Juan Humberto Espino Hernández
Expediente 485/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 21 actuaciones registradas, la última del 29 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 485/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 29/04/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Juan Humberto Espino Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE ESTA FECHA QUE A LA LETRA DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintinueve de abril de dos mil diecinueve. Visto el estado de los autos y en atención a que transcurrió el término de quince días a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa se hubiera inconformado con el contenido del proveído de fecha veinticinco de marzo de dos mil diecinueve, en el que se tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio de garantías; con fundamento en el precepto legal invocado, se tiene por consentida la mencionada resolución. Por otra parte y toda vez que no hay promociones pendientes de acordar, ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, se ordena el archivo de este juicio como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro de gobierno. En esa tesitura, acorde a lo establecido en el punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, debido a que por sentencia de veintinueve de junio de dos mil dieciocho, se dictó sentencia en el presente asunto, a través de la cual se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, determinación que fue recurrida por la parte quejosa, motivo por el cual el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, resolvió modificar el fallo recurrido, por una parte modificando los efectos de la sentencia amparatoria y por otra declarando sin materia el recurso de revisión adhesiva interpuesto por la autoridad responsable Titular del Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado, ejecutoria que se tuvo por cumplida el veinticinco de marzo de dos mil diecinueve; en consecuencia, este expediente es susceptible de depuración, una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto. De igual manera y toda vez que en el presente asunto se tramitó incidente de suspensión del acto reclamado, en el cual se concedió la medida cautelar; glósese el cuaderno original del referido incidente, con la indicación de que también es susceptible de depuración. Lo señalado con anterioridad, deberá efectuarse, una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto; sin que en el caso obre en el expediente algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Asimismo, con fundamento en el punto vigésimo, fracción III, del referido Acuerdo, se declara que el duplicado respectivo es susceptible de destrucción, al obrar su original y no existir documentos originales en tal cuaderno; lo que ocurrirá al transcurrir más de seis meses contados a partir del dictado de la resolución interlocutoria respectiva. Glósese copia autorizada del presente proveído en el duplicado del cuaderno incidental que deriva del presente asunto, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Toda vez que la parte quejosa, acompañó a su escrito inicial de demanda un documento original, mismo que obra a fojas dieciséis de autos, por tanto, con fundamento en el último párrafo, del punto décimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, requiérasele para que dentro del término de noventa días contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, comparezca ante este Juzgado a recoger tal documento, previa copia certificada que a su costa se deje en autos, así como razón de su recibo, y hecho lo anterior, sin ulterior acuerdo, devuélvanse los autos al archivo; en la inteligencia que de no hacerlo, dicho documento podrá ser destruido al depurar el expediente. Finalmente, atendiendo a las particularidades de este asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el Punto Décimo Primero del mencionado Acuerdo General número 1/2009. NP.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintinueve de abril de dos mil diecinueve. Visto el estado de los autos y en atención a que transcurrió el término de quince días a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa se hubiera inconformado con el contenido del proveído de fecha veinticinco de marzo de dos mil diecinueve, en el que se tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio de garantías; con fundamento en el precepto legal invocado, se tiene por consentida la mencionada resolución. Por otra parte y toda vez que no hay promociones pendientes de acordar, ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, se ordena el archivo de este juicio como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro de gobierno. En esa tesitura, acorde a lo establecido en el punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, debido a que por sentencia de veintinueve de junio de dos mil dieciocho, se dictó sentencia en el presente asunto, a través de la cual se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, determinación que fue recurrida por la parte quejosa, motivo por el cual el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, resolvió modificar el fallo recurrido, por una parte modificando los efectos de la sentencia amparatoria y por otra declarando sin materia el recurso de revisión adhesiva interpuesto por la autoridad responsable Titular del Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado, ejecutoria que se tuvo por cumplida el veinticinco de marzo de dos mil diecinueve; en consecuencia, este expediente es susceptible de depuración, una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto. De igual manera y toda vez que en el presente asunto se tramitó incidente de suspensión del acto reclamado, en el cual se concedió la medida cautelar; glósese el cuaderno original del referido incidente, con la indicación de que también es susceptible de depuración. Lo señalado con anterioridad, deberá efectuarse, una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto; sin que en el caso obre en el expediente algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Asimismo, con fundamento en el punto vigésimo, fracción III, del referido Acuerdo, se declara que el duplicado respectivo es susceptible de destrucción, al obrar su original y no existir documentos originales en tal cuaderno; lo que ocurrirá al transcurrir más de seis meses contados a partir del dictado de la resolución interlocutoria respectiva. Glósese copia autorizada del presente proveído en el duplicado del cuaderno incidental que deriva del presente asunto, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Toda vez que la parte quejosa, acompañó a su escrito inicial de demanda un documento original, mismo que obra a fojas dieciséis de autos, por tanto, con fundamento en el último párrafo, del punto décimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, requiérasele para que dentro del término de noventa días contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, comparezca ante este Juzgado a recoger tal documento, previa copia certificada que a su costa se deje en autos, así como razón de su recibo, y hecho lo anterior, sin ulterior acuerdo, devuélvanse los autos al archivo; en la inteligencia que de no hacerlo, dicho documento podrá ser destruido al depurar el expediente. Finalmente, atendiendo a las particularidades de este asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el Punto Décimo Primero del mencionado Acuerdo General número 1/2009. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinticinco de marzo de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los autos, con fundamento en el párrafo segundo del artículo 196 de la Ley de la Materia y tomando en consideración los elementos de prueba que obran en este expediente, se procede a analizar si la ejecutoria de amparo se encuentra debidamente cumplida. En primer término, es menester precisar que el veintinueve de junio de dos mil dieciocho, se dictó sentencia en el presente asunto, a través de la cual se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal. Inconforme con dicha determinación, el quejoso interpuso en su contra recurso de revisión, del cual tocó conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, quien lo radicó con el número de amparo en revisión principal en materia administrativa 347/2018, y mediante ejecutoria de veinticuatro de enero de dos mil diecinueve, resolvió modificar el fallo recurrido bajo los siguientes términos: "PRIMERO. Se modifica la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Juan Humberto Espino Hernández, contra el actos que reclama de la Secretaría General Instructora del Consejo de Carrera de Procuración de Justicia y Policial de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de San Luis Potosí (actual Fiscalía General del Estado), consistente en el acuerdo de inicio del procedimiento administrativo de separación de veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, dictado en el SGI/PS/37/VII/2015. Efectos de la concesión: Para que la autoridad responsable: 1.