Juan Ignacio Duque Noriega
Expediente 98/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 15 actuaciones registradas, la última del 18 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 98/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 18/05/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Juan Ignacio Duque Noriega
- Delegado del Registro Público de la Propiedad Y del Comercio Región Acapulco, En el Estado de Guerrero
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Acapulco, Guerrero; dieciocho de mayo de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción II, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental, conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; hágase constar lo anterior en su caratula.
- Principal
VISTOS; los autos para pronunciar sentencia en el juicio de amparo número 98/2018. R E S U L T A N D O : PRIMERO.- Por escrito depositado el dos de febrero de dos mil dieciocho, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, remitido al siguiente día hábil por razón de turno a este Juzgado Octavo, Juan Ignacio Duque Noriega, por su propio derecho, presentó demanda de amparo contra las autoridades y por los actos que enseguida se mencionan: AUTORIDADES RESPONSABLES: ORDENADORAS: Delegado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio Región Acapulco, en el Estado de Guerrero. Jefe del Departamento Jurídico de la Delegación del Registro Público de la Propiedad y del Comercio Región Acapulco, en el Estado de Guerrero. EJECUTORAS: Jefe del Departamento de Inscripción de la Delegación del Registro Público de la Propiedad y del Comercio Región Acapulco en el Estado de Guerrero. ACTO RECLAMADO: "Reclamo de las autoridades señaladas como responsables ordenadoras la irregular orden de anotación preventiva de la demanda que recae sobre el bien inmueble de mi propiedad con folio registral electrónico 72674, por parte del Delegado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, región Acapulco. De la autoridad ejecutora reclamo la ejecución del acto reclamado." SEGUNDO. Trámite del juicio de Amparo. Por acuerdo de siete de febrero de dos mil dieciocho, se radicó la demanda de amparo en el libro de gobierno respectivo con el número 98/2018 y se formuló una prevención, en cuyo desahogo la parte quejosa precisó que no era su deseo designar como autoridad responsable al Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares de esta ciudad; por lo que por auto de trece de febrero siguiente se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a las autoridades responsables rindieran su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional con el resultado asentado en el acta que antecede. C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 35, párrafo primero, 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, porque se reclama un acto proveniente de una autoridad administrativa radicada en la jurisdicción de este Juzgado de Distrito. SEGUNDO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Delegado del Registro Público de la Propiedad, del Comercio y del Crédito Agrícola, con sede en esta ciudad, pues al rendir su informe con justificación por sí y en atención a los oficios que se giraron a las diversas autoridades Jefe del Departamento Jurídico y Jefe del Departamento de Inscripción, ambos adscritos a la autoridad registral señalada en primer término; así lo reconoció expresamente; lo que constituye una confesión en términos de lo dispuesto por el artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por remisión expresa de su artículo 2º y que se corrobora con la copia certificada del acuse de recibió del oficio 0006/2018, por el que se informó al Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Tabares que se dio cumplimiento a la inscripción solicitada mediante su oficio 72, de dos de octubre de dos mil diecisiete, emitido dentro del juicio de divorcio incausado 680-3/2017; la cual por ser una documental pública tiene valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del ordenamiento adjetivo en cita. TERCERO. Causales de improcedencia. Una vez verificada la certeza del acto reclamado, previo al estudio de fondo del presente asunto, por ser de orden público y de estudio preferente, se examinan las causas de improcedencia que invoquen las partes o que se adviertan de oficio, atento a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo; en ese sentido, oficiosamente se advierte que en el caso se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 217, ambos de la Ley de Amparo; lo anterior, en virtud de que la pretendida orden de inscripción atribuida a las autoridades responsables, no es sino una consecuencia directa y necesaria de lo ordenado por el Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Tabares, dentro del juicio de divorcio incausado 680-3/2017; esto es, se trata de un acto derivado de otro consentido. Para arribar a tal determinación, se tiene presente que el ordinal citado en primer término, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." La fracción XXIII transcrita, a diferencia de las veintidós fracciones que le preceden, por sí misma no alberga algún motivo de improcedencia de objetiva constatación del juicio de garantías, lo cual se debe a que el legislador no podía prever en forma casuística todas las causas de inejercitabilidad de la acción constitucional; por eso, para no pasar por alto alguna disposición legal que debiera tomarse en consideración cuando formuló los supuestos de improcedencia, hizo culminar tal enumeración con una regla como la que estatuye la fracción que se analiza, la que ciertamente es justificada, puesto que existen causas o motivos que tienen como resultado la ineficacia del ejercicio de la acción constitucional