario el treinta y uno de julio del mismo año, para verificar los permisos del relleno y nivelación de terreno el cual invade la laguna, citatorio que se dejó fijado en la puerta de entrada del predio localizado en calle dos sin número, ranchería Anacleto Canabal primera sección (parque industrial), y al no presentarse persona alguna se levantó el acta circunstanciada dejando pegada en la puerta de la entrada la orden de visita 0592, de ahí que tuvo conocimiento del procedimiento administrativo instaurado en su contra. Lo anterior se desprende de la propia demanda de la quejosa pues corrobora que desde el treinta y uno de julio de dos mil dieciocho fecha en que se levantó el acta de inspección, tuvo conocimiento de que las responsables acudieron a su domicilio; de ahí que sí tuvo conocimiento del proceso administrativo 140/2018, antes de la emisión de la resolución. De la reseña plasmada, se pone de manifiesto que aun cuando la quejosa acude en demanda del amparo ostentándose como persona extraña al procedimiento administrativo 140/2018, pues reclama que no tenía conocimiento de su existencia lo cierto es que, el veinticinco de julio de dos mil dieciocho se dejó citatorio de espera para el treinta y uno de julio del mismo año, a fin de verificar los permisos del relleno y nivelación de terreno que invade la laguna, citatorio que se dejó fijado en la puerta de entrada del predio localizado en calle dos sin número, ranchería Anacleto Canabal primera sección (parque industrial), levantándose la respectiva acta circunstanciada al no encontrarse persona alguna razón por la cual la orden de visita 0592 también se dejó pegada en la puesta de la entrada. Por lo que, contrario a lo señalado por la quejosa, sí tuvo conocimiento del procedimiento administrativo del que deriva la materia de su reclamo, precisamente desde el momento en que se dejó citatorio de espera al cual no acudió, por lo que se desvirtúa el carácter de tercero extraño a juicio pues pudo atender a la notificación fijada en su domicilio y así poder defender sus derechos que reclama. De ahí que se desprende que la hoy quejosa fue notificada de la orden de inspección, así como de la resolución de veintidós de agosto de dos mil dieciocho y por tanto tuvo conocimiento de dicha determinación dictada en su contra. Por otra parte, en cuanto hace al acto reclamado consistente en la resolución administrativa de veintidós de agosto de dos mil dieciocho, en la que impuso como sanción el pago de una multa y la clausura de la obra, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, el cual se transcribe a continuación: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] .XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia". El promovente del amparo reclama en esta vía constitucional, la resolución administrativa dictada el veintidós de agosto de dos mil dieciocho, en el expediente administrativo 140/2018, mediante la cual se le impuso como sanción el pago de una multa, así como la clausura de la obra. La Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País determinó los elementos constitutivos del interés legítimo e interés jurídico como requisitos para promover el juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 107 fracción I, de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, el cual establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente. Sustenta lo anterior en la Jurisprudencia 2ª./J.51/2019, sustenta por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1598, Libro 64, Marzo de 2019, Tomo II, con número de registro 2019456, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." Sentado lo anterior, de las constancias que remitió la autoridad responsable así como con lo que manifestó, se desprende que la hoy quejosa rellenaba y nivelaba el terreno invadiendo la laguna natural con una superficie aproximada de tres mil metros cuadrados, llevando un avance del cuarenta por ciento, lo que incurrió en lo dispuesto en el mencionado en el Reglamento de Construcciones del Municipio de Centro, Tabasco, pues no contaba con la licencia o permiso expedido por la autoridad competente. Ahora bien, los artículos 3, 46, 47, 49, 316, 319 y 320 del Reglamento de Construcciones del Municipio de Centro, Tabasco, disponen: "ARTICULO No.3 ATRIBUCIONES La aplicación e interpretación del presente Reglamento corresponderá al H. Ayuntamiento o Consejo Municipal, o Presidente Municipal o de consejo, quienes ejercerán las atribuciones que este ordenamiento les confiere, por conducto de la Dirección de Obras Asentamientos y Servicios Municipales, sin que esto impida la intervención directa de dichos órganos. Para la construcción de las atribuciones que se les otorgan, tendrá las siguientes facultades: [.] VI. Realizar inspecciones a las obras en proceso de ejecución o