Juan Jaime Martínez Uriostegui
Expediente 248/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 12 actuaciones registradas, la última del 23 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 248/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 23/05/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Juan Jaime Martínez Uriostegui
- Secretario General de Gobierno del Estado de Guerrero, Con Residencia En Chilpancingo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Acapulco, Guerrero; veintitrés de mayo de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción II, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental, conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; hágase constar lo anterior en su caratula. Por otra parte, de autos se advierte que la parte quejosa allegó con su demanda copia certificada del recibo oficial F738210; de conformidad con lo dispuesto en el capítulo tercero, artículo décimo primero, último párrafo, del preindicado Acuerdo General 1/2009, se deja a su disposición para que dentro del plazo de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que le surta efectos la notificación de este proveído, comparezca con credencial de validez oficial que contenga su fotografía ante este juzgado federal a recogerlo, previa certificación de su desglose, apercibida que de no hacerlo así dentro del término indicado, dichos documento será destruido junto con el expediente en los términos precisados con antelación. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
CITATORIO.- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE VEINTITRES DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO, MISMO QUE DICE... Acapulco, Guerrero; veintitrés de mayo de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción II, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental, conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; hágase constar lo anterior en su caratula. Por otra parte, de autos se advierte que la parte quejosa allegó con su demanda copia certificada del recibo oficial F738210; de conformidad con lo dispuesto en el capítulo tercero, artículo décimo primero, último párrafo, del preindicado Acuerdo General 1/2009, se deja a su disposición para que dentro del plazo de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que le surta efectos la notificación de este proveído, comparezca con credencial de validez oficial que contenga su fotografía ante este juzgado federal a recogerlo, previa certificación de su desglose, apercibida que de no hacerlo así dentro del término indicado, dichos documento será destruido junto con el expediente en los términos precisados con antelación. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
VISTOS los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo número 248/2018; y R E S U L T A N D O : PRIMERO.- Por escrito recibido el nueve de marzo de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, remitido ese día por razón de turno a este Juzgado Octavo, Juan Jaime Martínez Urióstegui, por su propio derecho, presentó demanda de amparo contra las autoridades y por los actos que enseguida se mencionan: AUTORIDADES RESPONSABLES: 1. Congreso del Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Guerrero. 2. Gobernador del Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Guerrero. 3. Secretario General de Gobierno del Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Guerrero. 4. Secretario de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Guerrero. 5. Director del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Guerrero. 6. Secretaría de Administración y Finanzas del Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero. ACTO RECLAMADO: "1. Del Congreso del Estado de Guerrero, se reclama: a) La discusión, aprobación y expedición de la Ley de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero 648, para el ejercicio fiscal de dos mil dieciocho, específicamente en lo que hace al artículo 5 de dicho ordenamiento relativo al Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles. b) La discusión, aprobación y expedición del instrumento jurídico de carácter legislativo, que contiene la Ley de hacienda Municipal 677 para el Estado de Guerrero, así como los decretos, por los que se crean, reforman y derogan y adicionan diversas disposiciones, de la referida Ley, específicamente en lo que hace a los Artículos 27, 27 bis, 28, fracción I, 30, 31, 32, 34, 35, 38 y 39 de dicho ordenamiento, en lo relativo al impuesto sobre adquisición de inmuebles. c) La discusión, aprobación y expedición del instrumento jurídico de carácter legislativo, que contiene la Ley de Hacienda Municipal 677, así como los decretos por los que se crean reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones, de la referida ley, específicamente en lo que hace al artículo 62 E, fracción IV de dicho ordenamiento, en lo relativo a los derechos por certificados catastrales. 2. Del Gobernador Constitucional del Estado de Guerrero, se reclama: a) La aprobación, sanción, promulgación, orden de publicación y ejecución de la Ley de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero 648, para el ejercicio fiscal de dos mil dieciocho, específicamente en lo que hace al artículo 5 de dicho ordenamiento relativo al Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles. b) La aprobación, sanción, promulgación, orden de publicación y ejecución del instrumento jurídico de carácter legislativo, que contiene la Ley de hacienda Municipal 677, así como los decretos, por los que se crean, reforman derogan y adicionan diversas disposiciones, de la referida Ley, específicamente en lo que hace a los Artículos 27, 27 bis, 28, fracción I, 30, 31, 32, 34, 35, 38 y 39 de dicho ordenamiento, en lo relativo al impuesto sobre adquisición de inmuebles. c) La aprobación, sanción, promulgación, orden de publicación y ejecución del instrumento jurídico de carácter legislativo, que contiene la Ley de Hacienda Municipal 677, así como los decretos por los que se crean reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones, de la referida ley, específicamente en lo que hace al artículo 62 E, fracción IV de dicho ordenamiento, en lo relativo a los derechos por certificados catastrales. 3. Del Secretario General del Estado de Guerrero, se reclama: a) El refrendo, sanción y orden de publicación de la Ley de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero 648, para el ejercicio fiscal de dos mil dieciocho, específicamente en lo que hace al artículo 5 de dicho ordenamiento relativo al Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles. b) El refrendo, sanción y orden de publicación del instrumento jurídico de carácter legislativo, que contiene la Ley de hacienda Municipal 677, así como los decretos, por los que se crean, reforman derogan y adicionan diversas disposiciones, de la referida Ley, específicamente en lo que hace a los Artículos 27, 27 bis, 28, fracción I, 30, 31, 32, 34, 35, 38 y 39 de dicho ordenamiento, en lo relativo al impuesto sobre adquisición de inmuebles. c) El refrendo, sanción, y orden de publicación del instrumento jurídico de carácter legislativo, que contiene la Ley de Hacienda Municipal 677, así como los decretos por los que se crean reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones, de la referida ley, específicamente en lo que hace al artículo 62 E, fracción IV de dicho ordenamiento, en lo relativo a los derechos por certificados catastrales. 