Juan José Cantoral Vázquez y Otros.

Expediente 238/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 113 actuaciones registradas, la última del 1 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
238/2017
Año
2017
Actuaciones
113
Última actuación
01/12/2021

Partes del expediente

  • Juan José Cantoral Vázquez y Otros.
  • Juan José Cantoral Vázquez
  • Juan José Mendoza López y Otros.
  • Juan José Mendoza López

Actuaciones

Las 4 más recientes de 113.

  1. Principal

    Estado de autos. Vista la certificación de dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno y el estado actual que guardan los autos, se advierte que transcurrió el plazo concedido a las partes, quejosa y tercero interesado, para que manifestaran lo que a su interés conviniera sobre el cumplimiento que la autoridad responsable dio a la sentencia de amparo. En consecuencia, este órgano de control constitucional, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, procede al análisis oficioso de dicho cumplimiento sobre la base de las constancias que obran en el juicio. Fijación de actos y protección constitucional. Acorde con los lineamientos de la sentencia definitiva dictada en el presente asunto, se advierte que el acto reclamado en esta instancia constitucional consistió en: "ACTO RECLAMADO: La sentencia de diez de febrero de dos mil diecisiete, dictada en el toca civil 183-C-1C01/2010."" Por sentencia de treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, emitida en este expediente, se otorgó el amparo solicitado a la parte quejosa para los efectos siguientes: i) Dejar insubsistente la resolución de diez de febrero de dos mil diecisiete, emitida en el toca civil 183-C-1C01/2010, primer subsecuente, que confirmó el auto de veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis, dictado por la Jueza de lo Familiar del Distrito Judicial de Tuxtla, en el juicio de paternidad 380/2010. ii) Emitir otra que puede ser en el mismo sentido de la anterior, sin embargo, en aras de cumplir con el principio de interpretación pro persona ordene a la Juez de Primera instancia que agote todo los medios que tiene a su alcance para que en el menor tiempo posible y sin requerir a la parte actora cuestiones formales extralegales, se realice el desahogo de la prueba pericial en genética (ADN), proveyendo lo conducente para que las Instituciones de Gobierno u otras, sufraguen los costos de la prueba. iii) Hecho lo anterior de manera inmediata se emita la sentencia definitiva en juicio de reconocimiento de paternidad 380/2010. iv) Los efectos de la protección constitucional alcanzarán a todas las autoridades administrativas o particulares con carácter de autoridad en términos de la Ley de Amparo, que se involucren para lograr, en el plazo más breve, el desahogo de la prueba pericial en genética (ADN), por tanto, la Sala responsable y la Juez de Primera Instancia, deberán comunicar a este Juzgado de Distrito las actuaciones de cualquier autoridad o particular con carácter de autoridad, que dilate o impida lo aquí indicado. Análisis del cumplimiento. En las actuaciones judiciales se observa que la Secretaria de Estudio y Cuenta en funciones de Secretaria General de Acuerdos por Ministerio de Ley de la Primera Sala Regional Colegiada en Materia Civil Zona 01 Tuxtla, con sede en esta ciudad, mediante oficios 608-C y 616-C, remitió constancias relacionadas con el cumplimiento de la sentencia constitucional (fojas 95, 96, 98 a 110 y 119 a 121). En cumplimiento al inciso i) la autoridad responsable dejó insubsistente la resolución de diez de febrero de dos mil diecisiete, emitida en el toca civil 183-C-1C01/2010, primer subsecuente, que confirmó el auto de veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis, dictado por la Jueza de lo Familiar del Distrito Judicial de Tuxtla, en el juicio de paternidad 380/2010 (fojas 95 y 96). Asimismo, en acatamiento al inciso ii) emitió otra resolución cumpliendo con el principio de interpretación pro persona y ordenó a la Juez de Primera instancia agote todo los medios que tiene a su alcance para que en el menor tiempo posible y sin requerir a la parte actora cuestiones formales extralegales, se realice el desahogo de la prueba pericial en genética (ADN), proveyendo lo conducente para que las Instituciones de Gobierno u otras, sufraguen los costos de la prueba. De las constancias recibidas, se advierte que debido a las diversas inasistencias del demandado en el juicio de origen, que llevaron al diferimiento continuo del desahogo de la prueba pericial en genética, en proveído de veinte de abril de dos mil veintiuno, se hizo efectivo el apercibimiento al demandado Juan José Mendoza López y se tuvieron como ciertas las afirmaciones de la parte actora, en el sentido de reconocer la filiación del demandado con Juan José Cantoral Vázquez. Finalmente, en acatamiento a los puntos iii) y iv) de la sentencia dictada en el presente juicio, el cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, la autoridad responsable dictó sentencia definitiva que resolvió el juicio de reconocimiento de paternidad 380/2010. Por tanto, atendiendo a que la concesión del amparo fue para el efecto precisado en párrafos