Juan Jesús Reyes Fuerte

Expediente 32/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 23 actuaciones registradas, la última del 5 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
32/2021
Año
2021
Actuaciones
23
Última actuación
05/08/2022

Partes del expediente

  • Juan Jesús Reyes Fuerte
  • Magistrado de la Tercera Sala Penal del S.T.J.E. cd

Actuaciones

Las 4 más recientes de 23.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, a cinco de agosto de dos mil veintidós. ACUSA RECIBO Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta, signado por el Magistrado de la Tercera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, a través del cual acusa recibo del diverso 15268 de veintidós de julio del año en curso, con el que se devolvió un tomo de prueba, consistente en el original del toca penal número XI-60/2020 de su control, así como un disco DVD que contiene los registros de la causa e índices cronológicos de las audiencias; mismos que en su momento acompañó al informe justificado que le fue solicitado. Cúmplase. Así lo proveyó y firma Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, encargado del despacho por ministerio de Ley, con motivo del primer período vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional del cinco al diecinueve de agosto del año en curso, en términos del oficio CCJ/ST/01926/2022, signado por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal; quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, secretario que autoriza. Doy fe.-

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, a veintidós de julio de dos mil veintidós. VISTA CON ESTADO DE AUTOS; CAUSA EJECUTORIA Visto el estado que guardan los presentes autos, en específico la certificación secretarial de cuenta, se obtiene que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que el quejoso Juan Jesús Reyes Fuerte hubiere interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente asunto, en la que se le negó el amparo y protección de la Justicia Federal (que es a la parte a quien pudiera afectarle el sentido de esa determinación); en tal virtud, se acuerda lo siguiente: Con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS Y DISCO Hágase devolución al Magistrado de la Tercera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, del cuaderno de pruebas consistente en el original del toca penal XI-60/2020, así como un disco DVD que contiene los registros de la causa e índices cronológicos de las audiencias; mismos que en su momento se adjuntaron a su respectivo informe justificado. ARCHIVO Por otro lado, visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214 de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO En consideración a lo anterior, y a que de la certificación secretarial que antecede no se desprende que en el presente juicio obren glosados documentos originales ni en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado, aunado a que no se considera de relevancia documental, con fundamento en los artículos 12 y 18, incisos b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el presente amparo es SUSCEPTIBLE DE DEPURARSE, en razón de haberse NEGADO el amparo y protección de la justicia federal, resolución que fue confirmada por el Tribunal de Alzada; por lo tanto, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el juicio. Sin que haya lugar a realizar pronunciamiento respecto a los cuadernos incidentales, toda vez que no se formaron los mismos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Luis Felipe Sánchez Luna, secretario que autoriza. Doy fe.-

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, a treinta de junio de dos mil veintidós. RAZÓN ACTUARIAL; NOTIFICACIONES POR LISTA Vista la razón levantada por el actuario de la adscripción, se obtiene que no le fue posible notificar a la parte tercero interesada de iniciales J.S.F.A., la resolución con engrose de veintiocho de junio en curso; en virtud de que no señaló domicilio para oír y recibir notificaciones personales en esta ciudad. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, notifíquese por medio de lista la referida actuación, así como las subsecuentes notificaciones que deban hacerse a dicha parte, aún las de carácter personal, hasta en tanto comparezca a señalar domicilio para tal fin. Cúmplase y notifíquese por lista la aludida resolución emitida en autos a la referida parte tercero interesada. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con Marbella Juárez García, secretaria que autoriza. Doy fe.-

  4. Principal

    EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO DE FECHA TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, MEDIANTE LSITA NOTIFICO a la parte tercero interesada de iniciales J.S.F.A., la resolución con engrose de veintiocho de junio en curso que en su parte relativa dice: V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo IX-32/2021, promovido por Juan Jesús Reyes Fuerte, por conducto de su defensor, contra los actos del: Magistrado de la Tercera Sala en Materia Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el trece de enero de dos mil veintiuno, en el Buzón Judicial de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, Juan Jesús Reyes Fuerte, por conducto de su defensor, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto y la autoridad que precisó en los siguientes términos: "(.) III.- Autoridad Responsable: La Honorable Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán de Ocampo. IV.- Acto reclamado: La sentencia de fecha 16 dieciséis de diciembre del año próximo anterior, dictada dentro del Toca número XI-60/2020, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por el suscrito, en cuanto defensor particular del señor JUAN JESÚS REYES FUERTE, en contra del auto de vinculación a proceso de fecha 11 once de noviembre del año 2020 dos mil veinte, emitido dentro de la Causa Penal número 1403/2020, instruida por el Juzgado de Control de esta ciudad, en contra del citado imputado, por el presunto delito de homicidio en agravio del señor JOSÉ RAFAEL FUERTE ARREOLA. (.)