4. Del Secretario de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero se reclama: a) El refrendo de la Ley de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero 648, para el ejercicio fiscal de dos mil dieciocho, específicamente en lo que hace al artículo 5 de dicho ordenamiento relativo al Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles. b) La Omisión de Refrendar el decreto que contiene la Ley de hacienda Municipal 677, publicada en el Periódico Oficial el 3 de enero de 1984. c) La OMISIÓN de REFRENDAR el decreto número 22, publicado en el Periódico Oficial el 22 de enero de 1984, por virtud del cual se reformaron los artículos 27, 34 y 38, todos de la Ley de Hacienda Municipal 677. d) La OMISIÓN de REFRENDAR el decreto número 118, publicado en el Periódico Oficial el 26 de diciembre de 2003, por virtud del cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Hacienda Municipal 677, específicamente por lo que hace al Artículo 27 BIS. e) La OMISIÓN de REFRENDAR el decreto número 416, por virtud del cual se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley de Hacienda Municipal 677, publicada en el Periódico Oficial el 24 de diciembre del 2004, específicamente por lo que hace al Artículo 30 Fracción I, inciso a) y 31. f) La OMISIÓN de REFRENDAR el decreto número 334, por virtud del cual se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley de Hacienda Municipal 677, publicada en el Periódico Oficial el 29 de diciembre de 2009, por virtud del cual se reformó la fracción I, del Artículo 28. g) La OMISIÓN de REFRENDAR el decreto número 102, por virtud del cual se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley de Hacienda Municipal 677, publicada en el Periódico Oficial Núm. 102, el 26 de diciembre de 2003, por virtud del cual se reformó la Sección Quinta, artículo 62-E. Del C. Director General del periódico Oficial del Estado de Guerrero, se reclama: a) La Publicación de la Ley de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero 648, para el ejercicio fiscal de dos mil dieciocho, específicamente en lo que hace al artículo 5 de dicho ordenamiento, relativo al Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles. b) La Publicación del instrumento jurídico de carácter legislativo, que contiene la Ley de Hacienda Municipal 677, así como los decretos, por los que se crean, reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones, de la referida Ley, específicamente en lo que hace a los Artículos 27, 27 bis, 28, fracción I, 30, 31, 32, 34, 35, 38 y 39 de dicho ordenamiento, en lo relativo al impuesto sobre adquisición de inmuebles. c) La publicación del instrumento jurídico de carácter legislativo, que contiene la Ley de Hacienda Municipal 677, así como los decretos por los que se crean, reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones, de la referida ley, específicamente en lo que hace al artículo 62 E, fracción IV de dicho ordenamiento, en lo relativo a los derechos por certificados catastrales. 6. Del Secretario de Administración y Finanzas del Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero, se reclama: La aplicación de las leyes que se tilda de inconstitucional, al recaudar o cobrar a través del recibo con número de folio F-738210 de 04 de enero de 2018, por la cantidad de $44,628.22 (cuarenta y cuatro mil seiscientos veintiocho pesos 227100 moneda nacional), por concepto de pago del Impuesto Sobre la Adquisición de Inmuebles, así como por concepto de expedición de certificado catastral de inscripción e impuestos adicionales pro-educación y asistencia social pro-caminos, en razón de que es violatorio de los principios de equidad y proporcionalidad tributaria contenidos en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del cual se adjunta en copia debidamente certificada. De dichas responsables se reclama también la ejecución de todos los actos que se inicien en contra del hoy quejoso y que se deriven de los preceptos impugnados como inconstitucionales." SEGUNDO.- Por acuerdo de doce de marzo de dos mil dieciocho, se radicó la demanda de amparo en el libro de gobierno respectivo con el número 248/2018, y se admitió a trámite; se solicitó de las autoridades responsables sus respectivos informes justificados; se dio la intervención correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se verificó con el resultado asentado en el acta que antecede, y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107 fracción VII, de la Constitución Federal; 33, 35, 37 y 107, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, ya que se reclaman leyes locales con motivo de su primer acto de aplicación por una autoridad administrativa que se encuentra en la jurisdicción territorial de este Juzgado de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, se precisa que la parte quejosa reclama: a) La discusión, aprobación, sanción, expedición, aprobación, promulgación, orden de publicación y refrendo, de la Ley número 648 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal de dos mil dieciocho, en específico de su artículo 15; y b) La discusión, aprobación, sanción, expedición, aprobación, promulgación, orden de publicación, refrendo, y falta de éste, de la Ley de Hacienda Municipal número 677, en específico sus artículos 27, 27 bis, 28, fracción I, 30, 31, 32, 34, 35, 38, 39 y 62 E, fracción VI, relativos al impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, así como el derecho por expedición de certificados catastrales e impuestos adicionales. Lo anterior, con motivo del que se considera su primer acto de aplicación a través de la expedición del recibo de pago con el número de folio F 738210, de cuatro de enero de dos mil dieciocho. TERCERO. Oportunidad de la demanda. La parte quejosa en su demanda bajo protesta de decir verdad manifestó que tuvo conocimiento de los actos reclamados el día diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, cuando le fue entregado el aludido recibo F 738210, por parte del fedatario ante el que se protocolizó el hecho imponible, sin que se haya allegado evidencia que desvirtúe tal afirmación; en tal virtud, el término para promover el juicio de amparo le transcurrió del veinte de febrero al doce de marzo del año en curso (descontados los días veinticuatro y veinticinco de febrero, tres, cuatro, diez y once de marzo pasado, por haber sido inhábiles); de ahí que, al haberse presentado la demanda el nueve de marzo pasado en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito del Vigésimo Primer Circuito, debe estimarse oportuna, pues fue interpuesta dentro del plazo de quince