- Deje insubsistente el acuerdo reclamado dictado el veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, en el expediente SGI/PS/37/VII/2015, así como las actuaciones subsecuentes; y, 2. En su lugar, emita otro en el que: a) Por una parte, analice si en la normatividad aplicable se prevé la vigencia del resultado de las evaluaciones de control de confianza, para definir la permanencia del agente policiaco en la institución y, de igual forma, si en dicha normatividad se prevé la prescripción de las facultades sancionadoras de la propia autoridad responsable y, en caso de considerar que sí se prevé la figura de la prescripción en el referido procedimiento, analice si ésta se actualizó, o bien, fue interrumpida por alguna actuación idónea para ello; b) Por otra parte, atienda a la circunstancia de que en las constancias remitidas por el superior jerárquico del elemento policial no aparece referencia alguna en cuanto a la acreditación vigente del personal del Centro de Control y Confianza del Estado de San Luis Potosí, que evaluó al quejoso; y, c) Con libertad de jurisdicción, determine la incidencia de dichos aspectos en la instauración del procedimiento de separación, fundando y motivando su conclusión. TERCERO. Se declara sin materia el recurso de revisión adhesiva interpuesto por la diversa autoridad responsable Titular del Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado." Así, mediante proveído de once de febrero de dos mil diecinueve, se tuvo por recibida la aludida ejecutoria, y se requirió a la Secretaria General Instructora del Consejo de Carrera de Procuración de Justicia y Policial de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de San Luis Potosí (actual Fiscalía General del Estado), para que diera cumplimiento a la misma. En atención a ello, mediante oficio recibido en este Juzgado el veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, la Secretaria General Instructora del Consejo de Carrera de Procuración de Justicia y Policial de la Fiscalía General del Estado, envió copia autógrafa del acuerdo emitido el veinte de febrero de dos mil diecinueve, en el expediente administrativo SGI/PS/37/VII/2015 de su índice, del que se advierte que dejó insubsistente el acuerdo de veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, emitido en el aludido procedimiento administrativo SGI/PS/37/VII/2015. (Dando cumplimiento al punto 1 de los efectos de la ejecutoria). Asimismo, en la propia data (veinte de febrero de dos mil diecinueve) emitió una nueva determinación en la cual, en cumplimiento a los efectos identificados en el punto 2, incisos a), b), y c), de los lineamientos de la ejecutoria de amparo, señaló lo siguiente: ".de las constancias que integran el presente expediente administrativo, se advierte que las pruebas aportadas por el Subprocurador de Averiguaciones Previas de conformidad con el artículo 113 de Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado, permiten establecer que la queja formulada por dicho servidor público, cumple con los requisitos de procedibilidad establecidos en el numeral anteriormente citado, para iniciar el procedimiento administrativo de separación, en contra de Juan Humberto Espino Hernández, los cuales son los siguientes: 1.- Que se presente queja fundada y motivada ante el Consejo de Carrera de Procuración de Justicia por el superior jerárquico del servidor público. 2.- Que endicha queja se señale el requisito de ingreso o permanencia que presuntamente haya sido incumplido por el miembro del servicio de carrera de procuración de justicia. 3.- Que el superior jerárquico adjunte a su escrito las pruebas que considere pertinentes. Requisitos los anteriormente señalados que se encuentran debidamente satisfechos de forma siguiente: [.] Con el OFICIO NÚMERO PGJE/DG/PME/165/2015, signado por el INGENIERO JESÚS JUÁREZ HERNÁNDEZ, Comisario de la Dirección General de la Policía Ministerial, a través del cual formula queja en contra de JUAN HUMBERTO ESPINO HERNÁNDEZ, por la NO APROBACION del proceso de evaluación de control y confianza, en el cual se encuentra debidamente señalado el requisito de permanencia incumplido por dicho servidor público, misma que se encuentra debidamente fundada y motivada, es decir se encuentra estrictamente apegada a derecho, respetándose las formalidades establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado, y demás ordenamientos aplicables vigentes, estableciendo de manera clara y precisa los motivos que llevaron al Director General de la Policía Ministerial del Estado a formular queja administrativa en contra de JUAN HUMBERTO ESPINO HERNÁNDEZ Con la DOCUMENTAL PÚBLICA PRIMERA, consistente en copia debidamente certificada del nombramiento del INGENIERO JESÚS JUÁREZ HERNÁNDEZ, Comisario de la Dirección General de la Policía Ministerial con la que acredita su personalidad, así como en consecuencia las facultades y atribuciones que le son otorgadas para ser este el facultado para presentar la queja en contra de ESPINO HERNÁNDEZ JUAN HUMBERTO, policía C toda vez que por razón de nombramiento, facultades y atribuciones, resulta ser el Superior Jerárquico de dicho servidor público. La DOCUMENTAL PÚBLICA SEGUNDA, consistente en copia certificada del nombramiento de JUAN HUMBERTO ESPINO HERNÁNDEZ, con lo que se acredita que dicho servidor público, ostenta el nombramiento de Policia c y en consecuencia es miembro del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia y Policial de la Procuraduría General de Justicia del Estado; por lo tanto al ser miembro del servicio de carrera esta Secretaria General Instructora, resulta ser la autoridad competente para instaurar el procedimiento administrativo correspondiente lo anterior de conformidad a lo establecido por el artículo 114 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia en el Estado. Ahora bien, con la DOCUMENTAL PÚBLICA TERCERA, consistente en copia certificada de la acreditación, otorgada al Centro de Control y Confianza de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de San Luis Potosí NÚMERO SLPAC1BV113038 con lo que se acredita que el centro en donde le fueron aplicados, los exámenes de Control y Confianza a JUAN HUMBERTO ESPINO HERNÁNDEZ se encuentra debidamente CERTIFICADO y que los procesos de evaluación y control de confianza que dicho centro realiza, están estructurados y tiene aplicación al modelo nacional, lineamientos, criterios y normatividad emitida por el Centro Nacional de Certificación y Acreditación, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, satisfaciéndose con lo anterior la condicionante de que los procesos de evaluación de control y confianza que les sean practicados a los miembros del servicio de carrera, deberán de ser llevados a cabo por un centro de evaluación, que esté debidamente certificado." (lo resaltado no es de origen). Si bien es cierto que en dicha copia certificada de la acreditación que otorga el Centro Nacional de Certificación y Acreditación del Secretariado Ejecutivo Nacional no se observa textualmente que se refiera en específico al personal que realiza las evaluaciones, es necesario observar los lineamientos generales de operación y los CRITERIOS SESNSP/CNCA/CR/03/2010, PARA LA CERTIFICACIÓN DE PROCESOS DE EVALUACIÓN DE LOS CENTROS DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA, dictados por el mismo Centro Nacional de Certificación y Acreditación mismos que en lo que interesa al presente asunto establecen textualmente lo siguiente:." (fojas 179 a 181 de autos). Así, una vez que transcribió los lineamientos y criterios señalados en el párrafo que antecede, la responsable destacó que de dicha normativa y en cumplimiento a la ejecutoria de amparo: ".se observa primeramente que existe en el Modelo Nacional de Evaluación y Control de Confianza (documento que por sus características y contenidos ha sido clasificado como "reservado" en términos del artículo 13, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental) mismo que regula entre otras situaciones los criterios mínimos para la evaluación y control de confianza, las normas y procedimientos técnicos para la evaluación de los centros, los protocolos de actuación y procedimientos de evaluación, las políticas de operación de los centros de evaluación y los criterios por los cuales se deben aplicar los procedimientos de evaluación. Igualmente se establecen los mecanismos para la acreditación y la certificación de los centros de evaluación y su personal y se establecen los requisitos que el personal adscrito o dependiente en forma directa de los centros deben cubrir a fin de establecer las medidas necesarias para respetar los principios y los objetivos propios de éstos centros. También de los mismos documentos se observa que para efectos de la acreditación del centro de evaluación y control de confianza, será necesario concluir con las verificaciones de la infraestructura, equipamiento, marco normativo de operación, recursos humanos confiables y capacitados. Por tanto, si el Centro de Evaluación que realizo los procedimientos y emitió los resultados que dan sustento a la queja presentada por el superior jerárquico del elemento al que se le inicia el presente procedimiento no hubiera cumplido alguna disposición establecida por el Modelo Nacional, los Lineamientos o los Criterios, éste no contaría con la acreditación expedida por el Centro Nacional. Luego entonces, es evidente que para lograr la certificación expedida por el Centro Nacional de Certificación y Acreditación que se observa dentro de las pruebas con oficio número SLPAC1BV113038, el Centro de Evaluación y Control y Confianza del Estado de San Luis Potosí, tuvo que realizar todo lo establecido por el Modelo Nacional, sus Lineamientos y los Criterios aquí reproducidos, esto es, que tanto los procedimientos, como las instalaciones, y su personal, debió ser verificado por el Centro Nacional de Certificación y Acreditación, para el efecto de que se le otorgara la certificación. Además, conforme a los "lineamientos por los cuales se establece el proceso para la acreditación de las personas físicas o morales u organismos públicos o privados, cuyo objeto se encuentre relacionado con la aplicación de las evaluaciones de control de confianza, a fin de que presten servicios subrogados a los centros de evaluación y control de confianza federales, estatales y del distrito federal" se entiende que tanto los espacios, como los procesos, y las personas que laboran y prestan su servicio para los Centros de Evaluación se encuentran debidamente certificados. Luego, es concluyente que los Centros de evaluación no pueden contratar por sí a personas sin antes haber sido acreditadas por el Centro Nacional de Certificación y Acreditación. Por tanto, es suficiente con la acreditación que se presenta en la queja para tener como acreditado: 1) a las Instalaciones del Centro de Evaluación; 2) a los procedimientos que se llevan a cabo en el Centro de Evaluación; 3) al personal que labora y realiza los procedimientos de evaluación de control y confianza, así como quienes suscriben cada uno de los resultados de las evaluaciones y el Reporte Integral de las mismas. (fojas 186 a 187 de autos). [.]" (lo resaltado no es de origen). Como se puede advertir de la anterior transcripción, la autoridad