Juan José Alfaro Pérez
Expediente 1770/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 12 actuaciones registradas, la última del 14 de octubre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 1770/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 14/10/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Juan José Alfaro Pérez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
MESA 5 Villahermosa, Tabasco, catorce de octubre de dos mil veinte. Vista la certificación que antecede, se advierte que ninguna de las partes desahogó la vista ordenada en auto de nueve de septiembre de dos mil veinte, respecto del informe de cumplimiento que estimó haber dado la autoridad responsable en relación con la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio; en consecuencia, el suscrito resolverá sobre el cumplimiento al fallo protector con base en los elementos que obran en el expediente. A fin de efectuar el pronunciamiento respectivo, en principio es pertinente precisar que: 1.- Por sentencia emitida el veintiuno de enero de dos mil veinte, este juzgado de Distrito determinó negar el amparo y protección de la justicia federal a Juan José Alfaro Pérez. 2.- Inconforme con lo anterior, el quejoso promovió recurso de revisión, mismo que se tuvo por presentado en proveído de once de febrero de dos mil veinte y el cual, seguido el trámite se remitió al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Circuito. 3.- Luego, el diecinueve de agosto de dos mil veinte, se recibió el oficio PIII-56 remitido por el Secretario del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remitió el testimonio de ejecutoria emitida en el amparo en revisión 66/2020, de su índice, con motivo del recurso de revisión interpuesto por el quejoso Juan José Alfaro Pérez, en la que determinó revocar la sentencia recurrida y conceder el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso Juan José Alfaro Pérez, para los siguientes efectos: "i. La responsable debe dejar insubsistente la audiencia inicial en la causa penal y, en su lugar, debe fijar hora y fecha para una nueva audiencia inicial, lo que debe hacer saber personalmente a todas las partes integrantes del proceso relativo, únicamente frente a la ahora parte quejosa. Nada más. ii. Se debe proveer lo necesario para que un nuevo juzgador, o sea, diverso a los que ya actuaron en la causa de origen, sea quien efectúe la audiencia inicial en todas sus fases condignas, lo que implica que si conoce de la imputación y de la solicitud de vinculación respectiva, es él quien debe resolver la situación jurídica de la parte imputada, aquí promovente. iii. En tal audiencia el nuevo juzgador debe reiterar la decisión relativa a la medida cautelar, al estar firme e incólume por falta de impugnación al respecto, lo que, sin duda, debe acontecer en la etapa legal conducente para tal efecto. iv. Este juzgador debe asegurarse, a plenitud, de la calidad de licenciado en derecho del defensor designado por la aquí parte disidente, salvo que se trate de un defensor público con motivo de una nueva designación al respecto, para lo cual, sin duda, al individualizarse el defensor debe indicar su número de cédula profesional y el registro de ella ante el tribunal, lo que se debe verificar por el funcionario condigno para que así conste en la audiencia inicial. v. En todo momento se atienda a los lineamientos legales para la formulación de la imputación y de la solicitud de vinculación, frente al derecho de defensa de la parte imputada, en términos de los artículos 309, 313 y 314 de la ley nacional procesal penal, dentro de los cuales la fiscalía no está en aptitud de mejorar ni modificar o variar la pretensión punitiva ya externada en la causa penal condigna. Al efecto, se cita la tesis de jurisprudencia 1a./J.120/2017 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página trescientos noventa y dos del Semanario Judicial de la Federación, Libro 49, Diciembre de 2017, Tomo I, que es del tenor siguiente: "VINCULACIÓN A PROCESO. MOMENTO EN EL CUAL EL MINISTERIO PÚBLICO DEBE SOLICITARLA (CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES Y CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE MORELOS ABROGADO). De la lectura de los artículos 309 y 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales -de contenido similar a los numerales 280 y 281 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Morelos abrogado-, deriva una duda legítima relativa a si la solicitud de vinculación a proceso debe formularla el Ministerio Público antes de que el imputado decida si se acoge o no al lapso de 72 horas para que se resuelva sobre su situación jurídica -o a su ampliación-, o si puede hacerse posteriormente, incluso, en la continuación de la audiencia inicial, una vez que hubieran sido recibidos los medios de convicción presentados por la defensa. Ahora bien, para resolver dicha duda, debe partirse de las premisas siguientes: 1) la vinculación a proceso debe pedirse después de formularse la imputación y de que el imputado tuvo oportunidad de contestar el cargo; y, 2) el plazo de 72 horas como límite para la detención ante autoridad judicial, establecido por el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, constituye un derecho fundamental, cuya ampliación procede sólo cuando el propio imputado lo solicita, lo cual implica que esa extensión