días establecido en el numeral 17 de la Ley de Amparo. CUARTO. Inexistencia del acto reclamado. El Secretario de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, al rendir su informe justificado por conducto del funcionario público que lo representa, negó la conducta reprochada consistente en refrendar la Ley número 648 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal de dos mil dieciocho, negativa que debe aceptarse en sus términos, en razón de que de conformidad con el artículo 90 de la Constitución Política del Estado de Guerrero vigente a partir del veintinueve de abril de dos mil catorce, a quien compete tal actuación es únicamente al Secretario General de Gobierno. En tal virtud, queda demostrado que la conducta atribuida a la autoridad mencionada en este considerando es inexistente; y en consecuencia, con apoyo en lo previsto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio a su respecto. QUINTO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos atribuidos al Congreso, Gobernador, Secretario General de Gobierno y Director del Periódico Oficial, todos del Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, pues al rendir sus respectivos informes justificados aceptaron los actos atribuidos, consistentes en el proceso legislativo de las disposiciones reclamadas, en sus correspondientes ámbitos de competencia, máxime que de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por remisión expresa de su numeral 2, la existencia de los actos, por ser de naturaleza legislativa, no está sujeta a prueba, en razón de que es evidente que en ejercicio de sus respectivas atribuciones, participaron en el proceso legislativo de donde emanan los preceptos legales reclamados. Por su parte, el Secretario de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero al rendir informe justificado por conducto del funcionario público que lo representa, negó la existencia de la omisión reclamada consistente en la falta de refrendo de la Ley de Hacienda Municipal número 677, específicamente sus artículos 27, 27-bis, 28, fracción I, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 39 y 62 E, fracción VI, así como los diversos decretos números 22, 102, 118, 334 y 416 a través de los cuales se ha venido reformando; no obstante, su negativa se desvirtúa y se tiene por cierta, ya que consta como hecho notorio en la publicación oficial de los decretos que aparecen en el Periódico Oficial del Estado de Guerrero, relativos a la emisión de la citada ley y las reformas a los ordinales en cita, que dicho funcionario público no lo hizo así, sino únicamente lo efectuó el Secretario General de Gobierno de la propia administración pública estatal guerrerense. Por último, el Secretario de Administración y Finanzas, por conducto de la Encargada de Despacho de la Dirección de Ingresos del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, al rendir su informe justificado, reconoció parcialmente el acto de aplicación atribuido, únicamente por lo que hace al cobro del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles; lo que se corrobora con el recibo de pago número F 738210, expedido el cuatro de enero de dos mil dieciocho; documental que dada su naturaleza tiene valor probatorio pleno en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. SEXTO. Causales de improcedencia. Por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, antes de examinarse la materia de fondo de la litis constitucional, se analiza el tema de la improcedencia del juicio, en los términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En relación con los actos reclamados consistentes en el refrendo y publicación de la Ley Número 648 de Ingresos para el Municipio de Acapulco, Guerrero, para el Ejercicio Fiscal del año dos mil dieciocho, específicamente en lo relativo al artículo 15, atribuido al Secretario General de Gobierno y al Director del Periódico Oficial, ambos del Estado de Guerrero, se actualiza la causal prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con lo dispuesto en el diverso 108, fracción III, de la Ley de Amparo, en razón de que dichos actos no fueron reclamados por vicios propios. Los artículos 61, fracción XXIII y 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, respectivamente señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; (.)" El numeral transcrito en primer término establece que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos, diversos a los contemplados en las demás fracciones que lo conforman, en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la propia Ley de Amparo; por otra parte, de conformidad con la fracción III del segundo numeral citado, el refrendo del decreto promulgatorio de una ley o la publicación de ésta, serán reclamables en amparo únicamente cuando se les atribuyan vicios propios. Luego, tomando en consideración que en el presente sumario se reclamaron entre otros, el refrendo y publicación de la Ley número 648 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el Ejercicio Fiscal del año dos mil dieciocho, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Guerrero, atribuido a las autoridades citadas en párrafos que anteceden, sin que se reclamen por vicios propios, el juicio de amparo resulta improcedente; en consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia en estudio, con apoyo en el artículo 63 de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio respecto de los aludidos actos reclamados. Por otro lado, por lo que hace al artículo 15 de la Ley de Ingresos número 648 del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal de dos mil dieciocho, se estima se actualiza la hipótesis prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción VIII, del artículo 108, del mismo ordenamiento legal, que en la parte conducente disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) VIII. Los conceptos de violación." La fracción XXIII transcrita, a diferencia de las veintidós fracciones que le preceden, por sí misma no alberga algún motivo de improcedencia de objetiva constatación del juicio de garantías, lo cual se debe a que el legislador no podía prever en forma casuística todas las causas de inejercitabilidad de la acción constitucional; por eso, para no pasar por alto alguna disposición legal que debiera tomarse en consideración cuando formuló los supuestos de improcedencia, hizo culminar tal enumeración con una regla como la que estatuye la fracción que se analiza, la que ciertamente es justificada, puesto que existen causas o motivos que tienen como resultado la ineficacia del ejercicio de la acción constitucional de amparo y que derivan de los mandatos contenidos en la Carta Magna o, en su caso, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de esa Norma Suprema. Uno de los cuales es el que se deriva del numeral 108, fracción VIII, de la ley de la materia, que establece la obligación a cargo de todo peticionario de garantías de expresar en su demanda los conceptos de violación tendientes a controvertir la constitucionalidad del acto