Juan Jesús Quintanilla de la Cerda
Expediente 1128/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 44 actuaciones registradas, la última del 10 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1128/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 44
- Última actuación
- 10/12/2021
Partes del expediente
- Juan Jesús Quintanilla de la Cerda
- Juan Jesús Quintanilla de la Cerda y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 44.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, diez de diciembre de dos mil veintiuno. Razón actuarial. Vista la razón actuarial de cuenta, de la que se advierte la imposibilidad del Actuario Judicial de la adscripción, de notificar personalmente el auto de treinta de noviembre del año en curso, al tercero interesado Fiscal del Ministerio Público Investigador de la Fiscalía de Distrito Metropolitano de la Unidad de Investigación y Judicialización, Zona Oriente, con sede en esta ciudad, por los motivos ahí señalados. Notificación por lista. En atención a lo anterior, con fundamento en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, se ordena notificar por lista el auto de mérito y las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal.-------------------------------------------------------------------------------------------------EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN ACUERDO ANTERIOR, SE NOTIFICA POR LISTA AL TERCERO INTERESADO EL AUTO DE TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO.-Número de expediente: 1128/2018 Acuerdo: Estado de autos. Visto el estado actual que guardan los autos y la certificación de cuenta, de los que se advierte que ha transcurrido el plazo concedido a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo; en consecuencia, este órgano de control constitucional, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, procede al análisis oficioso de dicho cumplimiento sobre la base de las constancias que obran en el juicio. Fijación de actos y protección constitucional. El acto reclamado en esta instancia constitucional consistió: La audiencia de control de detención de diecisiete de agosto de dos mil dieciocho; El auto de vinculación a proceso de veintidós de agosto de dos mil dieciocho por los delitos de Asociación Delictuosa y Contra la Salud en su modalidad de posesión simple del narcótico conocido como Cannabis Sativa L Marihuana y, La medida cautelar de prisión preventiva, todo dentro de la causa penal 204/2018. Por sentencia de dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho, se negó a Juan Jesús Quintanilla de la Cerda, Luis Elías Luna Rodríguez, Jance López Prieto, Javier Alejandro Rodríguez Dávila, Oscar Esteban Martínez Hernández, Alejandro Tronco Audelo, Brayan Ignacio Marín Guerrero, Carlos José Hernández Ramón, Luis Jorge Ojeda García y Juan Manuel Correa Montero, a través de su defensor particular Jorge Alejandro Gutiérrez Navarro, la protección constitucional solicitada. Inconforme con el sentido de la sentencia, la parte quejosa a través de Jorge Alejandro Gutiérrez Navarro, en su carácter de defensor particular, interpuso recurso de revisión, por turno le correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con sede en esta ciudad, y por ejecutoria de treinta de agosto de dos mil diecinueve, dictada en el amparo en revisión número 51/2019, revocó la sentencia recurrida y ordenó reponer el procedimiento, para el efecto que de los impetrantes de amparo, señalaran o no como acto reclamado destacado la inconstitucionalidad del precepto 15 bis del Código Penal para el Estado de Chiapas y si designaban como responsables a las autoridades administrativas y legislativas que intervinieron en el proceso de creación de dicha norma. Por auto de veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, se tuvo por ampliada la demanda en relación con el acto reclamado señalado en el párrafo que antecede y autoridades administrativas. Seguido el trámite, en cumplimiento a lo ordenado por la Secretaria Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, con residencia en la Ciudad de México, se remitió el presente asunto al Juez Sexto de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Uruapán, Michoacán, para dictar la resolución correspondiente, el que registró con el número auxiliar 585/2019 y por sentencia de seis de diciembre de dos mil diecinueve, sobreseyó y negó la protección constitucional solicitada. Inconforme con el sentido de dicha resolución Juan Jesús Quintanilla de la Cerda, Luis Elías Luna Rodríguez, Jance López Prieto, Javier Alejandro Rodríguez Dávila, Óscar Esteban Martínez Hernández, Alejandro Tronco Audelo, Brayan Ignacio Marín Guerrero, Carlos José Hernández Ramón, Luis