de amparo y que derivan de los mandatos contenidos en la Carta Magna o, en su caso, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de esa Norma Suprema. Por su parte, el diverso ordinal 217 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna." El ordinal inserto en su primer párrafo, en forma expresa prevé que la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en Pleno o en Salas, es obligatoria para éstas en tratándose de la que decrete el Pleno, y además para los Tribunales Unitarios y Colegiados de Circuito, los juzgados de Distrito, y demás tribunales militares, judiciales, administrativos y del trabajo, del orden común, locales o federales; sobre lo cual se tiene presente que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, integró la jurisprudencia consultable en la página 17, del Tomo VI, Parte SCJN, Quinta Época, del Apéndice de 1995, de rubro y texto siguiente: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA. El amparo es improcedente cuando se endereza contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos." De lo que se sigue, que la causa de improcedencia invocada encuentra su fundamento en la jurisprudencia a que se refiere el aludido numeral 217, relacionado con las fracciones XII y XIV, del propio precepto 61, que establece la improcedencia del juicio respecto de los actos consentidos. Orientan dicha conclusión, los criterios sustentados por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito y Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, publicados a fojas 52 y 582, del Semanario Judicial de la Federación, Tomos I, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1988 y III, Mayo de 1996, de la Octava y Novena Época, respectivamente, que son del siguiente tenor literal: "ACTOS DERIVADOS DE OTROS CONSENTIDOS. FUNDAMENTO DE LA IMPROCEDENCIA. La improcedencia que resulta cuando el acto reclamado es consecuencia de otro consentido, por no haberse impugnado en su oportunidad, se funda en los artículos 73, fracción XVIII de la Ley de Amparo en relación con el diverso artículo 192 de la misma Ley, que establece la obligación de observar la jurisprudencia sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación: en este caso, la número 19 visible en la página 38 de la Octava Parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación que dice: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA"." "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS, RAZON DE SU IMPROCEDENCIA. El artículo 73 de la Ley de Amparo, señala: "El juicio de amparo es improcedente: ... XVIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley." Ahora bien, las fracciones XI y XII del dispositivo en comento, previenen que el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos expresa o tácitamente; por ello, lógica y jurídicamente, debe estimarse improcedente la acción constitucional contra actos que sean consecuencia de otros consentidos, siendo indudable, por tanto, que la causa de mérito emerge de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales." Ahora bien, para demostrar la actualización de la causa de improcedencia en comento, debe tenerse presente que, de las constancias que integran los presentes autos, se desprenden los siguientes datos: a).- El bien inmueble a que se refiere el folio registral electrónico 72674, se encuentra inscrito a nombre del quejoso Juan Ignacio Duque Noriega. b).- Mediante oficio 1330/2017, de diecinueve de octubre de dos mil diecisiete, el Delegado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, informó al Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares que la anotación solicitada por oficio 72, de fecha dos de octubre del año próximo pasado, FUE SUSPENDIDA, porque no se anexó copia del auto de siete de septiembre de dos mil diecisiete ni se realizó el pago de derechos respectivo. c).- Por oficio 0006/2018, la autoridad registral responsable informó al Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Tabares que se dio cumplimiento a la inscripción solicitada en el expediente 680-3/2017, mediante su oficio 72, de dos de octubre de dos mil diecisiete, sobre lo cual la responsable puntualizó que una vez que se subsanaron las omisiones descritas en el inciso que antecede, se procedió a dar cumplimiento a lo solicitado por el juez de la causa. d).- En el folio registral electrónico 72674, particularmente en el apartado relativo a las anotaciones preventivas, aparece la inscripción con fecha de presentación de veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete (29/11/2017), de la anotación preventiva de la demanda derivada del juicio de divorcio incausado 680-3/2017, promovido por Marisol Beaujean Carrizosa contra Juan Ignacio Duque Noriega, en cumplimiento a lo ordenado por el Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Tabares mediante oficio 72, de dos de octubre de dos mil diecisiete. En esa tesitura, es palmario que el acto reclamado sólo es una consecuencia legal directa y necesaria de lo ordenado por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares mediante oficio 72, de dos de octubre de dos mil diecisiete, emitido dentro del juicio de divorcio incausado 680-3/2017; decisión que fue consentida expresamente por el quejoso habida cuenta que al ser prevenido sobre el particular, manifestó que no era su deseo de tener como autoridad responsable a aquella autoridad judicial y como acto reclamado, la orden de anotación preventiva en el folio registral electrónico 72674. Lo anterior, sin que pase desapercibida la alegación del quejoso en el sentido de que el proceder de la autoridad registral es novedoso por haberse realizado sin existir un acuerdo en el que se así lo ordenara, ya que el trámite relativo fue inicialmente