reclamado, en virtud de que es éste en el que la parte promovente mediante la exposición de hechos, argumentos y razonamientos establece las violaciones de garantías que le causan los actos reclamados. Si se omite expresar los conceptos de violación o sólo se combate el acto reclamado aduciendo que es incorrecto, infundado, inmotivado, o utilizando otras expresiones semejantes, pero sin razonar por qué se considera así, tales afirmaciones tan generales e imprecisas no constituyen una verdadera expresión de verdaderos conceptos de violación a que se refiere el artículo invocado, supuesto en el cual, el Juez de Distrito, salvo el caso de suplencia de la queja deficiente, no puede examinar la regularidad constitucional del acto reclamado, lo cual determina la improcedencia del juicio de conformidad con la fracción XXIII del artículo 61 de la ley de la materia. En efecto, la ausencia o falta de tales conceptos, hace legalmente imposible que el Juez del conocimiento conceda o niegue el amparo que se le solicita, ya que no está en posibilidad de analizar y resolver sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las leyes o actos que se reclaman porque se cometan o no violaciones de garantías, pues no basta que la parte quejosa en su demanda señale determinados preceptos constitucionales que estime infringidos, si no expresa en qué consiste la infracción que imperativamente debe quedar razonada en el concepto correspondiente, para que se satisfaga el requisito exigido por la citada fracción VIII del artículo 108 de la Ley de Amparo. En esa tesitura, si bien, la parte quejosa en la demanda de garantías señaló como actos reclamados los actos legislativos que dieron origen a la Ley de Hacienda Municipal número 677, específicamente sus artículos 27, 27-bis, 28, fracción I, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 39 y 62 E, fracción VI, así como los diversos decretos números 22, 118, 416 y 334 a través de los cuales se han venido reformando, y a la Ley número 648 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal de dos mil dieciocho, en específico su artículo 15, con motivo de su primer acto de aplicación materializado en el recibo de pago al efecto allegado, no expuso cuál es el derecho sustantivo que se ve afectado por el acto de autoridad y de qué manera le agravia, mediante razonamientos o argumentos tendentes a demostrar la inconstitucionalidad de este último, a fin de hacer patente un ataque a sus derechos fundamentales, habida cuenta que ello únicamente lo hizo depender de la falta de refrendo de los respectivos decretos del primero de los ordenamientos legales en cita, de ahí que sus razonamientos únicamente vayan encaminados a controvertir lo consignado en el aludido numeral de la ley de ingresos del presente ejercicio fiscal. En ese contexto, si la parte quejosa no expuso conceptos de violación en relación con el artículo 15 de la ley de ingresos en estudio, y dado que no se ubica en algún supuesto que permita suplir la queja, procede decretar el sobreseimiento en el juicio a su respecto, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 108, fracción VIII, y 63, fracción V, todos de la Ley de Amparo. En apoyo a las consideraciones expuestas es aplicable por analogía la jurisprudencia 3ª./J. 28/93, de la Tercera Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 38, tomo 72, Diciembre de 1993, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que en lo conducente dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN DEMANDAS DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO NO EXISTEN DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO Y NO NEGAR EL AMPARO. Si se omite en la demanda de amparo expresar los conceptos de violación, o sólo se combate el acto reclamado diciendo que es incorrecto, infundado, inmotivado, o utilizando otras expresiones semejantes, pero sin razonar por qué se considera así, tales afirmaciones tan generales e imprecisas, no constituyen la expresión de conceptos de violación requerida por la fracción V del artículo 116 de la Ley de Amparo, y el Juez de Distrito, salvo el caso de suplencia de la queja deficiente, no puede juzgar sobre la constitucionalidad de los actos reclamados sin la existencia de conceptos de violación, lo cual determina la improcedencia del juicio, de conformidad con la fracción XVIII del artículo 73, en relación al artículo 116, fracción V, de la Ley de Amparo, y con apoyo en el artículo 74, fracción III, de dicha ley, debiéndose sobreseer en el juicio y no negar el amparo." Por otro lado, por lo que ve a los actos consistentes en los actos legislativos que dieron origen a la Ley de Hacienda Municipal número 677, en específico sus artículos 27, 27 bis, 28, fracción I, 30, 31, 32, 34, 35, 38, 39 y 62 E, fracción VI, relativos al impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, así como el derecho por expedición de certificados catastrales e impuestos adicionales, derivado del vicio formal de la falta de refrendo por parte del Secretario de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero; se advierte que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, pues la parte quejosa no acredita la lesión de un interés jurídicamente tutelado. Lo anterior se estima así, porque conforme a la citada hipótesis de improcedencia, la reclamación de una norma general, en la vía de amparo indirecto, presupone la existencia de un perjuicio en la esfera jurídica del quejoso, para que así el examen de la constitucionalidad de la disposición legal atacada tenga como marco de referencia el perjuicio que le causa; de lo contrario, si dicha norma legal, por su sola vigencia no le causa perjuicio, sino que requiere de un acto posterior de aplicación, el juicio de amparo enderezado en su contra antes de que se cumpla esa condición, es improcedente. Empero, para distinguir si una norma es autoaplicativa o heteroaplicativa, es necesario determinar si con su sola entrada en vigor vincula al gobernado a su cumplimiento por virtud de que cree, transforme o extinga en su perjuicio situaciones concretas de derecho; o si por el contrario, se requiere de un acto diverso que condicione su aplicación. Bajo ese marco de referencia, los efectos de la disposición legal impugnada bien pueden ocurrir en forma condicionada, o bien de manera incondicionada, pero siempre bajo el entendido de que la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso depender de un acto jurídico, concebido éste como la manifestación exterior de la voluntad del particular para crear, transferir, modificar, extinguir o conservar derechos y obligaciones y que produce los efectos deseados por su autor, o del hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, pero todos los anteriores con el común denominador de situar al gobernado dentro de la hipótesis legal. Así, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, impera en dicha norma el carácter de ley autoaplicativa o de individualización incondicionada. Por el contrario, si las obligaciones impuestas por el