responsable analizó la circunstancia de que en las constancias remitidas por el superior jerárquico del quejoso no aparece referencia alguna en cuanto a la acreditación vigente del personal del Centro de Control y Confianza del Estado de San Luis Potosí, que evaluó al justiciable. En efecto, la responsable refirió que de conformidad con los "CRITERIOS SESNSP/CNCA/CR/03/2010, PARA LA CERTIFICACIÓN DE PROCESOS DE EVALUACIÓN DE LOS CENTROS DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA, dictados por el mismo Centro Nacional de Certificación y Acreditación" (foja 181 de autos) al haberse otorgado la acreditación respectiva al Centro de Control y Confianza de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de San Luis Potosí, en donde le fueron aplicados los exámenes de control y confianza al aquí quejoso Juan Humberto Espino Hernández, con dicha certificación se acreditó que entre otros, los recursos humanos se encuentran capacitados para llevar a cabo los procedimientos y que son confiables para realizar los mismos. Esto es, que con la aludida certificación es suficiente para tener como acreditado tanto al personal que labora y realiza los procedimientos de evaluación de control y confianza, como a quienes suscriben cada uno de los resultados de las evaluaciones y el reporte integral de las mismas. En el mismo orden de ideas, en relación con la circunstancia de que en las evaluaciones practicadas al quejoso no constan los nombres y cargos del personal experto que lo evaluó, la responsable señaló lo siguiente: "Cabe destacar que dichas evaluaciones se realizaron por personal debidamente certificado, mismo que se encuentra identificado internamente en el Centro de Evaluación por medio de nomenclaturas atendiendo a lo dispuesto por la normativa que las regula, así como a la seguridad de los evaluadores, pues el externar los datos de los mismos conllevaría a un peligro tanto de su integridad como del desempeño de su trabajo y la libre valoración de las evaluaciones realizadas." (foja 189 de autos). Como se puede apreciar, en la determinación emitida en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, la autoridad responsable destacó que además de que las evaluaciones practicadas al quejoso se realizaron por personal debidamente certificado, el mismo (personal) se encuentra identificado internamente en el Centro de Evaluación por medio de nomenclaturas atendiendo a lo dispuesto por la normativa que las regula, así como a la seguridad de los evaluadores, pues el externar los datos de los mismos conllevaría a un peligro tanto de su integridad como del desempeño de su trabajo y la libre valoración de las evaluaciones realizadas. (Con lo señalado anteriormente se dio cumplimiento al punto 2, inciso b), de los efectos de la ejecutoria concesoria). Asimismo, por lo que respecta a lo relativo a que analizara si en la normatividad aplicable se prevé la vigencia del resultado de las evaluaciones de control de confianza, dicha autoridad responsable indicó lo siguiente: ".cabe mencionar que dentro de la normativa que regula los procesos de evaluación y control de confianza respecto de los elementos que conforman la Institución de Procuración de Justicia, no contempla la vigencia de las evaluaciones realizadas a los elementos del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia o la figura de prescripción de las mismas, sin que esto incida en el caso que se ocupa, pues es menester recordar que éstas evaluaciones son realizadas con el fin de que los elementos encargados de la Seguridad Pública así como los encargados de la Procuración de Justicia se encuentren debidamente capaces de llevar a cabo sus funciones, sin que exista en ellos la posibilidad fundada en evaluaciones y procedimientos debidamente establecidos, de que éstos incurran en actos de corrupción o delincuencia, defendiendo así los intereses del estado y principalmente el bien común de gobernado. Además, en el caso concreto es de observarse que el tiempo que transcurre entre el reporte integral de evaluación y la queja presentada ante éste Consejo de Carrera es menor a dos años, por lo que se considera un tiempo adecuado para tal situación. Igualmente debe ser observada la carga de trabajo con la que cuentan las instituciones de Procuración de Justicia. Por tanto se considera que se encuentra debidamente presentada la misma." (lo resaltado no es de origen). (Foja 190 de autos). De lo anterior se desprende que, una vez analizada la normativa que regula los procesos de evaluación y control de confianza respecto de los elementos que conforman la Institución de Procuración de Justicia, la responsable indicó que en la misma, no se contempla la vigencia de las evaluaciones realizadas a los elementos del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia o la figura de prescripción de las mismas, pues dichas evaluaciones son realizadas con el fin de que los elementos encargados de la Seguridad Pública así como los encargados de la Procuración de Justicia se encuentren debidamente capaces de llevar a cabo sus funciones sin que exista en ellos la posibilidad fundada en evaluaciones y procedimientos debidamente establecidos, de que éstos incurran en actos de corrupción o delincuencia, defendiendo así los intereses del estado y principalmente el bien común de gobernado. (Con lo señalado anteriormente se dio cumplimiento al punto 2, inciso a), de los efectos de la ejecutoria concesoria). Por otro lado, la Secretaria General Instructora, del Consejo de Carrera de Procuración de Justicia y Policial, señaló lo siguiente: "Cabe destacar que dichas evaluaciones se realizaron por personal debidamente certificado, mismo que se encuentra identificado Internamente en el Centro de Evaluación por medio de nomenclaturas atendiendo a lo dispuesto por la normativa que las regula, así como a la seguridad de los evaluadores, pues el externar los datos de los mismos conllevaría a un peligro tanto de su integridad como del desempeño de su trabajo y la libre valoración de las evaluaciones realizadas. Tal situación se estima que no vulnera los derechos del elemento sujeto al presente proceso, pues el mismo puede solicitar en la etapa procesal correspondiente, es decir la de audiencia, que el Centro informe sobre las personas que realizaron las evaluaciones a través de las nomenclaturas y las rúbricas que aparecen en los documento; es decir, por lo especial de los procedimientos que se realizan en dicho centro es que su personal se identifica de tal manera, pero no se encuentra violentados los derechos del elemento ministerial, pues el mismo pudiera solicitar dentro de la audiencia de ley se le informe sobre dichas evaluaciones y el personal que las realizó. Además, también es de destacarse que en las pruebas aportadas por el Director General de la Policía Ministerial no se encuentran identificadas exactamente las evaluaciones realizadas. Dicha situación no se considera suficiente para decretar como insuficientes tales pruebas, pues es lógico que dichas situaciones no se transcriben como tal dentro de los resultados emitidos por el Centro de Evaluación ya que esto conllevaría a mermar la eficiencia de las evaluaciones, pues se conocerían de antemano los procesos que se realizan en el Centro, aunado a que se vulneraría información privada de los evaluados. Por tanto, cada uno de los resultados emitidos por el Centro, así como el resultado integral, resultan pruebas legales y suficientes para iniciar el procedimiento en contra de Juan Humberto Espino Hernández. Material probatorio que analizado en lo individual y en conjunto debidamente enlazado entre sí, es del modo que permite decretar que es suficiente y constituyen el apoyo y adecuada motivación para la instauración del procedimiento de separación establecido en el artículo 113 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado, pues permiten establecer que, Juan Humberto Espino Hernández, no aprobó el proceso de evaluación y confianza; circunstancia que por sí sola, es causal suficiente para la terminación del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia, pues no debe pasarse por alto que los procesos de evaluación, tienen como objeto comprobar que los servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, efectivamente cumplen con los principios de legalidad, eficacia, profesionalismo, honradez, lealtad, e imparcialidad y respeto a los derechos humanos; por lo tanto es inconcuso, que dado los resultados arrojados por el proceso de evaluación, que nos ocupa, y toda vez que el examinado resultó Es una persona que no respeta jerarquías, permisivo, con baja capacidad de juicio, no controla impulsos lo anterior aunado a que se registraron indicadores que sugieren haber colaborado con grupos delictivos, se traduce en riesgos que vulneran los objetivos y principios institucionales se traduce en riesgos que vulneran los objetivos y principios institucionales. Se emite resultado único de control y confianza como no aprobado, en razón de lo anterior, existe una elevada posibilidad de que no cumpla con las prerrogativas de legalidad, objetividad e imparcialidad, profesionalismo, eficiencia, honradez, lealtad, trasparencia, respeto a la dignidad humana solidaridad institucional, y certeza, principios que le son de observancia obligatoria y que son particularmente importantes tratándose de los miembros del servicio de carrera de procuración de justicia, pues no debe soslayarse que el fin de los exámenes de control de confianza es el de contar con servidores públicos eficientes, honestos y confiables, que puedan combatir de forma profesional, ética y efectiva la delincuencia." (Lo resaltado no es de origen). [.] Proceso de evaluación que le fue aplicado a dicho servidor público, por personal especializado en cada una de las materias, bajo los criterios autorizados por la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, conforme lo establece el artículo 107 de la ley en cita, condicionante necesaria para que la suscrita pueda dar inicio al procedimiento de separación, lo anterior, debido a que en todo procedimiento de naturaleza administrativa, como es el caso debe de prevalecer el principio de