precedentes; se advierte que la autoridad responsable, con plenitud de jurisdicción emitió la sentencia definitiva en el juicio de reconocimiento de paternidad 380/2010; tal como se ordenó en sentencia de treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, dictada en este expediente. En ese sentido, debe precisarse que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por conducto de la Segunda Sala ha emitido criterio jurisprudencial de rubro "CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. PRINCIPIOS QUE HA ESTABLECIDO LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN RELACIÓN CON LOS TRÁMITES, DETERMINACIONES Y MEDIOS PROCEDENTES DE DEFENSA", en el que esencialmente indica la forma en que el órgano jurisdiccional debe analizar el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. En tales consideraciones, con la nueva resolución de cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, la Juez Primero de lo Familiar responsable cumplió con lo indicado en la ejecutoria de mérito. Por tanto, es importante precisar que del cumplimiento de las sentencias de amparo, derivan ciertos principios que debe atender el órgano jurisdiccional al momento de considerar tenerla por cumplida o no, que son: 1. Cuando causa ejecutoria una sentencia de amparo la autoridad judicial correspondiente debe vigilar su cumplimiento, sin que pueda acordar el archivo del expediente, mientras aquél no ocurra. 2. En tanto no se cumpla con la sentencia de amparo debe requerir a la autoridad o autoridades responsables, a fin de que realicen los actos necesarios para ello. 3. Si no se logra el cumplimiento tendrá que acudir al superior o superiores, a fin de que intervengan para lograrlo. 4. Si no se consigue, de oficio o a instancia de parte, deberá abrir el incidente de inejecución de sentencia, acordando que, en virtud de no haberse cumplido con la sentencia que otorgó la protección constitucional, se remita el asunto a la Suprema Corte, para los efectos previstos en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Federal, a saber: que cese en sus funciones a la autoridad contumaz y se le consigne penalmente ante el Juez de Distrito que corresponda. 5. Si durante el trámite ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la responsable demuestra el cumplimiento, se declarará sin materia el incidente. 6. Si la responsable no demuestra haber cumplido, el Pleno del más Alto Tribunal emitirá resolución en términos de lo dispuesto en la fracción XVI del artículo 107 constitucional, en relación con el funcionario o funcionarios que desacataron la sentencia de amparo. 7. En la hipótesis de que ante una sentencia ejecutoria que otorgó el amparo y, en su caso, ante las gestiones de la autoridad judicial federal correspondiente, para lograr su cumplimiento, la autoridad o autoridades responsables comuniquen que acataron la sentencia, el Juez de Distrito, deberá dictar un acuerdo dando vista al quejoso con ese informe, apercibiéndolo de que, de no desahogarlo dentro de un determinado plazo, se resolverá si se dio o no el cumplimiento al fallo protector, con apoyo en el referido informe y con los demás elementos con los que se cuente. 8. Vencido el plazo otorgado, en el supuesto de que no se haya desahogado la vista, el Juez de Distrito, dictará un acuerdo, debidamente fundado y motivado, en el que decida si la sentencia de amparo fue cumplida o no. 9. En el caso de que la determinación sea en el sentido de que no se ha cumplido la sentencia, remitirán el asunto a la Suprema Corte, siguiéndose las reglas previstas en los puntos 4 a 6 anteriores. 10. Por el contrario, si resuelven que la sentencia de amparo se cumplió, deberán ordenar la notificación personal al quejoso del acuerdo respectivo, a fin de que esté en aptitud de hacer valer el medio de defensa procedente. 11. Para efectos del inciso 8, el juzgador de amparo se limitará, exclusivamente, a verificar si se cumplió o no la ejecutoria (inclusive si sólo fue el núcleo esencial del amparo), cotejando dicha ejecutoria con el acto de la responsable, pero absteniéndose de hacer pronunciamiento sobre cualquiera otra cuestión ajena. 12. Ante la determinación del Juez de Distrito, podrá presentarse para el quejoso cuatro diferentes situaciones, respecto de las cuales estará en aptitud de hacer valer diferentes medios de defensa, en caso de que no esté de acuerdo con el pronunciamiento de cumplimiento: A. Que estime que no se dio en absoluto el cumplimiento, en cuyo caso procederá la inconformidad prevista en el artículo 105 de la Ley de Amparo, la que se interpondrá ante la Suprema Corte de Justicia, impugnándose, obviamente, el acuerdo del Juez o del tribunal que tuvo por cumplida la sentencia; B. Que considere que si bien se dio el cumplimiento, éste fue con exceso o defecto, procediendo el recurso de queja ante la autoridad jurisdiccional que corresponda; C. Que estime que habiéndose otorgado un amparo para efectos, que dejó plenitud de jurisdicción al órgano jurisdiccional responsable o dejó a la autoridad administrativa responsable en aptitud de emitir una nueva resolución, subsanando las irregularidades procesales o formales que dieron lugar a la protección constitucional, al emitirse la nueva resolución se trató de un acto nuevo, procederá el amparo, en relación con lo que resulte ajeno a la sentencia cumplimentada; D. Que llegue a la conclusión de que no obstante que se dio el cumplimiento, formalmente, al emitirse una nueva resolución ésta fue esencialmente idéntica al acto reclamado en el juicio de amparo en el que se pronunció la sentencia que se pretendió cumplimentar; en este supuesto podrá promover el incidente de repetición del acto reclamado. 