texto jurídico no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, tal norma reviste el carácter de disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, dado que la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se encuentra sujeta a la realización de ese evento. Al particular, tiene aplicación el criterio que sustenta el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 55/97, que se lee en la página 5, tomo VI, Julio de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento". Luego, el quejoso Juan Jaime Martínez Uriostegui tilda de inconstitucionales los indicados artículos 27, 27 bis, 28, fracción I, 30, 31, 32, 34, 35, 38, 39 y 62 E, fracción VI de la Ley de Hacienda Municipal número 677, sin embargo, basta imponerse del contenido del recibo con número de folio F 738210 de cuatro de enero de dos mil dieciocho, que adjuntó a su escrito de demanda para colegir que no se le han aplicado en su perjuicio dichas disposiciones. En efecto, los invocados artículos de la Ley de Hacienda Municipal Número 677, a la letra indican: "ARTÍCULO 27.- Están obligados al pago del impuesto sobre adquisición de inmuebles establecido en esta sección, las personas físicas o morales que adquieran inmuebles que consisten en el suelo, o en el suelo y las construcciones adheridas a él ubicados en territorio del Estado, así como los derechos relacionados con los mismos, a que se refiere este gravamen." "ARTÍCULO 27-BIS. Es objeto de este impuesto la adquisición de bienes inmuebles que realicen personas físicas o morales en el territorio de los Municipios del Estado de Guerrero." "ARTICULO 28.- Para los efectos de este capítulo, se entiende por adquisición la que se derive de: I.- Todo acto por el que se transmita la propiedad, incluyendo la donación, la que ocurra por causa de muerte y la aportación a toda clase de asociaciones o sociedades. II.- La compraventa en la que el vendedor se reserve la propiedad, aun cuando la transferencia de ésta opere con posterioridad. III.- La promesa de adquirir, cuando se pacte que el futuro comprador entrará en posesión de los bienes o que el futuro vendedor recibirá el precio de la venta o parte de él, antes de que se celebre el contrato prometido. IV.- La cesión de derechos del comprador o del futuro comprador en los casos de las Fracciones II y III que antecen (sic), respectivamente. V.- Fusión de sociedades. VI.- La dación en pago y la liquidación reducción de capital, pago en especie de remanentes, utilidades o dividendos de asociaciones o sociedades civiles o mercantiles. VII.- Constitución de usufructo, transmisión de éste o de la nuda propiedad, así como la extinción del usufructo temporal. VIII.- Prescripción positiva. IX.- La herencia o la cesión de derechos del heredero, legatario o copropietario, en la parte relativa y en proporción a los inmuebles. Se entenderá como cesión de derechos la renuncia de la herencia o legado efectuada después de la declaratoria de herederos o legatarios. X.- Enajenación a través de fideicomiso, según los siguientes casos: a) En el acto de la Constitución de un fideicomiso en el cual se nombre un fideicomisario distinto al fideicomitente, siempre y cuando este último no tenga derecho a readquirir los bienes que formen parte del fideicomiso. b) En el acto en el que el fideicomitente o el fideicomisario cedan o pierdan sus derechos sobre los bienes inmuebles constituyentes del fideicomiso a favor de la fiduciaria o de cualquier persona. c) En el acto de designar fideicomisario si éste no se designó al constituirse el fideicomiso, siempre que dicha designación no recaiga en el propio fideicomitente. d) En el acto en el que el fideicomisario ceda sus derechos o dé instrucciones al fiduciario para que transmita la propiedad de los bienes a un tercero. En éstos casos se considerará que el fideicomisario adquiere los bienes en el acto de la designación y que los enajena en el momento de ceder sus derechos o dar dichas instrucciones. e) En el acto en que el fideicomitente ceda sus derechos si entre éstos se incluye el de que los bienes se transmitan a su favor. f) La transmisión de dominio de un inmueble en ejecución de un fideicomiso, salvo cuando éste se haga en favor del o de los fideicomisarios designados en el acto constitutivo del fideicomiso o de los adquirientes de los derechos del fideicomisario por cualquier título, siempre que en la constitución o adquisición se haya cubierto el impuesto correspondiente. XI.- En las permutas se considerará que se efectúan dos adquisicones (sic). XII.- La división de la copropiedad y la disolución de la sociedad conyugal, por la parte que se adquiera en demasía del porciento que le correspondía al copropietario o cónyuge. XIII.- La celebración de contratos de arrendamiento financiero y la cesión de derechos del arrendatario financiero." "ARTICULO 30.- La base del impuesto será: I.- Tratándose de bienes inmuebles: a) El valor más alto que resulte de considerar entre el avalúo catastral, el avalúo con fines fiscales elaborado por peritos valuadores, autorizados por la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado y el valor de operación. a) BIS. (DEROGADO, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2004) b) El 50 por ciento del valor determinado conforme al inciso a) cuando se transmita la nuda propiedad. El 50 por ciento restante, se pagará al ser transmitido el usufructo. c) El valor de cada uno de los bienes permutados determinado de conformidad con lo dispuesto en el inciso a) de esta Fracción. d) En los casos de transmisión por herencia, el valor determinado conforme al inciso a) de esta Fracción. e) Tratándose de cesión de derechos hereditarios o disolución de copropiedad el valor de la parte proporcional del bien o bienes que corresponda a los derechos que se transmitan o en que se incrementen las correspondientes porciones de los copropietarios, o coherederos, determinado de acuerdo con lo señalado en el inciso a) de esta Fracción. f) En los casos de prescripción positiva, será el valor más alto que resulte entre el avalúo catastral y el avalúo con fines fiscales en su caso. II.- En caso de reducción de capital, disolución o liquidación de las Sociedades a que se refiere el artículo 1o. de la Ley General de Sociedades Mercantiles, el impuesto gravitará sobre el exceso de los bienes inmuebles distintos a los aportados o sobre el exceso de la aportación si el pago se hace en numerario." "ARTICULO 31.- El impuesto se causará y pagará aplicando la tasa que se determine en la Ley de Ingresos Municipal respectiva, misma que no rebasará el 2% sobre la base determinada para el efecto." "ARTICULO 32.- Los contribuyentes y los notarios darán aviso de movimiento de propiedad inmueble a la oficina municipal correspondiente, y pagarán el impuesto dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que los otorgantes firmen la escritura pública o el contrato privado traslativo de dominio, si el título es otorgado en el Estado; dentro de los 30 días siguientes a la autorización si la escritura es tirada en cualquier otro lugar de la República, y dentro de 90 días siguientes si se otorga fuera de la misma, según los siguientes supuestos: I.