." Acto que el promovente del amparo consideró violatorio, en su perjuicio de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14, 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de amparo. Por razón de turno aleatorio, el conocimiento del asunto le correspondió a este juzgado de Distrito y mediante proveído de quince de enero de dos mil veintiuno, se ordenó formar el expediente IX-32/2021; admitir a trámite el referido ocurso; se requirió a la autoridad responsable su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la Federación; se ordenó la notificación del señalado proveído a los terceros interesados; y, se fijó fecha para el desahogo de la audiencia constitucional. Dicha audiencia previos diferimientos, se celebró el dieciocho de abril de dos mil veintidós, al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente por materia, territorio y grado, para conocer del presente asunto y resolverlo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito. Además de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General 21/2020 del mismo órgano colegiado, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, modificado por su similar 7/2022 del propio Pleno. Igualmente se considera dicha competencia legal porque se trata de una demanda de amparo promovida contra un acto que afecta la libertad en materia penal, que tiene ejecución dentro del territorio donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y precisa del acto reclamado, para lo que es necesario tomar en consideración, en su integridad, la demanda de garantías y toda la información que obra en el expediente. Ilustra lo anterior la Jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." De igual manera resulta ilustrativa la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a continuación se inserta: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese sentido, del análisis integral de la demanda de garantías y de las constancias que obran en autos, se desprende que el acto reclamado a la autoridad responsable, es el siguiente: La sentencia pronunciada el dieciséis de diciembre de dos mil veinte, por el Magistrado de la Tercera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, dentro del toca penal XI-60/2020, que confirmó el auto de vinculación a proceso de once de noviembre de dos mil veinte, pronunciado por el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral de esta ciudad de Morelia, Michoacán, dentro de la causa penal 1403/2020, por el que decretó la vinculación a proceso en contra del ahora quejoso, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de HOMICIDIO CALIFICADO, en agravio de la víctima de iniciales J. R. F. A. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Al rendir su informe justificado, la autoridad responsable aceptó la existencia del acto que le fue atribuido, por lo que se tiene plenamente probada. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del texto y datos de localización siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, tales afirmaciones se corroboran con las constancias que integran el original del toca penal XI-60/2020, así como el disco compacto que contiene audio y video relativos a la causa penal 1403/2020, que la autoridad responsable acompañó a su informe justificado. Medios de convicción que merecen valor probatorio pleno, en términos de lo establecido por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa al artículo 2º de la Ley de Amparo, al tratarse de constancias emitidas por autoridades en ejercicio de sus funciones. Apoya lo anterior la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del contenido literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Improcedencia del juicio de amparo. Examinada la certeza del acto reclamado, procede analizar la procedencia del juicio de amparo, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Esto quiere decir que no es necesario que alguna de las partes invoque su actualización para que se agote su estudio; precisamente porque el examen aludido es de orden público. Ahora, al no advertirse la actualización de alguna hipótesis que torne improcedente el presente juicio, ya sea de manera oficiosa o hecha valer por alguna de las partes, lo que se impone es realizar el examen del fondo del asunto, dando respuesta a los conceptos de violación. QUINTO. Transcripción innecesaria de los conceptos de violación. Este juzgado federal estima innecesario transcribir los conceptos de violación, por considerar que para colmar los requisitos de congruencia y exhaustividad, exigidos por la Ley de Amparo, basta con realizar el examen de los argumentos vertidos en la demanda de garantías con base en tales requisitos. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se transcribe en seguida: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Como una cuestión previa conviene señalar que, la fracción III del Artículo 79 de la Ley de Amparo, prevé que en los casos en los que el promovente del juicio de control constitucional tenga la calidad de imputado en un proceso de índole penal deberá suplirse la deficiencia de la queja en su favor; por ese motivo, en caso de observarse alguna vulneración a los derechos fundamentales del peticionario de la protección constitucional, este órgano jurisdiccional realizará el pronunciamiento pertinente para que dicha violación sea subsanada. También es menester señalar que para un correcto examen de los argumentos vertidos por el quejoso, serán analizados en un orden distinto al en que fueron formulados, en tanto que algunos lo serán de manera conjunta, debido a la estrecha vinculación existente entre ellos, como lo permite el artículo 76 de la Ley de Amparo. SEXTO. Estudio de fondo. Los conceptos de violación son infundados, sin que este juzgado advierta que deba suplirse su deficiencia acorde a lo dispuesto por el artículo 79 de la Ley de Amparo. Del análisis integral de la demanda se desprende que el peticionario de