temporal opere a su favor y nunca en su contra. Así, dichas proposiciones constituyen la pauta interpretativa que permite considerar, por un lado, que la imputación y la solicitud de vinculación a proceso son actuaciones distintas y, por otro, que la decisión del imputado de postergar la resolución sobre la vinculación o no a proceso no puede operar en su detrimento, pues su finalidad es que tenga más tiempo para ejercer su defensa, tan es así, que el artículo 314 del Código Nacional establece la posibilidad, sólo para el imputado y no para el Ministerio Público, de incorporar durante ese lapso los medios de convicción que estime convenientes. Por lo anterior, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el Ministerio Público, de estimarlo procedente, debe solicitar la vinculación a proceso después de formulada la imputación y de que el imputado haya tenido oportunidad de contestar el cargo, pero previamente a que el justiciable decida si se acoge o no al plazo a que alude el artículo 19 constitucional -o a su ampliación- para que se resuelva sobre su situación jurídica, pues sólo así la elección de postergar la resolución judicial respectiva tendrá como base el previo conocimiento de las razones específicas por las cuales los datos de prueba recabados durante la investigación informal justificarían dicho acto de molestia, permitiendo al imputado y a su defensor, como resultado de un acto informado, presentar en la continuación de la audiencia inicial los medios de prueba que consideren podrían desvirtuar la postura ministerial. En efecto, si el imputado o su defensor elige posponer la indicada resolución en aras del derecho de defensa, es lógico que esa decisión debe partir del conocimiento previo de las razones concretas por las cuales el representante social estima que los datos de prueba contenidos en la carpeta de investigación acreditan la existencia del hecho materia de la imputación y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, pues sólo así estará en condiciones de ofrecer los medios de convicción idóneos para desvirtuar la imputación; es más, de no seguirse ese orden, el Juez podría tener dificultades para calificar la pertinencia de los datos de prueba que la defensa pretende incorporar." vi. Con plena jurisdicción, el nuevo juzgador debe resolver sobre la situación jurídica de la parte imputada, ahora quejosa, en la causa que aquí nos ocupa, se insiste, si es que él conoce de la imputación y de la solicitud de vinculación relativa." Atento a ello, se requirió a la autoridad señalada como responsable Juez de Control de la Región Nueve de Centro, Tabasco, con sede en esta ciudad, para que diera cumplimiento al fallo protector en el plazo de tres días. 4.- En proveído de veintisiete de agosto de dos mil veinte, se tuvo a la autoridad responsable remitiendo copia certificada del acuerdo de veinticuatro de agosto de dos mil veinte, emitido en la causa penal 1680/2019, de su índice, del que se advierte que señaló las doce horas del veintiséis de agosto de dos mil veinte, para que tuviera verificativo la audiencia inicial en dicho expediente de origen. Lo anterior, ante la incomparecencia del imputado en virtud de que no pudo ser debidamente notificado, por lo que señaló las diez horas del uno de septiembre de dos mil veinte. 5.- En proveído de tres de septiembre de dos mil veinte, se tuvo a la autoridad responsable remitiendo el oficio 13094, en el que informó que en audiencia de uno de septiembre de dos mil veinte, en la que se formuló la imputación al quejoso Juan José Alfaro Pérez, acogiéndose al termino de 144 horas para que el Juez de Control resolviera su situación jurídica, en contra del delito de violencia familiar, previsto y sancionado en el artículo 208 Bis, cometido en agravio de Norma Sánchez León; remitiendo disco versátil digital de la referida audiencia. 6.- Asimismo, mediante oficio 24076 recibido por este órgano jurisdiccional el ocho de septiembre de dos mil veinte, la autoridad responsable en cumplimiento a la ejecutoria de amparo relativa, remitió copia certificada de un disco versátil digital que contiene el audio y video de la audiencia de siete de septiembre de dos mil veinte, en la que se dictó auto de no vinculación a proceso a favor de Juan José Alfaro Pérez, por el hecho que la ley señala como delito familiar, en agravio de Norma Sánchez León, en los autos de la causa penal 1680/2019. Constancias a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En razón de lo anterior, en proveído de nueve de septiembre de dos mil veinte, se dio vista y corrió traslado a las partes con las constancias remitidas por la responsable, con las cuales estimó dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, para efecto de que manifestaran lo que a su interés conviniere, sin que se hayan pronunciado al respecto, no obstante haber sido legalmente notificadas para ello. En las relatadas condiciones, el suscrito estima que la autoridad responsable ha dado cumplimiento a la sentencia dictada en el presente asunto, en razón de las siguientes consideraciones: En audiencia de reposición veintiséis de agosto de dos mil veinte, derivada de la causa penal 1680/2019, el Juez Francisco Alonzo Trujeque de la Cruz, homólogo de la autoridad responsable Juez Ramón Rodolfo Brown Ruíz, identificó a las partes e individualizó a Jorge Armado Rosado