Juan Gualberto Casas Pérez

Expediente 23/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 9 actuaciones registradas, la última del 25 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
23/2019
Año
2019
Actuaciones
9
Última actuación
25/06/2019

Partes del expediente

  • Juan Gualberto Casas Pérez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Oficio. Se tiene por recibido el oficio de cuenta, del Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad del mismo nombre, al que acompaña el telegrama remitido por el gerente de lo contencioso de la Comisión Nacional del Agua, Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con residencia en la Ciudad de México, mediante el cual solicita se suspenda el procedimiento, a lo anterior, se ordena agregar el citado telegrama sin mayor proveído, toda vez que por auto de veintiséis de marzo del año en curso, se ordenó el archivo del presente asunto como totalmente concluido. Notifíquese.

  2. Principal

    Requerimiento. Visto el estado de autos, con fundamento en el artículo 192, último párrafo de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Administrador Local de Recaudación, con residencia en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días hábiles contados a partir del siguiente que sea notificada del presente proveído, cumpla con la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio. Apercibimiento. De no hacerlo así, sin causa justificada, con fundamento en los artículos, 192, 193 y 258 todos de la Ley de Amparo, se le impondrá multa equivalente a... de conformidad con el decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Notifíquese.

  3. Principal

    Se tiene por recibido el informe justificado que rinde el gerente de lo contencioso de la Comisión Nacional del Agua, Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en representación del Gerente del Registro Público de Derechos de Agua, con residencia en la Ciudad de México, el cual se agrega a los autos sin mayor proveído, toda vez que por auto de veintiocho de febrero del año en curso, se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio. Notifíquese.

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA AL QUEJOSO Se tiene por recibido el escrito signado por el licenciado Iván Misael Hernández Zapata, en su calidad de autorizado del quejoso en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, al que acompaña copia del título de concesión número 07DGO107926/36AMDA y hoja de registro donde quedó inscrito ante el Registro Público de Derechos de Agua; escrito y anexos que se ordena agregar a los presentes autos, para los efectos legales correspondientes. Ahora bien, de las constancias que anexan al escrito de cuenta, se advierte que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo vigente. Lo anterior es así, toda vez que el acto reclamado por la parte quejosa consiste esencialmente en: "IV.- ACTO RECLAMADO.- De la Autoridad Responsable en su doble modalidad, Director de Administración del Agua del Organismo de Cuenca Cuencas Centrales del Norte de la Comisión Nacional del Agua se reclama: La omisión y/o abstención de entregar el Título de Concesión y/o Resolución Título con número de oficio BOO.802.02.-2380 de fecha 06 de Noviembre de 2018 y que contiene el Título de Concesión No. 07DGO107926/36AMDA18 debidamente inscrito ante el Registro Público de Derechos de Agua; La omisión y/o abstención de entregar el Título de Concesión y/o Resolución Título debidamente inscrito ante el Registro Público de Derechos de Agua que se haya generado con motivo de mi solicitud de transmisión vía judicial y así concluir en todas sus etapas el expediente administrativo DGO-O-0342-25-04-18. En cuanto a la diversa autoridad responsable en su doble modalidad Gerente del Registro Público de Derechos de Agua el Título de Concesión No. 07DGO107926/36AMDA18, tramitada ante la Dirección de Administración del Agua, integrada en el expediente DGO-O-0342-25-04-18, toda vez que las inscripciones administrativas ordenadas por las Autoridades del Agua deben practicarse de manera oficiosa". En tal virtud, se advierte que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el numeral citado, ello, porque dadas las manifestaciones del quejoso en su escrito presentado el veintiuno de febrero del año en curso, que el acto reclamado quedó insubsistente toda vez que la autoridad responsable le entregó el título de concesión 07DGO107926/36AMDA18 objeto del acto reclamado. Circunstancia que se corrobora con la copia del citado título de concesión y hoja de registro donde quedó inscrito ante el Registro Público de Derechos de Agua; la cual goza de valor probatorio pleno, al tenor de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedida por una autoridad en el ejercicio de funciones. Asimismo, apoya lo anterior, en cuanto a la valoración de los medios de prueba, la jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". Además, sobre el particular, sirve de apoyo la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que indica: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Y la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de contenido siguiente: "INFORME JUSTIFICADO, CONSTANCIAS SUFICIENTES PARA APOYARLO. La autoridad responsable no tiene porqué remitir necesariamente con su informe justificado el expediente original del juicio generador del acto reclamado, pues en términos del párrafo segundo del artículo 149 de la Ley de Amparo, al rendir su informe las autoridades deben acompañar copias certificadas de las constancias necesarias para apoyarlo, lo que sucede cuando, de las remitidas se desprende la existencia de los actos reclamados así como la justificación de los mismos". Por lo cual, resulta indiscutible que cesaron los efectos del acto reclamado en el presente juicio, y procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia del presente asunto. En efecto, la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, la cual se analizará de oficio, en término de la última parte del referido numeral, dispone que: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)". Del texto del precepto legal reproducido se deduce que, para que opere la causal de improcedencia en cuestión, es menester que se actualice un hecho del cual se derive la cesación de los efectos del acto reclamado, de modo tal que exista una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo. El sentido gramatical de la aludida disposición permite precisar que, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el término "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa, por lo que, de acuerdo con el texto de la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, se puede afirmar que han cesado los efectos del acto reclamado cuando éstos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana el acto, deja de hacerlo; o bien, en otras palabras, cuando lo revoca o deroga, y para que sea aplicable esta improcedencia es necesario que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable, puesto que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer al quejoso en el goce de las garantías violadas, por tanto, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado, se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido; es decir, el acto debe quedar insubsistente, pues únicamente puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga al quejoso en el goce de las garantías violadas. Tiene aplicación, la jurisprudencia 2a./J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 210, tomo VII , del mes de febrero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, que dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". En tales condiciones, y tomando en consideración lo antes mencionado, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento de este asunto fuera de audiencia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que resolvió la contradicción de tesis 26/2002, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, visible en página 386, tomo XVII, marzo de 2003, Novena época, del Semanario Judicial y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previo la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la imparticion de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Finalmente y en virtud de lo anterior se deja sin efectos la audiencia señalada para las once horas del cinco de marzo de dos mil diecinueve.

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