buena fe, en virtud del cual, quienes participan en él deben esperar, uno de otro, una conducta leal en la constitución de las relaciones procesales, en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus obligaciones frente al poder administrativo y frente a otros administrados, pues en principio no deben de utilizar el ejercicio de la función administrativa para obtener en su beneficio, resoluciones contrarias a la buena fe, en ese contexto de la buena fe, a partir de la cual se constituyen las relaciones procesales, se justificaría que la suscrita en mi carácter de Secretario General Instructora, considere que se colman los requisitos de procedibilidad para iniciar el procedimiento respectivo, precisamente con los documentos y pruebas base de la solicitud de separación las cuales provienen de autoridades legítimamente autorizadas para emitirlas, quienes están identificadas con las nomenclaturas y firmas que aparecen en cada resultado, como en el caso de los exámenes de control de confianza, en donde la presunción de validez consiste precisamente en dar por cierto que los evaluadores que los practicaron, están legitimados en los términos de las leyes que regulan sus actividades, en este caso en la Ley General del Sistema de Seguridad Publica." (Lo resaltado no es de origen). [.] "Dicho lo anterior resulta que las pruebas que sustentan la queja hecha por el superior jerárquico de JUAN HUMBERTO ESPINO HERNÁNDEZ son legales, pues como se ha dicho dentro del presente inicio de procedimiento, las mismas se encuentran contempladas tanto en la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado y su Reglamento y fueron expedidas por un Centro que se encuentra debidamente acreditado de acuerdo a los procedimientos y lineamientos establecidos, situación que a lo largo del presente se encuentra analizado. Igualmente dichas probanzas se consideran idóneas pues con ellas queda perfectamente actualizado el hecho por el cual se da inicio al presente procedimiento, esto es, con ellas se acredita que el elemento del servicio de carrera sujeto al presente procedimiento, no aprobó los exámenes de control y confianza, requisito indispensable para continuar con el servicio de Carrera y Procuración de Justicia, contemplados en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad y en la Ley Orgánica de la Procuraduría. Así las cosas, dado el resultado del proceso de evaluación practicado a JUAN HUMBERTO ESPINO HERNÁNDEZ, se advierte la configuración de la hipótesis de las causales a la que se refiere el artículo 112 específicamente en su fracción II inciso a); con lo cual es del modo que se estiman suficientes los elementos constitutivos de responsabilidad, imputables a JUAN HUMBERTO ESPINO HERNÁNDEZ, para establecer la trasgresión de dicho servidor público a lo estipulado por el numeral 102 fracción II inciso b, con motivo de la NO APROBACION de las evaluaciones de control y confianza, que le fueron practicadas y que tal resultado tiene como consecuencia que se haga acreedor al inicio del procedimiento de separación del servicio de carrera de Procuración de Justicia; pues debe de tenerse en cuenta que es de explorado derecho, que el nombramiento que ostenta JUAN HUMBERTO ESPINO HERNÁNDEZ hace que devenga en una relación de condición jurídica, de la que se destaca la obligación de observase los requisitos de permanencia, para ser y permanecer como Policía C, tales como la aprobación de los exámenes de control y confianza, los cuales no aprobó, siendo este el último, el modo por el que se actualiza el incumplimiento de la condicionante jurídica que lo coloca como sujeto de responsabilidad, bajo la instauración del procedimiento correspondiente en su contra tendente a la separación del cargo que viene desempeñando." (fojas 189 a 191 de autos.) Como se puede advertir de la anterior transcripción, en la determinación emitida en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, la responsable destacó que las anteriores situaciones no vulneran los derechos del "elemento sujeto al proceso" aquí quejoso, pues en la audiencia respectiva puede solicitar información sobre las personas que le practicaron las evaluaciones respectivas, con base en las nomenclaturas y rubricas que aparecen en los documentos relativos. Lo anterior, pues según expuso, con dichos datos (nomenclaturas y rubricas) son identificables para el Centro de Evaluación en el que se realizaron dichos exámenes y por tanto, pueden ser llamados a declarar, ratificar o llevar a cabo cualquier otra actuación dentro de éste y de cualquier otro procedimiento por medio del Centro al que están adscritos, lo que según refiere, puede solicitar el elemento del servicio profesional de carrera dentro de los autos del procedimiento administrativo de así considerarlo conveniente. Agregando además que dicho proceso de evaluación fue aplicado al servidor público, por personal especializado en cada una de las materias, bajo los criterios autorizados por la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, conforme lo establece el artículo 107 de la ley en cita, condicionante necesaria para que se pueda dar inicio al procedimiento de separación con los documentos y pruebas que provienen de autoridades legítimamente autorizadas para emitirlas, quienes están identificadas con las nomenclaturas y firmas que aparecen en cada resultado, como en el caso de los exámenes de control de confianza, en donde la presunción de validez consiste precisamente en dar por cierto que los evaluadores que los practicaron, están legitimados en los términos de las leyes que regulan sus actividades, en el caso en la Ley General del Sistema de Seguridad Publica, el modelo nacional y los lineamientos regulatorios en la misma. Concluyendo así, que las pruebas que sustentan la queja formulada por el superior jerárquico del quejoso Juan Humberto Espino Hernández son legales, pues dentro del inicio de procedimiento respectivo, las mismas se encuentran contempladas tanto en la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado y su reglamento, y que fueron expedidas por un centro que se encuentra debidamente acreditado de acuerdo a los procedimientos y lineamientos establecidos. Igualmente consideró que dichas probanzas son idóneas, pues con ellas quedó actualizado el hecho por el cual se dio inicio al procedimiento respectivo, esto es, se acreditó que el elemento del servicio de carrera sujeto al procedimiento de origen, no aprobó los exámenes de control y confianza, requisito indispensable para continuar con el servicio de Carrera y Procuración de Justicia, contemplados en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad y en la Ley Orgánica de la Procuraduría. De la misma manera precisó que, dado el resultado del proceso de evaluación practicado a Juan Humberto Espino Hernández, se advirtió la configuración de la hipótesis de las causales a la que se refiere el artículo 112 específicamente en su fracción II inciso a); con lo cual estimó suficientes los elementos constitutivos de responsabilidad, imputables al aquí quejoso, para establecer la trasgresión de dicho servidor público a lo estipulado por el numeral 102 fracción II inciso b, con motivo de la "NO APROBACION" de las evaluaciones de control y confianza, que le fueron practicadas y que tal resultado tiene como consecuencia que se haga acreedor al inicio del procedimiento de separación del servicio de carrera de Procuración de Justicia; pues indicó, que el nombramiento que ostenta Juan Humberto Espino Hernández hace que devenga en una relación de condición jurídica, de la que se destaca la obligación de observase los requisitos de permanencia, para ser y permanecer como Policía C, tales como la aprobación de los exámenes de control y confianza, los cuales no aprobó, siendo este el último, el modo por el que se actualizó el incumplimiento de la condicionante jurídica que lo colocó como sujeto de responsabilidad, bajo la instauración del procedimiento correspondiente en su contra tendente a la separación del cargo que viene desempeñando. (Con lo expuesto se colma el punto 2, inciso c), de los efectos de la ejecutoria de amparo). Ante tal situación, este juzgado considera que con el actuar de la autoridad responsable se obtiene el cumplimiento total del fallo protector, pues es evidente que se colmaron los efectos de la sentencia amparatoria, restituyéndose al disconforme en el goce de sus derechos infringidos; motivo por el que, con apoyo en lo establecido por el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede declararla cumplida. Sin que obste a lo anterior, la manifestación formulada por la parte quejosa en su escrito recibido en este Juzgado el ocho de marzo de dos mil diecinueve, en el sentido de que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida debido a que la nueva determinación emitida por la responsable, no se ajustó a los lineamientos contenidos en la ejecutoria de amparo, pues aduce que en dicha determinación existe una laguna jurídica al aducir que "no se contempla la vigencia de las evaluaciones realizadas a los elementos del servicio de carrera de procuración de justicia o la figura de la prescripción de la misma"; asimismo, señala que la responsable debió abstenerse de incoar procedimiento al quejoso, al aducir que no obstante que la normatividad aplicable no contempla la vigencia de las evaluaciones practicadas al aquí quejoso o la figura de la prescripción, el reporte integral de resultados de "NO APROBADO", se encontraba prescrito. Al respecto, debe decirse que tales circunstancias devienen irrelevantes para tener por cumplida la sentencia de amparo, dado que como se puede advertir de los párrafos que anteceden, los efectos de la ejecutoria de amparo se constriñeron a que la responsable, en principio, dejara insubsistente la determinación reclamada, y emitiera una nueva en la que analizara (1) si en la normatividad aplicable se prevé la vigencia del resultado de las evaluaciones de control de confianza, para definir la permanencia del agente policiaco en la institución y; (2) si en dicha normatividad se prevé la prescripción de las facultades sancionadoras de la propia autoridad responsable