Hernández, defensor particular del aquí quejoso Juan José Alfaro Pérez, quien señaló su número de registro 677 y su cédula profesional 5007444; la audiencia fue diferida ante la imposibilidad de lograr su notificación del citado quejoso, por lo que se señaló como nueva fecha las diez horas del uno de septiembre de dos mil veinte. Posteriormente, en audiencia de uno de septiembre de dos mil veinte, el Juez Francisco Alonzo Trujeque de la Cruz identificó a las partes nuevamente a las partes, se reiteró la medida cautelar decretada, señaló fecha y hora para que se llevara a cabo la audiencia de vinculación a proceso y dejó sin efecto la audiencia de inicial de uno de octubre de dos mil diecinueve emitida por su homólogo en la citada causa penal 1680/2019, en virtud de la reposición del procedimiento. Luego, en la audiencia de siete de septiembre de dos mil veinte, el Juez Francisco Alonzo Trujeque de la Cruz dictó auto de no vinculación a proceso a favor de Juan José Alfaro Pérez, por el hecho que la ley señala como delito de violencia familiar, en agravio de Norma Sánchez León, en los autos de la causa penal 1680/2019. En virtud de lo anterior, se tiene se estima que la ejecutoria de catorce de mayo de dos mil veinte, dictada por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Circuito se encuentra cumplida porque se dejó insubsistente la audiencia inicial de uno de octubre de dos mil diecinueve y en su lugar se señaló el uno de septiembre de dos mil veinte, para que la misma tuviera verificativo, haciéndole saber a las partes integrantes el proceso relativo. El Juez Francisco Alonzo Trujeque de la Cruz, sustituyó a su homologo Juez Ramón Rodolfo Brown Ruíz, para efectuar la nueva audiencia inicial y conoció del proceso hasta la vinculación a proceso, misma que resolvió en audiencia de siete de septiembre de dos mil veinte. Asimismo, en audiencia inicial de uno de septiembre de dos mil veinte, el Juez Francisco Alonzo Trujeque de la Cruz reiteró la medida cautelar impuesta en al estar firme e incólume por no haber sido impugnada. Por otra parte, el juzgador se aseguro de la calidad de licenciado en derecho del defensor designado por el aquí quejoso, para lo cual refirió su número de cédula y registro ante el referido órgano. Igualmente, en el proceso se atendieron los lineamientos legales para la formulación de la imputación y solicitud de vinculación a proceso conforme lo dispuesto en los artículos 309, 313 y 314 del Código Nacional del Procedimientos Penales. Finalmente, con libertad de jurisdicción el Juez Francisco Alonzo Trujeque de la Cruz, resolvió la situación jurídica del imputado, al ser él el nuevo juez que conoció sobre la imputación y solicitud de vinculación. En tales condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria de amparo que se analiza. Es aplicable al caso, por las razones que la sustentan, la jurisprudencia 82/2004, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Octubre de 2004, página 137, Novena Época, registro 180337, de rubro y texto siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA, CUANDO ESTÁ ACREDITADO EL CUMPLIMIENTO DEL NÚCLEO ESENCIAL DE LA SENTENCIA DE AMPARO. Cuando del análisis de autos se advierte acreditado, de manera fehaciente, que las autoridades responsables han dado cumplimiento a las obligaciones jurídicas que constituyen el núcleo esencial de la sentencia que concedió la protección federal, lo procedente es declarar sin materia el respectivo incidente de inejecución de sentencia. Esto es así, en atención a que, por un lado, en ese supuesto ya no existe la abstención total de la autoridad responsable de obrar en el sentido ordenado por la sentencia de amparo, si de la confrontación de la ejecutoria relativa con las actuaciones realizadas, se llega a la conclusión de que se acató dicho fallo en su núcleo esencial y, por otro, porque el declarar sin materia el incidente de inejecución de sentencia no significa que pudiera dejarse al quejoso en estado de indefensión, en virtud de que esa resolución no prejuzga sobre si el cumplimiento dado a la ejecutoria fue o no correcto, pues en la hipótesis de que el gobernado llegara a tener dudas o inquietudes con relación a algún aspecto del cumplimiento, tendría la oportunidad de hacer valer el recurso de queja previsto en las fracciones IV y IX del artículo 95 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para los casos en que exista una desatención parcial o relativa de las autoridades responsables a una sentencia de amparo." Por lo que, al no haber actos pendientes por cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 del citado ordenamiento legal, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. En términos de lo dispuesto en el inciso b) de la fracción I del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, diputación, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente asunto es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, razón por la cual debe conservarse en el archivo reciente de éste órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá ser depurado y transferido al depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos cinco años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el expediente distintas a la demanda y la sentencia, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Notifíquese personalmente.
