Juan José Aguilar Carcaño

Expediente 793/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
793/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
29/09/2022

Partes del expediente

  • Juan José Aguilar Carcaño

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintinueve de septiembre de dos mil veintidós. SE RECIBE EJECUTORIA. Por recibido el oficio de cuenta número 686 B, signado por el Actuario adscrito al Decimotercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con sede en la Ciudad de México, al cual se acompaña copia autorizada de la ejecutoria dictada en el conflicto competencial 38/2022, suscitado entre el Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa, con sede en la Ciudad de México, y este órgano jurisdiccional, en relación al juicio de amparo promovido por Juan José Aguilar Carcaño, contra actos del Consejo de Carrera de la Guardia Nacional y otras autoridades. Ahora, de la ejecutoria correspondiente a la sesión púbica extraordinaria de cinco de septiembre de dos mil veintidós, el Tribunal de Alzada resolvió lo siguiente: ÚNICO. Es legalmente competente el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, para conocer de la demanda de amparo, por las razones expresadas en el último considerando de la presente resolución. En ese contexto, este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, toma conocimiento de dicha determinación; sin que sea necesario acusar recibo del mismo, virtud a que fue remitido vía interconexión y dicho sistema genera el acuse correspondiente. SE ORDENA ARCHIVO FÍSICO Ahora, visto el estado que guardan los presentes autos, se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214, de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO. En consideración a lo anterior, y a que de la certificación que antecede no se advierte que obre glosado documento original alguno ni en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado relacionado con el mismo, aunado a que el presente juicio no se considera de relevancia documental, con fundamento en los artículos 12 y 21, incisos j), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el presente juicio de amparo es SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, en razón de que este juzgado se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda, por lo que una vez transcurridos tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.svm

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticuatro de agosto de dos mil veintidós. INFORMA SOBRE CONFLICTO COMPETENCIAL. Agréguese únicamente a los presentes autos el oficio de cuenta mediante el cual la autoridad que lo remite, hace del conocimiento de este juzgado que con fecha once de agosto del año en curso, dictado en el expediente 38/2022 de su índice, fue admitido el conflicto competencial derivado del presente asunto, sin que se haga necesario un mayor pronunciamiento, toda vez que dicho oficio carece de firma autógrafa o electrónica. Cúmplase. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza.- Doy fe.RclCon fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretario Luis Felipe Sánchez Luna CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiuno de julio de dos mil veintidós. SE RECIBE DEMANDA Por recibido el oficio 32215/2022, signado por el Secretario del Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, que contiene inserto el auto de seis de julio de dos mil veintiuno, al que adjunta el expediente J.A1060/2022, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por JUAN JOSÉ AGUILAR CARCAÑO, contra actos del Consejo de Carrera de la Guardia Nacional y otras autoridades. Del proveído de seis de julio de año en curso, que se encuentra inserto en el oficio de cuenta, se advierte que el Juez Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida por JUAN JOSÉ AGUILAR CARCAÑO, contra actos del Consejo de Carrera de la Guardia Nacional y otras autoridades, fundando su determinación entre otros preceptos, en los artículos 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y motivando su determinación en la circunstancia de que los actos reclamados encuadran en el supuesto de aquellos que se ejecutaron y que por tanto debe conocer del asunto, el juez del lugar en donde se dio tal ejecución, lo que en su consideración, en la especie aconteció en Michoacán, por lo que estima se actualiza la primera de las hipótesis previstas en el artículo 37 de la Ley de la Materia, y que por ende en términos del citado acuerdo general, la competencia se surte a favor del juez de Distrito en el Estado de