- Cuando se constituya o adquiera el usufructo o la nuda propiedad. En el caso de usufructo temporal, cuando se extinga. II.- A la adjudicación de los bienes de la sucesión o a los tres años de la muerte del autor de la misma si transcurrido dicho plazo no se hubiera llevado a cabo la adjudicación, así como al cederse los derechos hereditarios o al enajenarse bienes por la sucesión. En estos dos últimos casos, el impuesto correspondiente a la adquisición por causa de muerte, se causará en el momento en que se realice la cesión o la enajenación, independientemente del que se cause por el cesionario o por el adquiriente. III.- Tratándose de adquisiciones efectuadas a través de fideicomiso, cuando se realicen los supuestos de enajenación en los términos referidos por los incisos a) a la f) de la Fracción X del artículo 28. IV.- Al protocolizarse o inscribirse el reconocimiento judical (sic) de la prescripción positiva. V.- En los casos no previstos en las fracciones anteriores, cuando los actos de que se trate se eleven a escritura pública o se inscriban en (sic) registro público, para poder surtir efectos ante terceros en los términos del derecho común, y si no están sujetos a esta formalidad, al adquirirse el dominio conforme a las leyes." "ARTICULO 34.- No se causa el impuesto en los siguientes casos: I.- En las adquisiciones de bienes que hagan la Federación, los Estados, el D. F., y los Municipios para formar parte del dominio público; así como, los Estados Extranjeros en caso de reciprocidad. II.- Cuando por sentencia o declaratoria judicial se rescinda o anule el contrato. III.- Cuando previamente se haya cubierto el impuesto al efectuarse ventas con reservas de dominio o sujetas a condición. IV.- Cuando por sentencia o declaración judicial se rescinda o anule un contrato. V.- Cuando previamente se haya cubierto el impuesto al efectuarse ventas con reserva de dominio o sujetas a condición. VI.- (DEROGADA)" "ARTICULO 35.- Los Notarios Públicos o Funcionarios, que hagan sus veces, no autorizarán ninguna escritura en la que haga constar actos o contratos por los que se adquiera o se transmita la propiedad de bienes inmuebles y derechos reales, si no se les exhibe el comprobante de pago del impuesto de la Tesorería Municipal. En los testimonios se hará constar el número oficial del comprobante de pago y el monto del impuesto pagado." "ARTICULO 38.- Cuando la transmisión de la propiedad se haya operado con base en contrato de compra-venta con reserva de propiedad o sujetos a condición, para efectos del traslado definitivo, los contribuyentes deberán presentar nuevas declaraciones, dando aviso de lo anterior dentro de los 30 días hábiles siguientes." "ARTICULO 39.- Las infracciones al presente capítulo serán sancionadas de conformidad con lo previsto por el Código Fiscal Municipal." "ARTICULO 62-E.- El Ayuntamiento, independientemente de lo establecido en las secciones anteriores, percibirá ingresos por el cobro de los siguientes derechos: (.) VI.- Por la expedición de copias de planos, avalúos y servicios catastrales." Luego, los numerales transcritos en esencia establecen los elementos del impuesto sobre adquisición de inmuebles, así como la mecánica de su causación, y de los derechos por certificados catastrales; sin embargo, no se advierte la aplicación de dichos numerales en el recibo que reclama. Lo anterior se estima así, en primer término, porque del contenido del recibo F 738210 de cuatro de enero de dos mil dieciocho, no se observa que la autoridad municipal lo haya expedido con base en aquellos ordinales. Además, si bien la Ley de Hacienda Municipal Número 677 prevé los elementos esenciales de dicho tributo, a saber: objeto, sujeto, base, tasa y época de pago; no puede soslayarse que en la Ley Número 648 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal de dos mil dieciocho, en los numerales 15, 16, 17, 18, 19 y 74, fracción V, también se encuentran esos elementos, los cuales a la letra disponen: SUJETO Y TASA. "ARTICULO 15. Están obligadas al pago del Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles las personas físicas o morales que adquieran inmuebles, que consistan en el suelo y construcciones adheridas a él, ubicadas en el municipio de Acapulco. Así como los derechos relacionados con los mismos. El impuesto se calculará, aplicando al valor del inmueble, la tasa del 2%." OBJETO "ARTÍCULO 16. Para los efectos de este capítulo, se entiende por adquisición la que se derive de: I. Todo acto por el que se transmita la propiedad, incluyendo la donación, la que ocurra por causa de muerte y la aportación a toda clase de asociaciones o sociedades. II. La compraventa en la que el vendedor se reserve la propiedad, aun cuando la transferencia de esta opere con posterioridad. III. La promesa de adquirir, cuando se pacte que el futuro comprador entrará en posesión de los bienes o que el futuro vendedor recibirá el precio de la venta o parte de él, antes de que se celebre el contrato prometido. IV. La cesión de derechos del comprador o del futuro comprador en los casos de las fracciones II y III que anteceden, respectivamente. V. Fusión de sociedades. VI. La dación en pago y la liquidación reducción de capital, pago en especie de remanentes, utilidades o dividendos de asociaciones o sociedades civiles o mercantiles. VII. Constitución de usufructo, transmisión de este o de la nuda propiedad, así como la extinción del usufructo temporal." "ARTÍCULO 17. Para los efectos de esta ley, la adjudicación de bienes en pago, la que se haga en remate a postor, la cesión onerosa de derechos reales y la dación en pago, se equiparán a la compraventa." BASE "ARTÍCULO 18. La base del impuesto será: I. Tratándose de bienes inmuebles: a) El valor más alto que resulte de considerar entre el avalúo catastral, el avalúo con fines fiscales elaborado por peritos valuadores autorizados por la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, y el valor de operación. b) El 50% del valor determinado conforme al inciso a) cuando se transmita la nuda propiedad. El 50% restante, se pagará al ser transmitido el usufructo. c) El valor de cada uno de los bienes permutados determinado, de conformidad con lo dispuesto en el inciso a) de esta fracción. d) En los casos de transmisión por herencia, el valor determinado conforme al inciso a) de esta fracción. e) Tratándose de cesión de derechos hereditarios o disolución de copropiedad, el valor de la parte proporcional del bien o bienes que corresponda a los derechos que se transmitan o en que se incrementen las correspondientes porciones de los copropietarios o coherederos, determinado de acuerdo con lo señalado en el inciso a) de esta fracción. f) En los casos de prescripción positiva, será el valor más alto que resulte entre el avalúo catastral y el avalúo con fines fiscales, en su caso. II. En caso de reducción de capital, disolución o liquidación