- Principal
EN CUMPLIMIENTO AL CITATORIO DE VEINTE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO B DE LA LEY DE AMPARO NOTIFICO POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE CATORCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE. MESA 5 Villahermosa, Tabasco, catorce de octubre de dos mil veinte.Vista la certificación que antecede, se advierte que ninguna de las partes desahogó la vista ordenada en auto de nueve de septiembre de dos mil veinte, respecto del informe de cumplimiento que estimó haber dado la autoridad responsable en relación con la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio; en consecuencia, el suscrito resolverá sobre el cumplimiento al fallo protector con base en los elementos que obran en el expediente.A fin de efectuar el pronunciamiento respectivo, en principio es pertinente precisar que:1.- Por sentencia emitida el veintiuno de enero de dos mil veinte, este juzgado de Distrito determinó negar el amparo y protección de la justicia federal a Juan José Alfaro Pérez.2.- Inconforme con lo anterior, el quejoso promovió recurso de revisión, mismo que se tuvo por presentado en proveído de once de febrero de dos mil veinte y el cual, seguido el trámite se remitió al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Circuito.3.- Luego, el diecinueve de agosto de dos mil veinte, se recibió el oficio PIII-56 remitido por el Secretario del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remitió el testimonio de ejecutoria emitida en el amparo en revisión 66/2020, de su índice, con motivo del recurso de revisión interpuesto por el quejoso Juan José Alfaro Pérez, en la que determinó revocar la sentencia recurrida y conceder el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso Juan José Alfaro Pérez, para los siguientes efectos: "i. La responsable debe dejar insubsistente la audiencia inicial en la causa penal y, en su lugar, debe fijar hora y fecha para una nueva audiencia inicial, lo que debe hacer saber personalmente a todas las partes integrantes del proceso relativo, únicamente frente a la ahora parte quejosa. Nada más. ii. Se debe proveer lo necesario para que un nuevo juzgador, o sea, diverso a los que ya actuaron en la causa de origen, sea quien efectúe la audiencia inicial en todas sus fases condignas, lo que implica que si conoce de la imputación y de la solicitud de vinculación respectiva, es él quien debe resolver la situación jurídica de la parte imputada, aquí promovente. iii. En tal audiencia el nuevo juzgador debe reiterar la decisión relativa a la medida cautelar, al estar firme e incólume por falta de impugnación al respecto, lo que, sin duda, debe acontecer en la etapa legal conducente para tal efecto. iv. Este juzgador debe asegurarse, a plenitud, de la calidad de licenciado en derecho del defensor designado por la aquí parte disidente, salvo que se trate de un defensor público con motivo de una nueva designación al respecto, para lo cual, sin duda, al individualizarse el defensor debe indicar su número de cédula profesional y el registro de ella ante el tribunal, lo que se debe verificar por el funcionario condigno para que así conste en la audiencia inicial. v. En todo momento se atienda a los lineamientos legales para la formulación de la imputación y de la solicitud de vinculación, frente al derecho de defensa de la parte imputada, en términos de los artículos 309, 313 y 314 de la ley nacional procesal penal, dentro de los cuales la fiscalía no está en aptitud de mejorar ni modificar o variar la pretensión punitiva ya externada en la causa penal condigna. Al efecto, se cita la tesis de jurisprudencia 1a./J.120/2017 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página trescientos noventa y dos del Semanario Judicial de la Federación, Libro 49, Diciembre de 2017, Tomo I, que es del tenor siguiente: "VINCULACIÓN A PROCESO. MOMENTO EN EL CUAL EL MINISTERIO PÚBLICO DEBE SOLICITARLA (CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES Y CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE MORELOS ABROGADO). De la lectura de los artículos 309 y 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales -de contenido similar a los numerales 280 y 281 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Morelos abrogado-, deriva una duda legítima relativa a si la solicitud de vinculación a proceso debe formularla el Ministerio Público antes de que el imputado decida si se acoge o no al lapso de 72 horas para que se resuelva sobre su situación