Jorge Ojeda García y Juan Manuel Correa Montero, interpusieron recurso de revisión. Por turno le correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con sede en esta ciudad, el que registró con el número A.R.P. 73/2020, y por ejecutoria de nueve de marzo de dos mil veintiuno, modificó la sentencia recurrida y concedió la protección constitucional para los efectos siguientes: El Juez de Control responsable realice lo siguiente: Deje intocada la audiencia que calificó de legal la detención de los quejosos; así como el auto de vinculación a proceso por los delitos de asociación delictuosa y delitos contra la salud en su modalidad de posesión simple del narcótico conocido como marihuana; y, Ordene una audiencia en la que vuelva a pronunciarse en relación a la medida cautelar de prisión preventiva, tomando en consideración la reforma suscitada el veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, del artículo 15 Ter del Código Penal para el Estado de Chiapas, resolviendo lo que en derecho corresponda. Análisis del cumplimiento. Atento a lo anterior, el Juez de Control responsable, mediante oficio 1263/2021 de veintinueve de marzo de dos mil veinte, remitió el DVD certificado, que contiene audio y video de la audiencia celebrada en esa misma fecha, en la causa penal 204/2018 y con el diverso 8785/2021 de ocho del presente mes y año, remitió copia certificada de la citada audiencia. Documentales a las que se concede pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º, párrafo segundo. Ahora bien, la responsable en la audiencia de veintinueve de marzo de dos veintiuno, en cumplimiento a los efectos de la ejecutoria de amparo señalado en el inciso a) dejó intocada la audiencia que calificó de legal la detención de los quejosos; así como el auto de vinculación a proceso por los delitos de asociación delictuosa y delitos contra la salud en su modalidad de posesión simple del narcótico conocido como marihuana. Asimismo, en cumplimiento al efecto indicado en el inciso b), en la nueva audiencia, tomando en consideración la reforma suscitada el veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, del artículo 15 Ter del Código Penal para el Estado de Chiapas, impuso a los quejosos la medida cautelar de prisión preventiva justificada, durante el término que dure el procedimiento. Decisión. Del examen entre lo considerado en la sentencia de amparo y la constancia mencionada en los párrafos que anteceden, se concluye que la responsable atendió los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo; por consiguiente, se tiene por cumplido el fallo protector en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Orden de archivo. En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. Depuración de expediente. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es susceptible de depuración, en virtud de que se ubica en la hipótesis prevista por el artículo 18, fracción I, inciso b), de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se sobreseyó y se concedió la protección constitucional. Por otra parte, en términos del artículo 18, párrafo primero del Acuerdo Plenario, dese vista a las partes, a fin de que acudan al local de este juzgado de Distrito dentro de un plazo de noventa días, a recoger los documentos que hayan exhibido en el presente expediente, apercibidos que, en caso de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Asimismo, una vez transcurrido el término de tres años contado a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido; dentro de los siguientes noventa días, se deberá depurar el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; y los demás documentos que se considere pertinente. Terminado el proceso de depuración, solicítese la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación; lo anterior, en términos de los párrafos segundo y tercero del citado numeral 18 del Acuerdo Plenario señalado. Relevancia documental. Es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15, del acuerdo citado en líneas que anteceden. Valoración. En términos del numeral 35, del Acuerdo General señalado, indíquese la valoración que corresponda, Relevancia Documental, Conservable, Depurable o Destruible, en la caratula del expediente y en la relación que se integre para efectos de su transferencia. Incidente de suspensión. Toda vez que, en el presente se formó por duplicado y separado incidente de suspensión, provéase lo conducente en el cuaderno original y; procédase a la destrucción de la copia del incidente una vez que transcurran seis meses a partir de la resolución interlocutoria; tal como lo establece la fracción II, del artículo 20 del Acuerdo Plenario precitado. Incidente de suspensión.