la protección constitucional aduce medularmente que es contraria a derecho la sentencia pronunciada el dieciséis de diciembre de dos mil veinte, por el Magistrado de la Tercera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, dentro del toca penal XI-60/2020, que confirmó el auto de vinculación a proceso de once de noviembre de dos mil veinte, pronunciado por el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral de esta ciudad de Morelia, Michoacán, dentro de la causa penal 1403/2020, por el que la autoridad responsable decretó la vinculación a proceso en contra del ahora quejoso, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de HOMICIDIO CALIFICADO, previsto y sancionado por los artículos 177, 122, 135, fracción I, inciso b), en relación con el 19, fracción I, 20, fracción I y 24, fracción II, del Código Penal del Estado de Michoacán, en agravio de la víctima de iniciales J. R. F. A.. Lo anterior porque: El Magistrado responsable inadvirtió que el artículo 177 del Código Penal del Estado de Michoacán, es inaplicable para someter a proceso al quejoso por los hechos que le fueron atribuidos, ya que tal numeral refiere a una conducta típica diferente "retención o sustracción específica de persona", con lo que se vulnera la exacta aplicación de la ley penal. Que es indebida la fundamentación y motivación de la resolución reclamada, ya que, por una parte, el artículo 316, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales exige que el delito se encuentre plenamente demostrado, lo que no ocurrió en el particular; por la otra, la responsable no señala en qué norma o criterio sustenta el argumento de que no se viola la exacta aplicación de la ley penal ni los artículos 19 Constitucional y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, con el uso de la expresión "apariencia de delito" y afirmar que en materia procesal penal, no opera tal principio. Lo que, además, vulnera en su perjuicio el principio de presunción de inocencia. Que el Juez de Control lo dejó en estado de indefensión al no entregarle copia de la videograbación de la audiencia de vinculación a proceso, ni su versión escrita. De ahí que es infundado lo que resuelve la responsable sobre que los datos de prueba obran en la videograbación de la audiencia de once de noviembre de dos mil veinte. Que el Magistrado responsable no argumentó cuál de las tres hipótesis contenidas en el artículo 135 del Código Penal del Estado de Michoacán, se sustentaba la calificativa de VENTAJA. Que el Juez de Control omitió exponer razonamiento para fundar y motivar la probabilidad de que el imputado hubiera intervenido en el hecho con base en la declaración de una sola persona. Anteriores circunstancias por las cuales el promovente de amparo solicita a este juzgado que se le conceda la protección de la Justicia de la Unión. Tales asertos, por una parte, resultan inoperantes y, por la otra, infundados, por los motivos que se exponen a continuación. Para un correcto entendimiento del asunto, conviene señalar que de la revisión de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se obtienen los siguientes antecedentes: El once de noviembre de dos mil veinte, el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, de esta ciudad de Morelia, Michoacán, dictó auto de vinculación a proceso al ahora quejoso JUAN JESÚS REYES FUERTE, por su probable intervención en el hecho que la ley establece como delito de HOMICIDIO CALIFICADO, previsto y sancionado en el artículo 117, 122 y 135, fracción I, inciso b), en relación con el 19, fracción I, 20, fracción I y 24, fracción II, del Código Penal del Estado de Michoacán, cometido en agravio de la víctima de iniciales J. R. F. A. Inconforme con lo anterior, la defensa del quejoso interpuso recurso de apelación, del que por turno correspondió conocer al Magistrado de la Tercera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, el que lo registró con el número de toca penal XI-60/2020, y con fecha dieciséis de diciembre de dos mil veinte, resolvió el medio de impugnación interpuesto al confirmar el auto de vinculación a proceso dictado el once de noviembre de dos mil veinte, materia de apelación y al efecto adujo: "(.) Sexto. La decisión y su consecuencia. Consecuentemente, los agravios planteados por el defensor privado son infundados, por tanto, se confirma el auto de vinculación a proceso dictado en audiencia del 11 once de noviembre de 2020 dos mil veinte, en la carpeta judicial 1403/2020, iniciada por la fiscalía a Juan Jesús Reyes Fuerte, por el hecho considerado por la ley como delito de homicidio calificado, en agravio de José Rafael Fuerte Arreola. Por lo antes expuesto, fundado, con apoyo. Puntos resolutivos Primero. Este tribunal de alzada resultó competente para resolver el recurso de apelación interpuesto por el defensor privado. Segundo. Los agravios planteados por el defensor privado son infundados. Tercero. En consecuencia, se confirma el auto de vinculación a proceso dictado en audiencia del 11 once de noviembre de 2020 dos mil veinte, en la carpeta judicial 1403/2020, iniciada por la fiscalía a Juan Jesús Reyes Fuerte, por el hecho considerado por la ley como delito de homicidio calificado, en agravio de José Rafael Fuerte Arreola. Cuarto. Notifíquese; ." (Anterior determinación que constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional). Como se adelantó, resultan inoperantes los motivos de disenso marcados con los números III y V. Ello toda vez que en el particular, el acto reclamado lo constituye la diversa resolución de segunda instancia de fecha dieciséis de diciembre de dos mil veinte, pronunciada por el Magistrado de la Tercera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, en el toca XI-60/2020, por la que se confirmó la diversa de fecha once de noviembre de dos mil veinte, emitida por el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral de esta ciudad de Morelia, Michoacán, por la que emitió auto de vinculación a proceso en su contra, por su probable participación