Juan Javier Potrero Tizamitl

Expediente 219/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 10 actuaciones registradas, la última del 12 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
219/2020
Año
2020
Actuaciones
10
Última actuación
12/07/2022

Partes del expediente

  • Juan Javier Potrero Tizamitl
  • José Isabel Marcelino Rojas Xahuantitla y Otros.
  • Auditoria Superior del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, doce de julio de dos mil veintidós. Tribunal Colegiado remite ejecutoria. Agréguese el oficio signado por la Actuaria Judicial adscrita al Primer Tribunal Colegiado de este Circuito Judicial, mediante el cual remite los autos del juicio de amparo ******************** del índice de este órgano jurisdiccional, así como copia certificada de la ejecutoria pronunciada en el amparo en revisión 265/2021, del índice del Tribunal oficiante, cuyos puntos resolutivos establecen lo siguiente: "[.] PRIMERO. En la materia de la revisión se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************, contra el acto reclamado a la Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala, consistente en la resolución de diecisiete de febrero de dos mil veinte, dictada dentro del procedimiento de responsabilidad indemnizatoria ********************. [.]." En tal virtud, acúsese el recibo correspondiente; asimismo, se ordena destruir las copias con las que se integró el cuaderno de antecedentes con motivo del recurso interpuesto, a excepción de las constancias originales las cuales deberán glosarse al presente asunto. Además, dese a conocer a las partes la devolución de los presentes autos, mismos que se encontraban en revisión y comuníqueseles que la superioridad confirmó la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional. Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Valoración del expediente. Se establece que el juicio de amparo es depurable, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo 18, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, por haberse negado la protección constitucional, en la inteligencia que deberán conservarse la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional, los cuales deberán ser transferidos a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación.. Resguárdese el juicio principal por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido, una vez concluido dicho termino, dentro del pazo de noventa días hágase la depuración del mismo. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15 del citado Acuerdo General, una vez que transcurra el plazo de treinta días que dispone el artículo 21, deberá destruirse el expediente principal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Devolución de documentos. Sin que sea necesario requerir a las partes para devolución de documentos o billetes de depósito al no constar en autos. Devolución de constancias. Por otra parte, devuélvanse al Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior en el Estado de Tlaxcala, el expediente ********************, que anexó como apoyo a su informe justificado, consistente en siete tomos de pruebas. Notifíquese.

  2. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, seis de enero de dos mil veintidós. Tribunal Colegiado de Circuito informa admisión de recurso de revisión. Agréguese a los autos el oficio signado por el Actuario Judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, mediante el cual comunica que se admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto por José Isabel Marcelino Rojas Xahuantitla y Juan Javier Potrero Tizamitl, en contra de la sentencia de trece de agosto de dos mil veintiuno, dictada por este Juzgado de Distrito, siendo registrado con el número 265/2021, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Sonia López Márquez, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.lomelí

  3. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, dos de septiembre de dos mil veintiuno. Se interpone recurso de revisión. Visto el escrito remitido por José Isabel Marcelino Rojas Xahuantitla y Juan Javier Potrero Tizamitl, en atención a su contenido, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de revisión contra de la sentencia terminada de engrosar el trece de agosto de dos mil veintiuno, en el presente juicio. Por ende, distribúyanse entre las demás partes copia simple del escrito de agravios para su conocimiento y efectos legales procedentes; hecho lo anterior, remítase sin mayor proveído el presente expediente al Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito en el Estado, en turno, así como el original y copia simple del escrito de agravios correspondiente, para la substanciación del recurso de revisión relativo. En ese orden de ideas, con diversa copia del escrito de expresión de agravios, fórmese cuaderno de antecedentes. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Sonia López Márquez, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.JFJM

  4. Principal

    S E N T E N C I A V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 219/2020-III, promovido por José Isabel Marcelino Rojas Xahuantitla y Juan Javier Potrero Tizamitl; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda de garantías. Mediante escrito presentado el once de marzo de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala y turnado al día siguiente a este órgano jurisdiccional, José Isabel Marcelino Rojas Xahuantitla y Juan Javier Potrero Tizamitl, demandó el amparo y protección de la justicia federal contra las autoridades y actos siguientes: AUTORIDAD RESPONSABLE: "Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala" ACTO RECLAMADO "La resolución de fecha diecisiete de febrero del año dos mil veinte, dictada dentro del procedimiento de responsabilidad indemnizatoria 136/2017, referente al ejercicio fiscal 2015, tocante al Municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala." (sic) SEGUNDO. Preceptos constitucionales que se estiman violados. El promovente del amparo manifestó que se violan en su perjuicio los derechos humanos consagrados en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relató los antecedentes del caso y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. TERCERO. Trámite del juicio de amparo. Por auto de trece de marzo de dos mil veinte, este Juzgado de Distrito tuvo por recibida la demanda de amparo presentada por José Isabel Marcelino Rojas Xahuantitla y Juan Javier Potrero Tizamitl, la registró con el número de juicio 219/2020-III (fojas 38-51), y admitió a trámite la misma, por lo que pidió a las autoridades responsables su informe justificado, se ordenó dar la legal intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se emplazó a la parte tercero interesado y se señaló hora y fecha para que se llevara a cabo la audiencia constitucional. CUARTO. Audiencia constitucional. La audiencia constitucional se llevó a cabo al tenor del acta que antecede, previo diferimiento. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Presupuestos procesales (competencia, procedencia y vía). Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala tiene competencia constitucional para conocer y resolver el presente juicio de conformidad con lo previsto en los artículos 94, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La competencia por materia de este órgano de control constitucional tiene su fundamento en el artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de tratarse de un Juzgado de Distrito mixto, es decir, no tiene jurisdicción especial para conocer en específico de algunos de los asuntos a que se refieren los artículos 50 al 55 de la misma ley. La competencia por territorio tiene su fundamento en los artículos 35 y 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, en virtud de que el acto reclamado tiene ejecución dentro de esta entidad federativa, en donde este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. Vía y procedencia. La vía y la procedencia del presente juicio de amparo indirecto tienen su fundamento en los artículos 2º y 107, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, en virtud de que la parte quejosa reclama la resolución definitiva dictada en un procedimiento de responsabilidad indemnizatoria. Lo anterior, sin perjuicio de las causas de sobreseimiento o improcedencia que, en su caso, se puedan actualizar, lo cual se analizará más adelante en el considerando respectivo. SEGUNDO. Fijación clara y precisa del acto reclamado. En el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, se prevé que las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener: ".La fijación clara y precisa del acto o actos reclamados."; lo que además se dispone en la jurisprudencia de título: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". En ese sentido, del análisis integro practicado al escrito inicial de demanda y a las constancias del presente juicio de amparo, se concluye que la parte quejosa reclama: La resolución de diecisiete de febrero de dos mil veinte, dictada en el procedimiento para el fincamiento de responsabilidad indemnizatoria, iniciado a José Isabel Marcelino Rojas Xahuantitla, en su carácter de ex Presidente, Juan Javier Potrero Tizamitl, en su carácter de ex Tesorero y otro. Señalado el acto reclamado, por cuestión de técnica, se analizará la certeza o inexistencia del mismo, tal como lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada de rubro y texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS." TERCERO. Existencia del acto reclamada. Es cierto el acto reclamado atribuido a la Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior de Congreso del Estado de Tlaxcala, en virtud de que, al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del mismo. Lo que se corrobora con el expediente 136/2017, para el Fincamiento de Responsabilidad Indemnizatoria, en siete tomos; a las que se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, toda vez que fueron expedidas por servidor público en el ejercicio de sus funciones. Cobra aplicabilidad a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, bajo el rubro y tenor siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena.". Es aplicable la jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en la página 206, tomo VI, parte Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Apéndice 1995 al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, que dice lo siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en el confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Oportunidad de la demanda. Conforme a los preceptos 17 y 18 de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Del último de los preceptos reproducidos se desprende que el término genérico para la presentación de la demanda de amparo es de quince días, que se contará desde el día hábil siguiente al en que: a. Haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución o acuerdo reclamado. b. El quejoso tenga conocimiento del acto o su ejecución. c. Se haya ostentado sabedor de los mismos. Hipótesis que son excluyentes entre sí, no guardan orden de prelación y deben aplicarse en función de su idoneidad al caso concreto, atendiendo a la posición del quejoso respecto del acto reclamado, pues aun cuando los tres supuestos constituyen el punto de partida para el cómputo de presentación de la demanda, es posible que se actualicen en forma simultánea y, entonces, debe estarse a lo más favorable al