jurídica -o a su ampliación-, o si puede hacerse posteriormente, incluso, en la continuación de la audiencia inicial, una vez que hubieran sido recibidos los medios de convicción presentados por la defensa. Ahora bien, para resolver dicha duda, debe partirse de las premisas siguientes: 1) la vinculación a proceso debe pedirse después de formularse la imputación y de que el imputado tuvo oportunidad de contestar el cargo; y, 2) el plazo de 72 horas como límite para la detención ante autoridad judicial, establecido por el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, constituye un derecho fundamental, cuya ampliación procede sólo cuando el propio imputado lo solicita, lo cual implica que esa extensión temporal opere a su favor y nunca en su contra. Así, dichas proposiciones constituyen la pauta interpretativa que permite considerar, por un lado, que la imputación y la solicitud de vinculación a proceso son actuaciones distintas y, por otro, que la decisión del imputado de postergar la resolución sobre la vinculación o no a proceso no puede operar en su detrimento, pues su finalidad es que tenga más tiempo para ejercer su defensa, tan es así, que el artículo 314 del Código Nacional establece la posibilidad, sólo para el imputado y no para el Ministerio Público, de incorporar durante ese lapso los medios de convicción que estime convenientes. Por lo anterior, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el Ministerio Público, de estimarlo procedente, debe solicitar la vinculación a proceso después de formulada la imputación y de que el imputado haya tenido oportunidad de contestar el cargo, pero previamente a que el justiciable decida si se acoge o no al plazo a que alude el artículo 19 constitucional -o a su ampliación- para que se resuelva sobre su situación jurídica, pues sólo así la elección de postergar la resolución judicial respectiva tendrá como base el previo conocimiento de las razones específicas por las cuales los datos de prueba recabados durante la investigación informal justificarían dicho acto de molestia, permitiendo al imputado y a su defensor, como resultado de un acto informado, presentar en la continuación de la audiencia inicial los medios de prueba que consideren podrían desvirtuar la postura ministerial. En efecto, si el imputado o su defensor elige posponer la indicada resolución en aras del derecho de defensa, es lógico que esa decisión debe partir del conocimiento previo de las razones concretas por las cuales el representante social estima que los datos de prueba contenidos en la carpeta de investigación acreditan la existencia del hecho materia de la imputación y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, pues sólo así estará en condiciones de ofrecer los medios de convicción idóneos para desvirtuar la imputación; es más, de no seguirse ese orden, el Juez podría tener dificultades para calificar la pertinencia de los datos de prueba que la defensa pretende incorporar." vi. Con plena jurisdicción, el nuevo juzgador debe resolver sobre la situación jurídica de la parte imputada, ahora quejosa, en la causa que aquí nos ocupa, se insiste, si es que él conoce de la imputación y de la solicitud de vinculación relativa."Atento a ello, se requirió a la autoridad señalada como responsable Juez de Control de la Región Nueve de Centro, Tabasco, con sede en esta ciudad, para que diera cumplimiento al fallo protector en el plazo de tres días.4.- En proveído de veintisiete de agosto de dos mil veinte, se tuvo a la autoridad responsable remitiendo copia certificada del acuerdo de veinticuatro de agosto de dos mil veinte, emitido en la causa penal 1680/2019, de su índice, del que se advierte que señaló las doce horas del veintiséis de agosto de dos mil veinte, para que tuviera verificativo la audiencia inicial en dicho expediente de origen.Lo anterior, ante la incomparecencia del imputado en virtud de que no pudo ser debidamente notificado, por lo que señaló las diez horas del uno de septiembre de dos mil veinte.5.- En proveído de tres de septiembre de dos mil veinte, se tuvo a la autoridad responsable remitiendo el oficio 13094, en el que informó que en audiencia de uno de septiembre de dos mil veinte, en la que se formuló la imputación al quejoso Juan José Alfaro Pérez, acogiéndose al termino de 144 horas para que el Juez de Control resolviera su situación jurídica, en contra del delito de violencia familiar, previsto y sancionado en el artículo 208 Bis, cometido en agravio de Norma Sánchez León; remitiendo disco versátil digital de la referida audiencia.6.