13. Si lo que se interpone es la inconformidad y ésta resulta procedente se estará en las mismas condiciones especificadas en los puntos 5 y 6 mencionados. 14. Si después de haber causado ejecutoria una sentencia que concede el amparo e, incluso, después de haberse cumplido, el quejoso estima que las autoridades responsables realizaron un nuevo acto en el que incurrieron en repetición del reclamado, procederá plantear ante el órgano jurisdiccional competente que corresponda el incidente respectivo, siguiéndose idéntico trámite al señalado en los puntos 4 a 6 anteriores, relativos al incidente de inejecución de sentencia. Fallo cumplido. En ese orden, del examen entre lo considerado en la sentencia de amparo y las constancias mencionadas en los párrafos que anteceden, se concluye que la responsable atendió los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo; por consiguiente, se tiene por cumplido el fallo protector en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Manifestaciones del quejoso. No es óbice a lo anterior, las manifestaciones que realiza el quejoso, a través de su autorizada en términos amplios, en escrito recibido por este órgano jurisdiccional el diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno (fojas 947 y 948, tomo II), respecto a la forma en que la autoridad responsable cumplió la sentencia concesoria del amparo; dado que en relación a la determinación realizada por la autoridad responsable, el quejoso tiene a su alcance el medio de defensa que conforme a derecho resulte procedente, para en su caso, impugnar el sentido de dicha resolución; ya que con las constancias remitidas por la Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Tuxtla, se advierte que fueron atendidos los lineamientos establecidos en la sentencia constitucional de treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, dictada por este juzgado de distrito. Archivo. En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. Depuración. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se determina que este expediente es susceptible de depuración, ya que se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 18, fracción I, inciso b), del citado Acuerdo General, pues se trata de un asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal. Asimismo, una vez transcurrido el término de tres años contado a partir de este auto; dentro de los siguientes noventa días, se deberá depurar el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al asunto, así como los documentos que se considere pertinente. Transferencia. Terminado el proceso de depuración, solicítese la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación; lo anterior, en términos de los párrafos segundo y tercero del citado numeral 18 del Acuerdo Plenario señalado. Relevancia documental. Es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15, del acuerdo citado en líneas que anteceden. Valoración. En términos del numeral 35, del Acuerdo General señalado, indíquese la valoración que corresponda, Relevancia Documental, Conservable, Depurable o Destruible, en la caratula del expediente y en la relación que se integre para efectos de su transferencia.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, dieciocho de noviembre de dos mil veintiunoEscritos. Se tienen por recibidos los escritos de cuenta, el primero signado electrónicamente por Alfonso Jaime Martínez Lazcano, autorizado en términos amplios del quejoso; mediante el cual proporciona usuarios a fin de tener acceso y promover en el expediente electrónico. El segundo, signado por Merly Martínez Hernández, autorizada en términos amplios del quejoso, con el cual realiza manifestaciones sobre el cumplimiento que la autoridad responsable dio a la ejecutoria de amparo. Usuario. En atención al primer escrito, de conformidad con el artículo 3o de la Ley de Amparo y el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación, (FIREL) y a la consulta de expediente electrónico, se autoriza a los promoventes el acceso en la vía que solicita, para lo cual refiere los nombres de usuarios "AlfonsoLazcano883409" y "Merlymtz6893435, en el sistema implementado por el Consejo de la Judicatura Federal, debiendo corroborar sus credenciales de acceso a dicho portal. Vinculación de usuario. En ese sentido, se instruye a la secretaria encargada de la mesa de trámite, para que bajo su más estricta responsabilidad, vincule el usuario proporcionado con el expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa. Acuerdo. Respecto al segundo escrito, se tienen por hechas sus manifestaciones, las que serán tomadas en consideración al dictar la resolución que decida sobre el cumplimiento o incumplimiento a la ejecutoria de amparo.