en la comisión del hecho con apariencia de delito de HOMICIDIO CALIFICADO, previsto y sancionado por los artículos 177, 122, 135, fracción I, inciso b), en relación con el 19, fracción I, 20, fracción I y 24, fracción II, del Código Penal del Estado de Michoacán, en agravio de la víctima de iniciales J.R.F.A.. Lo cual conlleva a concluir que la resolución de primer grado y las actuaciones que se pretendieron combatir en ésta, no pueden ser motivo de análisis en esta sentencia, pues por una parte, no constituyen la resolución reclamada, ya que ha quedado sustituida procesalmente por la determinación que emitió el magistrado responsable en la apelación. De ahí que esta potestad federal deba analizar únicamente los conceptos de violación que endereza en contra de la determinación de segundo grado. Por ello son ineficaces tales argumentos. Ahora, no asiste razón a la quejosa cuando aduce que el Magistrado responsable inadvirtió que el artículo 177 del Código Penal del Estado de Michoacán, es inaplicable para someter a proceso al quejoso por los hechos que le fueron atribuidos, ya que tal precepto refiere a una conducta típica diferente es decir la "retención o sustracción específica de persona", con lo que se vulnera la exacta aplicación de la ley. Lo anterior porque de la resolución reclamada se aprecia que tal agravio se hizo valer ante la responsable y ésta señaló que es infundado porque en la audiencia del siete de noviembre de dos mil veinte, la fiscalía corrigió el fundamento de la imputación y manifestó al juez de control que el artículo aplicable al delito de homicidio era el 117 y no el 177 del Código Penal del Estado de Michoacán. Aunado a lo expuesto, la responsable precisó que el hecho de que el juez de control asentara en el acta de la audiencia el artículo 177 del Código Punitivo Estatal, no causa perjuicio al imputado, porque en dicha constancia la jueza precisó ese numeral, no como determinación, sino sólo como el que señaló la fiscal al formular la imputación. A más de que al resolver la situación jurídica, una vez que la jueza escuchó que la fiscal subsanó su error de fundamento, determinó que el hecho se subsumía, entre otros, al artículo 177 de la ley en cita, que corresponde al delito de homicidio, como consta en la audiencia de once de noviembre recurrida y en la constancia escrita. También la responsable destacó que al resolver la vinculación a proceso el juez de control no mencionó el numeral 177 de la ley penal y abordó el estudio de los datos de prueba, tomando como premisa normativa el delito de homicidio previsto en el dispositivo 117 del Código Penal del Estado de Michoacán. Consideraciones que este juzgado federal estima correctas, en tanto que, finalmente, la incorrección en la cita del precepto que regula el injusto referido fue corregida oportunamente y la resolución se sustentó precisamente, en el ordinal 117 de la ley sustantiva penal que regula el homicidio. Por otra parte, también resulta infundado el segundo de los agravios expresados respecto la indebida fundamentación y motivación de la determinación reclamada en esta sede constitucional, lo que afirma la quejosa pues dice que el artículo 316, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, exige que el delito se encuentre plenamente demostrado, lo que no ocurrió en el particular. Al respecto es necesario precisar que el artículo 16 de nuestra Carta Magna, dispone: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento [.].". El precepto constitucional citado establece la garantía de legalidad consistente en que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento; es decir, que deberá encontrarse fundado y motivado, a efecto de colmar los extremos ahí consignados. Además, resulta importante hacer una distinción entre indebida y falta de fundamentación y motivación; la indebida fundamentación y motivación consiste en que en el acto de autoridad sí se exponen motivos, pero éstos no se ajustan a los presupuestos de la norma legal citada como fundamento aplicable al asunto; en cambio, la falta de motivación consiste en la ausencia total de expresión de razonamientos y fundamentos del caso en particular. Asimismo, cabe destacar que la garantía de legalidad, en lo relativo a la fundamentación, impone a las autoridades el deber de precisar las disposiciones jurídicas que aplican a los hechos concretos de que se trate, así como de manifestar los razonamientos que demuestren la aplicabilidad de dichas disposiciones, todo lo cual se debe traducir en una argumentación o juicio de derecho; de igual manera, la garantía de motivación exige que las autoridades expongan los razonamientos con base en los cuales llegaron a la conclusión que se plasma en los actos que se emiten, lo que debe exteriorizarse en una argumentación o juicio de hecho. En suma, tanto fundar como motivar consisten en la exposición de los argumentos o razonamientos de la autoridad, dirigidos a demostrar la aplicabilidad de los preceptos jurídicos invocados y la certeza de los hechos a los que tales disposiciones rigen. En ese mismo sentido, conviene precisar que el cumplimiento de la garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 de la Constitución Federal se verifica de manera distinta tratándose de actos administrativos y de resoluciones jurisdiccionales, en lo que aquí interesa, tratándose de resoluciones jurisdiccionales la garantía constitucional de referencia se satisface sin necesidad de que se invoquen de manera expresa los preceptos que las funden, siempre que de la misma se pueda advertir con claridad el precepto normativo en que se sustente, esto porque los actos jurisdiccionales presuponen el debido proceso legal en que se plantea un conflicto o una litis entre las partes, constituyendo la fundamentación de la resolución el análisis exhaustivo de los puntos materia del debate. Las anteriores consideraciones tienen sustento en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se cita a continuación: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL CUMPLIMIENTO A DICHA GARANTÍA TRATÁNDOSE DE RESOLUCIONES JURISDICCIONALES SE VERIFICA SIN QUE SE INVOQUEN DE MANERA EXPRESA SUS FUNDAMENTOS, CUANDO LOS RAZONAMIENTOS DE ÉSTAS CONDUZCAN A LAS NORMAS APLICADAS. La garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 de la Constitución Federal consiste en la obligación que tiene la autoridad de fundar y motivar todo acto de molestia que se dirija a los particulares, pero su cumplimiento se verifica de manera distinta tratándose de actos administrativos y de resoluciones jurisdiccionales. Lo anterior es así, porque en el acto administrativo que afecta de manera unilateral los intereses del gobernado, se debe cumplir con la formalidad de invocar de manera precisa los fundamentos del mismo, a efecto de que esté en posibilidad de conocer el sustento jurídico del acto que le afecta, mientras que la resolución jurisdiccional presupone el debido proceso legal en que se plantea un conflicto o una litis entre las partes, en el cual el actor establece sus pretensiones apoyándose en un derecho y el demandado lo objeta mediante defensas y excepciones, constituyendo la fundamentación de la resolución el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, el estudio de las acciones y excepciones del debate, sin que se requiera de la formalidad que debe prevalecer en los actos administrativos, toda vez que dentro del citado análisis se dan razonamientos que involucran las disposiciones en que se funda la resolución, aun sin citarlas de forma expresa. En consecuencia, aun cuando por regla general la autoridad emisora de una resolución jurisdiccional está obligada a fundar tal acto citando los preceptos con los que se cumpla esa exigencia, excepcionalmente, si los razonamientos de la resolución conducen a la norma aplicada, la falta de formalidad puede dispensarse, de ahí que las resoluciones jurisdiccionales cumplen con la garantía constitucional de referencia sin necesidad de invocar de manera expresa el o los preceptos que las fundan, cuando de la resolución se advierte con claridad el artículo en que se basa." (Lo subrayado es propio). De manera que basta con que la autoridad exprese con claridad las razones por las cuales resolvió en la forma en que lo hizo para que pudiera hacer del conocimiento de las partes los preceptos legales que sirvieron de sustento para la resolución combatida. En este sentido la responsable fundó y motivó debidamente la resolución, porque aunque el quejoso señala que el artículo 316, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales exige que el delito se encuentre debidamente demostrado, ello es ajeno a la verdad, pues para la emisión de un auto de vinculación a proceso el precepto indicado señala: "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: Se haya formulado la imputación; Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente." Al respecto como ya se dijo e, incluso, le fue informado al quejoso por el Juez de control, el estándar probatorio requerido para el dictado del auto de vinculación a proceso es menor al previsto para el sistema mixto; de modo que contrario a su estimación y acorde a lo establecido en el precepto legal transcrito, es innecesario que se acrediten fehacientemente los elementos del cuerpo del delito o la participación probable del imputado en los términos que antes se requerían para emitir un auto de formal prisión. Esto es, como se lee del artículo en mención, basta con que los datos de prueba permitan establecer: Que se ha cometido un hecho. Que ese hecho es sancionado por la legislación penal; y, Que resulte probable que la persona imputada haya participado en la comisión del hecho. Lo que, como correctamente resolvió la responsable, el juez de control justificó racionalmente en los términos y con los datos de prueba que le fueron presentados por la fiscalía los cuales una vez que analizó, los estimó idóneos, pertinentes y congruentes para establecer la probabilidad de que el aquí quejoso intervino en la comisión del hecho considerado como delito de HOMICIDIO CALIFICADO en agravio de la víctima de iniciales J.R.F.A. porque le permitieron establecer que el imputado fue la única persona que estuvo con la víctima cuando fue privada de la vida; fue visto saliendo de la tienda de J.R.F.A., conduciendo la camioneta de éste el día en que fue privado de la vida y, al día siguiente fue localizado ese vehículo y el cuerpo de J.R.F.A., en otro lugar, lo que dijo, permite inferir, como lo hizo el juez de control, que probablemente el quejoso fue quien privó de la vida a J.R.F.A., en la tienda y luego llevó el cuerpo y la camioneta al sitio donde fueron localizados. Por otro lado, resulta también infundado el agravio relativo a que la responsable no señala en qué norma o criterio sustenta el argumento de que no se viola la exacta aplicación de la ley ni los artículos 19 constitucional y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, con el uso de la expresión "apariencia de delito", y afirmar que en materia procesal penal no opera tal principio. Ello porque, contra lo afirmado por el quejoso, de la resolución reclamada se advierte que la responsable apoyó su argumento en el propio precepto 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y al efecto señaló que contrario a lo afirmado por el ahora quejoso, la jueza de control al referirse a la apariencia del delito y no precisar el término "hecho considerado como delito", no violó el principio de exacta aplicación de la ley penal, porque dicho término está contenido en el artículo señalado, el cual es una norma procesal y, por lo tanto, al no ser de la materia penal, el principio de referencia es inaplicable, pues señaló que se trata de un acto procesal que no tiene nada que ver con la aplicación de la pena ni con la claridad o vaguedad de un tipo penal. Aunado a lo anterior, indicó que el término "apariencia del delito", no es contradictorio al de "hecho considerado por la ley como delito", porque en efecto, para