de las sociedades a que se refiere el artículo 1o. de la Ley General de Sociedades Mercantiles, el impuesto gravitará sobre el exceso de los bienes inmuebles distintos a los aportados o sobre el exceso de la aportación si el pago se hace en numerario." ÉPOCA DE PAGO. "ARTICULO 19. Los contribuyentes y los notarios darán aviso de movimiento de propiedad inmueble a la oficina municipal correspondiente, y pagarán el impuesto dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que los otorgantes firmen la escritura pública o el contrato privado traslativo de dominio, si el título es otorgado en el Estado; dentro de los 30 días siguientes a la autorización si la escritura es tirada en cualquier otro lugar de la república, y dentro de 90 días siguientes si se otorga fuera de la misma, según los siguientes supuestos: (.)". DERECHOS CATASTRALES "ARTÍCULO 74. Los derechos por certificaciones, copias de planos, y demás servicios que proporcionen las dependencias del Ayuntamiento se pagarán conforme a la tarifa siguiente: (.) V. Certificados catastrales de inscripción que se expidan por la adquisición de inmuebles: a) Cuando el importe de la operación sea hasta 836 veces la unidad de medida y actualización vigente; la cantidad de 5 veces la unidad de medida y actualización vigente. b) Cuando el importe de la operación sea de 836.01 a 1,672 veces la unidad de medida y actualización vigente; la cantidad de 10 veces la unidad de medida y actualización vigente. c) Cuando el importe de la operación sea de 1,672.01 a 3,050 veces la unidad de medida y actualización vigente; la cantidad de 20 veces la unidad de medida y actualización vigente. d) Cuando el importe de la operación sea de 3,050.01 a 5,776 veces la unidad de medida y actualización vigente; la cantidad de 30 veces la unidad de medida y actualización vigente. e) Cuando el importe de la operación sea de 5,776.01 a 10,555 veces la unidad de medida y actualización vigente; la cantidad de 40 veces la unidad de medida y actualización vigente. f) Cuando el importe de la operación sea de 10,555.01 a 15,079 veces la unidad de medida y actualización vigente; la cantidad de 50 veces la unidad de medida y actualización vigente. g) Cuando el importe de la operación sea de más de 15,079.01 veces la unidad de medida y actualización vigente; la cantidad 60 veces la unidad de medida y actualización vigente." De lo anterior, se concluye que el impuesto y derecho en mención se encuentra previsto en dos legislaciones, a saber, la de Hacienda Municipal y la de Ingresos de este municipio para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, puesto que en ésta, el legislador local estableció quiénes son los causantes, la cuota, el hecho impositivo y demás elementos del impuesto de adquisición de inmuebles y del derecho por expedición de certificados catastrales y si bien es verdad que las leyes de ingresos municipales tienen vigencia anual y constituyen un catálogo de impuestos, también lo es que poseen la misma jerarquía normativa que los ordenamientos fiscales de carácter especial, como en el caso, la Ley de Hacienda Municipal número 677, y por tanto, puede modificarla y derogarla, expresa o tácitamente, en determinados aspectos que se consideren necesarios para una mejor recaudación impositiva, incluso establecer un impuesto con todos sus elementos, en tanto que ambos ordenamientos legales son creados por el mismo órgano legislativo local. Sobre el particular resulta ilustrativa la tesis aislada del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "LEYES DE INGRESOS. PUEDEN ESTABLECER IMPUESTOS CON TODOS SUS ELEMENTOS. Aunque efectivamente la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia ha declarado que las leyes de ingresos son sólo un catálogo, ello no implica prohibición para que en la misma ley de ingresos se establezca el impuesto con todos sus elementos. Así, se puede prevenir en las mencionadas leyes quiénes son los causantes, la cuota, el hecho impositivo y otros elementos que sean necesarios para que quede determinado el impuesto.". Asimismo, la tesis aislada del propio Pleno del Máximo Tribunal del País, que establece: "LEYES DE LOS INGRESOS DE LOS ESTADOS. PUEDEN DEROGAR LEYES FISCALES ESPECIALES. (DECRETO NÚMERO 29 DEL CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO). Este Tribunal Pleno ha sostenido el criterio de que las leyes de ingresos de la Federación pueden derogar leyes fiscales especiales, ya que si bien tales ordenamientos tienen vigencia anual y constituyen un catálogo de impuestos, también contienen otras disposiciones de carácter general que tienen por objeto coordinar la recaudación de las contribuciones y que las leyes de ingresos poseen la misma jerarquía normativa que los ordenamientos fiscales de carácter especial y, por tanto, pueden modificarse y derogarlos en determinados aspectos necesarios para una mejor recaudación impositiva. Por igualdad de razón, debe seguirse el mismo criterio para las leyes locales, pues si bien en materia federal se habla de leyes especiales, ello es porque en materia impositiva federal no existe una sola ley sino que se ha expedido una ley para cada materia, y, por el contrario, en las entidades federativas casi no existen leyes impositivas por materia, sino que todos estos renglones se encuentran dentro de la Ley de Hacienda de cada Estado, con lo cual no contraría en nada el criterio del Pleno antes transcrito. En consecuencia, el Decreto 29 del Congreso del Estado de Guanajuato que aprueba el Presupuesto de Ingresos, Egresos y Tarifas que Regirán en el Municipio de Celaya, Guanajuato, durante mil novecientos cincuenta y siete, sí puede derogar una disposición que regule la misma materia y que se encuentre contenida en la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Guanajuato, sin que exista violación de los artículos 49, 71 y 72 de la Constitución Federal.". Como se advierte de los artículos transcritos, en los que se funda el acto de aplicación, se encuentran los elementos esenciales del impuesto sobre adquisición de inmuebles a saber: objeto, sujeto, base, tasa y época de pago, así como del derecho por la expedición de certificados catastrales. Mas aun, tampoco puede soslayarse que a partir del día siguiente de la publicación de la Ley Número 492 de Hacienda Municipal del Estado de Guerrero, según su artículo primero transitorio -lo que aconteció el uno de diciembre de dos mil diecisiete- quedó abrogada la Ley de Hacienda Municipal número 677, de modo que si se parte del hecho de que el entero del tributo y derecho en comento aconteció el cuatro de enero de dos mil dieciocho, de ello se sigue que el recibo con folio F 738210, en el que se advierte el cobro de la cantidad de $44,628.22 (cuarenta y cuatro mil seiscientos veintiocho pesos 22/100 moneda nacional), por concepto de pago del Impuesto Sobre la Adquisición de Inmuebles, así como por concepto de expedición de certificado catastral de inscripción e impuestos adicionales pro-educación y asistencia social y pro-caminos, no es apto