gobernado. Apoya lo aseverado, la jurisprudencia P./J. 115/2010, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIII, de enero de 2011, página 5, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene por qué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." En términos del anterior criterio jurisprudencial, se puede concluir que conforme al artículo 18 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de quince días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda. Ahora bien, en el caso, los aquí quejosos fueron notificados del acto reclamado el veintiuno de febrero de dos mil veinte (foja 5592 del anexo VII); notificación que surtió efectos el mismo día, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 111, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala, de aplicación supletoria, en términos del artículo 5 y 56 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, por tanto, el plazo para promover el juicio de amparo transcurrió del veinticuatro de febrero al trece de marzo de dos mil veinte, descontando los días veintinueve de febrero y uno, siete, catorce y quince de marzo de dos mil veinte, de conformidad con el numeral 19 de la ley de la materia, como se advierte en las siguientes tablas: FEBRERO DE 2020 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 1 Día Inhábil 2 Día Inhábil 3 Día inhábil 4 5 Día inhábil pero laborable 6 7 8 Día Inhábil 9 Día Inhábil 10 11 12 13 14 15 16 17 Emisión del acto reclamado 18 19 20 21 Notificación del acto reclamado Surte efectos 22 Día Inhábil 23 Día Inhábil 24 (1) 25 (2) 26 (3) 27 (4) 28 (5) 29 Día Inhábil Marzo 2020 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 1 2 (6) 3 (7) 4 (8) 5 (9) 6 (10) 7 Inhábil 8 Inhábil 9 (11) 10 (12) 11 (13) Presentación de la demanda 12 (14) 13 (15) Último día para presentar la demanda 14 Inhábil 15 Inhábil En consecuencia, es evidente que la promoción del amparo estuvo en tiempo, pues se hizo el once de marzo de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala, según se advierte de la papeleta respectiva. QUINTO. ANÁLISIS DE CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Ante todo, debe tenerse presente que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causas de improcedencia del juicio de amparo, deben analizarse por los órganos jurisdiccionales que conozcan del juicio de amparo; lo anterior, por tratarse de una cuestión de orden público. Causa de improcedencia -infundada-. La Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala, hace valer la causa de improcedencia contenida en la fracción XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en virtud de que sostiene que previo a la promoción del juicio de amparo, la parte quejosa debió de agotar el principio de definitividad, dado que, en contra de dicha resolución procede el recurso de revisión previsto en los artículos 124 y 125 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. En relación con el tema, resulta necesario dilucidar si antes de promover juicio de amparo en contra de la resolución reclamada, los quejosos se encontraban obligados a agotar el recurso de revisión previsto en los artículos 124 y 125 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, lo que actualizaría la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Para aclarar lo anterior, es necesario traer a colación lo dispuesto en esa porción normativa: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior." Como se ve, el artículo en cuestión enarbola el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, que tiene su razón de ser en la extraordinariedad que caracteriza a esta institución jurídica, que implica que sólo puede solicitarse cuando se han agotado las vías ordinarias para tratar de reparar la violación constitucional o legal que, posteriormente, se pretende controvertir en el amparo, en el entendido de que sólo será exigible el agotamiento de un juicio, recurso, o medio de defensa, si éste se encuentra previsto en la ley. Además, establece que la necesidad de agotar el principio de definitividad se encuentra condicionada a: 1) que con la interposición del juicio, recurso o medio de defensa ordinario se puedan suspender los efectos de los actos impugnados; 2) que para el otorgamiento de dicha suspensión no se establezcan mayores requisitos a los previstos en la Ley de Amparo; y 3) que no se prevea un plazo mayor al que establece la ley de la materia para el otorgamiento de la suspensión provisional; supuestos que de no cumplirse actualizan una excepción al mencionado principio, con independencia de que los actos reclamados sean o no suspendibles. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 115/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo X, octubre de 1999, Página: 448), de rubro y texto: "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO). Los aludidos preceptos consagran la improcedencia del juicio de garantías en materia administrativa, en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin que la ley que lo establezca o que rija el acto exija mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Cuando tales preceptos se refieren a la ley que establezca el recurso o medio de defensa procedente contra el acto reclamado, o que rija a éste, debe entenderse que dicha remisión significa que la norma jurídica respectiva debe regular por algún título a ese acto de manera específica, aludiendo expresamente a él, debiendo colmar todas las determinaciones que contenga, así como las consecuencias que produzca en el ámbito jurídico del gobernado. Asimismo, el ordenamiento relativo requiere ser una norma legal, en sentido formal y material, puesto que tanto la disposición constitucional como la legal que la reglamenta, establecen que debe ser una "ley", y no cualquier otro ordenamiento general, el que señale la procedencia de aquéllos, motivo por el cual, aplicando el principio jurídico consistente en que cuando la norma no distingue, no existe razón para efectuar una distinción, debe concluirse que sólo los medios defensivos consagrados en una ley formal y material son susceptibles de provocar la improcedencia del juicio de amparo, derivada de la falta de cumplimiento con el principio de definitividad en relación con la impugnación de un acto de autoridad, siempre que no exijan mayores requisitos para otorgar la suspensión que los previstos en la Ley de Amparo." No obstante, del dispositivo transcrito y del criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se advierte que existen excepciones al principio de definitividad, a saber: a) Si el acto reclamado afecta a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emana; b) Si se trata de un acto administrativo respecto del cual la ley que lo rige exige mayores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo para suspender su ejecución; c) Si el acto reclamado implica una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; d) Si el acto reclamado implica peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; e) Si el acto reclamado carece de fundamentación; f) Cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución Federal; g) Cuando no se prevea en la ley que rige el acto algún recurso o medio de defensa. h) Cuando el juicio, recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia; y, i) Cuando se reclama una ley con motivo del primer acto de aplicación, en términos del artículo 61, fracción XIV, tercer párrafo, de la Ley de Amparo. Lo anterior se corrobora con la tesis 2a. LVI/2000, emitida por la Segunda Sala, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos datos de localización, rubro y texto son tomo XII; julio de 2000; página: 156, de rubro y texto: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De la interpretación literal y teleológica del artículo 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal, así como de los artículos 37, 73, fracciones XII, XIII y XV y 114 de la Ley de Amparo y de los criterios jurisprudenciales emitidos al respecto por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, se deduce que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman los siguientes actos: I. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; II. Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; III. Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; IV. Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; V. Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; VI. Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; VII. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; VIII. Los que carezcan de fundamentación; IX. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y X. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia." Ahora, para explicar por qué se considera que la parte quejosa no estaba obligada a agotar el recurso de revisión previsto en la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Tlaxcala, es necesario traer a colación sus artículos 2°, 124 y 125, en su texto anterior a la reforma publicada en el Periódico Oficial del Estado el doce de abril de dos mil dieciocho, ya que en su artículo segundo transitorio se estipuló que tales reformas entrarían en vigor una vez que se instalara el Tribunal de Justicia Administrativa, lo cual al momento en que se emitió la resolución reclamada -diecisiete de febrero de dos mil veinte-, no había ocurrido. Los preceptos legales en cuestión disponen: "Artículo 2. Las disposiciones de este ordenamiento, no son aplicables en los procedimientos jurisdiccionales y legislativos ni en las materias financiera, laboral, electoral, de responsabilidades para los servidores públicos, así como las relativas al Ministerio Público en ejercicio de sus funciones." "Artículo 124. Los actos o resoluciones que emanen de una autoridad administrativa en el desempeño de sus atribuciones, que los interesados estimen antijurídicos, infundados o faltos de motivación, pueden ser impugnados mediante el recurso de revisión, que debe hacer valer por escrito dentro de los quince días hábiles contados a partir del día siguiente de su notificación o del que tengan conocimiento del acto o resolución de que se trate." "Artículo 125. Procede el recurso de revisión: I. Contra los actos de autoridades que impongan sanciones que el interesado estime indebidamente fundadas y motivadas; II. Contra los actos de las autoridades administrativas que los interesados estimen violatorios de esta Ley; III. Contra el desechamiento de pruebas dentro del procedimiento administrativo, y IV. Contra las resoluciones de las autoridades administrativas que pongan fin al procedimiento." De los numerales transcritos se desprende que la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado, no es aplicable en los procedimientos jurisdiccionales ni legislativos, tampoco en las materias financiera, laboral, electoral, de responsabilidades para los servidores públicos, ni en las relativas al Ministerio Público en ejercicio de sus funciones. Por otra parte, se dispone que procede el recurso de revisión -juicio de nulidad- contra los actos o resoluciones que emanen de una autoridad administrativa, que impongan sanciones que se estimen indebidamente fundadas y motivadas; que se consideran violatorias de la Ley del Procedimiento Administrativo; que desechen pruebas en el procedimiento administrativo; y, que pongan fin a éste. Bajo esa temática, se recuerda que los quejosos reclaman la resolución de diecisiete de febrero de dos mil veinte, dictada