y, en caso de considerar que sí se prevé la figura de la prescripción en el referido procedimiento, analizara si ésta se actualizó, o bien, fue interrumpida por alguna actuación idónea para ello; (3) atendiera a la circunstancia de que en las constancias remitidas por el superior jerárquico del elemento policial no aparece referencia alguna en cuanto a la acreditación vigente del personal del Centro de Control y Confianza del Estado de San Luis Potosí, que evaluó al quejoso; y, (4) con libertad de jurisdicción, determinara la incidencia de dichos aspectos en la instauración del procedimiento de separación, fundando y motivando su conclusión. Extremos estos últimos que, como se evidenció, colmó debidamente, pues analizó los puntos destacados en la ejecutoria de amparo y emitió el pronunciamiento respectivo en relación a por qué estimó que dichas incidencias no afectaban los derechos del quejoso en la instauración del procedimiento respectivo, siendo importante destacar que en ningunos de los efectos para los cuales se otorgó la protección constitucional, se vinculó a la autoridad responsable a emitir pronunciamiento en relación a si se incoaba o no procedimiento al quejoso, aspecto del cual parte el inconforme para sustentar que la sentencia amparatoria no se encuentra cumplida. En la misma tesitura, no asiste razón al inconforme cuando afirma que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, debido a que la responsable pasó por alto las consideraciones de la sentencia amparatoria que la obligan a atender la circunstancia de que "en las constancias remitidas por el superior jerárquico de la quejosa no aparece referencia alguna en cuanto a la acreditación vigente del personal del Centro de Control y Confianza del Estado de San Luis Potosí que evaluó al quejoso y que no se anotó ni sus nombres ni sus cargos" Agrega, que no existe duda que el Centro Evaluador -emisor de los resultados de Control y Confianza y de su reporte integral- se encuentra certificado, sin embargo dicho documento "nada dice en cuanto a su personal", y esa sola circunstancia era suficiente para no iniciar nuevamente el procedimiento de separación en contra del quejoso. Se sostiene que no asiste razón al inconforme pues como se destacó con antelación, la responsable si colmó los extremos de la ejecutoria de amparo, y en particular, por lo que se refiere a que el personal del Centro de Evaluación se encuentre certificado, señaló que no resultaba necesario contar con acreditaciones distintas, esto es, una para los procedimientos y otra para el personal. Lo anterior, pues según indicó, al haber otorgado el Centro Nacional de Certificación y Acreditación, la acreditación respectiva al Centro de Control y Confianza en donde le fueron aplicados los exámenes al aquí quejoso, con dicha certificación se acredita que entre otros, los recursos humanos se encuentran capacitados para llevar a cabo los procedimientos y que son confiables para realizar los mismos. Esto es, que con la aludida acreditación es suficiente para tener como acreditado tanto al personal que labora y realiza los procedimientos de evaluación de control y confianza, así como a quienes suscriben cada uno de los resultados de las evaluaciones y el Reporte Integral de las mismas. Debiendo señalarse además que, precisamente los efectos de la ejecutoria de amparo se constriñeron a que la responsable en la nueva resolución (emitida en cumplimiento a la ejecutoria) analizara entre otros aspectos, el relativo a que en la evaluaciones practicadas al quejoso, no existía referencia que comprobara que el personal que las emitió cuenta con la acreditación correspondiente del Centro de Evaluación y Control de Confianza, y hecho lo anterior, con plenitud de jurisdicción, determinara la incidencia de dichos aspectos en la instauración del procedimiento. De ahí que, si en el caso, el quejoso estima que los argumentos planteados por la responsable en la nueva determinación son lesivos a sus derechos fundamentales, dicha circunstancia no puede ser analizada al momento de verificar el cumplimiento de la sentencia amparatoria, pues en el mismo no se puede emitir pronunciamiento en cuanto a la legalidad de dicha determinación. Resulta aplicable, la Jurisprudencia publicada con la clave 2ª./CXIV/97, en la página 414, del Tomo VI, octubre de 1997, Novena Época, Materia Común del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE ESTA FECHA QUE A LA LETRA DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinticinco de marzo de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los autos, con fundamento en el párrafo segundo del artículo 196 de la Ley de la Materia y tomando en consideración los elementos de prueba que obran en este expediente, se procede a analizar si la ejecutoria de amparo se encuentra debidamente cumplida. En primer término, es menester precisar que el veintinueve de junio de dos mil dieciocho, se dictó sentencia en el presente asunto, a través de la cual se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal. Inconforme con dicha determinación, el quejoso interpuso en su contra recurso de revisión, del cual tocó conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, quien lo radicó con el número de amparo en revisión principal en materia administrativa 347/2018, y mediante ejecutoria de veinticuatro de enero de dos mil diecinueve, resolvió modificar el fallo recurrido bajo los siguientes términos: "PRIMERO. Se modifica la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Juan Humberto Espino Hernández, contra el actos que reclama de la Secretaría General Instructora del Consejo de Carrera de Procuración de Justicia y Policial de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de San Luis Potosí (actual Fiscalía General del Estado), consistente en el acuerdo de inicio del procedimiento administrativo de separación de veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, dictado en el SGI/PS/37/VII/2015. Efectos de la concesión: Para que la autoridad responsable: 1.- Deje insubsistente el acuerdo reclamado dictado el veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, en el expediente SGI/PS/37/VII/2015, así como las actuaciones subsecuentes; y, 2. En su lugar, emita otro en el que: a) Por una parte, analice si en la normatividad aplicable se prevé la vigencia del resultado de las evaluaciones de control de confianza, para definir la permanencia del agente policiaco en la institución y, de igual forma, si en dicha normatividad se prevé la prescripción de las facultades sancionadoras de la propia autoridad responsable y, en caso de considerar que sí se prevé la figura de la prescripción en el referido procedimiento, analice si ésta se actualizó, o bien, fue interrumpida por alguna actuación idónea para ello; b) Por otra parte, atienda a la circunstancia de que en las constancias remitidas por el superior jerárquico del elemento policial no aparece referencia alguna en cuanto a la acreditación vigente del personal del Centro de Control y Confianza del Estado de San Luis Potosí, que evaluó al quejoso; y, c) Con libertad de jurisdicción, determine la incidencia de dichos aspectos en la instauración del procedimiento de separación, fundando y motivando su conclusión. TERCERO. Se declara sin materia el recurso de revisión adhesiva interpuesto por la diversa autoridad responsable Titular del Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado." Así, mediante proveído de once de febrero de dos mil diecinueve, se tuvo por recibida la aludida ejecutoria, y se requirió a la Secretaria General Instructora del Consejo de Carrera de Procuración de Justicia y Policial de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de San Luis Potosí (actual Fiscalía General del Estado), para que diera cumplimiento a la misma. En atención a ello, mediante oficio recibido en este Juzgado el veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, la Secretaria General Instructora del Consejo de Carrera de Procuración de Justicia y Policial de la Fiscalía General del Estado, envió copia autógrafa del acuerdo emitido el veinte de febrero de dos mil diecinueve, en el expediente administrativo SGI/PS/37/VII/2015 de su índice, del que se advierte que dejó insubsistente el acuerdo de veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, emitido en el aludido procedimiento administrativo SGI/PS/37/VII/2015. (Dando cumplimiento al punto 1 de los efectos de la ejecutoria). Asimismo, en la propia data (veinte de febrero de dos mil diecinueve) emitió una nueva determinación en la cual, en cumplimiento a los efectos identificados en el punto 2, incisos a), b), y c), de los lineamientos de la ejecutoria de amparo, señaló lo siguiente: ".de las constancias que integran el presente expediente administrativo, se advierte que las pruebas aportadas por el Subprocurador de Averiguaciones Previas de conformidad con el artículo 113 de Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado, permiten establecer que la queja formulada por dicho servidor público, cumple con los requisitos de procedibilidad establecidos en el numeral anteriormente citado, para iniciar el procedimiento administrativo de separación, en contra de Juan Humberto Espino Hernández, los cuales son los siguientes: 1.- Que se presente queja fundada y motivada ante el Consejo de Carrera de Procuración de Justicia por el superior jerárquico del servidor público. 2.- Que endicha queja se señale el requisito de ingreso o permanencia que presuntamente haya sido incumplido por el miembro del servicio de carrera de procuración de justicia. 3.