- Asimismo, mediante oficio 24076 recibido por este órgano jurisdiccional el ocho de septiembre de dos mil veinte, la autoridad responsable en cumplimiento a la ejecutoria de amparo relativa, remitió copia certificada de un disco versátil digital que contiene el audio y video de la audiencia de siete de septiembre de dos mil veinte, en la que se dictó auto de no vinculación a proceso a favor de Juan José Alfaro Pérez, por el hecho que la ley señala como delito familiar, en agravio de Norma Sánchez León, en los autos de la causa penal 1680/2019.Constancias a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo.En razón de lo anterior, en proveído de nueve de septiembre de dos mil veinte, se dio vista y corrió traslado a las partes con las constancias remitidas por la responsable, con las cuales estimó dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, para efecto de que manifestaran lo que a su interés conviniere, sin que se hayan pronunciado al respecto, no obstante haber sido legalmente notificadas para ello.En las relatadas condiciones, el suscrito estima que la autoridad responsable ha dado cumplimiento a la sentencia dictada en el presente asunto, en razón de las siguientes consideraciones: En audiencia de reposición veintiséis de agosto de dos mil veinte, derivada de la causa penal 1680/2019, el Juez Francisco Alonzo Trujeque de la Cruz, homólogo de la autoridad responsable Juez Ramón Rodolfo Brown Ruíz, identificó a las partes e individualizó a Jorge Armado Rosado Hernández, defensor particular del aquí quejoso Juan José Alfaro Pérez, quien señaló su número de registro 677 y su cédula profesional 5007444; la audiencia fue diferida ante la imposibilidad de lograr su notificación del citado quejoso, por lo que se señaló como nueva fecha las diez horas del uno de septiembre de dos mil veinte. Posteriormente, en audiencia de uno de septiembre de dos mil veinte, el Juez Francisco Alonzo Trujeque de la Cruz identificó a las partes nuevamente a las partes, se reiteró la medida cautelar decretada, señaló fecha y hora para que se llevara a cabo la audiencia de vinculación a proceso y dejó sin efecto la audiencia de inicial de uno de octubre de dos mil diecinueve emitida por su homólogo en la citada causa penal 1680/2019, en virtud de la reposición del procedimiento. Luego, en la audiencia de siete de septiembre de dos mil veinte, el Juez Francisco Alonzo Trujeque de la Cruz dictó auto de no vinculación a proceso a favor de Juan José Alfaro Pérez, por el hecho que la ley señala como delito de violencia familiar, en agravio de Norma Sánchez León, en los autos de la causa penal 1680/2019.En virtud de lo anterior, se tiene se estima que la ejecutoria de catorce de mayo de dos mil veinte, dictada por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Circuito se encuentra cumplida porque se dejó insubsistente la audiencia inicial de uno de octubre de dos mil diecinueve y en su lugar se señaló el uno de septiembre de dos mil veinte, para que la misma tuviera verificativo, haciéndole saber a las partes integrantes el proceso relativo.El Juez Francisco Alonzo Trujeque de la Cruz, sustituyó a su homologo Juez Ramón Rodolfo Brown Ruíz, para efectuar la nueva audiencia inicial y conoció del proceso hasta la vinculación a proceso, misma que resolvió en audiencia de siete de septiembre de dos mil veinte.Asimismo, en audiencia inicial de uno de septiembre de dos mil veinte, el Juez Francisco Alonzo Trujeque de la Cruz reiteró la medida cautelar impuesta en al estar firme e incólume por no haber sido impugnada.Por otra parte, el juzgador se aseguro de la calidad de licenciado en derecho del defensor designado por el aquí quejoso, para lo cual refirió su número de cédula y registro ante el referido órgano.Igualmente, en el proceso se atendieron los lineamientos legales para la formulación de la imputación y solicitud de vinculación a proceso conforme lo dispuesto en los artículos 309, 313 y 314 del Código Nacional del Procedimientos Penales.Finalmente, con libertad de jurisdicción el Juez Francisco Alonzo Trujeque de la Cruz, resolvió la situación jurídica del imputado, al ser él el nuevo juez que conoció sobre la imputación y solicitud de vinculación.En tales condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria de amparo que se analiza.Es aplicable al caso, por las razones que la sustentan, la jurisprudencia 82/2004, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Octubre