por la Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala, en el procedimiento de responsabilidad indemnizatoria 136/2017, que se siguió en su contra derivado de su actuar cuando fingieron como Presidente y Tesorero, ambos del Ayuntamiento Municipal de San Pablo del Monte. En ese contexto, es claro que la referida auditora constituye una autoridad administrativa, pues según el artículo 1° del Reglamento Interior del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, dicho ente precisamente es un órgano técnico del Congreso, que tiene a su cargo la fiscalización de la cuenta pública de las entidades detalladas en la ley. Asimismo, la resolución reclamada puso fin al procedimiento administrativo de responsabilidad indemnizatoria, por lo que de primera mano podría pensarse que en su contra procede el recurso de revisión -juicio de nulidad-. No obstante, no debe olvidarse que según el artículo 2° de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Tlaxcala, las disposiciones contenidas en ese ordenamiento legal no son aplicables a los procedimientos de responsabilidades para los servidores públicos. Sin embargo, la legislación no especifica a qué tipo de procedimientos de responsabilidades para servidores públicos se refiere, pues en el ámbito del derecho administrativo la ley contempla la existencia de los procedimientos de responsabilidad administrativa y los procedimientos de responsabilidad resarcitoria o indemnizatoria. En efecto, por lo que hace a los primeros tienen como objetivo conocer de irregularidades o faltas de los servidores públicos -e incluso de particulares- por actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, y en su caso, imponer las sanciones correspondientes. En el ámbito local su regulación encuentra sustento Título XI de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. Por su parte, los procedimientos de responsabilidad resarcitoria o indemnizatoria no tienden a castigar o depurar el servicio público por desapego a los principios rectores de la administración pública, sino que su finalidad es restituir al Estado de la lesión provocada a su erario por conductas que ocasionen un daño patrimonial a la hacienda pública, de manera que nadie se beneficie de su conducta ilícita. Tales procedimientos encuentran sustento en los artículos 105 de la mencionada Constitución del Estado y la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. En ese contexto, si la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado no especifica si la exclusión de su aplicación se refiere a los procedimientos de responsabilidad administrativa o a los de responsabilidad resarcitoria o indemnizatoria, debe considerarse que contempla a ambos En consecuencia, si la resolución reclamada se dictó en el procedimiento de responsabilidad indemnizatoria seguido en contra de los quejosos, quienes fungieron como servidores públicos, es evidente que no le es aplicable la legislación en cuestión, pues así lo contempla su artículo 2° y, por ende, no es procedente el recurso de revisión -juicio de nulidad- en contra de la resolución reclamada, de ahí que no estaba obligado a agotar el principio de definitividad. A mayor abundamiento, el hecho de que el promovente no esté obligado a agotar el aludido medio de impugnación se patentiza si se pondera que prevé un plazo mayor para el otorgamiento de la suspensión que el previsto en la Ley de Amparo para conceder la suspensión provisional A fin de corroborar lo anterior, se debe atender a lo dispuesto en los artículos 129 y 130 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, que señalan: "Artículo 129. La interposición del recurso suspende la ejecución del acto impugnado cuando: I. Lo solicite expresamente el recurrente; II. No se cause un perjuicio al interés social o se contravenga el orden público; III. No se ocasionen daños o perjuicios a terceros, a menos que éstos sean garantizados, y IV. Se otorgue garantía suficiente en caso de que así lo acuerde la autoridad." "Artículo 130. Una vez presentado el escrito, la autoridad administrativa debe acordar por escrito la admisión del recurso en un término no mayor de cinco días hábiles, debiendo admitir las pruebas presentadas y declarará desahogadas aquéllas que por su naturaleza así lo permitan. En ese mismo escrito se debe requerir al servidor público que autorizó o emitió el acto recurrido, para que en un término no mayor de cinco días hábiles entregue un informe del acto recurrido y presente las pruebas que se relacionen con el acto impugnado." De un análisis concatenado de los preceptos transcritos se advierte que la interposición del recurso suspende la ejecución del acto impugnado; sin embargo, la autoridad administrativa tiene un plazo hasta de cinco días hábiles para proveer sobre su admisión. Por tanto, es evidente que ese plazo -cinco días- es el que tiene la autoridad para pronunciarse sobre la suspensión del acto impugnado Por su parte, el artículo 112 de la Ley de Amparo dispone que dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite, siendo éste el plazo en el que se debe proveer lo relativo a la suspensión provisional solicitada En consecuencia, al ser mayor el plazo previsto en la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Tlaxcala y sus Municipios para otorgar la suspensión del acto impugnado -cinco días-, que el previsto en la Ley de Amparo para conceder la suspensión provisional-veinticuatro horas-, se patentiza que resulta innecesario que el quejoso agote el recurso de revisión previsto en los artículos 124 y 125 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, pues no se cumple con el mandato previsto en el artículo 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Al no advertirse la actualización de alguna otra causal de improcedencia, ni las partes hicieron valer diversas a las estudiadas, se procede al estudio de la cuestión efectivamente planteada. SEXTO. Conceptos de violación. No se trascriben los conceptos de violación, en términos de la jurisprudencia 2a./J.58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Tomo XXXI, mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo título y contenido es: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". SÉPTIMO. Antecedentes del acto reclamado A efecto de resolver con información adecuada el problema planteado en el juicio constitucional en que se actúa, resulta necesario traer a colación los antecedentes del acto reclamado, siguientes: Mediante acuerdo de veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, se inició procedimiento para el fincamiento de responsabilidad indemnizatoria 136/2017, del índice del Órgano de Fiscalización Superior Tlaxcala, en contra de los quejosos, otrora Ex Presidente, Ex Tesorero y Ex Síndico, todos del Municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala, correspondientes al ejercicio fiscal dos mil quince, en los que se determinó la existencia de veintinueve observaciones de posible daño al patrimonio de cuenta pública y visita financiera (fojas 601-620 del anexo I); El veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, fue notificado el Ex Presidente José Isabel Marcelino Rojas Xahuantitla, del auto de veintidós de noviembre de dos mil diecisiete y anexos, dictado en el expediente 136/2017 relativo al procedimiento de responsabilidad indemnizatoria (foja 622 del anexo I); El veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete, fue notificado el Ex Tesorero Juan Javier Potrero Tizamitl, del auto de veintidós de noviembre de dos mil diecisiete y anexos, dictado en el expediente 136/2017 relativo al procedimiento de responsabilidad indemnizatoria (foja 624 del anexo I); En razón de lo anterior, en el acuerdo de referencia se citó a los presuntos responsables para que comparecieran a una audiencia cuyo desahogo se fijó para el catorce de diciembre de dos mil diecisiete; El catorce de diciembre de dos mil diecisiete, José Isabel Marcelino Rojas Xahuantitla, Ex Presidente y Juan Javier Potrero Tizamitl, Ex Tesorero, ambos del Municipio de San Pablo del Monte, comparecieron y dieron contestación a las observaciones formuladas y ofrecieron pruebas documentales de su parte a efecto de desvirtuar la responsabilidad que se les atribuye. Las documentales aportadas fueron admitidas y se tuvieron por desahogadas por su propia y especial naturaleza; y, posteriormente, se tuvieron por formulados los alegatos vertidos por cada uno de los comparecientes, por lo que se ordenó traer los autos a la vista para el dictado de la resolución correspondiente. Posteriormente, el diecisiete de febrero de dos mil veinte, la Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso de Estado de Tlaxcala, dictó la resolución correspondiente en la que fincó responsabilidad indemnizatoria en contra del Ex Presidente y el Ex Tesorero del Municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala, en la que estableció en primer término y de manera directa, el ciudadano José Isabel Marcelino Rojas Xahuantitla -Ex Presidente Municipal y quejoso-, y en segundo término y de manera directa al ciudadano Juan Javier Potrero Tizamiltl -Ex Tesorero y quejoso-, y en tercer término y de manera subsidiaria al ciudadano José Miguel Zapotl Mena -Ex Síndico-. En contra de la determinación anterior, los ciudadanos José Isabel Marcelino Rojas Xahuantitla -Ex Presidente Municipal y quejoso-, y en segundo término y de manera directa al ciudadano Juan Javier Potrero Tizamiltl -Ex Tesorero y quejoso-, promovieron el presente juicio constitucional. OCTAVO. Estudio. Al respecto, debe destacarse que el estudio de los conceptos de violación, se efectuará conforme el principio de estricto derecho que impera en el juicio de amparo en materia administrativa, por lo que se atenderá a los planteamientos formulados, y con la causa de pedir, en caso de advertirse la misma. Tiene aplicación al respecto la tesis 1a. LXXIII/2015 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1417, del Libro 15, febrero de 2015, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, cuyo título y contenido es: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIAS CIVIL Y ADMINISTRATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE AMPARO). Del precepto citado deriva que la suplencia de la queja deficiente operará en las materias civil y administrativa cuando el tribunal de amparo advierta que ha habido contra el quejoso o recurrente una violación evidente de la ley que lo haya dejado sin defensa, por afectar sus derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de que el Estado Mexicano sea parte. Ahora bien, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al pronunciarse sobre el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo abrogada, de redacción similar al 79 de la vigente, estimó que la frase "lo haya dejado sin defensa" no debe interpretarse literalmente, sino que debe entenderse en el sentido de que la autoridad responsable infringió determinadas normas, de forma que afectó sustancialmente al quejoso en su defensa. Asimismo, sostuvo que una "violación manifiesta de la ley" es la que se advierte obvia, que es innegable e indiscutible, y cuya existencia no puede derivarse de una serie de razonamientos y planteamientos cuestionables. Por otra parte, esta Primera Sala sostuvo que por "violación manifiesta de la ley que deje sin defensa", se entiende aquella actuación que haga notoria e indiscutible la vulneración a los derechos del