para acreditar la aplicación de los diversos ordinales de la Ley de Hacienda Municipal número 677, en la parte que regulan el impuesto sobre adquisición de inmuebles y el derecho por expedición de certificados catastrales e impuestos adicionales; ya que si bien dicha legislación no fue refrendada por el Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero; la ley de ingresos reclamada sí cumplió con el único requisito que para su refrendo ordena la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, esto es, del Secretario General de Gobierno, por lo que sí colmó con dicha obligación como se desprende de la propia norma. De lo anterior se puede concluir que si bien es verdad que la Ley de Hacienda Municipal reclamada tiene un vicio formal (falta de refrendo), que le resta validez para su aplicación; también es cierto que ese vicio no lo contiene la Ley de Ingresos referida y que fue la aplicada; además de que no se trata de dos normas en las cuales exista una relación jerárquica, sino que ambas (hacienda/ingresos) son de igual naturaleza, puesto que tienen la misma fuente y la misma materia de competencia; y, como se ha expuesto la ley de Ingresos contiene todos los elementos esenciales del Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles y del derecho por expedición de certificados catastrales e impuestos adicionales. En ese orden de ideas, si la parte quejosa reclamó el cobro del Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles y demás contribuciones accesorias, y su inconstitucionalidad la hace depender de que tiene su fundamento legal en una norma declarada inconstitucional por jurisprudencia que, desde su punto de vista, es de carácter temático, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada con el número 2a./J. 95/2011, de rubro: "REFRENDO DE LOS DECRETOS PROMULGATORIOS DEL TITULAR DEL EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. CORRESPONDE AL SECRETARIO DE GOBIERNO Y AL FUNCIONARIO DEL RAMO RELATIVO.", Sin embargo, en el caso no demostró que se le haya aplicado una norma que no haya sido refrendada por algún funcionario obligado a ello, que es el tema que resuelve la jurisprudencia que cita, de ello se revela la actualización de la causal de improcedencia en estudio, y en consecuencia, con apoyo en el artículo 63 de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio respecto del acto consistente en la discusión, aprobación, sanción, expedición, aprobación, promulgación, orden de publicación, refrendo, falta de éste, y aplicación de la Ley de Hacienda Municipal número 677, en específico sus artículos 27, 27 bis, 28, fracción I, 30, 31, 32, 34, 35, 38, 39 y 62 E, fracción VI. Resulta aplicable en lo conducente la tesis 2a./J. 141/2012 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIV, Noviembre de 2012, Tomo 2, página 1305, que dice: "IMPUESTO PREDIAL. EL RECIBO O CERTIFICADO DE PAGO ES SUFICIENTE PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA LAS LEYES QUE LO ESTABLECEN. El interés jurídico que le asiste a la parte quejosa para reclamar en el juicio de amparo las leyes que establecen o modifican el impuesto predial en aspectos generales, con motivo de un acto de aplicación, puede acreditarse con el recibo o certificado de pago del tributo a su nombre, correspondiente al ejercicio de vigencia de la ley, pues de tal prueba deriva que es contribuyente de aquél, en relación con el predio a que el recibo se refiere y que realizó el pago de la contribución, sin que deba exigirse la aportación de mayores elementos de prueba; salvo en los casos en que se impugnen, en lo particular, normas que regulen determinados supuestos que requieran de la demostración, con mayores pruebas, de que el particular se encuentra comprendido en ellos." Así como el diverso criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, Diciembre de dos mil, página 447, que al tenor literal dispone: "LEYES. EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN QUE PERMITE IMPUGNARLAS EN AMPARO ES AQUEL QUE TRASCIENDE A LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO, CAUSÁNDOLE UN PERJUICIO, CON INDEPENDENCIA DE QUE SU FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN SEA O NO CORRECTA. Conforme a la interpretación jurisprudencial que ha efectuado la Suprema Corte de Justicia de la Nación de lo dispuesto en los artículos 4o., 73, fracciones V y VI, y 114, fracción I, de la Ley de Amparo, el primer acto de aplicación que permite controvertir, a través del juicio de garantías, la constitucionalidad de una disposición de observancia general, es aquel que trasciende a la esfera jurídica del gobernado generándole un perjuicio que se traduce en una afectación o menoscabo a su patrimonio jurídico. Ahora bien, en caso de que el citado acto de aplicación carezca de la fundamentación y motivación debidas, que provoquen la interrogante sobre si el peticionario de garantías realmente resintió la individualización de la norma controvertida, como puede ser el caso en que la situación de hecho del quejoso no se ubique en el supuesto de la norma o que la autoridad haya realizado una cita equivocada de la disposición aplicable, el juzgador de garantías deberá analizar el acto de aplicación y la trascendencia que éste tenga sobre la esfera jurídica del quejoso, para determinar si el origen del perjuicio causado se encuentra efectivamente en el dispositivo impugnado, lo que le permitirá concluir que éste sí afecta su interés jurídico y, por tanto, resulta procedente su impugnación. La anterior conclusión encuentra apoyo, inclusive, en la jurisprudencia 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo rubro es: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", de la cual deriva que cuando se reclaman en amparo indirecto disposiciones de observancia general, con motivo de su primer acto de aplicación, una vez determinada la procedencia del juicio, debe estudiarse la constitucionalidad de la norma impugnada y, posteriormente, en su caso, la legalidad del acto concreto de individualización, sin que ésta constituya impedimento alguno para que se aborde el estudio de constitucionalidad de las normas impugnadas." Por lo antes expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 74, 217, y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de garantías número 248/2018, por lo que hace a los actos y autoridades y por las razones precisadas en los considerandos cuarto y último de esta resolución. Notifíquese, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.
- Principal
Acapulco, Guerrero; diecisiete de abril de dos mil dieciocho. Agréguese lo de cuenta; en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, para conocimiento de las partes, se tiene por rendido el informe justificado del Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional; asimismo, téngasele por señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica y como sus delegados en términos del numeral 9 de la ley de la materia a las personas que designa.
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