terminadas, a fin de verificar si se realizan o realizaron conforme a las licencias de construcción otorgadas. [.] XII. Ordenar la suspensión temporal o la clausura de obras, en ejecución o terminadas, y la desocupación, en los casos previstos por este Reglamento. XIII. Imponer las sanciones correspondientes por violaciones a este reglamento. [.]" "ARTICULO No. 46 CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO Y ASIGNACIÓN DE NUMERO OFICIAL. El Ayuntamiento, a solicitud del propietario de un predio, en la que precise el uso que se pretenda dar al mismo, expedirá un documento con los datos del alineamiento oficial, en el que se fijarán las restricciones especificadas para cada zona o las particulares de cada predio, que se encuentren establecidas por los órganos de planificación, conforme a las facultades que se le confiere en el artículo 2 de éste reglamento." "ARTICULO No. 47 PRESENTACIÓN DEL ALINEAMIENTO OFICIAL La ejecución de toda obra nueva, o la modificación, o ampliación de una existente, requiere para que se expida la licencia respectiva, la presentación de la constancia del alineamiento oficial." "ARTICULO No. 49 Toda licencia para ejecución de obras, públicas o privadas deberá sujetarse a lo establecido en los Programas de Desarrollo Urbano, conforme a lo señalado en la Ley de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial del estado de Tabasco y su Reglamento Las obras que se realicen en contravención a lo dispuesto por los Programas de Desarrollo Urbano se harán acreedores a la sanción que establece la propia Ley." "ANTICULO NO. 316 El Ayuntamiento, en los términos de este Capítulo, sancionará con multa a los propietarios o poseedores, a los titulares, a los Directores Responsables de Obra, a los Corresponsables, y a quienes resulten responsables de las infracciones comprobadas en las visitas de inspección a que se refiere el capítulo anterior. La imposición y cumplimiento de las sanciones no eximirá al infractor de la obligación de corregir las irregularidades que hayan dado motivo al levantamiento de la infracción. Las sanciones que se impongan serán independientes de las medidas de seguridad que ordene el Ayuntamiento en los casos previstos en este Reglamento, y podrán ser impuestos conjunta o separadamente a los responsables." "ARTICULO NO. 319 Independientemente de la Aplicación de las sanciones pecuniarias a que se refiere el presente Capítulo, el Ayuntamiento podrá suspender o clausurar las obras en ejecución en los siguientes casos: [.] VIII. Cuando la obra se ejecute sin la licencia correspondiente." "ARTICULO NO. 320 Independientemente de la imposición de las sanciones pecuniarias a que haya lugar, el Ayuntamiento podrá clausurar las obras terminadas cuando ocurra alguna de las siguientes circunstancias. I. Cuando la obra se haya ejecutado sin licencia. [.]." Del primer precepto se desprende que el Director de Obras Asentamientos y Servicios Municipales tiene las facultades entre otros para realizar inspecciones a las obras, verificar si se realizan o realizaron conforme a las licencias de construcción otorgadas, ordenar la suspensión temporal o la clausura de obras e imponer las sanciones correspondientes por violaciones al reglamento. El segundo de los preceptos señala que el Ayuntamiento es quien expide los documentos de la solicitud del propietario con los datos del alineamiento oficial para cada predio. Por su parte el numeral 47 antes transcrito dispone que toda obra nueva, modificación o ampliación de una existente requiere la expedición de la licencia respectiva. El numeral 49, prevé que las licencias para su ejecución de obras públicas o privadas debe sujetarse a lo establecido en los Programas de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial del Estado de Tabasco y su Reglamento, así como que las obras que se realicen en contravención se harán acreedores a la sanción establecida en la ley. Por su parte el artículo 316, faculta al Ayuntamiento para sancionar con multa a los propietarios o poseedores y a quien resulte responsable de las infracciones comprobadas en las visitas de inspección. Asimismo el diverso 319, faculta al Ayuntamiento para que además de la aplicación de las sanciones pecuniarias que imponga, puede suspender o clausurar las obras en ejecución, cuando la obra se ejecute sin licencia. Y el ordinal 320 señala que el Ayuntamiento con independencia de la imposición de las sanciones pecuniarias puede clausurar las obras terminadas, cuando se haya ejecutado sin licencia. De ahí se desprende que la orden de visita, así como la inspección realizada en el predio de la parte quejosa, que dio origen a la resolución administrativa de veintidós de agosto de dos mil dieciocho, en la que sancionó a la quejosa ordenando la clausura y la imposición de la multa, aconteció en