suspendido; pues como quedó demostrado en líneas precedentes, la anotación preventiva derivó de que fueron subsanadas las omisiones por la que se había suspendido aquel trámite, de ahí que se diera cumplimiento a lo solicitado por la autoridad judicial dentro del expediente 680-3/2017. Todo lo cual deja claro que era la orden de efectuar la anotación preventiva contenida en el auto de siete de septiembre pasado dentro del expediente 680-3/2017, el que debió impugnar si consideraba que esa anotación era contraria a derecho, y en su caso, revelar la ilegalidad de aquella decisión; por ende, al no existir motivo de queja enderezado en contra de la orden de anotación preventiva contenida en auto de siete de septiembre pasado que fue consentido (causa), este órgano de control constitucional se encuentra impedido para estudiar los efectos acontecidos en el folio registral electrónico 72674 con motivo de su dictado, máxime que la legalidad de tal consecuencia depende directamente de las razones que sustentaron el proveído en comento, lo que no fue objeto de queja a pesar de haber sido prevenida expresamente para ello. Por tanto, no cabe la menor duda de que el acto que ahora se combate deriva directamente del acuerdo de referencia, pues es una consecuencia legal, directa y necesaria de aquél; de manera que deriva de otro que fue consentido expresamente por el propio quejoso, actualizándose así la causal de improcedencia de mérito. Apoyan este criterio, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se puede consultar en la páginas 9, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 217-218, Primera Parte, Séptima Época, cuyo rubro y texto dice: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. SUPUESTOS PARA QUE OPERE ESA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. De acuerdo con la jurisprudencia número 19 contenida en la página 38 de la Octava Parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, los supuestos para que opere la causal de improcedencia cuando el amparo se endereza contra actos derivados de otros consentidos son, la existencia de un acto anterior consentido y la existencia de un acto posterior que sea una consecuencia directa y necesaria de aquél." Por su aplicación analógica, en apoyo de la anterior consideración también se cita la tesis que sostuvo el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, consultable a foja 28 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 217-228 Sexta Parte, correspondiente a la Séptima Época, del tenor literal siguiente: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. Si el demandado no impugna en su oportunidad debida mediante la vía de amparo indirecto ante el Juez de Distrito correspondiente el auto de radicación, en el que se le requirió para que exhibiese su contestación por escrito en la audiencia respectiva, con el apercibimiento de que de no hacerlo así, se le tendría por contestada la demanda en sentido afirmativo, salvo prueba en contrario, evidentemente que el auto que hace efectivo dicho apercibimiento por falta de cumplimiento a tal prevención -sea correcto o no- debe considerarse como un acto derivado de otro consentido, pues es obvio que resulta ser mera consecuencia de aquel proveído." Consecuentemente, la anterior circunstancia pone de relieve la actualización de la causal de improcedencia en estudio, y por tanto, lo que procede con fundamento en lo establecido en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, es sobreseer en el juicio. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E : ÚNICO.- Se sobresee el juicio de amparo número 98/2018, promovido por Juan Ignacio Duque Noriega, en términos de lo expuesto en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.
- Principal
Acapulco, Guerrero; cinco de abril de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio vía electrónica registrado en el libro de correspondencia con el número 5017 enviado por la Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto número 272/2018, que le fue enviado para que en auxilio de las labores de este Juzgado Federal, notificara del presente juicio de amparo a la tercera interesada Marisol Beaujean Carrizosa, y señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, glósese a los autos, acúsese recibo por la misma vía y háganse las anotaciones en el libro de Gobierno respectivo. Asimismo, téngase por notificada del presente juicio de amparo a la tercera interesada de referencia; y en virtud, de que de las constancias que integran la comunicación oficial de referencia se advierte que se encuentra transcurriendo el término de tres días que se le otorgó para que señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día, y se fijan las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL TREINTA DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO para su verificativo. Notifíquese.
- Principal
Acapulco, Guerrero; veintidós de marzo de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el telegrama y oficio de cuenta que remiten el Vocal Secretario de la Junta Local Ejecutiva del Registro Federal de Electores, con residencia en Chilpancingo, Guerrero, y el Representante Legal de Teléfonos de México, Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable, a través de los cuales desahogan el requerimiento que se formuló en proveído de seis de marzo del año en curso, y al efecto manifiestan que no encontraron dato alguno referente a la tercera interesada Marisol Beaujean Carrizosa. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Adrián Arteaga Navarro, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido por César Israel Santes Quevedo, Secretario adscrito al propio juzgado que autoriza y da fe.
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