quejoso, ya sea en forma directa, o bien, indirecta, mediante la transgresión a las normas procedimentales y sustantivas, y que rigen el acto reclamado; de ahí que dicha interpretación es aplicable al artículo 79 de la Ley de Amparo, ya que no se le opone, sino que es concordante. Conforme a lo anterior, los tribunales de amparo sólo están obligados a suplir la queja deficiente en las materias civil y administrativa cuando adviertan una violación evidente, esto es, clara, innegable, que afecte sustancialmente al quejoso en su defensa." Máxime que en el caso se reclama una resolución que fincó una responsabilidad indemnizatoria en contra de la parte quejosa y le estableció un crédito fiscal. Es aplicable la jurisprudencia por contradicción de tesis 190/2016 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE EN LOS JUICIOS DE AMPARO TRATÁNDOSE DE ACTOS DERIVADOS DE UN PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA CONTRA UN SERVIDOR PÚBLICO, POR NO ESTAR INMERSOS EN LA MATERIA LABORAL. Para que proceda la aplicación de la suplencia de la queja deficiente a que se refiere la indicada porción normativa, es menester no sólo que el quejoso tenga la calidad de trabajador o empleado sino que, además, se trate de un asunto cuya materia derive de un conflicto laboral, es decir, que tenga incidencia, de manera directa e inmediata, en algún derecho previsto en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin importar si el origen de la relación de subordinación deriva de una relación regulada por leyes laborales o administrativas, pues basta con que se afecte algún interés fundamental tutelado por el precepto constitucional aludido y que en el amparo intervenga un trabajador o empleado en defensa de aquél para que surja la obligación del órgano de control constitucional de aplicar la institución de mérito a su favor. Por tanto, como el procedimiento de responsabilidad administrativa contra servidores públicos no nace ni se desarrolla a partir de la conceptualización del derecho laboral vinculado con las prestaciones y obligaciones a que se contrae aquel precepto constitucional, sino del régimen a que están sujetos por virtud del ejercicio de una función pública en estricto derecho administrativo, conforme al artículo 109, fracción III, de la Constitución Federal (antes 113, párrafo primero), es claro que en los juicios de amparo cuya materia se ciña a algún acto dictado en ese tipo de procedimientos no opera la suplencia de la queja deficiente a que se refiere el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo." Establecido lo anterior, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que los quejosos, en sus conceptos de violación, esencialmente reclamaron lo siguiente: Se viola en su perjuicio los artículos 14 y 16 constitucionales, pues le causa agravio la resolución de dieciséis de febrero de dos mil veinte, dictada en el procedimiento de responsabilidad indemnizatoria 136/2017, en la cual se le determina la imposición de un crédito fiscal a favor del Municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala, por no estar debidamente fundada y motivada y por violaciones a las formalidades esenciales del procedimiento. Refiere que la responsable únicamente se limita a transcribir de nueva cuenta las observaciones que le son imputadas, pero no hace un razonamiento lógico jurídico de la conducta que desplegó, la normativa infringida y mucho menos comprueba el daño o menoscabo que ocasionó al Municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala. Señala que la responsable en sus actas de notificación previo citatorio refiere haber notificado el acuerdo de radicación de veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, relativas al procedimiento de responsabilidad indemnizatorio 136/2017; sin embargo, solo se limita a notificar un simple acuerdo sin correrle traslado con la documentación que conforma el expediente de referencia, pues en términos del precepto 54 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, debe correr traslado con toda la documentación que integra el mismo, es decir, debe existir una noticia completa para que se cuente con una defensa adecuada y conocimiento pleno del expediente. Aduce que los procedimientos administrativos sancionadores son una manifestación punitiva del estado al igual que el derecho penal, por lo que le corresponde a la responsable la carga de la prueba de las acciones u omisiones que se le imputan en el procedimiento sancionatorio, que trajo como consecuencia una resolución condenatoria. Menciona que el principio de presunción de inocencia, exige que para imponer una sanción es indispensable la certeza de la culpabilidad, es decir, que sea la responsabilidad y no la inocencia la que deba probarse, pues toda resolución sancionadora administrativa, requiere la certeza de hechos imputados, mediante pruebas y certeza de la culpabilidad sobre los mismos hechos, lo cual no aconteció, ya que, por un lado, se le debió notificar el informe de resultados de la cuenta pública del municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala, del ejercicio fiscal de dos mil quince; y, por el otro, que no se cuenta con pruebas contables ni documentales para sustentar las observaciones que se le imputan. Refiere la parte quejosa que la autoridad responsable violó en su perjuicio el derecho a la defensa que consagra el artículo 14 de la Constitucional, puesto que no les proporcionó abogado defensor. Señalan que les causa agravio la circunstancia de que no se les notificó el cambio de quien iba a resolver el procedimiento de responsabilidad indemnizatoria, pues quien inicio el procedimiento fue el Auditor Especial de Cumplimiento y quien resolvió y juzga es la Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala. Al respecto, los conceptos de violación precisados se estiman infundados, tal como se explicará a continuación: En principio respecto de los conceptos de violación marcados con los numerales 6 respecto de que se violó en su perjuicio la garantía a su defensa que consagra el artículo 14 de la Constitución, al respecto la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene que la disposición constitucional transcrita otorga al gobernado el derecho a una defensa adecuada previamente a la emisión de un acto privativo, lo que implica para la autoridad el deber de respetar las formalidades esenciales del procedimiento que en términos generales se traducen en: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no observarse estos requisitos no se cumpliría con el fin de la citada garantía. Apoya la jurisprudencia P./J. 47/95 emitida por el Pleno del Máximo Tribunal, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, diciembre de 1995, página 133, registro digital: 200234, de rubro y texto siguiente: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado. Así, contrario a lo que señala la parte quejosa la autoridad responsable dio cumplimiento con los incisos que señala la jurisprudencia, tal como se advierte: La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias, lo que en el presente procedimiento se llevó a cabo a través de las constancias de notificación realizadas a los Ex funcionarios municipales, el veintisiete y veintiocho de noviembre, ambos de dos mil diecisiete (fojas 622-625 del anexo I); La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa, dicho requisito se encuentra contemplado a través del auto de veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, dictado en el expediente 136/2017, del índice del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala y en la audiencia de pruebas y alegatos de catorce de diciembre de dos mil diecisiete, donde se proveyó respecto de las pruebas presentadas por los quejosos y se les hizo del conocimiento que se podrían recibir pruebas fuera audiencia, hasta antes de que se dictara la resolución (foja 626 del anexo I); 3) La oportunidad de alegar, lo que se encuentra colmado en el procedimiento en estudio, pues en el auto de radicación, así como en la audiencia de pruebas y alegatos, se otorgó la oportunidad de presentar sus manifestaciones en forma de alegatos (fojas 4651-4678 del anexo VII); y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas, dicho requisito se encuentra satisfecho con la resolución que constituye el acto reclamado (fojas 5549-5591 del anexo VII). Aunado a lo anterior, para imponer las sanciones administrativas a los servidores públicos sujetos a un procedimiento disciplinario, la autoridad administrativa no tiene la obligación de proporcionar defensor en la audiencia de pruebas y alegatos. Lo anterior, conforme a la tesis VI.2o.A.82 A, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XX, diciembre de 2004, página 1326, registro digital: 179939, de rubro y texto: "DEFENSOR EN EL PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE SERVIDORES PÚBLICOS. SU DESIGNACIÓN, AL ENCONTRARSE EXPRESAMENTE REGULADA POR EL ARTÍCULO 68, FRACCIÓN I, DE LA LEY RELATIVA, NO ADMITE LA APLICACIÓN SUPLETORIA DE OTROS ORDENAMIENTOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla establece en su artículo 68, fracción I, el procedimiento que debe observar la autoridad a quien corresponda su aplicación, para imponer las sanciones administrativas a los servidores públicos sujetos a un procedimiento disciplinario y regula, en la parte relativa, la posibilidad de que dicho funcionario se haga acompañar de un defensor al momento de comparecer a la audiencia, sin que se prevea la obligación para la autoridad administrativa de designarlo. Por tanto, si la fracción I del artículo citado regula en forma expresa, clara y precisa la figura del defensor en la audiencia prevista en tal precepto, no es procedente acudir a la supletoriedad de leyes a que se refiere el artículo 48 de la misma ley." Por tanto, como ya se dijo, dicho concepto de violación es infundado. Por otra parte, tocante al motivo de disenso señalado con el número 7, en relación al perjuicio que les genera a los quejosos el hecho de que en la audiencia de pruebas y alegatos de catorce de diciembre de dos mi diecisiete, llevada a cabo el catorce de diciembre de dos mil diecisiete, haya sido presidida por el Auditor Especial de Cumplimiento del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala y la resolución fue dictada por la Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala, sin que dicha circunstancia les haya sido notificada personalmente a los quejosos. Para determinar la trascendencia de dicha violación procesal, se debe tomar en consideración si la falta de notificación del cambio de titular trasciende al sentido del fallo, y por ende, sea necesario la reposición del procedimiento, pues de lo contrario dilataría la impartición de justicia; en esas condiciones dicha omisión de notificar personalmente a los quejosos del cambio de titular no genera afectación, pues en sus argumentos, no señala si la Auditoría Superior del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, tenía algún impedimento legal para resolver el procedimiento de responsabilidad administrativa indemnizatoria en contra de los ex funcionarios municipales. En consecuencia, resulta infundado dicho medio de disenso señalado por la parte quejosa. Respecto a los puntos descritos, marcados con los números 4 y 5, en principio cabe señalar que, al igual que el derecho penal, el derecho administrativo sancionador resulta una manifestación de la potestad punitiva del Estado, entendida como la facultad que tiene éste de imponer penas y medidas de seguridad ante la comisión de ilícitos. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que la naturaleza del procedimiento de responsabilidad resarcitoria es diferente al procedimiento de responsabilidad administrativa sancionatorio, en tanto que persiguen diferentes objetivos, pues en el primero se pretende determinar el monto de los daños y perjuicios correspondientes para resarcir el daño, así como las indemnizaciones y sanciones pecuniarias respectivas; mientras que en el segundo se busca castigar al servidor público por la comisión de una infracción a las normas que deben regir su actuación. Lo anterior así lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 45/2020 (10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 79, octubre de 2020, Tomo I, página 801, cuyo rubro y contenido son: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. TAL PRINCIPIO EN SU VERTIENTE DE REGLA PROBATORIA ES INAPLICABLE EN EL PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDADES RESARCITORIAS. Hechos: No obstante los diferentes aspectos accesorios o secundarios, los Tribunales Colegiados contendientes se pronunciaron sobre la aplicabilidad del principio de presunción de inocencia en su vertiente de carga de la prueba en un procedimiento administrativo resarcitorio. Criterio jurídico: Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el principio de presunción de inocencia, en su vertiente de carga de la prueba, es inaplicable en el procedimiento de responsabilidades resarcitorias. Justificación: En virtud de que los principios que rigen el derecho penal, con las modulaciones respectivas, sólo podrían aplicarse en el derecho administrativo disciplinario, en lo que resulte pertinente, para fundar y motivar la sanción impuesta en ellos, sin embargo, en el procedimiento resarcitorio, cuando se advierta la responsabilidad del servidor público, la consecuencia radicará únicamente en reparar el daño patrimonial, por lo que corresponde a la parte actora probar los fundamentos y hechos de su pretensión. Tanto el Tribunal Pleno como la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han determinado que la naturaleza del procedimiento de responsabilidad resarcitoria es diferente al procedimiento de responsabilidad administrativa sancionatoria, en tanto que persiguen diferentes objetivos, pues en el primero se pretende determinar el monto de los daños y perjuicios correspondientes para resarcir el daño, así como las indemnizaciones y sanciones pecuniarias respectivas; mientras que en el segundo se busca castigar al servidor público por la comisión de una infracción a las normas que deben regir su actuación." Resulta oportuno transcribir la ejecutoria que dio origen a la anterior jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual es del texto siguiente: " (.) El problema esencial de contradicción radica, como ya quedó precisado, en establecer si el principio de presunción de inocencia, en su vertiente de pruebas, puede aplicarse al procedimiento de responsabilidades resarcitorias. Debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio sustentado por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de la Nación, conforme a lo que a continuación se expone: Para mejor desarrollo del tema conviene referirse a lo que se entiende por responsabilidad resarcitoria. El Pleno de esta Suprema Corte, al resolver la controversia constitucional 52/2003, consideró que los entes encargados de fiscalizar los recursos públicos cuentan con la atribución de determinar las responsabilidades que correspondan conforme a la ley, cuando del examen que se realice de la cuenta pública aparecieren discrepancias entre los ingresos y egresos en relación con los conceptos y partidas respectivas, o bien, no existiera exactitud o justificación en los ingresos obtenidos o en los gastos realizados; asimismo, están facultados para determinar los daños y perjuicios en contra de la hacienda pública, y para fincar directamente a los responsables las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que correspondan, así como para promover ante las autoridades competentes el fincamiento de otras responsabilidades, además de presentar las denuncias y querellas penales, teniendo en éstas la intervención que le señale la ley. En consecuencia, el Tribunal Pleno determinó que ese tipo de procedimientos están acotados a establecer la responsabilidad resarcitoria de quien produzca daños o perjuicios al Estado en su hacienda pública o al patrimonio de los entes públicos federales, y no a una responsabilidad de carácter penal, a través del cual, el propio órgano establece la presunción de responsabilidades, señala a los presuntos responsables, determina el monto de los daños y perjuicios correspondientes, finca directamente a los responsables el importe para resarcir el daño, así como las indemnizaciones y sanciones pecuniarias respectivas." Tales consideraciones dieron origen a la jurisprudencia P./J. 95/2005, cuyos rubro, texto y datos de localización son: "Novena Época "Registro digital: 177558 "Instancia: Pleno "Tipo de tesis: jurisprudencia "Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta "Tomo XXII, agosto de 2005 "Materia: constitucional "Tesis: P./J. 95/2005 "ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE NAYARIT. EL ARTÍCULO 54, FRACCIÓN I, DE LA LEY RELATIVA NO VULNERA LOS ARTÍCULOS 19, PÁRRAFO PRIMERO, 21, PÁRRAFO PRIMERO, Y 102, APARTADO A, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, PORQUE PREVÉ UNA RESPONSABILIDAD RESARCITORIA Y NO PENAL.- El artículo 54, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit, al prever que éste puede determinar la presunción de responsabilidades, los presuntos responsables, el monto de los daños y perjuicios, el importe para resarcir el daño, y las indemnizaciones y sanciones pecuniarias respectivas, no transgrede los artículos 19, párrafo primero, 21, párrafo primero, y 102, apartado A, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues la citada fracción se refiere a la responsabilidad resarcitoria a cargo de los servidores públicos que generen daños y perjuicios a la hacienda pública de los entes fiscalizados, y no a la responsabilidad penal. En efecto, dichos preceptos constitucionales establecen una serie de garantías de las que gozará el inculpado por la presumible comisión de un delito, consistentes en que las detenciones ante autoridad judicial no podrán exceder de setenta y dos horas a partir de que el indiciado es puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de formal prisión en el que se expresen, entre otras cuestiones, los elementos que permitan establecer la existencia del cuerpo del delito y su probable responsabilidad; que la investigación y persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público, correspondiéndole solicitar las órdenes de aprehensión contra los inculpados, buscar y presentar las pruebas que acrediten la responsabilidad de éstos, y participar en los juicios que se les sigan; garantías que no resultan aplicables a la mencionada responsabilidad resarcitoria." En este sentido, esta Segunda Sala, al resolver el amparo directo en revisión 507/2015, se pronunció respecto del sistema de responsabilidades de los servidores públicos. En lo conducente se determinó que el criterio más adecuado para determinar la naturaleza de cada una de estas categorías de responsabilidad del servidor público, es el que parte de la pretensión que tiene el Estado al momento de fincarla y puede ser únicamente de dos tipos: punitiva o reipersecutoria. Asimismo, literalmente se sostuvo en dicha ejecutoria: "... Las principales diferencias jurídicas entre la responsabilidad derivada de una pretensión punitiva y la derivada de una responsable reipersecutoria, son las siguientes: " Las sanciones por una conducta infractora (pretensión punitiva), pueden acumularse. Esto es, una conducta puede castigarse mediante una sanción administrativa (como una multa), y eso no impide que se ejerza la acción penal para que en su caso se le imponga una pena por el delito que se actualiza con esa misma conducta (como por ejemplo, la pena de prisión o, incluso, otra multa). No podría hablarse aquí de violación al principio de non bis in idem, porque se trata de sanciones que pertenecen a distintos ámbitos jurídicos y persiguen distintas finalidades, pero comparten un rasgo esencial: la pretensión del Estado de castigar esa conducta. En cambio, si ya se impuso al servidor público el deber de pagar la indemnización por un daño causado al Estado, esa pretensión debe considerarse agotada y no debe proceder por ninguna otra vía. Un solo pago de esa indemnización deja satisfecha la pretensión del Estado, porque como se señaló, con esta pretensión únicamente se busca dejar al Estado libre de daños. " La pretensión punitiva debe dirigirse exclusivamente a la persona del servidor público, porque es éste el único que merece y debe recibir el castigo por la infracción que hubiere cometido. Por lo tanto, la sanción no debe trascender a ninguna otra persona, porque ninguna otra persona debe ser castigada por una infracción que no cometió, independientemente de la relación que la una con el infractor. En cambio, la pretensión reipersecutoria no persigue a la persona del servidor público, sino a su patrimonio. Existe aquí también una relación causal entre el reproche del Estado por cierta conducta, y el daño causado, pero una vez demostrada esa relación causal, la pretensión del Estado debe dirigirse al patrimonio del responsable, pues las personas únicamente deben responder con su patrimonio, y no con su persona, por deudas de dinero, en términos del último párrafo del artículo 17 constitucional. " Conforme a lo anterior, esta Segunda Sala advierte que la responsabilidad administrativa sancionatoria (como consecuencia de la pretensión punitiva del Estado) puede derivar tanto de leyes de responsabilidades administrativas de los servidores públicos (artículo 109, fracción III y 113); como del propio procedimiento de revisión de la cuenta pública por la entidad de fiscalización superior de la Federación, que también se encuentra facultada para imponer sanciones pecuniarias (por ejemplo, a través de multas). "Sin embargo, un procedimiento llevado a cabo por la entidad de fiscalización superior de la Federación de Responsabilidad Resarcitoria, tiene como principal objeto fincar una indemnización cuantificable en términos de la fracción IV del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la imposición de esta indemnización es el resultado de una pretensión meramente reipersecutoria del Estado. ..." Por lo que se refiere al derecho sancionador, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación precisó que, tratándose de las normas relativas al procedimiento administrativo sancionador, es válido acudir a las técnicas garantistas del derecho penal, en el entendido de que la aplicación de dichas garantías al procedimiento administrativo sólo es posible cuando resulten compatibles con su naturaleza. Dicho criterio se plasmó en la jurisprudencia P./J. 99/2006, de rubro, texto y datos de localización siguientes: "Novena Época "Registro digital: 174488 "Instancia: Pleno "Tipo de tesis: jurisprudencia "Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta "Tomo XXIV, agosto de 2006 "Materias: constitucional y administrativa "Tesis: P./J. 99/2006 "Página: 1565 "DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SUS PROPIOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES ES VÁLIDO ACUDIR DE MANERA PRUDENTE A LAS TÉCNICAS GARANTISTAS DEL DERECHO PENAL, EN TANTO AMBOS SON MANIFESTACIONES DE LA POTESTAD PUNITIVA DEL ESTADO.