virtud de que al nivelar y rellenar su terreno, invadió la laguna natural rellenándola en un cuarenta por ciento, sin acreditar que contaba con un permiso o licencia respectiva para ello, lo que significa que no acreditó su interés legítimo que a decir de ella sufrió una afectación jurídica, sin que lo demostrara o exhibiera la licencia o permisos para ese fin. Pues conforme a lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Carta Magna, el juicio de garantías solamente puede pedirse contra actos que afecten el interés jurídico o legítimo del quejoso, el cual debe entenderse como el cúmulo de derechos subjetivos tutelados por la ley a favor de una persona; así, su afectación se traduce en una perturbación, disminución o privación de la libertad, patrimonio o derechos. Es así, que el interés legítimo debe demostrarse mediante la comprobación fehaciente de los hechos a que se refiere el quejoso en su demanda. De constancias de autos, se advierte que el quejoso no aportó prueba alguna, para acreditar su interés legítimo en el asunto; es decir, no acreditó que contaba con la licencia o permiso para rellenar la laguna natural de tres mil metros cuadrados, requisitos exigidos en el artículo 47 del Reglamento de Construcciones del municipio de Centro, Tabasco. Pues si bien, exhibió copia certificada de las escrituras números 35,304, 35,303 y 35,576, con ello solo acredita ser el propietario de los bienes muebles y con el acta notarial 6,438, acredita la constitución de la moral y con la póliza número 5,404 acredita su personalidad; sin embargo, con dichos documentos no demuestra su interés legítimo, pues no acreditó tener la licencia o permiso justificante para el rellenado de la laguna natural, así como tampoco demostró que haya presentado ante la responsable los permisos o licencia con la que contaba para el rellenado de la laguna, en el momento de la diligencia de inspección. Entonces, quien se duele de perjuicio alguno que afecte su interés, deberá demostrar la relación existente entre el acto de afectación y el derecho vulnerado; lo que no acontece en el caso, pues como ya se dijo, la parte agraviada no acreditó tener la licencia o permiso para rellenar la laguna natural, que le haya otorgado el Ayuntamiento del Centro, Tabasco, conforme al Reglamento de Construcciones del Municipio de Centro, Tabasco. En tal razón, como ya se dijo el interés jurídico o legítimo en el juicio de garantías debe acreditarse fehacientemente para su procedencia, lo que en el caso no acontece, pues las documentales ofrecidas por el quejoso no son aptas ni suficientes para acreditar su interés jurídico, motivo por el cual se actualiza la hipótesis a que se refiere el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. Sustenta lo anterior por igual razón jurídica la tesis 317, consultable en la página 304, Tomo III, Administrativa, P.R. TCC, Tribunales Colegiados de Circuito, con número de registro 911882, Apéndice 2000, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son: "CLAUSURA DE UN CENTRO EDUCATIVO, DE INICIACIÓN INMINENTE DE ACTIVIDADES. LA TRAMITACIÓN DE UN PERMISO DE USO DEL SUELO, O DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN, ASÍ COMO DE LA INSCRIPCIÓN DEL GIRO EN EL PADRÓN CORRESPONDIENTE, SON REQUISITOS NECESARIOS PARA EL INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. En el caso de la clausura de un centro educativo cuya iniciación de actividades es inminente, tiene aplicación analógica la jurisprudencia publicada bajo el rubro "CLAUSURA DE GIROS MERCANTILES REGLAMENTADOS. LA LICENCIA CORRESPONDIENTE ES REQUISITO NECESARIO PARA EL INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO." (página 586 de la Tercera Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1975) y la tesis que aparece en la página 587 del mismo Apéndice bajo el rubro "CLAUSURAS, NO CONSTITUYEN ACTOS CONCULCATORIOS DEL DERECHO DE PROPIEDAD.", toda vez que concurren, tanto en los supuestos de las tesis invocadas, como en los particulares del caso, los siguientes elementos comunes: a) se trata de clausuras de establecimientos mercantiles; b) en ellas, los particulares interesados no cuentan con las autorizaciones o licencias de funcionamiento que las normas imponen para sus respectivos establecimientos y c) en ambos, por consecuencia, se carece de interés jurídicamente protegido, objeto primordial del juicio de amparo, en virtud de que su situación se encuentra al margen de la ley. En cambio, el elemento diverso entre los dos supuestos en análisis, sólo lo constituye el hecho de que, para un caso (el de las ejecutorias), se trata de establecimientos que sí requieren licencia de funcionamiento, mientras que en el restante aun cuando no se exige tal licencia, sí se ordena la tramitación de un permiso de uso del suelo, o de la licencia