Michoacán en turno, con sede en Morelia. El suscrito juzgador no comparte el criterio sustentado por la similar declinante, por las siguientes razones jurídicas: En efecto, el artículo 37, de la Ley de Amparo establece: "Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del contenido de dicho numeral se advierte la existencia de tres reglas para determinar la competencia de un juzgado de Distrito que son: a) La primera, es competente el juez de Distrito del lugar en que debe tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. Esta regla competencial se define con base en el lugar de residencia de la autoridad ejecutora y se actualiza siempre y cuando la sola emisión u orden del acto reclamado no lesione al gobernado en su esfera jurídica, sino que es menester la ejecución de un acto posterior para que se dé la violación de derechos humanos. b) La segunda, cuando el acto pueda tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda (a prevención); y c) La tercera regla establece que cuando el acto reclamado no exige ejecución material resultará competente el juez ante quien se presente la demanda. De lo anterior se deriva que todas las reglas competenciales tienen su fuente de origen tanto en el lugar donde se ejecuta el acto, como el de residencia de la autoridad responsable sea ejecutora u ordenadora; no así respecto de actos que pudieran derivar de particulares, toda vez que los fallos de amparo por regla general, solamente vinculan a las autoridades. En el caso, la parte peticionaria del amparo en el capítulo relativo a los actos reclamados manifiesta reclamar: ".- la queja a través del cual solicitó el inicio de procedimiento en contra del aquí quejoso. La prueba y emisión del reporte integral de evaluación de toxicología, realizada por el Director General de Control y Confianza de la Guardia Nacional;. El acuerdo de inició de procedimiento administrativo GN/CC/1ra/CSP/044/2022 de tres de junio de dos mil veintidós; y su inminente resolución. El citatorio para acudir a la audiencia contenido en el oficio GN/CC/CSP1/272/2022 de tres de junio de dos mil veintidós. En el punto señalado con el número siete de los antecedentes de acto reclamado, el amparista expresa que el dieciséis de junio de dos mil veintidós, fue requerido para presentarse en las instalaciones que ocupa la Guardia nacional, ubicadas en Boulevard Adolfo Ruiz Cortines, número 3648, colonia Jardines del Pedregal, Alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México, en la que fue notificado el oficio citatorio GN/CC/CSP1/272/2022 de tres de junio de dos mil veintidós, suscrito por la Secretaria de Acuerdos de la Primera Comisión para sustanciar los procedimientos administrativos por el cumplimiento a los requisitos de permanencia. Citándolo para comparecer personalmente al desahogo de la audiencia de ley, a que se refiere el artículo 235 de la Ley de la Guardia Nacional, dentro del expediente GN/CC/1ra/SCP/044/2022. En consideración a lo expuesto por el quejoso en su libelo y atento a la naturaleza de los actos reclamados, el suscrito estima que, contrariamente a lo considerado por su similar declinante, en la especie se actualiza la segunda de las hipótesis que establece el artículo 37 de la Ley de Amparo. Lo anterior se considera así, dado que si bien es cierto que asiste razón a la autoridad declinante, por cuanto a que en parte, fue suspendido de manera temporal de su empleo, cargo o comisión en la Guardia Nacional, mientras se encontraba adscrito a la Unidad de órganos Especializados por competencia Guardia Nacional, Dirección General en Carreteras e Instalaciones, Coordinación de Batallón Michoacán, no menos cierto es, que en la Ciudad de México se realizó la notificación del citatorio para la audiencia de ley que habrá de tener lugar en ese mismo lugar, de ahí que tanto tal comunicación ya realizada como la audiencia; así como la prueba de toxicología son actos que tuvieron y tendrán ejecución en la Ciudad de México. Incluso, ello es acorde con el hecho de que atento a lo manifestado por el quejoso al parecer no está adscrito a alguna circunscripción, a más de que fijar la competencia en la Ciudad de México le permitiría acceder de mejor forma a la justicia, virtud a que las autoridades responsables tienen ahí su sede. Máxime que no existe dato alguno que permita concluir que el acto se ejecutó en algún municipio donde este juzgado ejerce jurisdicción, puesto que el quejoso al desahogar la prevención sólo precisó que estaba adscrito a la Unidad de Órganos Especializados por Competencia Guardia