-De un análisis integral del régimen de infracciones administrativas, se desprende que el derecho administrativo sancionador posee como objetivo garantizar a la colectividad en general, el desarrollo correcto y normal de las funciones reguladas por las leyes administrativas, utilizando el poder de policía para lograr los objetivos en ellas trazados. En este orden de ideas, la sanción administrativa guarda una similitud fundamental con las penas, toda vez que ambas tienen lugar como reacción frente a lo antijurídico; en uno y otro supuesto la conducta humana es ordenada o prohibida. En consecuencia, tanto el derecho penal como el derecho administrativo sancionador resultan ser dos inequívocas manifestaciones de la potestad punitiva del Estado, entendida como la facultad que tiene éste de imponer penas y medidas de seguridad ante la comisión de ilícitos. Ahora bien, dada la similitud y la unidad de la potestad punitiva, en la interpretación constitucional de los principios del derecho administrativo sancionador puede acudirse a los principios penales sustantivos, aun cuando la traslación de los mismos en cuanto a grados de exigencia no pueda hacerse de forma automática, porque la aplicación de dichas garantías al procedimiento administrativo sólo es posible en la medida en que resulten compatibles con su naturaleza. Desde luego, el desarrollo jurisprudencial de estos principios en el campo administrativo sancionador -apoyado en el derecho público estatal y asimiladas algunas de las garantías del derecho penal- irá formando los principios sancionadores propios para este campo de la potestad punitiva del Estado, sin embargo, en tanto esto sucede, es válido tomar de manera prudente las técnicas garantistas del derecho penal." Específicamente, en relación con el principio de presunción de inocencia, el Tribunal Pleno del Máximo Tribunal, al resolver la contradicción de tesis 200/2013, determinó que: "uno de los principios rectores del derecho, que debe ser aplicable en todos los procedimientos de cuyo resultado pudiera derivar alguna pena o sanción como resultado de la facultad punitiva del Estado, es el de presunción de inocencia como derecho fundamental de todo ciudadano, aplicable y reconocible a las personas que pudiesen estar sometidas a un procedimiento administrativo sancionador y, en consecuencia, soportar el poder sancionador del Estado, a través de autoridad competente"; sin embargo, se aclaró que la presunción de inocencia aplica, modularmente, al procedimiento administrativo sancionador. De dicho criterio derivó la siguiente jurisprudencia: "Décima Época "Registro digital: 2006590 "Instancia: Pleno "Tipo de tesis: jurisprudencia "Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación "Libro 7, Tomo I, junio de 2014 "Materias: constitucional y administrativa "Tesis: P. /J. 43/2014 (10a.) "Página: 41 "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ESTE PRINCIPIO ES APLICABLE AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, CON MATICES O MODULACIONES. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada P. XXXV/2002, sostuvo que, de la interpretación armónica y sistemática de los artículos 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero, 19, párrafo primero, 21, párrafo primero y 102, apartado A, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008), deriva implícitamente el principio de presunción de inocencia; el cual se contiene de modo expreso en los diversos artículos 8, numeral 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14, numeral 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; de ahí que, al ser acordes dichos preceptos -porque tienden a especificar y a hacer efectiva la presunción de inocencia-, deben interpretarse de modo sistemático, a fin de hacer valer para los gobernados la interpretación más favorable que permita una mejor impartición de justicia de conformidad con el numeral 1o. constitucional. Ahora bien, uno de los principios rectores del derecho, que debe ser aplicable en todos los procedimientos de cuyo resultado pudiera derivar alguna pena o sanción como resultado de la facultad punitiva del Estado, es el de presunción de inocencia como derecho fundamental de toda persona, aplicable y reconocible a quienes pudiesen estar sometidos a un procedimiento administrativo sancionador y, en consecuencia, soportar el poder correctivo del Estado, a través de autoridad competente. En ese sentido, el principio de presunción de inocencia es aplicable al procedimiento administrativo sancionador -con matices o modulaciones, según el caso- debido a su naturaleza gravosa, por la calidad de inocente de la persona que debe reconocérsele en todo procedimiento de cuyo resultado pudiera surgir una pena o sanción cuya consecuencia procesal, entre otras, es desplazar la carga de la prueba a la autoridad, en atención al derecho al debido proceso." De los criterios mencionados se obtiene que el Tribunal Pleno como de esta Sala que han determinado la naturaleza del procedimiento de responsabilidad resarcitoria es diferente a los procedimientos de responsabilidad administrativa sancionatoria, en tanto que persiguen diferentes objetivos, pues en el primero se pretende determinar el monto de los daños y perjuicios correspondientes, para resarcir el daño, así como las indemnizaciones y sanciones pecuniarias respectivas; mientras que en el segundo es castigar al servidor público por la comisión de una infracción a las normas que deben regir su actuación. Consecuentemente, el principio de presunción de inocencia es inaplicable en el procedimiento resarcitorio, en virtud de que los principios que rigen el derecho penal, con las modulaciones respectivas, sólo podrían aplicarse en el derecho administrativo disciplinario, en lo que resulte pertinente, para fundar y motivar la sanción impuesta en ellos; sin embargo, en el procedimiento resarcitorio, cuando se advierta la responsabilidad del servidor público, la consecuencia radicará únicamente en reparar el daño patrimonial. Dada la conclusión anterior que no es aplicable el principio de presunción de inocencia en un procedimiento de responsabilidades resarcitorias, corresponde a la parte actora probar los fundamentos y hechos de su pretensión. (.)" De ahí que no le asista la razón a la parte quejosa al señalar que el procedimiento de responsabilidad indemnizatoria es una manifestación punitiva del Estado al igual que el derecho penal. Lo anterior es así, dado que en el presente juicio se dilucida un Procedimiento de Responsabilidad Indemnizatoria, dictado por el Estado a través de la instancia adecuada, en el que se determinó el monto de los daños y perjuicios correspondientes para resarcir el daño causado al Ente Fiscalizable, así como las indemnizaciones respectivas. En efecto, la autoridad responsable dictó la resolución correspondiente en la que fincó responsabilidad indemnizatoria en contra de José Isabel Marcelino Rojas Xahuantitla -Ex Presidente Municipal y quejoso-, y en segundo término y de manera directa al ciudadano Juan Javier Potrero Tizamiltl -Ex Tesorero y quejoso-, estableciendo un crédito fiscal a favor del citado Ente Fiscalizable, a cargo de los dos ex funcionarios señalados por la cantidad de $2,359,919.89 (dos millones trescientos cincuenta y nueve mil novecientos diecinueve pesos 89/100) que deberán pagar, en los términos siguientes: en primer término y de manera directa, José Isabel Marcelino Rojas Xahuantitla, en segundo término y de manera directa a Juan Javier Potrero Tizamitl, en tercer término y de manera subsidiaria a José Miguel Zapotl Mena (fojas 5549 a 5639 del tomo de pruebas VII) De ahí que se estimen infundados los conceptos de violación referidos en los puntos señalados con los números 4 y 5, dado que no se establece castigar a los ex servidores públicos, por la comisión de una infracción a las normas que debieron regir su actuación, si no que se determinó ante las observaciones no subsanadas, el monto de los daños y perjuicios correspondientes para resarcir el daño al patrimonio del Ente Fiscalizable, esto únicamente mediante la indemnización correspondiente. Ahora, en relación a lo que se aduce en los puntos marcados con los números 1, 2 y 3, en cuanto a que no se les corrió traslado con la documentación que conforma el expediente de origen, así como que no obran pruebas que sustenten la emisión de las observaciones; debe decirse que, ello no se requiere para el inicio del procedimiento indemnizatorio correspondiente, dado que el informe de resultados contiene la totalidad de los elementos necesarios para dar soporte al procedimiento indemnizatorio en cuestión; por tanto, solo resulta necesario ese informe de resultados que realiza el Auditor Superior derivado de la revisión y fiscalización de la cuenta pública que, desde luego, para obtener ese informe se requiere que el ente fiscalizable presente su cuenta pública, a la que debe adjuntar los documentos y demás pruebas que demuestren la correcta administración, manejo, custodia, control y aplicación de los egresos, ingresos, fondos y, en general, de los recursos públicos que utilice para la ejecución de los objetivos contenidos en los programas aprobados, como son la ejecución de obra pública y prestación de servicios, además de la documental relativa al control y registro contable, patrimonial y presupuestario. Resulta oportuno citar los artículos 6, 12, 25, 26, 27, 52, 53 y 54 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, aplicables en la época en que se llevó a cabo el procedimiento de fiscalización, los cuales son del contenido siguiente: "Artículo 6. La cuenta pública será presentada por los titulares de los entes fiscalizables para su revisión y fiscalización al Congreso, en forma impresa y digitalizada, la cual será remitida al Órgano para su revisión y fiscalización. Será presentada en forma impresa y en un archivo electrónico de datos que permita su uso informático y facilite su procesamiento." "Artículo 12. La revisión y fiscalización de la cuenta pública tiene por objeto evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas programadas a fin de detectar irregularidades que en su caso existan en el desarrollo de la gestión financiera, a efecto de que sean corregidas de forma inmediata; lo anterior se desarrollará conforme a los principios de posterioridad, anualidad, legalidad, imparcialidad y confiabilidad. La fiscalización superior de la cuenta pública tiene por objeto: I. Revisar y fiscalizar en forma posterior los ingresos, egresos, manejo, custodia, la aplicación de fondos y recursos de los entes fiscalizables, a efecto de verificar si sus operaciones en lo general y en lo particular cumplen con las disposiciones previstas en las leyes tributarias y hacendarias para el Estado de Tlaxcala y sus municipios y demás disposiciones aplicables. Sin perjuicio del principio de anualidad, el Órgano podrá solicitar y revisar, de manera particular y concreta, información de ejercicios anteriores al de la cuenta pública en revisión. Sin que por este motivo se entienda, para todos los efectos legales, abierta nuevamente la cuenta pública del ejercicio al que pertenece la