  3. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, diez de noviembre de dos mil veintiunoRecepción. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por la Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, mediante el cual, en atención al diverso oficio 1014-AI/2021-N, informa el cumplimiento a la ejecutoria de amparo y remite las constancias respectivas en copia certificada. Acuerdo. Atento a su contenido, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con copia de las constancias remitidas por la autoridad responsable, dese vista a la parte quejosa y tercero interesado, para que en el término de tres días manifiesten lo que a sus derechos convenga respecto al cumplimiento de la ejecutoria. Apercibimiento. Apercibidos que de no hacerlo, este Juzgado resolverá sobre dicho cumplimiento con base en los elementos que obren en el expediente y datos aportados por la autoridad responsable. Instrucción al actuario. Finalmente, se ordena al actuario de adscripción que al momento de realizar la correspondiente notificación, con copia de las constancias remitidas por la responsable, corra traslado a las partes, debiendo asentar razón de dicha actuación.

  4. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintinueve de octubre de dos mil veintiunoRecepción. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por la Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, mediante el cual, en atención al diverso 895-AI/2021-N, del índice de este juzgado, remite copia certificada del oficio 070120614000/CIVIL/578/2021, firmado por Julián Pedro López Martínez, del departamento contencioso del Instituto Mexicano del Seguro Social, y del acuerdo de veintidós de octubre del año en curso, con el cual informa que se turnaron los autos para el dictado de la sentencia correspondiente. Acuerdo. Atento a lo anterior, este juzgado toma conocimiento de las actuaciones realizadas por el Juez responsable para el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, por tanto, se tiene a dicha autoridad responsable en vías de cumplimiento. Cumplimiento de sentencia. Por lo anterior, comuníquese a la oficiante, que con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se deben atender los lineamientos de la sentencia constitucional dentro del plazo de tres días debiendo remitir las constancias que lo acrediten.

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