Nacional, Dirección General en Carreteras e Instalaciones, Coordinación de Batallón, Michoacán, sin precisar el municipio, cuando que existen Juzgados de Distrito siautados en Uruapan y Morelia, con diversa competencia. Aunado a lo anterior, se insiste, los actos también tuvieron ejecución en la Ciudad de México, pues el propio amparista en su libelo refiere que el dieciséis de junio de dos mil veintidós, fue requerido para presentarse en las instalaciones que ocupa la Guardia nacional, ubicadas en Boulevard Adolfo Ruiz Cortines, número 3648, colonia Jardines del Pedregal, Alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México, en la que fue notificado el oficio citatorio GN/CC/CSP1/272/2022 de tres de junio de dos mil veintidós, suscrito por la Secretaria de Acuerdos de la Primera Comisión para sustanciar los procedimientos administrativos por el cumplimiento a los requisitos de permanencia, de lo que se concluye que también en aquella ciudad tuvo ejecución material la orden que constituye el acto de molestia en la presente vía de amparo y se traduce en el inicio del procedimiento relativo. En mérito de lo antes expuesto, quien esto juzga considera que en la especie no se encuentra realmente actualizada la primera de las hipótesis que establece el artículo 37, de la Ley de Amparo, y sí en cambio, atendiendo a todos los actos reclamados por la parte quejosa y todo lo expuesto en su libelo, el segundo de los supuestos que prevé el citado artículo de la ley de la materia, por lo que la competencia para conocer y resolver del presente juicio, se surte a favor del Juzgado de Distrito que previno en el conocimiento del asunto, es decir, el que conoció inicialmente de la demanda de amparo, por haberlo prevenido el ahora quejoso, en estricta aplicación de la segunda regla de competencia que prevé el artículo antes aludido, que en la especie lo es el Juez Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. Cobra aplicación sobre el particular, la jurisprudencia 2a./J.2/95, en materia común emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 31, Tomo I, Abril de 1995, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "COMPETENCIA. CUANDO LAS AUTORIDADES RESPONSABLES EJECUTORAS PUEDEN ACTUAR DENTRO DEL AMBITO TERRITORIAL EN QUE EJERCEN JURISDICCION LOS JUECES CONTENDIENTES, DEBE FINCARSE EN FAVOR DEL QUE PREVINO.- Si las autoridades responsables señaladas como ejecutoras pueden actuar dentro de la jurisdicción territorial de cada uno de los juzgados de Distrito contendientes y, por ende, los actos reclamados pueden tener ejecución material dentro de esas jurisdicciones, bajo la premisa de que se trata de actos que requieren ejecución material, será competente para conocer de la demanda de amparo, cualquiera de ellos, a prevención, en términos del segundo párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo. Consecuentemente, el juez de Distrito que previno en el conocimiento de la demanda es quien debe continuar conociendo de ella". También es aplicable en el presente caso, la tesis I.3o.C.583c, emitida en materia civil común por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, localizada en la página 1649, Tomo XXV, Marzo de 2007, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "COMPETENCIA TERRITORIAL. CUANDO EL ACTO RECLAMADO TENGA EJECUCIÓN MATERIAL INDEPENDIENTE EN DOS O MÁS DISTRITOS DIFERENTES, OPERA EL PRINCIPIO DE PREVENCIÓN EN APLICACIÓN ANALÓGICA DE LA SEGUNDA HIPÓTESIS CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 36 DE LA LEY DE AMPARO.- La segunda hipótesis que prevé dicho artículo se refiere a cuando el acto tenga ejecución material y ha iniciado su ejecución en un distrito y continúa ejecutándose en otro; de manera que existen dos o más autoridades ejecutoras radicadas en territorios sometidos a la jurisdicción de varios Jueces de Distrito, ya que cuando un acto de autoridad inicia su ejecución en un distrito y siga ejecutándose en otro, la competencia para conocer del juicio se surtirá a favor del que hubiere prevenido, es decir, del que haya recibido primero la demanda que lo pone en aptitud de efectuar actos procesales tendientes a sustanciar el juicio antes que su contendiente competencial. Por su parte, el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos determina que la presentación de las demandas de amparo deben realizarse ante los Jueces de Distrito que ejerzan jurisdicción en el lugar en donde el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, lo que reviste primordial importancia para determinar a qué órgano le recae la