información solicitada, exclusivamente cuando el programa, proyecto o la erogación, contenidos en el presupuesto en revisión, abarque para su ejecución y pago de diversos ejercicios fiscales o se trate de revisiones sobre el cumplimiento de los objetivos de los programas federales. Asimismo, sin perjuicio del principio de posterioridad, en las situaciones excepcionales que determine la Ley, derivado de denuncias, podrá requerir a los entes fiscalizables, para que procedan a la revisión durante el ejercicio fiscal en curso, de los conceptos denunciados y le rindan un informe. Si estos requerimientos no fueren atendidos en los plazos y formas señalados por la Ley, se impondrán las sanciones previstas en la misma. El Órgano rendirá un informe específico al Congreso, quien a su vez lo remitirá a la comisión respectiva para su análisis y, en su caso, fincará las responsabilidades correspondientes o promoverá otras responsabilidades ante las autoridades competentes; II. Realizar auditorías sobre el desempeño para determinar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los programas gubernamentales, a través de los informes que se rendirán en los términos que disponga la Ley, así mismo verificará si la ejecución de los mismos se ajustan a las especificaciones, términos y montos aprobados; III. Evaluar el cumplimiento de los programas, con base en los indicadores aprobados en el presupuesto; IV. Determinar si los recursos provenientes del financiamiento se obtuvieron en los términos autorizados y se aplicaron con la periodicidad y forma establecidas y los servicios de los adeudos respectivos se cubrieron en los términos convenidos, conforme a las leyes y demás disposiciones aplicables; V. Determinar si en la gestión financiera se cumplieron las disposiciones legales en materia de sistemas de registro y contabilidad gubernamental, contratación de servicios, obra pública, adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles, almacenes y demás activos o recursos materiales; VI. Verificar que la recaudación, administración, manejo, aplicación de recursos estatales, municipales o federales transferidos, los actos, contratos, convenios, concesiones u operaciones que los entes fiscalizables hubieran celebrado o realizado, se ajusten a la legalidad, y determinar si se han causado daños y perjuicios en contra de las haciendas públicas o al patrimonio de los entes fiscalizables. En todo caso los daños y perjuicios tendrán carácter de crédito fiscal; VII. Fiscalizar la aplicación de las transferencias, reasignaciones de recursos, subsidios o estímulos fiscales concedidos por el gobierno federal y/o estatal, al Estado, a los gobiernos municipales, entidades paraestatales, paramunicipales, los demás entes fiscalizables, instituciones privadas o a los particulares, cualesquiera que sean los fines de su destino, así como su aplicación al objeto autorizado; VIII. Cuantificar el importe de las sanciones indemnizatorias a favor de los entes fiscalizables en los términos de esta Ley; IX. Investigar, en su caso, los actos u omisiones que pudieran configurar alguna irregularidad en el ingreso, egreso, patrimonio, manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos de los entes fiscalizables, y X. Verificar que los entes fiscalizables retengan el cinco punto cincuenta y uno al millar o el que se determine en las leyes de ingresos municipales del monto de las obras contratadas por concepto de inspección, supervisión y vigilancia de las mismas. Estos recursos serán enterados al Órgano para su administración. En el caso del Poder Ejecutivo se estará a lo dispuesto por la ley en materia de obra pública para el Estado." "Artículo 25. El Órgano entregará un informe de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta pública anual al Congreso a través de la Comisión, a más tardar el día treinta y uno de mayo del año siguiente al del ejercicio; guardando absoluta reserva y confidencialidad de sus actuaciones y resultados hasta la dictaminación. La dictaminación deberá efectuarse a más tardar el treinta y uno de agosto posterior al ejercicio fiscalizado. En el año de elecciones para la renovación del Poder Ejecutivo, el Órgano deberá presentar el informe al que se refiere el párrafo anterior a más tardar el quince de noviembre del mismo año. Para tal efecto, los entes fiscalizables deberán cerrar el ejercicio fiscal respectivo al treinta de septiembre y presentar su cuenta pública a más tardar el treinta de octubre del mismo año. La fecha límite para la dictaminación del período enero-septiembre de ese año será el quince de diciembre, mientras que el trimestre restante, octubre-diciembre, se sujetará al periodo ordinario de presentación y dictaminación. El Congreso remitirá copia del Informe General al Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala y al Comité de Participación Ciudadana." "Artículo 26. El informe del resultado a que se refiere el artículo anterior, deberá contener como mínimo lo siguiente: a) El apartado correspondiente a la fiscalización y verificación del cumplimiento de los programas, con respecto a la evaluación de la consecución de sus objetivos y metas, así como de la satisfacción de las necesidades correspondientes, bajo criterios de racionalidad y austeridad; lo anterior con base a los indicadores estratégicos que se aprueben en los presupuestos; b) Los comentarios y observaciones sobre si la cuenta pública presentada está de acuerdo con los postulados básicos de contabilidad gubernamental, normas de auditoría y las disposiciones contenidas en los ordenamientos legales correspondientes; c) Los análisis de los resultados de la gestión financiera; d) La comprobación de que los entes fiscalizables durante su gestión financiera, se ajustaron a lo dispuesto en la Constitución Política del Estado, las leyes fiscales, de ingresos y presupuestos de egresos del Estado y de los municipios y en las demás normas aplicables en la materia; e) El análisis de las posibles desviaciones de recursos públicos; f) El análisis de las irregularidades de la cuenta pública, en su caso; g) Las observaciones pendientes de solventar, e (sic) h) El análisis de la integración y variaciones del patrimonio de los entes fiscalizables." "Artículo 27. El Órgano, en el informe de resultados, dará cuenta al Congreso de los pliegos de observaciones que hubieren fincado, así como de las observaciones que a la fecha de entrega del informe estuvieran pendientes de solventar, de los procedimientos iniciados para el fincamiento de responsabilidades e imposición de la sanción respectiva, así como de la promoción de otro tipo de responsabilidades y denuncias de hechos presuntamente ilícitas, que realicen de conformidad con lo dispuesto en esta Ley." "Artículo 52. Independientemente de las observaciones realizadas durante el ejercicio fiscal, las cuales deberán ser solventadas en el término improrrogable de treinta días naturales a partir de su notificación, el Órgano, a más tardar el quince de abril posterior al ejercicio fiscal auditado y con base en las disposiciones de esta Ley, si así fuere procedente, podrá formular a los entes fiscalizables el pliego de observación anual, derivado de la revisión y fiscalización superior de la cuenta pública conforme a lo siguiente: I. A los entes fiscalizables se les notificará el pliego de observaciones, quienes deberán dentro del término improrrogable de treinta días naturales a partir de la notificación solventar las determinaciones contenidas en el pliego de observaciones. Al escrito de solventación deberán acompañarse las pruebas documentales que se estimen pertinentes; II. Cuando el pliego de observaciones no sea solventado dentro del plazo señalado o bien, la documentación y argumentación no sean suficientes para este fin, el órgano remitirá el informe de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta pública anual a la Comisión, absteniéndose de recibir solventaciones a partir de la remisión del informe de resultados, y III. Cuando el pliego de observaciones no sea solventado dentro del plazo señalado o bien, la documentación y argumentación no sean suficientes para este fin, el Órgano remitirá el informe de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta pública anual a la Comisión, y IV. Cuando el Congreso dictamine la cuenta pública del ente fiscalizable, el Auditor Especial deberá radicar los procedimientos indemnizatorios que procedan de conformidad con el artículo 54 de esta Ley, de no hacerlo sin causa justificada será destituido de su cargo sin perjuicio de las demás responsabilidades a que haya lugar." "Artículo 53. La Comisión una vez que reciba el informe de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta pública anual en términos de lo establecido por el artículo 25 de la presente Ley, emitirá de acuerdo a su procedimiento interno, los dictámenes ante el pleno para su aprobación en términos de lo dispuesto por la fracción XVII inciso B) del artículo 54 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala." "Artículo 54. El fincamiento de responsabilidades indemnizatorias se sujetará al procedimiento siguiente: I. Se citará al presunto o presuntos responsables a una audiencia, debiendo acudir de manera personal, misma que tendrá verificativo en la sede del Órgano, haciéndoles saber las conductas que se les imputan señalando día y hora en que tendrá verificativo dicha audiencia y su derecho a ofrecer pruebas; alegar en la misma lo que a su derecho convenga, por sí o por medio de su defensor, apercibiéndolos que de no comparecer a la audiencia sin causa justificada, se tendrá por precluidos estos derechos y se resolverá el procedimiento con los elementos que obren en el expediente respectivo; II. Entre la fecha en que sea recibida la citación y la de la audiencia, deberá mediar un plazo no menor de diez días ni mayor de quince días; III. Cuando en el desahogo de las pruebas ofrecidas se requiera la práctica de diligencias que no puedan efectuarse dentro de la misma audiencia, se señalará día y hora para su celebración, conforme a las disposiciones supletorias aplicables, y IV. Dentro de los treinta días siguientes a la celebración de la audiencia, se resolverá sobre la existencia de la responsabilidad, y En caso de que exista responsabilidad se impondrá al infractor la sanción indemnizatoria correspondiente, notificándose personalmente la resolución dentro de los tres días siguientes, al interesado y a su jefe inmediato. Cuando se trate de servidores públicos que gozan de fuero, se estará a lo dispuesto por el artículo 109 de la Constitución Política del Estado." En principio se tiene que conforme al artículo 6 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Estado de Tlaxcala y sus Municipios, la cuenta pública será presentada en forma impresa y digitalizada al Congreso por los titulares de los entes fiscalizables (en el caso, el Municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala), quien la remitirá al Órgano de Fiscalización Superior (Auditor) para su revisión y fiscalización. La revisión y fiscalización de la cuenta pública tiene por objeto evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas programadas a fin de detectar irregularidades en la gestión financiera y que sean corregidas de forma inmediata. Una vez revisada y fiscalizada la cuenta pública, el órgano auditor rendirá al mismo Congreso un informe de resultado, quien a su vez lo remitirá a la Comisión respectiva