Juan Humberto Ramos Loreto
Expediente 408/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 13 actuaciones registradas, la última del 15 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 408/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 15/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en La Laguna · La Laguna
Partes del expediente
- Juan Humberto Ramos Loreto
- Claudia Elena Gutiérrez García
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Incidental
Torreón, Coahuila de Zaragoza; quince de junio de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado de autos, y toda vez que causó ejecutoria la sentencia dictada en el juicio principal del que derivan los presentes cuadernos de suspensión, advirtiéndose además que este incidente se encuentra totalmente concluido, por tanto lo conducente es, enviarlo al archivo definitivo. Anotaciones. Háganse las anotaciones en el libro relativo. Documentos originales. No existen Garantía. No hay. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Destruible y conservable. Por carecer de relevancia documental, el duplicado del presente incidente de suspensión es destruible y el original es conservable, en términos de los artículos 19, fracción II, inciso a), y 17, fracción III, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las Disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Notifíquese.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza; quince de junio de dos mil veintitrés. Ejecutoria. Vista la certificación puesta en esta fecha por el secretario de este juzgado, en el sentido de que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto el recurso de revisión que establece el artículo 81, fracción I, inciso e), de la propia ley, en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia dictada en el presente juicio ha causado ejecutoria; dejándose sin efectos la medidas cautelares decretadas en el incidente de suspensión que deriva este juicio. . Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Conservable o destruible. Este expediente es destruible, conforme al artículo 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Incidente. En el expediente atinente, provéase lo relativo a la depuración o destrucción del incidente, en términos del referido Acuerdo General. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Anotaciones y archivo. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE"; y, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo. Notifíquese.
- Principal
VISTOS; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito presentado el catorce de marzo de dos mil veintitrés, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en La Laguna, remitido el quince del mismo mes y día a este Juzgado Federal, ********************y ********************, solicitaron el amparo protección de la justicia federal contra las autoridades y por los actos que a continuación se transcriben: "III.- LA AUTORIDAD O AUTORIDADES RESPONSABLES.- Tienen del carácter de autoridad responsable. Juez Tercero de Primer Instancia en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Torreón, con domicilio ubicado en el Palacio de Justicia en Prolongación Diagonal de las Fuentes sin número esquina con calle de los Comerciantes de la Colonia Villas la Merced de esta ciudad de Torreón, Coahuila". "IV.- LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME.- De la autoridad señalada como responsable ordenadora Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Torreón, reclamo el auto de treinta de enero de dos mil veintitrés que me fuera legalmente notificado en forma personal a la suscrita ********************, hasta el pasado ocho de marzo de dos mil veintitrés y que fuera dictado dentro de los autos del Juicio Ejecutivo Mercantil número ********************radicado ante dicha autoridad responsable; en donde se determina la adjudicación directa del vehículo automotor embargado a la suscrita dentro de los autos del presente juicio a favor de la parte actora, ahora tercero interesado ********************, y lo anterior en base al peritaje rendido por el perito propuesto por la parte actora Licenciado Francisco López Gutierrez, el que se rindió fuera del término establecido por el artículo 1410 del Código de Comercio y por la omisión de haber notificado de forma personal la apertura de la correspondiente etapa de ejecución en el presente juicio. Así mismo se reclama que esta adjudicación directa se realizó sin que se respetara el derecho del tanto de mi esposo ********************, con quien me encuentro unida en matrimonio bajo el régimen de sociedad conyugal según se acredita con la documental pública que exhibo para tal efecto". En la demanda de amparo la parte quejosa expresó los antecedentes del asunto, hizo valer los conceptos de violación relativos, y señaló que los derechos fundamentales que en su concepto se transgredieron, son los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. La demanda de amparo se turnó a este Juzgado Federal. Por acuerdo de dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, fue admitida en sus términos y se ordenó la formación del expediente relativo, registrándose con el número ********************, asimismo, se fijó hora y fecha para la audiencia constitucional, se solicitaron los informes justificados correspondientes y se dio vista al Ministerio Público de la Federación. Seguido que fue el juicio por las fases procesales respectivas, tuvo verificativo la audiencia constitucional relativa. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en La Laguna, es legalmente competente para conocer y resolver del presente juicio de amparo, de conformidad con lo previsto por los artículos 103 y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 y 58, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en los puntos primero, segundo y cuarto, todos fracción VIII, del Acuerdo General 3/2013, en relación con el diverso 1/2019, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pues, aunado a que los actos reclamados en este juicio incumben a la vía indirecta; aunado a que las autoridades responsables tienen su residencia en el lugar en el cual este órgano jurisdiccional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, este juzgador procede a la fijación de los actos reclamados en este juicio. Para tal efecto, el suscrito atiende tanto al examen integral de la demanda de amparo como a la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues únicamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención de la parte impetrante y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman el juicio, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que la parte quejosa exponga entorno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados a través de esta vía. El proveído de treinta de enero de dos mil veintitrés, dictado en los autos del juicio ejecutivo mercantil ********************, promovido por ********************en contra de los quejosos ********************y ********************, de índice estadístico del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Mercantil, con residencia en esta ciudad, en el cual se decretó la adjudicación directa sobre el vehículo materia de embargo. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos de identificación y rubros son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." (Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011. Tomo: II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Décima Primera Sección. Tesis: 1347. Página: 1511). "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." (Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XIX, Abril de 2004. Tesis: P. VI/2004. Página: 255). Luego, al no advertirse algún otro acto reclamado por la parte gestora del amparo, lo procedente es examinar la existencia del acto de que se trata, para luego analizar la procedencia de este juicio y, en su caso, abordar el fondo del asunto. Sobre ese particular, es de citarse la tesis sustentada por la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página noventa y cinco del Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Primera Parte, Enero-Junio de 1990, que es del rubro siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS." TERCERO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados a la autoridad responsable Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Mercantil, con residencia en esta ciudad, pues al rendir sus informe justificado reconoció la existencia de los actos reclamados, consistentes en la actuación reclamada, en los autos del juicio ejecutivo mercantil ********************, de índice estadístico de la mencionada autoridad judicial ordenadora, lo cual, sin duda, es una confesión expresa con valor probatorio pleno para tener acreditados los actos de que se trata, en términos de los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2° de la ley de la materia. Al efecto, cabe invocar la tesis de jurisprudencia setecientos cuarenta y nueve, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochocientos treinta del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección, que es del tenor que sigue: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo que además se corrobora con las documentales que allegó el Juez responsable; documentales que gozan de valor probatorio pleno, al tenor lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia doscientos veintiséis, sustentada por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, localizable en la página ciento cincuenta y tres del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, Tomo VI, Parte SCJN, cuyo rubro dice así: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." Por lo anterior, al no haber duda de que en este juicio de amparo quedó plenamente demostrada la existencia de los actos atacados por la parte quejosa, lo conducente ahora es ocuparse de la procedencia de la vía constitucional. QUINTO. Improcedencia del juicio constitucional. Por imperativo del artículo 62 de la Ley de Amparo, el estudio de las causas de improcedencia es de orden público y preferente, sea que las partes las aleguen o de oficio sean advertidas. Ahora bien, en el caso particular el suscrito juzgador estima que efectivamente, en el presente asunto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al numeral 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; (.)". La interpretación de las porciones normativas transcritas, permiten concluir que el juicio de amparo indirecto es improcedente en los demás casos en que la causal respectiva derive de alguna disposición de la Constitución o de la Ley de Amparo. Asimismo, que procede el amparo indirecto contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o de trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido; pero cuando se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, es decir, contra aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o en su defecto las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Mientras que en tratándose del procedimiento de remate se requiere lo siguiente: La existencia de una "última resolución"; siendo esta la que en forma definitiva ordene el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. En ese contexto, es incuestionable que el acto aquí reclamado, deriva de un juicio de naturaleza civil en donde actualmente se encuentra en etapa de ejecución, dado que a los quejosos les asiste el carácter de parte demandada, en el cual fueron oídos y vencidos en juicio al ser condenados al pago de las prestaciones reclamadas, según se advierte de las constancias que a su correspondiente informe justificado exhibió la autoridad judicial responsable, de las que se advierte la sentencia definitiva de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, por lo que las violaciones cometidas dentro del mismo que, en su caso, hubieran afectado a la parte quejosa, podrán ser impugnadas en contra de la "última resolución", esto es, en el momento en que el juez responsable realice lo siguiente: a) Se pronuncie sobre el cumplimiento total de la sentencia; b) Declare la imposibilidad material o jurídica para cumplir con la sentencia; u c) Ordene el archivo definitivo del expediente. Y en tratándose del procedimiento de remate: La que en forma definitiva ordene el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Es aplicable a lo expuesto, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que impone: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente". Asimismo, la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que expresa: "EJECUCIÓN DE SENTENCIAS. AMPARO IMPROCEDENTE. Si el acto reclamado consiste en una resolución dictada en ejecución de una sentencia y la cual no es la última en el procedimiento de ejecución, el juicio de garantías debe estimarse improcedente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo". De lo antes expuesto, se advierte en forma clara que la quejosa reclama la actuación de treinta de enero de dos mil veintitrés, dictada en los autos del juicio ejecutivo mercantil ********************, en la que se decretó la adjudicación directa del vehículo materia de embargo a favor de la parte actora en dicho procedimiento. Por lo anterior, el juicio de amparo indirecto resulta improcedente, si se parte de la base que por regla general, el amparo indirecto procede contra la última resolución en la etapa de ejecución de sentencia, debiéndose entender por ésta, la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o en su defecto, la que ordena el archivo definitivo del expediente; mientras que en tratándose en procedimientos de remate aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura y la entrega de los bienes rematados; supuestos, que como se ha visto, no convergen en la