- Incidental
Estado procesal. Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que fueron concedidas las medidas cautelares. Archivo y depuración. Atento a lo anterior y en cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo de este expediente y se determina que es susceptible de depuración, ya que se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 18, fracción I, inciso a), del citado Acuerdo General, y háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente. Por otra parte, en términos del artículo 18, párrafo primero del Acuerdo Plenario, dese vista a las partes, a fin de que acudan al local de este juzgado de Distrito dentro de un plazo de noventa días, a recoger los documentos que hayan exhibido en el presente expediente, apercibidos que, en caso de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Igualmente, una vez cumplido el término de tres años, que dispone el penúltimo párrafo del citado artículo 18, este órgano jurisdiccional, dentro de los siguientes noventa días, deberá depurar el expediente, conservando las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación, el presente proveído que ordena su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que se considere. Terminado el proceso de depuración, solicítese la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Relevancia documental. Asimismo, se estima que este expediente no tiene relevancia documental para su conservación; ya que no se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15, del acuerdo citado en líneas que anteceden. Valoración. En términos del numeral 35, del Acuerdo General señalado, indíquese la valoración que corresponda, Relevancia Documental, Conservable, Depurable o Destruible, en la caratula del expediente y en la relación que se integre para efectos de su transferencia.
- Principal
Estado de autos. Visto el estado actual que guardan los autos y la certificación de cuenta, de los que se advierte que ha transcurrido el plazo concedido a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo; en consecuencia, este órgano de control constitucional, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, procede al análisis oficioso de dicho cumplimiento sobre la base de las constancias que obran en el juicio. Fijación de actos y protección constitucional. El acto reclamado en esta instancia constitucional consistió: La audiencia de control de detención de diecisiete de agosto de dos mil dieciocho; El auto de vinculación a proceso de veintidós de agosto de dos mil dieciocho por los delitos de Asociación Delictuosa y Contra la Salud en su modalidad de posesión simple del narcótico conocido como Cannabis Sativa L Marihuana y, La medida cautelar de prisión preventiva, todo dentro de la causa penal 204/2018. Por sentencia de dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho, se negó a Juan Jesús Quintanilla de la Cerda, Luis Elías Luna Rodríguez, Jance López Prieto, Javier Alejandro Rodríguez Dávila, Oscar Esteban Martínez Hernández, Alejandro Tronco Audelo, Brayan Ignacio Marín Guerrero, Carlos José Hernández Ramón, Luis Jorge Ojeda García y Juan Manuel Correa Montero, a través de su defensor particular Jorge Alejandro Gutiérrez Navarro, la protección constitucional solicitada. Inconforme con el sentido de la sentencia, la parte quejosa a través de Jorge Alejandro Gutiérrez Navarro, en su carácter de defensor particular, interpuso recurso de revisión, por turno le correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con sede en esta ciudad, y por ejecutoria de treinta de agosto de dos mil diecinueve, dictada en el amparo en revisión número 51/2019, revocó la sentencia recurrida y ordenó reponer el procedimiento, para el efecto que de los impetrantes de amparo, señalaran o no como acto reclamado destacado la inconstitucionalidad del precepto 15 bis del Código Penal para el Estado de Chiapas y si designaban como responsables a las autoridades administrativas y legislativas que intervinieron en el proceso de creación de dicha norma. Por auto de veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, se tuvo por ampliada la demanda en relación con el acto reclamado señalado en el párrafo que antecede y autoridades administrativas. Seguido el trámite, en cumplimiento a lo ordenado por la Secretaria Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, con residencia en la Ciudad de México, se remitió el presente asunto al Juez Sexto de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Uruapán, Michoacán, para dictar la resolución correspondiente, el que registró con el número auxiliar 585/2019 y por sentencia de seis de diciembre de dos mil diecinueve, sobreseyó y negó la protección constitucional solicitada. Inconforme con el sentido de dicha resolución Juan Jesús Quintanilla de la Cerda, Luis Elías Luna Rodríguez, Jance López Prieto, Javier Alejandro Rodríguez Dávila, Óscar Esteban Martínez Hernández, Alejandro Tronco Audelo, Brayan Ignacio Marín Guerrero, Carlos José Hernández Ramón, Luis Jorge Ojeda García y Juan Manuel Correa Montero, interpusieron recurso de revisión. Por turno le correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con sede en esta