de construcción, así como de la inscripción del giro en el padrón correspondiente; en tal virtud, si bien ésta es una diferencia formal, se desdibuja en esencia por tratarse, todos, de requisitos contenidos en el mismo ordenamiento legal exigidos para los mismos fines, es decir, la apertura de un establecimiento comercial, caso de los centros educativos. Concluyendo, se observa que los elementos comunes son mayores, tanto en número como en naturaleza, y los elementos diversos, al ser mínimos, no resultan ser suficientes para desvirtuar las disposiciones de las tesis cuya aplicación se pretende corresponder por analogía, surtiendo entonces ésta su plena eficacia en el caso concreto." En esa virtud, al no encontrarse comprobada la circunstancia del interés legítimo, debe sobreseerse en el juicio con fundamento en el artículo 63 fracción V de la Ley de la Materia, al operar la causal que señala la fracción XII del artículo 61, de la Ley de Amparo. SÉPTIMO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, dictado en el presente juicio de amparo, se les señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales, conforme lo establece el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; no obstante, omitieron manifestarse al respecto. Empero, conforme lo establecen los artículos 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 18 del ordenamiento legal antes invocado y 8° del reglamento precitado, los órganos jurisdiccionales deben proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes se opongan expresamente a la publicación de sus datos personales; por ende, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio identificado con el número 01/2011, emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, al resolver la Clasificación de Información 241/2010-J, de veintisiete de enero de dos mil once, bajo el rubro siguiente: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONEN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo dispuesto por los artículos 103 y 107, Constitucionales, 73, 74, 75, 77 y 217 de la Ley de Amparo en vigor, se R E S U E L V E: PRIMERO.- SE SOBRESEE en el presente juicio de garantías promovido por PARQUE INDUSTRIAL PLATINIUM, sociedad anónima de capital variable, contra los actos reclamados a las autoridades responsables que se precisan en el resultando primero de esta resolución. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    mesa VILLAHERMOSA, TABASCO, SIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE. Vista; la certificación secretarial de cuenta, se advierte que mediante oficio 002/2020-CM, los titulares de los órganos jurisdiccionales federales del Décimo Circuito, con residencia en esta ciudad, tomaron la decisión de suspender de manera total las actividades jurisdiccionales de cada uno de los órganos a su cargo, al considerar que se actualizaba el caso de emergencia a que se refiere la fracción XXIV del artículo 2 de la Ley General de Protección Civil, por lo que se suspendieron las labores a partir del día dos de los cursantes desde las diecisiete horas hasta el seis del presente mes y año. Asimismo, se desprende que la audiencia constitucional se encontraba señalada para las diez horas con diez minutos del seis de octubre de dos mil veinte. Por otra parte, se hace constar que en proveído de veintitrés de septiembre del año actual, se dio vista a las partes con el informe complementario rendido por la autoridad responsable Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales de Centro, Tabasco; por lo que el plazo de los ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, transcurre del veintiocho de septiembre al nueve de octubre de dos mil veinte; con excepción de los días inhábiles que dispone el artículo 19 del citado ordenamiento legal. Finalmente, a efecto de no violar las formalidades esenciales del procedimiento, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo el día de hoy y ????????? se señala como nueva fecha para su celebración las DOCE HORAS CON CINCO MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE OCTUBRE DOS MIL VEINTE. Notifíquese.

  4. Principal

    MESA 3.-[...] Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio 562, signado por la Actuaria Judicial adscrita al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual transcribe el proveído de veinticinco de enero de dos mil diecinueve, por el que se admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto por JUAN JOSÉ CHIW GALVÁN, en su calidad de administrador único de la empresa PARQUE INDUSTRIAL PLATINIUM, S.A. DE C.V., parte quejosa en el presente juicio, en contra de la sentencia dictada en el juicio del que deriva el presente cuaderno de antecedentes, el cual fue radicado bajo el amparo en revisión 19/2019.

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