- Que el superior jerárquico adjunte a su escrito las pruebas que considere pertinentes. Requisitos los anteriormente señalados que se encuentran debidamente satisfechos de forma siguiente: [.] Con el OFICIO NÚMERO PGJE/DG/PME/165/2015, signado por el INGENIERO JESÚS JUÁREZ HERNÁNDEZ, Comisario de la Dirección General de la Policía Ministerial, a través del cual formula queja en contra de JUAN HUMBERTO ESPINO HERNÁNDEZ, por la NO APROBACION del proceso de evaluación de control y confianza, en el cual se encuentra debidamente señalado el requisito de permanencia incumplido por dicho servidor público, misma que se encuentra debidamente fundada y motivada, es decir se encuentra estrictamente apegada a derecho, respetándose las formalidades establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado, y demás ordenamientos aplicables vigentes, estableciendo de manera clara y precisa los motivos que llevaron al Director General de la Policía Ministerial del Estado a formular queja administrativa en contra de JUAN HUMBERTO ESPINO HERNÁNDEZ Con la DOCUMENTAL PÚBLICA PRIMERA, consistente en copia debidamente certificada del nombramiento del INGENIERO JESÚS JUÁREZ HERNÁNDEZ, Comisario de la Dirección General de la Policía Ministerial con la que acredita su personalidad, así como en consecuencia las facultades y atribuciones que le son otorgadas para ser este el facultado para presentar la queja en contra de ESPINO HERNÁNDEZ JUAN HUMBERTO, policía C toda vez que por razón de nombramiento, facultades y atribuciones, resulta ser el Superior Jerárquico de dicho servidor público. La DOCUMENTAL PÚBLICA SEGUNDA, consistente en copia certificada del nombramiento de JUAN HUMBERTO ESPINO HERNÁNDEZ, con lo que se acredita que dicho servidor público, ostenta el nombramiento de Policia c y en consecuencia es miembro del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia y Policial de la Procuraduría General de Justicia del Estado; por lo tanto al ser miembro del servicio de carrera esta Secretaria General Instructora, resulta ser la autoridad competente para instaurar el procedimiento administrativo correspondiente lo anterior de conformidad a lo establecido por el artículo 114 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia en el Estado. Ahora bien, con la DOCUMENTAL PÚBLICA TERCERA, consistente en copia certificada de la acreditación, otorgada al Centro de Control y Confianza de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de San Luis Potosí NÚMERO SLPAC1BV113038 con lo que se acredita que el centro en donde le fueron aplicados, los exámenes de Control y Confianza a JUAN HUMBERTO ESPINO HERNÁNDEZ se encuentra debidamente CERTIFICADO y que los procesos de evaluación y control de confianza que dicho centro realiza, están estructurados y tiene aplicación al modelo nacional, lineamientos, criterios y normatividad emitida por el Centro Nacional de Certificación y Acreditación, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, satisfaciéndose con lo anterior la condicionante de que los procesos de evaluación de control y confianza que les sean practicados a los miembros del servicio de carrera, deberán de ser llevados a cabo por un centro de evaluación, que esté debidamente certificado." (lo resaltado no es de origen). Si bien es cierto que en dicha copia certificada de la acreditación que otorga el Centro Nacional de Certificación y Acreditación del Secretariado Ejecutivo Nacional no se observa textualmente que se refiera en específico al personal que realiza las evaluaciones, es necesario observar los lineamientos generales de operación y los CRITERIOS SESNSP/CNCA/CR/03/2010, PARA LA CERTIFICACIÓN DE PROCESOS DE EVALUACIÓN DE LOS CENTROS DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA, dictados por el mismo Centro Nacional de Certificación y Acreditación mismos que en lo que interesa al presente asunto establecen textualmente lo siguiente:." (fojas 179 a 181 de autos). Así, una vez que transcribió los lineamientos y criterios señalados en el párrafo que antecede, la responsable destacó que de dicha normativa y en cumplimiento a la ejecutoria de amparo: ".se observa primeramente que existe en el Modelo Nacional de Evaluación y Control de Confianza (documento que por sus características y contenidos ha sido clasificado como "reservado" en términos del artículo 13, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental) mismo que regula entre otras situaciones los criterios mínimos para la evaluación y control de confianza, las normas y procedimientos técnicos para la evaluación de los centros, los protocolos de actuación y procedimientos de evaluación, las políticas de operación de los centros de evaluación y los criterios por los cuales se deben aplicar los procedimientos de evaluación. Igualmente se establecen los mecanismos para la acreditación y la certificación de los centros de evaluación y su personal y se establecen los requisitos que el personal adscrito o dependiente en forma directa de los centros deben cubrir a fin de establecer las medidas necesarias para respetar los principios y los objetivos propios de éstos centros. También de los mismos documentos se observa que para efectos de la acreditación del centro de evaluación y control de confianza, será necesario concluir con las verificaciones de la infraestructura, equipamiento, marco normativo de operación, recursos humanos confiables y capacitados. Por tanto, si el Centro de Evaluación que realizo los procedimientos y emitió los resultados que dan sustento a la queja presentada por el superior jerárquico del elemento al que se le inicia el presente procedimiento no hubiera cumplido alguna disposición establecida por el Modelo Nacional, los Lineamientos o los Criterios, éste no contaría con la acreditación expedida por el Centro Nacional. Luego entonces, es evidente que para lograr la certificación expedida por el Centro Nacional de Certificación y Acreditación que se observa dentro de las pruebas con oficio número SLPAC1BV113038, el Centro de Evaluación y Control y Confianza del Estado de San Luis Potosí, tuvo que realizar todo lo establecido por el Modelo Nacional, sus Lineamientos y los Criterios aquí reproducidos, esto es, que tanto los procedimientos, como las instalaciones, y su personal, debió ser verificado por el Centro Nacional de Certificación y Acreditación, para el efecto de que se le otorgara la certificación. Además, conforme a los "lineamientos por los cuales se establece el proceso para la acreditación de las personas físicas o morales u organismos públicos o privados, cuyo objeto se encuentre relacionado con la aplicación de las evaluaciones de control de confianza, a fin de que presten servicios subrogados a los centros de evaluación y control de confianza federales, estatales y del distrito federal" se entiende que tanto los espacios, como los procesos, y las personas que laboran y prestan su servicio para los Centros de Evaluación se encuentran debidamente certificados. Luego, es concluyente que los Centros de evaluación no pueden contratar por sí a personas sin antes haber sido acreditadas por el Centro Nacional de Certificación y Acreditación. Por tanto, es suficiente con la acreditación que se presenta en la queja para tener como acreditado: 1) a las Instalaciones del Centro de Evaluación; 2) a los procedimientos que se llevan a cabo en el Centro de Evaluación; 3) al personal que labora y realiza los procedimientos de evaluación de control y confianza, así como quienes suscriben cada uno de los resultados de las evaluaciones y el Reporte Integral de las mismas. (fojas 186 a 187 de autos). [.]" (lo resaltado no es de origen). Como se puede advertir de la anterior transcripción, la autoridad responsable analizó la circunstancia de que en las constancias remitidas por el superior jerárquico del quejoso no aparece referencia alguna en cuanto a la acreditación vigente del personal del Centro de Control y Confianza del Estado de San Luis Potosí, que evaluó al justiciable. En efecto, la responsable refirió que de conformidad con los "CRITERIOS SESNSP/CNCA/CR/03/2010, PARA LA CERTIFICACIÓN DE PROCESOS DE EVALUACIÓN DE LOS CENTROS DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA, dictados por el mismo Centro Nacional de Certificación y Acreditación" (foja 181 de autos) al haberse otorgado la acreditación respectiva al Centro de Control y Confianza de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de San Luis Potosí, en donde le fueron aplicados los exámenes de control y confianza al aquí quejoso Juan Humberto Espino Hernández, con dicha certificación se acreditó que entre otros, los recursos humanos se encuentran capacitados para llevar a cabo los procedimientos y que son confiables para realizar los mismos. Esto es, que con la aludida certificación es suficiente para tener como acreditado tanto al personal que labora y realiza los procedimientos de evaluación de control y confianza, como a quienes suscriben cada uno de los resultados de las evaluaciones y el reporte integral de las mismas. En el mismo orden de ideas, en relación con la circunstancia de que en las evaluaciones practicadas al quejoso no constan los nombres y cargos del personal experto que lo evaluó, la responsable señaló lo siguiente: "Cabe destacar que dichas evaluaciones se realizaron por personal debidamente certificado, mismo que se encuentra identificado internamente en el Centro de Evaluación por medio de nomenclaturas atendiendo a lo dispuesto por la normativa que las regula, así como a la seguridad de los evaluadores, pues el externar los datos de los mismos conllevaría a un peligro tanto de su integridad como del desempeño de su trabajo y la libre valoración de las evaluaciones realizadas." (foja 189 de autos). Como se puede apreciar, en la determinación emitida en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, la autoridad responsable destacó que además de que las evaluaciones practicadas al quejoso se realizaron por personal debidamente certificado, el mismo (personal) se encuentra identificado internamente en el Centro de Evaluación por medio de nomenclaturas atendiendo a lo dispuesto por la normativa que las regula, así como a la seguridad de los evaluadores, pues el externar los datos de los mismos conllevaría a un peligro tanto de su integridad como del desempeño de su trabajo y la libre valoración de las evaluaciones realizadas. (Con lo señalado anteriormente se dio cumplimiento al punto 2, inciso b), de los efectos de la ejecutoria concesoria). Asimismo, por lo que respecta a lo relativo a que analizara si en la normatividad aplicable se prevé la vigencia del resultado de las evaluaciones de control de confianza, dicha autoridad responsable indicó lo siguiente: ".cabe mencionar que