el dictado de un auto de vinculación a proceso, basta con que sólo se establezca el hecho, lo cual significa que no se demuestre plenamente, por eso se emplea la palabra "apariencia", porque no se exige que se prueben elementos del delito, lo cual es materia de la sentencia. Al efecto, la responsable estimó aplicable al caso los criterios sustentados por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros: "EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY EN MATERIA PENAL, GARANTÍA DE. SU CONTENIDO Y ALCANCE ABARCA TAMBIÉN A LA LEY MISMA." "GARANTÍA DE EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL. EL ARTÍCULO 124 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL DISTRITO FEDERAL NO LA VIOLA." La Jurisprudencia emitida por el Pleno en Materia Penal del Primer Circuito de rubro: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. AL DICTARLO, EL JUEZ DE CONTROL PUEDE MODIFICAR LA CLASIFICACIÓN JURÍDICA DE LOS HECHOS CON APARIENCIA DE DELITO EFECTUADA POR EL ÓRGANO MINISTERIAL, AUN CUANDO NO BENEFICIE AL IMPUTADO." Agregó que no se violó el principio de exacta aplicación de la ley penal, ni los artículos 19 Constitucional y 316 del Código nacional de Procedimientos Penales, porque en materia procesal no opera dicho principio que es exclusivo del derecho penal, que en su caso se aplicaría hasta sentencia, que es en donde se determina la penalidad a imponer y, además, porque el término de "apariencia del delito" se refiere para explicar o referirse al estándar probatorio del hecho considerado en la ley como delito. Máxime que la quejosa no manifestó algo en torno a que el criterio jurisprudencial invocado por la responsable fuera incorrecto. De ahí que el motivo de disenso es ineficaz. También es infundado el cuarto de los agravios relativo a que la responsable no argumentó cuál de las tres hipótesis contenidas en el artículo 135 del Código Penal del Estado de Michoacán, sustenta la calificativa de ventaja. Lo anterior porque de la resolución que constituye el acto reclamado se advierte que el tribunal de alzada destacó que la fiscal como la jueza de control, sí precisaron el supuesto de hecho que se actualiza y que encuadra en el artículo 135, fracción I, inciso b), del Código Penal del Estado de Michoacán. Que la fiscal precisó que se acredita esa calificativa porque la víctima estaba desarmada, ya que resultó negativo para la prueba de rodizonato de sodio y porque los testigos no señalaron que lo habían visto armado. Que al ahora quejoso tenía superioridad por el arma empleada, pues utilizó un instrumento punzo-cortante con el que lo degolló, valiéndose de que la víctima se encontraba desarmada y en estado de desventaja y, siendo consciente de ello, lo privó de la vida. Que la jueza de control, en el auto de vinculación a proceso, en esencia, determinó que además la fiscalía señaló que el hecho aparentemente delictivo es calificado en términos del artículo 135, fracción I, inciso b), del Código Penal del Estado, que indica que hay ventaja cuando el sujeto activo, es decir, el imputado, está provisto de un arma y eso le da ventaja sobre el sujeto pasivo que está desarmado y, argumentó que en el particular se advertía de la necropsia y del levantamiento de cadáver que se usó un arma punzo cortante para realizar el hecho con apariencia de delito de homicidio. Por lo anterior, la responsable concluyó que contrario a lo manifestado por el recurrente, la fiscal como el juez de control motivaron cuál era la hipótesis prevista en el artículo 135, fracción I, inciso b), del Código Penal del Estado de Michoacán, que se actualizaba al precisar la agente del Ministerio Público y al establecer la jue de control, que el imputado fue superior por el arma punzo cortante empleada. Esto es, contra lo arguido por la parte quejosa, la responsable expresó los motivos que la llevaron a resolver en la forma en que lo hizo, concretamente en cuanto a la actualización de la hipótesis legal de la ventaja prevista en el artículo 135, fracción I, inciso b), del Código Penal del Estado de Michoacán, e invocó los criterios y preceptos aplicables al caso en concreto, con lo que válidamente puede afirmarse que cumplió con la garantía de legalidad que tutela el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia 88/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y contenido siguiente: "JURISPRUDENCIA. SU TRANSCRIPCIÓN POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES EN SUS RESOLUCIONES, PUEDE SER APTA PARA FUNDARLAS Y MOTIVARLAS, A CONDICIÓN DE QUE SE DEMUESTRE SU APLICACIÓN AL CASO. Las tesis jurisprudenciales emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en Pleno o en Salas, y las que dictan los Tribunales Colegiados de Circuito, dentro de sus respectivas competencias, son el resultado de la interpretación de las normas de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los tratados internacionales, leyes federales, locales y disposiciones reglamentarias y, al mismo tiempo constituyen normas de carácter positivo obligatorias para los tribunales judiciales o jurisdiccionales, en términos de lo dispuesto en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, y 177 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, como el artículo 16 constitucional obliga a toda autoridad a fundar y motivar sus resoluciones, debe estimarse que la sola transcripción de las tesis jurisprudenciales no es suficiente para cumplir con la exigencia constitucional, sino que es necesario que el órgano jurisdiccional asiente las consideraciones lógicas que demuestren, cuando menos, su aplicabilidad al caso concreto independientemente de que, de ser necesario, el juzgador complemente la aplicación de los criterios jurisprudenciales en que se apoye, con razonamientos adicionales que aseguren el cumplimiento de la referida garantía constitucional.". (Lo subrayado es propio). Se estima desacertado el concepto de violación hecho valer por la quejosa en el sentido de que no le fue entregada copia de la