competencia de un asunto en particular, con lo cual queda claro que las autoridades que dictan u ordenan los actos reclamados juegan un papel determinante en la esfera jurídica del peticionario de garantías, pero las autoridades ejecutoras cobran mayor importancia en la medida en que son las que materialmente afectan al gobernado hasta sus últimas consecuencias, en el lugar en que vive o en donde se ubique el bien o cosa en que habrán de recaer los efectos o consecuencias del acto reclamado. Y constituye un criterio eficaz, en atención a que se evitan dilaciones procesales causadas cuando se hace necesario girar exhortos o despachos a tribunales de distinta jurisdicción para que en su auxilio practiquen notificaciones, levanten embargos, o se practique el desahogo de pruebas de inspecciones, testimoniales u otras diligencias dictadas tanto en el cuaderno principal como en el de suspensión, que por estar fuera de su jurisdicción no puede realizar en forma personal o por conducto de su personal adscrito. Lo anterior evidencia que el legislador no previó la hipótesis consistente en que un mismo acto reclamado pueda tener ejecución independiente en dos lugares distintos, por lo cual, para estos casos, se estima conveniente aplicar de manera analógica, la segunda hipótesis que prevé el artículo 36 de la Ley de Amparo, que refiere que si el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención, será competente, teniendo en cuenta que al conocer de la ejecución tendrá que pronunciarse sobre el acto de la autoridad ordenadora, y cualquiera de ellas, podrá conocer del caso; de modo que debe regir la regla de la prevención para definir al Juez que deba conocer de ambos actos, la orden y su ejecución. Asimismo cobra aplicación sobre el particular, el criterio sustentado por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, contenido en la tesis I.11o.C.19 K, consultable en la página 1531, Tomo XIX, Marzo de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del texto y rubro siguiente: "COMPETENCIA EN UN JUICIO DE AMPARO EN QUE LOS ACTOS RECLAMADOS DEBAN EJECUTARSE EN DISTRITOS JUDICIALES DISTINTOS. CORRESPONDE CONOCER AL JUEZ DE DISTRITO QUE CONOCIÓ INICIALMENTE DE LA DEMANDA.- El artículo 36 de la Ley de Amparo establece tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito, en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda, a saber: a) Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o haya ejecutado el acto reclamado; b) Cuando el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora bien, lo que distingue las dos primeras reglas de competencia de la tercera, es que en esta última el acto o resolución reclamado no requiere ejecución material, mientras que la operancia de las otras exige esta ejecución; y lo que distingue a las reglas competenciales que requieren que el acto reclamado tenga ejecución material no lo es el que el acto ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino el que ello ocurra en la jurisdicción de uno o varios Jueces de Distrito, pues la primera regla competencial se refiere a todos los supuestos en que deba ejecutarse el acto, sólo hace mención a que éste se efectúe en una jurisdicción, mientras que la segunda se refiere a la ejecución que pueda darse en dos distritos diferentes. Por tanto, si la ejecución material de los actos como el remate, comenzó en un distrito judicial y continuó o tendrá que continuar en otro distinto a aquél, como lo sería el anuncio de la venta, el llamamiento de postores en el lugar de la ubicación del inmueble y, en su caso, el desposeimiento del inmueble rematado, entre otros, debe estimarse que resulta competente para conocer el Juez de Distrito que previno, esto es, el que haya conocido inicialmente de la demanda, en estricta aplicación de la segunda regla de competencia prevista en el artículo 36 de la Ley de Amparo. Los criterios invocados en esta resolución se citan aún y cuando hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos, no se opone a lo que la ley de la materia aplicable dispone; ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece. En consecuencia, devuélvase la demanda de amparo promovida por JUAN JOSÉ AGUILAR CARCAÑO, contra actos del Consejo de Carrera de la Guardia Nacional, con sede en la Ciudad de México y otras autoridades, así como las copias relativas, previo cuaderno de antecedentes que se forme con copia de la misma, para que obre como corresponda y surta los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.svm

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