ciudad, el que registró con el número A.R.P. 73/2020, y por ejecutoria de nueve de marzo de dos mil veintiuno, modificó la sentencia recurrida y concedió la protección constitucional para los efectos siguientes: El Juez de Control responsable realice lo siguiente: Deje intocada la audiencia que calificó de legal la detención de los quejosos; así como el auto de vinculación a proceso por los delitos de asociación delictuosa y delitos contra la salud en su modalidad de posesión simple del narcótico conocido como marihuana; y, Ordene una audiencia en la que vuelva a pronunciarse en relación a la medida cautelar de prisión preventiva, tomando en consideración la reforma suscitada el veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, del artículo 15 Ter del Código Penal para el Estado de Chiapas, resolviendo lo que en derecho corresponda. Análisis del cumplimiento. Atento a lo anterior, el Juez de Control responsable, mediante oficio 1263/2021 de veintinueve de marzo de dos mil veinte, remitió el DVD certificado, que contiene audio y video de la audiencia celebrada en esa misma fecha, en la causa penal 204/2018 y con el diverso 8785/2021 de ocho del presente mes y año, remitió copia certificada de la citada audiencia. Documentales a las que se concede pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º, párrafo segundo. Ahora bien, la responsable en la audiencia de veintinueve de marzo de dos veintiuno, en cumplimiento a los efectos de la ejecutoria de amparo señalado en el inciso a) dejó intocada la audiencia que calificó de legal la detención de los quejosos; así como el auto de vinculación a proceso por los delitos de asociación delictuosa y delitos contra la salud en su modalidad de posesión simple del narcótico conocido como marihuana. Asimismo, en cumplimiento al efecto indicado en el inciso b), en la nueva audiencia, tomando en consideración la reforma suscitada el veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, del artículo 15 Ter del Código Penal para el Estado de Chiapas, impuso a los quejosos la medida cautelar de prisión preventiva justificada, durante el término que dure el procedimiento. Decisión. Del examen entre lo considerado en la sentencia de amparo y la constancia mencionada en los párrafos que anteceden, se concluye que la responsable atendió los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo; por consiguiente, se tiene por cumplido el fallo protector en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Orden de archivo. En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. Depuración de expediente. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es susceptible de depuración, en virtud de que se ubica en la hipótesis prevista por el artículo 18, fracción I, inciso b), de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se sobreseyó y se concedió la protección constitucional. Por otra parte, en términos del artículo 18, párrafo primero del Acuerdo Plenario, dese vista a las partes, a fin de que acudan al local de este juzgado de Distrito dentro de un plazo de noventa días, a recoger los documentos que hayan exhibido en el presente expediente, apercibidos que, en caso de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Asimismo, una vez transcurrido el término de tres años contado a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido; dentro de los siguientes noventa días, se deberá depurar el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; y los demás documentos que se considere pertinente. Terminado el proceso de depuración, solicítese la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación; lo anterior, en términos de los párrafos segundo y tercero del citado numeral 18 del Acuerdo Plenario señalado. Relevancia documental. Es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15, del acuerdo citado en líneas que anteceden. Valoración. En términos del numeral 35, del Acuerdo General señalado, indíquese la valoración que corresponda, Relevancia Documental, Conservable, Depurable o Destruible, en la caratula del expediente y en la relación que se integre para efectos de su transferencia. Incidente de suspensión. Toda vez que, en el presente se formó por duplicado y separado incidente de suspensión, provéase lo conducente en el cuaderno original y; procédase a la destrucción de la copia del incidente una vez que transcurran seis meses a partir de la resolución interlocutoria; tal como lo establece la fracción II, del artículo 20 del Acuerdo Plenario precitado. Incidente de suspensión.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, once de noviembre de dos mil veintiuno. Promoción. Se tiene por recibido el oficio de cuenta, signado por el Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento Región Uno, residente en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, mediante el cual, en cumplimiento al oficio 6011-P, remite copia certificada de la resolución de veintinueve de marzo del año en curso. Acuerdo. Atento a lo anterior, se tiene a la citada responsable dando cumplimiento a lo ordenado y se toma nota para los efectos legales conducentes.
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