especie; además, que no se configura alguna excepción a esa regla, que amerite automáticamente la viabilidad del juicio de amparo, pues, no se producen o se afectan directamente derechos fundamentales de la parte quejosa. Es así, ya que no existe una violación directa a derechos sustantivos de la parte quejosa, en virtud que figuran como demandados en el juicio de origen, en el cual fueron oídos y vencidos en juicio al haberse dictado sentencia definitiva, en la cual fue condenada al pago de las prestaciones reclamadas, iniciando la fase de ejecución respectiva. Vincula al respecto, la jurisprudencia : I.11o.C. J/7 K (11a.), sustentada por el Décimo Primer tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicado en la página 2764, libro 9, enero de 2022, tomo IV, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, materia común, Undécima Época, de rubro y texto siguientes: "ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO (ETAPA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA). REGLAS PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido jurisprudencialmente la procedencia del juicio constitucional contra actos dictados después de concluido el juicio y, específicamente, en el periodo de ejecución de sentencia en dos hipótesis: 1. Contra los actos que gocen de autonomía en el periodo de ejecución de sentencia; y, 2. Contra los actos de imposible reparación, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural. Respecto a la primera hipótesis, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio de que los actos dictados después de concluido el juicio, en contra de los cuales sí es procedente el amparo indirecto, son aquellos que tienen autonomía propia y que no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural; esto es, debe entenderse por resoluciones jurisdiccionales autónomas, las que se dictan de manera previa y son necesarias para preparar la ejecución, como las interlocutorias que fijan en cantidad líquida la condena de que fue objeto la parte vencida, o bien, las que impiden, obstaculizan o retrasan dicha ejecución en perjuicio del ejecutante. En cuanto a la segunda excepción a la regla general de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, el propio Alto Tribunal estableció que, excepcionalmente, procede contra actos que afectan de forma inmediata o inminente derechos sustantivos de los previstos en la Constitución General, o normas de derechos humanos contenidas en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es Parte, pero con la condición de que sean ajenos a la cosa juzgada. Además, se dispuso que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la interlocutoria dictada en etapa de ejecución de sentencia que desestime la excepción sustancial y perentoria que opone el ejecutado, porque constituye un acto de imposible reparación. En consecuencia, tratándose de actos dictados en etapa de ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto será procedente contra: 1. La última resolución dictada en el periodo de ejecución de sentencia, esto es, la que: a) Aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia; b) Declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; y, c) Ordena el archivo definitivo del expediente; 2. La última resolución pronunciada en el procedimiento de remate, esto es, la que, indistintamente, en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y/o la que ordena la entrega de la posesión de los inmuebles rematados; 3. Actos que gocen de autonomía y no tengan como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, como las interlocutorias que fijan en cantidad líquida la condena de que fue objeto la parte vencida; y, 4. Actos que afecten materialmente derechos sustantivos del ejecutante o ejecutado y sean ajenos a la cosa juzgada". Así como la tesis, sustentada por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo III, Mayo de 1996, página 676, Novena Época, cuyo rubro y texto son los siguientes: "PROCEDIMIENTO DE EJECUCION. UNICAMENTE ES RECLAMABLE EN AMPARO LA ULTIMA DETERMINACION DICTADA EN EL, AUN CUANDO SEA REGULADO POR UN PROCEDIMIENTO CONVENCIONAL. Si en el convenio que celebraron las partes y que se pretende ejecutar, éstas señalaron un procedimiento convencional, ello en nada puede variar las reglas fijadas por la Ley de Amparo para la procedencia del juicio de garantías, pues independientemente de que el procedimiento convencional difiere en forma y términos al procedimiento de ejecución señalado en la ley aplicable, de cualquier manera culminará con una resolución que le pondrá fin y, en contra de ésta, se podrá interponer el amparo, previo el recurso ordinario que se promueva; por lo tanto, el hecho de que la ejecución del convenio se lleve a cabo conforme al procedimiento convencional, no excluye la aplicación de la regla establecida en el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, pues si esa pretensión fuera legalmente correcta, conduciría al extremo inadmisible de que por un simple acuerdo entre particulares el amparo indirecto sería procedente en contra de cualquier determinación que se dictara en el procedimiento pactado al efecto, lo cual resulta contrario al espíritu de la citada Ley Reglamentaria, que es de orden público. Por consecuencia, se rige por la regla prevista en el artículo 107, fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, que establece que el juicio de amparo solo procede contra la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, o bien, que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento o que ordena el archivo del asunto; mientras que en tratándose del procedimiento de remate lo constituye aquella que en forma definitiva forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura y la entrega de los bienes rematados, lo que como no se actualiza pues al respecto no existe resolución definitiva que ordene el otorgamiento de la escritura ni alguna relativa a la entrega del bien mueble. En consecuencia, resulta evidente la actualización de la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al numeral 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, por tanto, procede sobreseer en el presente juicio, ello con fundamento en el numeral 63, fracción V, de la Ley de la Materia. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo. Notifíquese; y háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza; veinte de abril de dos mil veintitrés. Oficio. Se ordena agregar a los autos el oficio signado por la autoridad responsable Administradora Local de recaudación, con residencia en esta ciudad, para que obre como legalmente corresponda. Acuerdo. Atento a su contenido, téngasele informando las gestiones tendentes para el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, de conformidad con el artículo 193, tercer párrafo, de la Ley de Amparo. Notifíquese.
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