Juan Jesús Carrasco Gómez
Expediente 258/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 8 actuaciones registradas, la última del 19 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 258/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 19/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Juan Jesús Carrasco Gómez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, diecinueve de abril de dos mil veintiuno. Se ordena notificar por lista a quejoso. Vista la razón de veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, asentada por el Actuario Judicial adscrito a este Juzgado; en atención a su contenido, téngasele manifestando la imposibilidad para notificar a la parte promovente el proveído de doce de marzo del año en curso, por los motivos que indica; en consecuencia, con fundamento en los artículos 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, se ordena notificarle el citado proveído, así como el presente, y subsecuentes notificaciones -aún las de carácter personal-, por medio de lista, hasta en tanto señale diverso domicilio para tal efecto en esta ciudad. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido del licenciado Librado Antonio Gómez Morales, Secretario que autoriza y da fe. ACUERDO DEL DOCE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO: Apizaco, Tlaxcala, doce de marzo de dos mil veintiuno. Causa estado. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra del auto dictado el diecisiete de diciembre de dos mil veinte, en la que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Se ordena archivo y destrucción. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Destruible. Se establece que el juicio de amparo es destruible, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, POR HABERSE SOBRESEÍDO EN EL JUICIO. Plazo de conservación. Resguárdese el juicio principal por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Destrúyase el expediente. Destrúyase el presente juicio dentro de los treinta días siguientes a que se haya cumplido el término a que se refiere el párrafo anterior; debiéndose remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que haya lugar a emitir mayor pronunciamiento, respecto al desistimiento por parte del quejoso, toda vez que le mismo no fue ratificado, además de que el diecisiete de diciembre de dos mil veinte, se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio y en párrafos precedentes, se determina que causa ejecutoria la misma. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula de los expedientes y en su momento en la relación que se integre para efectos de su transferencia o destrucción. Se ordenar dar de baja despacho Ahora bien, vistas las constancias que integran el presente asunto de las cuales se advierte que mediante auto de ocho de diciembre de dos mil veinte se giró exhorto al Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en San Andrés Cholula, Puebla, a fin de que en auxilio de las labores de este juzgado, emplazara al tercero interesado Cadena Comercial OXXO, Sociedad Anónima de Capital Variable, a través de su representante Erick Vázquez Zarco; sin embargo, el diecisiete de diciembre de dos mil veinte se sobreseyó fuera de audiencia el presente asunto y mediante proveído de esta fecha se ordena su archivo como asunto concluido. En consecuencia, se ordenar dar de baja el exhorto 188/2020, con número de orden 188/2020 del índice de este Juzgado Federal, por lo antes citado y dado el sentido de la resolución; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Se devuelven constancias En ese tenor, devuélvanse al Juez Cuarto de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Justicia para Adolescentes del Estado de Tlaxcala, actuando en funciones de Juez de Despacho, el registro de audio y video de las audiencias de veinticuatro y veintinueve de abril de dos mil veinte, así como copia auténtica de la causa judicial 89/2020, de su índice, que remitió como apoyo a su informe justificado. Notifíquese.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, doce de marzo de dos mil veintiuno. Causa estado. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra del auto dictado el diecisiete de diciembre de dos mil veinte, en la que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Se ordena archivo y destrucción. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Destruible. Se establece que el juicio de amparo es destruible, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, POR HABERSE SOBRESEÍDO EN EL JUICIO. Plazo de conservación. Resguárdese el juicio principal por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Destrúyase el expediente. Destrúyase el presente juicio dentro de los treinta días siguientes a que se haya cumplido el término a que se refiere el párrafo anterior; debiéndose remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que haya lugar a emitir mayor pronunciamiento, respecto al desistimiento por parte del quejoso, toda vez que le mismo no fue ratificado, además de que el diecisiete de diciembre de dos mil veinte, se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio y en párrafos precedentes, se determina que causa ejecutoria la misma. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula de los expedientes y en su momento en la relación que se integre para efectos de su transferencia o destrucción. Se ordenar dar de baja despacho Ahora bien, vistas las constancias que integran el presente asunto de las cuales se advierte que mediante auto de ocho de diciembre de dos mil veinte se giró exhorto al Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en San Andrés Cholula, Puebla, a fin de que en auxilio de las labores de este juzgado, emplazara al tercero interesado Cadena Comercial OXXO, Sociedad Anónima de Capital Variable, a través de su representante Erick Vázquez Zarco; sin embargo, el diecisiete de diciembre de dos mil veinte se sobreseyó fuera de audiencia el presente asunto y mediante proveído de esta fecha se ordena su archivo como asunto concluido. En consecuencia, se ordenar dar de baja el exhorto 188/2020, con número de orden 188/2020 del índice de este Juzgado Federal, por lo antes citado y dado el sentido de la resolución; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Se devuelven constancias En ese tenor, devuélvanse al Juez Cuarto de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Justicia para Adolescentes del Estado de Tlaxcala, actuando en funciones de Juez de Despacho, el registro de audio y video de las audiencias de veinticuatro y veintinueve de abril de dos mil veinte, así como copia auténtica de la causa judicial 89/2020, de su índice, que remitió como apoyo a su informe justificado. Notifíquese.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, diecisiete de diciembre de dos mil veinte. Autoridad informa. Agréguese el oficio signado por la Juez Sexto de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Administración; a través del cual remite copia autentica del audio y video de la audiencia de procedimiento abreviado de quince de diciembre del año en curso, en el que se le dictó al aquí quejoso fallo de condena y señalaron fecha y hora para el desahogo de la audiencia de lectura y explicación de sentencia, dentro de los autos de la causa judicial 89/2020, de su índice. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Se decreta sobreseimiento fuera de audiencia Lo expuesto pone de relieve que en el caso se actualizan de manera notoria, manifiesta e indudable las causas de improcedencia contenidas en el artículo 61, fracciones XVII y XXII, de la Ley de Amparo, lo que a continuación se justifica. En efecto, en el caso, la parte quejosa reclamó: El auto de vinculación a proceso, de veintinueve de abril de dos mil veinte, dictado dentro de la causa judicial 89/2020, del índice del Juzgado de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Administración; y, La omisión de dar seguimiento al oficio P.I. de veintidós de abril de dos mil veinte, respecto de la obtención de las cámaras de vigilancia de la tienda denominada "OXXO LADIRZABAL", ubicada en Boulevard Lardizábal, de veintiuno de abril de dos mil veinte, del horario comprendido entre las dieciocho horas con cuarenta y cinco minutos y las diecinueve horas con quince minutos. Actos, que al momento de la presentación de la demanda permanecía vigente, según se desprende de los informes justificados rendidos por el Juez Sexto de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Justicia para Adolescentes (representado por el Juez Cuarto de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Justicia para Adolescentes, quien actuó como juez de despacho), recibido en proveído de cinco de junio del año en curso (fojas 17 y 59) y por el Agente del Ministerio Público Titular del Segundo Turno y encargado del Primer Turno, de la Unidad de Detenidos , Región Norte (fojas 72 y 89). En ese sentido, respecto del primer acto reclamado, de oficio, se advierte que respecto de los actos reclamados se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;" De acuerdo con la interpretación que al respecto ha realizado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal causa de improcedencia se actualiza cuando concurren cuatro circunstancias, a saber: 1) que el acto emane de un procedimiento judicial o administrativo seguido en forma de juicio, 2) que posteriormente a la presentación de la demanda se dicte una resolución que modifique la situación en la que se encontraba el inculpado, 3) que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto sin afectar la nueva situación y, 4) que exista independencia jurídica y procesal entre la resolución reclamada y la que la sustituyó, de modo que la última pueda subsistir con independencia de la constitucionalidad o no del acto reclamado. Por ende, si el acto cuya constitucionalidad se cuestiona se modifica por virtud de un nuevo acto que, además, es autónomo del anterior, entonces el juicio de amparo resultará improcedente, en tanto las violaciones que se hubieren cometido en el acto reclamado ya no podrían ser reparadas sin afectar la nueva situación jurídica