videograbación de la audiencia de la que deriva el acto reclamado, sino que únicamente se le proporcionó una constancia escrita del acta de la audiencia pero se encuentra incompleta, circunstancia que estima que constituye una grave deficiencia que lo dejó en estado de indefensión, pues refiere que por esa razón no se le permitió conocer mediante la versión escrita en forma íntegra el contenido de la resolución. Lo anterior se estima así, dado que por una parte, ello no es un acto atribuible a la responsable; por la otra, es válido destacar que como se advierte de la propia manifestación del quejoso, estuvo presente en el momento de la celebración de la audiencia en la que se emitió el auto de vinculación a proceso, pues incluso refiere que en ella solicitó y le fue autorizada por la autoridad jurisdiccional, la copia de la videograbación de tal diligencia. De ahí que al haberse encontrado presente al momento de la celebración de la audiencia de vinculación a proceso, pudo percatarse de lo que en ella se llevó a cabo y de la valoración que efectuó la juez de control de los datos de prueba que analizó y estimó suficientes para decretar el auto de vinculación a proceso materia de la resolución que reclama en esta instancia constitucional. Y si bien refiere que no le fue entregada la copia de la videograbación de la audiencia, sino una versión escrita incompleta de lo acontecido durante la misma, contraviniendo el contenido del artículo 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Cabe destacar que no realiza manifestación alguna en el sentido de que la responsable le haya negado la entrega de la copia de la videograbación no obstante haber sido autorizada, sin que exista algún precepto legal que se haya vulnerado por el hecho de no haberle sido enviada al correo electrónico como refiere le fue acordado. Resulta infundado el concepto de violación que esgrime el quejoso en el sentido de que no existe algún dato de prueba relativo a que se hubiera encontrado armado con un instrumento punzo cortante mientras que el pasivo estaba desarmado y que tampoco está identificado el instrumento punzo cortante. Ello es así dado que como se puede advertir de la resolución reclamada, la responsable evidenció que quedó acreditada la ventaja sobre el pasivo del resultado de los datos de prueba consistentes en la necropsia y del levantamiento del cadáver. Siendo irrelevante pensar, como lo hace el quejoso, que por el hecho de no encontrarse identificado cuál fue el instrumento punzocortante que se utilizó para ejecutar el homicidio no puede demostrarse la calificativa, pues ella, como quedó señalado por la jueza de control y avalado por la responsable, se evidencia de los datos de prueba obtenidos de las diligencias de necropsia y levantamiento de cadáver, que dejaron en evidencia la superioridad del activo en el ataque al sujeto pasivo quien fue vencido virtud a la desventaja que tenía sobre su atacante, pues se encontraba en un plano inferior e indefenso con relación al objeto con el que fue degollado. Por tal razón la responsable destacó que la jueza de control valoró debidamente los datos de prueba en términos de los artículos 259, 263 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, porque no se justificó en audiencia que se hubieran recabado en forma ilícita o ilegal, tampoco que fueran falaces o que la información que aportaban fuera irracional o contradictoria, pues la defensa no emitió argumento al respecto ni ofreció medio de prueba para así acreditarlo. También resulta infundado el concepto de violación que el quejoso hace consistir en que por lo asentado en el dictamen de criminalística de campo, emitido por la perito criminalista Karla Janet Arzola Maciel, en el que anotó que con base en lo observado en la anatomía corporal del cadáver, se puede decir que éste sí realizó maniobras de lucha y/o forcejeo instantes previos a su deceso. Lo que el quejoso traduce en que la muerte de la víctima podría haber sido el resultado de un combate entre dicho fallecido y la persona con quien habría luchado, lo que desde su punto de vista desvanece o elimina la idea de la presunta indefensión del fallecido, por lo que dice, es factible conjeturar una situación de riña física entre dos contendientes que excluye la calificativa de ventaja. Es así porque en modo alguno puede estimarse que la calificativa de ventaja es inexistente en el supuesto que la víctima realizara maniobras de supervivencia, pues como fue señalado por la responsable, la ventaja quedó demostrada por la superioridad que tenía el quejoso sobre su víctima, ya que de los datos de prueba apreció que lo atacó con un instrumento punzo cortante, con el que lo degolló. En el mismo sentido, es infundado el agravio que hace valer el quejoso, cuando señala que la responsable incurre en defecto al citar la hora, puesto que si fuera correcto tal señalamiento, el hecho habría ocurrido en la mañana del día diecisiete, pues no precisa si fue "antes meridiano" o "post meridiano". Infundado igualmente es lo que se sostiene por el quejoso en el sentido de que existe contradicción en lo declarado por Yesenia Fuerte López y la testigo María Luisa Bedolla Salto. Ello porque de la resolución reclamada puede leerse que la responsable anotó que fue correcto el argumento de la jueza de control al considerar como indicio positivo para establecer la probabilidad de que el imputado intervino en el hecho delictivo, el dato de prueba consistente en la entrevista de Rosa Yesenia Fuerte López. Ello pues de ese deposado se desprende que la entrevistada manifestó que el diecisiete de agosto de dos mil veinte, cerca de las veinte horas con treinta minutos, vio que de la tienda de abarrotes de la víctima José Rafael Fuerte Arreola, salía el ahora quejoso Reyes Fuerte conduciendo la camioneta de aquella, y que de acuerdo al hecho establecido fue cuando fue privado de la vida la víctima señalada. Circunstancia que no fue debatida por la defensa. Que ese dato de prueba no es singular porque como