de 2004, página 137, Novena Época, registro 180337, de rubro y texto siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA, CUANDO ESTÁ ACREDITADO EL CUMPLIMIENTO DEL NÚCLEO ESENCIAL DE LA SENTENCIA DE AMPARO. Cuando del análisis de autos se advierte acreditado, de manera fehaciente, que las autoridades responsables han dado cumplimiento a las obligaciones jurídicas que constituyen el núcleo esencial de la sentencia que concedió la protección federal, lo procedente es declarar sin materia el respectivo incidente de inejecución de sentencia. Esto es así, en atención a que, por un lado, en ese supuesto ya no existe la abstención total de la autoridad responsable de obrar en el sentido ordenado por la sentencia de amparo, si de la confrontación de la ejecutoria relativa con las actuaciones realizadas, se llega a la conclusión de que se acató dicho fallo en su núcleo esencial y, por otro, porque el declarar sin materia el incidente de inejecución de sentencia no significa que pudiera dejarse al quejoso en estado de indefensión, en virtud de que esa resolución no prejuzga sobre si el cumplimiento dado a la ejecutoria fue o no correcto, pues en la hipótesis de que el gobernado llegara a tener dudas o inquietudes con relación a algún aspecto del cumplimiento, tendría la oportunidad de hacer valer el recurso de queja previsto en las fracciones IV y IX del artículo 95 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para los casos en que exista una desatención parcial o relativa de las autoridades responsables a una sentencia de amparo."Por lo que, al no haber actos pendientes por cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 del citado ordenamiento legal, archívese el expediente como asunto totalmente concluido.En términos de lo dispuesto en el inciso b) de la fracción I del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, diputación, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente asunto es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, razón por la cual debe conservarse en el archivo reciente de éste órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá ser depurado y transferido al depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación.En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos cinco años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el expediente distintas a la demanda y la sentencia, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos.Notifíquese personalmente.
- Principal
MESA 5.VILLAHERMOSA, TABASCO, TREINTA DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Vista, la certificación que antecede se advierte que se encuentra transcurriendo el término de ocho días otorgado a la tercero interesada Norma Sánchez León, para que se imponga del contenido del informe justificado rendido por la autoridad responsable, tal como lo establece el artículo 117 de la Ley de Amparo. Por lo anterior, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo el día de hoy y se señala como nueva fecha para su celebración las ONCE HORAS CON CINCO MINUTOS DEL VEINTIUNO DE ENERO DE DOS MIL VEINTE.
- Principal
MESA 5.VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTITRÉS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Vistos; De la diligencia de emplazamiento realizada a la tercero perjudicada Norma Sánchez León, en las instalaciones de este órgano de control constitucional por el Actuario adscrito a este Juzgado, el diecisiete de diciembre del presente año, se advierte que en el acto de su comparecencia señaló como domicilio para oír y recibir citas y notificaciones el ubicado en calle Ayuntamiento, número 103, Edificio Uno, Departamento 301, Privada Real Tabasco, con sede en esta ciudad. En esa razón, téngase como domicilio de la citada tercero perjudicada, para efectos de oír y recibir citas y notificaciones, el domicilio detallado en el párrafo que antecede. Finalmente, agréguese a los autos el comunicado signado por la Delegada de la Secretaría de Relaciones Exteriores, con sede en esta ciudad, mediante el cual comunica que localizo dos registros de trámite de pasaporte bajo el nombre de Norma Sánchez León, no obstante para dar continuidad a la búsqueda requiere nombre completo, lugar y fecha de nacimiento, sin que haya lugar a pronunciarse al respecto de lo que solicita, en virtud, que la citada tercero perjudicada fue debidamente emplazada al presente juicio de amparo, el diecisiete del mes y año actual.
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