dentro de la normativa que regula los procesos de evaluación y control de confianza respecto de los elementos que conforman la Institución de Procuración de Justicia, no contempla la vigencia de las evaluaciones realizadas a los elementos del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia o la figura de prescripción de las mismas, sin que esto incida en el caso que se ocupa, pues es menester recordar que éstas evaluaciones son realizadas con el fin de que los elementos encargados de la Seguridad Pública así como los encargados de la Procuración de Justicia se encuentren debidamente capaces de llevar a cabo sus funciones, sin que exista en ellos la posibilidad fundada en evaluaciones y procedimientos debidamente establecidos, de que éstos incurran en actos de corrupción o delincuencia, defendiendo así los intereses del estado y principalmente el bien común de gobernado. Además, en el caso concreto es de observarse que el tiempo que transcurre entre el reporte integral de evaluación y la queja presentada ante éste Consejo de Carrera es menor a dos años, por lo que se considera un tiempo adecuado para tal situación. Igualmente debe ser observada la carga de trabajo con la que cuentan las instituciones de Procuración de Justicia. Por tanto se considera que se encuentra debidamente presentada la misma." (lo resaltado no es de origen). (Foja 190 de autos). De lo anterior se desprende que, una vez analizada la normativa que regula los procesos de evaluación y control de confianza respecto de los elementos que conforman la Institución de Procuración de Justicia, la responsable indicó que en la misma, no se contempla la vigencia de las evaluaciones realizadas a los elementos del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia o la figura de prescripción de las mismas, pues dichas evaluaciones son realizadas con el fin de que los elementos encargados de la Seguridad Pública así como los encargados de la Procuración de Justicia se encuentren debidamente capaces de llevar a cabo sus funciones sin que exista en ellos la posibilidad fundada en evaluaciones y procedimientos debidamente establecidos, de que éstos incurran en actos de corrupción o delincuencia, defendiendo así los intereses del estado y principalmente el bien común de gobernado. (Con lo señalado anteriormente se dio cumplimiento al punto 2, inciso a), de los efectos de la ejecutoria concesoria). Por otro lado, la Secretaria General Instructora, del Consejo de Carrera de Procuración de Justicia y Policial, señaló lo siguiente: "Cabe destacar que dichas evaluaciones se realizaron por personal debidamente certificado, mismo que se encuentra identificado Internamente en el Centro de Evaluación por medio de nomenclaturas atendiendo a lo dispuesto por la normativa que las regula, así como a la seguridad de los evaluadores, pues el externar los datos de los mismos conllevaría a un peligro tanto de su integridad como del desempeño de su trabajo y la libre valoración de las evaluaciones realizadas. Tal situación se estima que no vulnera los derechos del elemento sujeto al presente proceso, pues el mismo puede solicitar en la etapa procesal correspondiente, es decir la de audiencia, que el Centro informe sobre las personas que realizaron las evaluaciones a través de las nomenclaturas y las rúbricas que aparecen en los documento; es decir, por lo especial de los procedimientos que se realizan en dicho centro es que su personal se identifica de tal manera, pero no se encuentra violentados los derechos del elemento ministerial, pues el mismo pudiera solicitar dentro de la audiencia de ley se le informe sobre dichas evaluaciones y el personal que las realizó. Además, también es de destacarse que en las pruebas aportadas por el Director General de la Policía Ministerial no se encuentran identificadas exactamente las evaluaciones realizadas. Dicha situación no se considera suficiente para decretar como insuficientes tales pruebas, pues es lógico que dichas situaciones no se transcriben como tal dentro de los resultados emitidos por el Centro de Evaluación ya que esto conllevaría a mermar la eficiencia de las evaluaciones, pues se conocerían de antemano los procesos que se realizan en el Centro, aunado a que se vulneraría información privada de los evaluados. Por tanto, cada uno de los resultados emitidos por el Centro, así como el resultado integral, resultan pruebas legales y suficientes para iniciar el procedimiento en contra de Juan Humberto Espino Hernández. Material probatorio que analizado en lo individual y en conjunto debidamente enlazado entre sí, es del modo que permite decretar que es suficiente y constituyen el apoyo y adecuada motivación para la instauración del procedimiento de separación establecido en el artículo 113 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado, pues permiten establecer que, Juan Humberto Espino Hernández, no aprobó el proceso de evaluación y confianza; circunstancia que por sí sola, es causal suficiente para la terminación del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia, pues no debe pasarse por alto que los procesos de evaluación, tienen como objeto comprobar que los servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, efectivamente cumplen con los principios de legalidad, eficacia, profesionalismo, honradez, lealtad, e imparcialidad y respeto a los derechos humanos; por lo tanto es inconcuso, que dado los resultados arrojados por el proceso de evaluación, que nos ocupa, y toda vez que el examinado resultó Es una persona que no respeta jerarquías, permisivo, con baja capacidad de juicio, no controla impulsos lo anterior aunado a que se registraron indicadores que sugieren haber colaborado con grupos delictivos, se traduce en riesgos que vulneran los objetivos y principios institucionales se traduce en riesgos que vulneran los objetivos y principios institucionales. Se emite resultado único de control y confianza como no aprobado, en razón de lo anterior, existe una elevada posibilidad de que no cumpla con las prerrogativas de legalidad, objetividad e imparcialidad, profesionalismo, eficiencia, honradez, lealtad, trasparencia, respeto a la dignidad humana solidaridad institucional, y certeza, principios que le son de observancia obligatoria y que son particularmente importantes tratándose de los miembros del servicio de carrera de procuración de justicia, pues no debe soslayarse que el fin de los exámenes de control de confianza es el de contar con servidores públicos eficientes, honestos y confiables, que puedan combatir de forma profesional, ética y efectiva la delincuencia." (Lo resaltado no es de origen). [.] Proceso de evaluación que le fue aplicado a dicho servidor público, por personal especializado en cada una de las materias, bajo los criterios autorizados por la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, conforme lo establece el artículo 107 de la ley en cita, condicionante necesaria para que la suscrita pueda dar inicio al procedimiento de separación, lo anterior, debido a que en todo procedimiento de naturaleza administrativa, como es el caso debe de prevalecer el principio de buena fe, en virtud del cual, quienes participan en él deben esperar, uno de otro, una conducta leal en la constitución de las relaciones procesales, en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus obligaciones frente al poder administrativo y frente a otros administrados, pues en principio no deben de utilizar el ejercicio de la función administrativa para obtener en su beneficio, resoluciones contrarias a la buena fe, en ese contexto de la buena fe, a partir de la cual se constituyen las relaciones procesales, se justificaría que la suscrita en mi carácter de Secretario General Instructora, considere que se colman los requisitos de procedibilidad para iniciar el procedimiento respectivo, precisamente con los documentos y pruebas base de la solicitud de separación las cuales provienen de autoridades legítimamente autorizadas para emitirlas, quienes están identificadas con las nomenclaturas y firmas que aparecen en cada resultado, como en el caso de los exámenes de control de confianza, en donde la presunción de validez consiste precisamente en dar por cierto que los evaluadores que los practicaron, están legitimados en los términos de las leyes que regulan sus actividades, en este caso en la Ley General del Sistema de Seguridad Publica." (Lo resaltado no es de origen). [.] "Dicho lo anterior resulta que las pruebas que sustentan la queja hecha por el superior jerárquico de JUAN HUMBERTO ESPINO HERNÁNDEZ son legales, pues como se ha dicho dentro del presente inicio de procedimiento, las mismas se encuentran contempladas tanto en la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado y su Reglamento y fueron expedidas por un Centro que se encuentra debidamente acreditado de acuerdo a los procedimientos y lineamientos establecidos, situación que a lo largo del presente se encuentra analizado. Igualmente dichas probanzas se consideran idóneas pues con ellas queda perfectamente actualizado el hecho por el cual se da inicio al presente procedimiento, esto es, con ellas se acredita que el elemento del servicio de carrera sujeto al presente procedimiento, no aprobó los exámenes de control y confianza, requisito indispensable para continuar con el servicio de Carrera y Procuración de Justicia, contemplados en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad y en la Ley Orgánica de la Procuraduría. Así las cosas, dado el resultado del proceso de evaluación practicado a JUAN HUMBERTO ESPINO HERNÁNDEZ, se advierte la configuración de la hipótesis de las causales a la que se refiere el artículo 112 específicamente en su fracción II inciso a); con lo cual es del modo que se estiman suficientes los elementos constitutivos de responsabilidad, imputables a JUAN HUMBERTO ESPINO HERNÁNDEZ, para establecer la trasgresión de dicho servidor público a lo estipulado por el numeral 102 fracción II inciso b, con motivo de la NO APROBACION de las evaluaciones de control y confianza, que le fueron practicadas y que tal resultado tiene como consecuencia que se haga acreedor al inicio del procedimiento