lo ponderó la jueza de control, se considera creíble con la entrevista de María Luisa Bedolla Salto, que dijo que cerca de las diez horas vio pasar por fuera de su casa la camioneta de José Rafael Fuerte Arreola, lo que, estimó la responsable, confirma que la unidad sí salió por la noche de la tienda de la víctima. De ahí que, no obstante la imprecisión del horario señalado por el quejoso, la responsable sí precisó que lo anterior fue entre las veinte horas con treinta minutos y diez de la noche. Es infundado el concepto de violación que la quejosa señala en relación al contenido de la entrevista de María Neyba Reyes Fuerte, en la que señaló que observó nervioso a su hermano (el ahora quejoso e imputado en la causa penal), puesto que estima que se trata de una percepción subjetiva, además de que no le consta directamente la realización de los hechos. Ello porque en relación con la valoración que realizó la responsable respecto a tal testimonio fue únicamente por el hecho de que manifestó que su hermano se fue a Pátzcuaro y ya no supo su paradero, lo que, como lo valoró la juez, también es útil para corroborar los datos de prueba, pues justifica que el imputado pretendió esconderse para no ser capturado. Es ineficaz el concepto de violación relativo al dato de prueba de comparativo lofoscópico, sobre lo que el quejoso manifiesta su rechazo porque dice que carece de credibilidad, ya que dentro de la carpeta de investigación no obra constancia alguna o registro que se refiera a la realización de alguna diligencia o prueba dactiloscópica. Así se considera porque en el particular el acto reclamado lo constituye la resolución de segunda instancia de fecha dieciséis de diciembre de dos mil veinte, pronunciada por el Magistrado de la Tercera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, en el toca XI-60/2020, por la que se confirmó la diversa de fecha once de noviembre de dos mil veinte, emitida por el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Región Morelia, por la que emitió auto de vinculación a proceso en contra de Juan Jesús Reyes Fuerte, por su probable participación en el hecho que la ley señala como delito de HOMICIDIO CALIFICADO, en agravio de José Rafael Fuerte Arreola. Lo cual conlleva a concluir que la resolución de primer grado y las actuaciones que se pretendieron combatir en ésta no pueden ser motivo de análisis en esta sentencia, pues por una parte, no constituyen la resolución reclamada, ya que ha quedado sustituida procesalmente por la determinación que emitió el magistrado responsable en la apelación. De ahí que esta potestad federal debe analizar únicamente los conceptos de violación que endereza en contra de la determinación de segundo grado. Adicionado a lo anterior, cabe precisar que este juzgado federal no advierte causa alguna que lo lleve a suplir la deficiencia de la queja; sin que exista obligación de realizar mayor pronunciamiento. Aplica a lo anterior la Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). La figura de la suplencia de la queja deficiente prevista en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo abrogada, consiste en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente en sus conceptos de violación o agravios, respectivamente; sin embargo, no debe ser absoluta en el sentido de expresar su aplicación, sino sólo en aquellos casos donde el juzgador la considere útil para favorecer al beneficiado y, por ende, resulte procedente el amparo, por lo que no debe incluirse en la motivación de la sentencia el estudio del acto reclamado en suplencia cuando dicho análisis, lejos de beneficiar al promovente, lo perjudique o no le reporte utilidad alguna." En suma, lo procedente es negar la protección constitucional instada por Juan Jesús Reyes Fuerte, por conducto de su defensor, contra el acto que reclamó al Magistrado de la Tercera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, con sede en esta ciudad. Resta decir que la determinación que ahora se adopta no contraviene el principio pro persona a favor de la quejosa, pues ello no implica que las cuestiones planteadas ante una determinada autoridad deban ser resueltas indefectiblemente de manera favorable, ni aun cuando se trate de establecer una interpretación más amplia y extensiva a determinadas normas jurídicas. Al respecto resulta aplicable la Jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto dicen: "PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012, página 799, con el rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.", reconoció de que por virtud del texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional en materia de derechos fundamentales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, el ordenamiento jurídico mexicano, en su plano superior, debe entenderse integrado por dos fuentes medulares: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. También deriva de la aludida tesis, que los valores, principios y derechos que materializan las normas provenientes de esas dos fuentes, al ser supremas del ordenamiento jurídico mexicano, deben permear en todo el orden jurídico, y obligar a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Sin embargo, del principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes.." En ese sentido, se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo expuesto y fundado en el artículo 73, 74, fracciones IV y VI, 75, 215 y 217 de la Ley de Amparo se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Juan Jesús Reyes Fuerte, respecto de los actos reclamados al Magistrado de la Tercera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, con sede en esta ciudad, por las razones expuestas en el considerando quinto del presente fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, asistido de Mirna Rodríguez Calderón, Secretaria que autoriza y da fe, hoy veintiocho de junio de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores de este Juzgado. Doy fe.Mrc*

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