para su análisis y, de resultar procedente, el ente fiscalizador fincará las responsabilidades correspondientes o promoverá las conducentes ante las autoridades competentes (artículos 12 y 25 de la citada ley de fiscalización). Entre otros aspectos, el informe de resultado de la revisión y fiscalización de la cuenta pública, contendrá el análisis de los resultados de la gestión financiera, así como el análisis de las irregularidades de la cuenta pública y las observaciones pendientes de solventar [artículo 26, incisos c), f) y g)]. Para ello, al rendirse dicho informe al Congreso el Auditor Superior le dará cuenta del pliego de observaciones que hubiere fincado, además de las observaciones que a la fecha de entrega del informe estuvieren pendientes de solventar (artículo 27 ibídem). También es oportuno señalar que dicho Auditor Superior le notificará al ente fiscalizable el pliego de observaciones para que dentro del término improrrogable de treinta días la solvente, debiendo, en este caso el Municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala, acompañar las pruebas documentales que se estimen pertinentes. Luego, cuando el pliego de observaciones no sea solventado dentro del plazo señalado, o bien, la documentación y argumentación no sean suficientes para este fin, el órgano fiscalizador remitirá el informe a la Comisión del Congreso (como se apuntó con anterioridad), absteniéndose de recibir solventaciones a partir de esa remisión. Finalmente, cuando el Congreso dictamine la cuenta pública del ente fiscalizable, el auditor especial deberá radicar el procedimiento indemnizatorio que proceda, de conformidad al artículo 54 de la ley en la materia (artículo 53 ibídem). En efecto, se tiene que conforme a lo reseñado, del proceso de revisión y fiscalización de la cuenta pública se obtiene un informe de resultado por el órgano fiscalizador, dentro del cual se analiza la gestión financiera del Ente para de ahí obtener las irregularidades conducentes, por lo tanto, el soporte del procedimiento para fincar responsabilidad indemnizatoria lo es el propio informe, de donde se obtiene el análisis que realizó el ente fiscalizador a dicha gestión financiera para de ahí obtener la actualización de alguna irregularidad. Lo que en la especie así se cumplió, ya que, de las constancias certificadas remitidas por la autoridad responsable al rendir su informe con justificación se advierte que obra glosado el informe de resultado de la revisión y fiscalización de la cuenta pública del Ayuntamiento de San Pablo del Monte, Tlaxcala, correspondiente al ejercicio dos mil quince (fojas 23-33 del anexo I). Además, se adjuntó a ese informe los anexos que lo respaldan, entre los cuales obran las observaciones no solventadas (folios 48-49). Por tanto, como se indicó, para el inicio del procedimiento indemnizatorio correspondiente no se requiere prueba alguna que sustente las observaciones, pues como se apuntó sólo resulta necesario el informe de resultados que realiza el Auditor Superior derivado de la revisión y fiscalización de la cuenta pública que, desde luego, -como ya se dijo- para obtener ese informe se requiere que el ente fiscalizable (Municipio de San Pablo del Monte) presente su cuenta pública, a la que debe adjuntar los documentos y demás pruebas que demuestren la correcta administración, manejo, custodia, control y aplicación de los egresos, ingresos, fondos y, en general, de los recursos públicos que utilice para la ejecución de los objetivos contenidos en los programas aprobados, además de la documental relativa al control y registro contable, patrimonial y presupuestario. Ahora bien, de un análisis a las constancias que remitió la autoridad responsable como anexos a su informe con justificación, consistentes en original del procedimiento de responsabilidad indemnizatoria 136/2017, se advierte la existencia de: 1) Un informe del resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del Municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala, del Ejercicio Fiscal dos mil quince; y, 2) Una publicación del Periódico Oficial del Estado de Tlaxcala, de veintiuno de octubre de dos mil dieciséis, por el cual se dio publicidad al mandamiento dirigido al Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, para que en el ámbito de su respectiva competencia aplique la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala y la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios en contra de los servidores públicos municipales del Ayuntamiento de San Pablo del Monte, Tlaxcala que fungieron en el ejercicio fiscal de dos mil quince, que hayan incumplido con el marco normativo aplicable. 3) Copia certificada del dictamen con proyecto de acuerdo del pasado veintidós de agosto de dos mil dieciséis, a través de cual, el Congreso del Estado de Tlaxcala, declara fiscalizada, entre otras, la cuenta pública del municipio de San Pablo del Monte, correspondiente al ejercicio fiscal 2015 (fojas 576-600 del anexo I); y, 4) Copia certificada del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, de veintiuno de octubre de dos mil dieciséis, que contiene la publicación del dictamen antes referido (fojas 565-575 del anexo I). Cabe mencionar que dichos medios de convicción fueron exhibidos a efecto de iniciar y/o radicar el procedimiento de responsabilidad indemnizatoria de origen, lo cual aconteció en proveído de veintidós de noviembre de dos mil diecisiete. De ahí que resulte irrelevante que la responsable sólo haya transcrito en el auto de radicación del procedimiento las dieciocho observaciones determinadas en el pliego respectivo, ya que ello evidencia que le dio a conocer a los ahora quejosos los hechos irregulares que se les imputan y que sustentan el procedimiento de responsabilidad indemnizatoria, pues de conformidad con el artículo 54, fracción I, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Estado de Tlaxcala y sus Municipios, es obligación de la autoridad citar al presunto o presuntos responsables a una audiencia, debiendo acudir de manera personal, misma que tendrá verificativo en la sede del Órgano, haciéndoles saber las conductas atribuidas, lo que en el caso aconteció el catorce de diciembre de dos mil diecisiete, día en que se llevó a cabo la audiencia de pruebas y alegatos en el expediente 136/2017, relativo al Procedimiento de Responsabilidad Indemnizatoria en contra de los aquí quejosos (fojas 625-628 del anexo I). Así se reitera, que las documentales que respaldan al procedimiento para fincar responsabilidad indemnizatoria es el informe de resultados, en el que consta que el Auditor Superior analizó la gestión financiera del Ente Fiscalizado y obtuvo como resultado irregularidades en la cuenta pública, lo que lleva implícito la realización de las observaciones que se deben de solventar (indemnizar). Para ello, tales observaciones deberán ser notificadas al ente fiscalizable, para que proceda a solventarlas dentro del plazo improrrogable de treinta días, atento al citado ordinal 52 de la ley de la materia. Luego, en el caso de que el Ente no las solventare, esa es la razón por la cual se inicia el procedimiento para fincar responsabilidad y obtener la indemnización correspondiente. Por otro lado, en los puntos señalados 1 y 2 los impetrantes argumentan que la resolución reclamada no se encuentra fundada ni motivada debido a que la Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala debió expresar razonamientos lógicos y jurídicos, respecto de las veintinueve observaciones no subsanadas, dado que de la propia resolución se advierte que la referida autoridad se limitó a transcribir las veintinueve observaciones no subsanadas que se les imputaron, pero no realiza un razonamiento lógico jurídico y jurídicos que la condujeron a la conclusión que tomó Ahora bien, en relación a esos motivos debe tenerse en consideración que la responsable determinó que las observaciones 3, 5, 10, 11, 13 y 24 (desglosadas en el acto reclamado), evidencian un daño patrimonial al Ente Fiscalizado (fojas 5604 vuelta y 5667, 5662 vuelta y 5627 del tomo de pruebas VII). En relación a cada uno de las aludidas observaciones la responsable valoró las documentales exhibidas por los ex funcionarios y alegatos celebrada el catorce de diciembre de dos dieciséis, en su carácter de Ex Presidente y Ex Tesorero, en la que comparecieron y presentaron dentro de la misma escrito acompañado de pruebas documentales, para desvirtuar y deslindar responsabilidades en el procedimiento administrativo en comento. A lo anterior, la autoridad responsable determinó que algunas resultaron insuficientes para subsanar las irregularidades detectadas; En lo que atañe a las aludidas observaciones la responsable estableció que no fueron solventadas por los ex funcionarios, de ahí que se determinó la existencia de un daño patrimonial al Ente Fiscalizable. Las anteriores consideraciones expuestas por la responsable denotan que no asiste razón a los impetrantes cuando afirman que en la resolución reclamada se omitió precisar cuál es la conducta que se les atribuye, ni cuáles son las pruebas que evidencian la afectación al patrimonio del Ayuntamiento Municipal de San Pablo del Monte, Tlaxcala. En efecto, es patente que la responsable partió de que, durante el procedimiento de fiscalización, el Auditor realizó el examen de diversas pólizas, y documentos contables y administrativos, de las cuales se advirtió irregularidades, mismas que constan en el pliego de observaciones y no fueron subsanadas en su totalidad por los ex funcionarios, pese a que ofrecieron pruebas en el procedimiento de responsabilidad indemnizatoria. Similar criterio fue pronunciado por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, al resolver el Amparo Indirecto en Revisión 122/2019, de su índice, resuelto en sesión ordinaria celebrada a través del sistema de videoconferencia en tiempo real el cuatro de marzo de dos mil veintiuno, engrosada el diecinueve de marzo siguiente. En ese tenor, al resultar infundados los argumentos hechos valer por la parte quejosa, en contra de la resolución de diecisiete de febrero de dos mil veinte, dictada por la Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala, al resolver el Procedimiento de Responsabilidad Indemnizatoria 136/2017, en la que fincó la responsabilidad indemnizatoria de los quejosos José Isabel Marcelino Rojas Xahuantitla y Juan Javier Potrero Tizamitl, en su carácter de Ex Presidente y Ex Tesorero, ambos del Municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala, procede NEGAR LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL SOLICITADA. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73 al 76, 79 y 217 de la Ley de Amparo vigente; se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no Ampara ni Protege a José Isabel Marcelino Rojas Xahuantitla y Juan Javier Potrero Tizamitl, contra el acto reclamado a la Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala, consistente en la resolución de diecisiete de febrero de dos mil veinte, dictada dentro del Procedimiento de Responsabilidad Indemnizatoria 136/2017, de su índice, por las razones precisadas en el considerando octavo, de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, el trece de agosto de dos mil veintiuno, en que las labores del Juzgado lo permitieron ante Christoper Rodríguez Escobar, Secretario de este Juzgado, quien autoriza y da fe.

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