que se encuentra definida por un acto procesal que substituyó al anterior; esto es, se tratará de violaciones que, dado el cambio de situación jurídica, estarán consumadas de manera irreparable. Lo anterior, se sustenta en los criterios que se citan: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional". "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA EN LOS PROCEDIMIENTOS DE QUE EMANAN LOS ACTOS RECLAMADOS. Según la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente: "contra actos emanados de un procedimiento judicial, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo, deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio promovido por no poder decidirse en dicho juicio sin afectar la nueva situación jurídica". Ahora bien, para que el cambio de que habla la fracción citada, produzca los efectos que esta determina, es necesario que verse precisamente sobre la situación jurídica creada en el procedimiento que dio margen al juicio de amparo; de manera que si el cambio se verifica dejando inalterados los derechos y obligaciones que las partes controvierten en dicho procedimiento, no puede haber cambio en la situación jurídica y faltará, por ende, el presupuesto esencial de la fracción mencionada, la que resultará, en último análisis, absolutamente inaplicable". "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. Para que exista la causal que menciona la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, es necesario que el cambio de situación jurídica se opere en el mismo procedimiento de que emanan los actos reclamados y que se consideren consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas, por no poder decidirse en el juicio, sin afectar la nueva situación jurídica". Con el propósito de comprobar tal aserto, es conveniente señalar, ante todo, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en reiteradas ocasiones el criterio de que tratándose de una causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable y que, por ende, no deja lugar a dudas, no hay razón que justifique esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, ya que las pruebas que aporte eventualmente el quejoso, de modo alguno podrán hacer que desaparezca la posibilidad de que se sobresea el amparo. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Es ilustrativa al caso, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 270 del tomo XXVII, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a junio de 2008, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior pone de manifiesto que la situación jurídica del quejoso ha variado, pues el auto de vinculación a proceso reclamado se vio procesalmente sustituida con la audiencia de procedimiento abreviado de quince de diciembre del año en curso, en el que se le dictó al aquí quejoso fallo de condena, por lo que el cambió de estatus jurídico hace que las violaciones que hubieren sido cometidas en el auto de vinculación a proceso, se han consumado de modo irreparable, pues su situación jurídica ya no se rige por esa actuación, sino por el fallo de condena dictado con posterioridad, que se trata de un acto jurídico y procesalmente autónomo. De ahí, que resulte evidente la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado consistente en el auto de vinculación a proceso, de veintinueve de abril de dos mil veinte, dictado dentro de la causa judicial 89/2020, del índice del Juzgado Sexto de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Administración. Por otro lado, respecto del acto consistente en la omisión de dar seguimiento al oficio P.I. de veintidós de abril de dos mil veinte, respecto de la obtención de las cámaras de vigilancia de la tienda denominada "OXXO LADIRZABAL", ubicada en Boulevard Lardizábal, de veintiuno de abril de dos mil veinte, del horario comprendido entre las dieciocho horas con cuarenta y cinco minutos y las diecinueve horas con quince minutos; se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y". La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 181/2006, sostuvo que para fijar el alcance de la citada causa de improcedencia conviene tener presente lo siguiente: a. La emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo. b. Al ser el amparo un medio de control cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos humanos que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, su procedencia se encuentra supeditada a que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a su esfera jurídica. c. En ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, en virtud de que: c.1. La prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél. c.2. Porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación. c.3. Cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de derechos. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que en términos del artículo 80 de la Ley de Amparo abrogada, disposición que actualmente se encuentra reproducida en el numeral 77 de la ley de la materia, el juicio constitucional persigue una finalidad práctica, de modo que la sentencia debe tener un verdadero efecto restitutorio, es decir, que no constituya una actividad meramente especulativa o estéril; por tanto, no es dable decidir sobre la constitucionalidad de un acto, si por diversas razones no podrían concretarse los efectos del amparo. Consecuentemente, se actualiza la causa de improcedencia en estudio cuando ante la existencia del acto reclamado, hay imposibilidad de que sus efectos se materialicen o que se continúen actualizando, por haber desaparecido totalmente su objeto o su materia, lo que puede ocurrir por causas ajenas a la voluntad de las autoridades, por el transcurso del tiempo, por un acto volitivo del particular mediante el cual cambia su esfera jurídica, por acontecimientos naturales u otros que impidan analizar la constitucionalidad del acto reclamado. En el caso, este juzgador considera que, aun cuando la omisión reclamada siguiera existiendo, sus efectos no pueden concretarse en la esfera jurídica de la parte peticionaria de derechos. Se afirma lo anterior, en virtud que, como quedó precisado en párrafos que anteceden, el aquí quejoso se sometió a un procedimiento abreviado, en el que se le dictó una condena; de lo que se evidencia que, aun cuando subsistiera la omisión reclamada, el objeto o materia de este dejó de existir; pues la esencia del procedimiento abreviado previsto en el artículo 20, apartado A, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es que no se somete a debate la acreditación del delito ni la responsabilidad del acusado en su comisión, debido a la aceptación de éste a ser juzgado con base en los medios de convicción que sustentan la acusación; de ahí que dichos elementos no admiten contradicción en sede judicial, porque son resultado del convenio asumido por las partes para obtener una pena menos intensa de la que pudiera imponerse como consecuencia del procedimiento ordinario, que incluye al juicio oral; de ahí que las violaciones en sede de ser materia en la nueva situación jurídica del quejoso. En consecuencia, como se dijo, aun cuando subsiste el acto reclamado el objeto o materia de este ha dejado de existir; por ende, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo y, por tanto, lo procedente es sobreseer en el juicio, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 63, fracción V, de la ley la materia. Por tanto, al haberse sobreseído el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada para las TRECE HORAS CON DOCE MINUTOS DEL ONCE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO; por tanto, dese de alta este proveído en el módulo de sentencias contenido en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, así como en el libro de gobierno y de registro electrónico que se lleva en este Juzgado Federal y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido.
- Principal
En Apizaco, Tlaxcala, ocho de diciembre de dos mil veinte. Estado de autos. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que aún no obra la constancia de emplazamiento al tercero interesado Cadena Comercial OXXO, Sociedad Anónima de Capital Variable, a través de su representante Erick Vázquez Zarco, toda vez que dicho representante no acudió a emplazarse. En atención a lo anterior, y toda vez que el domicilio señalado para emplazar a la moral tercera interesada a juicio se encuentra fuera de la residencia de este órgano jurisdiccional; con fundamento en el artículo 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2, párrafo segundo, en el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal , gírese nuevo exhorto vía electrónica, al Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en San Andrés Cholula, Puebla, en turno, para que en auxilio de las labores propias de este Juzgado, ordene a quien corresponda se constituya en el domicilio ubicado en quinto retorno de la avenida Osa Menor número 4, colonia Reserva Territorial Atlixcayotl, de San Andrés Cholula, Puebla, debiendo correrle traslado con copia de la demanda, auto admisorio y del presente acuerdo, haciéndole saber la fecha de la audiencia constitucional, el derecho que tiene de apersonarse a juicio si a su interés conviene debiendo requerirle para que en el acto de la diligencia, o dentro del plazo de tres días, legalmente computados señale domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la zona metropolitana Tlaxcala-Apizaco, lugar donde tiene residencia este Juzgado Federal, con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo así, las subsecuentes, aun las de carácter personal, se le hará mediante la lista que se fija en los estrados de este Juzgado, de conformidad con los artículos 27, fracción II, con relación al 26, fracción III de la Ley de Amparo. Diferimiento de audiencia constitucional. Por tanto, para dar margen a ello y no transgredir las reglas esenciales que rigen en el juicio de amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las TRECE HORAS CON DOCE MINUTOS DEL ONCE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO, para su verificativo.
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