de separación del servicio de carrera de Procuración de Justicia; pues debe de tenerse en cuenta que es de explorado derecho, que el nombramiento que ostenta JUAN HUMBERTO ESPINO HERNÁNDEZ hace que devenga en una relación de condición jurídica, de la que se destaca la obligación de observase los requisitos de permanencia, para ser y permanecer como Policía C, tales como la aprobación de los exámenes de control y confianza, los cuales no aprobó, siendo este el último, el modo por el que se actualiza el incumplimiento de la condicionante jurídica que lo coloca como sujeto de responsabilidad, bajo la instauración del procedimiento correspondiente en su contra tendente a la separación del cargo que viene desempeñando." (fojas 189 a 191 de autos.) Como se puede advertir de la anterior transcripción, en la determinación emitida en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, la responsable destacó que las anteriores situaciones no vulneran los derechos del "elemento sujeto al proceso" aquí quejoso, pues en la audiencia respectiva puede solicitar información sobre las personas que le practicaron las evaluaciones respectivas, con base en las nomenclaturas y rubricas que aparecen en los documentos relativos. Lo anterior, pues según expuso, con dichos datos (nomenclaturas y rubricas) son identificables para el Centro de Evaluación en el que se realizaron dichos exámenes y por tanto, pueden ser llamados a declarar, ratificar o llevar a cabo cualquier otra actuación dentro de éste y de cualquier otro procedimiento por medio del Centro al que están adscritos, lo que según refiere, puede solicitar el elemento del servicio profesional de carrera dentro de los autos del procedimiento administrativo de así considerarlo conveniente. Agregando además que dicho proceso de evaluación fue aplicado al servidor público, por personal especializado en cada una de las materias, bajo los criterios autorizados por la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, conforme lo establece el artículo 107 de la ley en cita, condicionante necesaria para que se pueda dar inicio al procedimiento de separación con los documentos y pruebas que provienen de autoridades legítimamente autorizadas para emitirlas, quienes están identificadas con las nomenclaturas y firmas que aparecen en cada resultado, como en el caso de los exámenes de control de confianza, en donde la presunción de validez consiste precisamente en dar por cierto que los evaluadores que los practicaron, están legitimados en los términos de las leyes que regulan sus actividades, en el caso en la Ley General del Sistema de Seguridad Publica, el modelo nacional y los lineamientos regulatorios en la misma. Concluyendo así, que las pruebas que sustentan la queja formulada por el superior jerárquico del quejoso Juan Humberto Espino Hernández son legales, pues dentro del inicio de procedimiento respectivo, las mismas se encuentran contempladas tanto en la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado y su reglamento, y que fueron expedidas por un centro que se encuentra debidamente acreditado de acuerdo a los procedimientos y lineamientos establecidos. Igualmente consideró que dichas probanzas son idóneas, pues con ellas quedó actualizado el hecho por el cual se dio inicio al procedimiento respectivo, esto es, se acreditó que el elemento del servicio de carrera sujeto al procedimiento de origen, no aprobó los exámenes de control y confianza, requisito indispensable para continuar con el servicio de Carrera y Procuración de Justicia, contemplados en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad y en la Ley Orgánica de la Procuraduría. De la misma manera precisó que, dado el resultado del proceso de evaluación practicado a Juan Humberto Espino Hernández, se advirtió la configuración de la hipótesis de las causales a la que se refiere el artículo 112 específicamente en su fracción II inciso a); con lo cual estimó suficientes los elementos constitutivos de responsabilidad, imputables al aquí quejoso, para establecer la trasgresión de dicho servidor público a lo estipulado por el numeral 102 fracción II inciso b, con motivo de la "NO APROBACION" de las evaluaciones de control y confianza, que le fueron practicadas y que tal resultado tiene como consecuencia que se haga acreedor al inicio del procedimiento de separación del servicio de carrera de Procuración de Justicia; pues indicó, que el nombramiento que ostenta Juan Humberto Espino Hernández hace que devenga en una relación de condición jurídica, de la que se destaca la obligación de observase los requisitos de permanencia, para ser y permanecer como Policía C, tales como la aprobación de los exámenes de control y confianza, los cuales no aprobó, siendo este el último, el modo por el que se actualizó el incumplimiento de la condicionante jurídica que lo colocó como sujeto de responsabilidad, bajo la instauración del procedimiento correspondiente en su contra tendente a la separación del cargo que viene desempeñando. (Con lo expuesto se colma el punto 2, inciso c), de los efectos de la ejecutoria de amparo). Ante tal situación, este juzgado considera que con el actuar de la autoridad responsable se obtiene el cumplimiento total del fallo protector, pues es evidente que se colmaron los efectos de la sentencia amparatoria, restituyéndose al disconforme en el goce de sus derechos infringidos; motivo por el que, con apoyo en lo establecido por el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede declararla cumplida. Sin que obste a lo anterior, la manifestación formulada por la parte quejosa en su escrito recibido en este Juzgado el ocho de marzo de dos mil diecinueve, en el sentido de que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida debido a que la nueva determinación emitida por la responsable, no se ajustó a los lineamientos contenidos en la ejecutoria de amparo, pues aduce que en dicha determinación existe una laguna jurídica al aducir que "no se contempla la vigencia de las evaluaciones realizadas a los elementos del servicio de carrera de procuración de justicia o la figura de la prescripción de la misma"; asimismo, señala que la responsable debió abstenerse de incoar procedimiento al quejoso, al aducir que no obstante que la normatividad aplicable no contempla la vigencia de las evaluaciones practicadas al aquí quejoso o la figura de la prescripción, el reporte integral de resultados de "NO APROBADO", se encontraba prescrito. Al respecto, debe decirse que tales circunstancias devienen irrelevantes para tener por cumplida la sentencia de amparo, dado que como se puede advertir de los párrafos que anteceden, los efectos de la ejecutoria de amparo se constriñeron a que la responsable, en principio, dejara insubsistente la determinación reclamada, y emitiera una nueva en la que analizara (1) si en la normatividad aplicable se prevé la vigencia del resultado de las evaluaciones de control de confianza, para definir la permanencia del agente policiaco en la institución y; (2) si en dicha normatividad se prevé la prescripción de las facultades sancionadoras de la propia autoridad responsable y, en caso de considerar que sí se prevé la figura de la prescripción en el referido procedimiento, analizara si ésta se actualizó, o bien, fue interrumpida por alguna actuación idónea para ello; (3) atendiera a la circunstancia de que en las constancias remitidas por el superior jerárquico del elemento policial no aparece referencia alguna en cuanto a la acreditación vigente del personal del Centro de Control y Confianza del Estado de San Luis Potosí, que evaluó al quejoso; y, (4) con libertad de jurisdicción, determinara la incidencia de dichos aspectos en la instauración del procedimiento de separación, fundando y motivando su conclusión. Extremos estos últimos que, como se evidenció, colmó debidamente, pues analizó los puntos destacados en la ejecutoria de amparo y emitió el pronunciamiento respectivo en relación a por qué estimó que dichas incidencias no afectaban los derechos del quejoso en la instauración del procedimiento respectivo, siendo importante destacar que en ningunos de los efectos para los cuales se otorgó la protección constitucional, se vinculó a la autoridad responsable a emitir pronunciamiento en relación a si se incoaba o no procedimiento al quejoso, aspecto del cual parte el inconforme para sustentar que la sentencia amparatoria no se encuentra cumplida. En la misma tesitura, no asiste razón al inconforme cuando afirma que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, debido a que la responsable pasó por alto las consideraciones de la sentencia amparatoria que la obligan a atender la circunstancia de que "en las constancias remitidas por el superior jerárquico de la quejosa no aparece referencia alguna en cuanto a la acreditación vigente del personal del Centro de Control y Confianza del Estado de San Luis Potosí que evaluó al quejoso y que no se anotó ni sus nombres ni sus cargos" Agrega, que no existe duda que el Centro Evaluador -emisor de los resultados de Control y Confianza y de su reporte integral- se encuentra certificado, sin embargo dicho documento "nada dice en cuanto a su personal", y esa sola circunstancia era suficiente para no iniciar nuevamente el procedimiento de separación en contra del quejoso. Se sostiene que no asiste razón al inconforme pues como se destacó con antelación, la responsable si colmó los extremos de la ejecutoria de amparo, y en particular, por lo que se refiere a que el personal del Centro de Evaluación se encuentre certificado, señaló que no resultaba necesario contar con acreditaciones distintas, esto es, una para los procedimientos y otra para el personal. Lo anterior, pues según indicó, al haber otorgado el Centro Nacional de Certificación y Acreditación, la acreditación respectiva al Centro de Control y Confianza en donde le fueron aplicados los exámenes al aquí quejoso, con dicha certificación se acredita que entre otros, los recursos humanos se encuentran capacitados para llevar a cabo los procedimientos y que son confiables para realizar los mismos. Esto es, que con la aludida acreditación es suficiente para tener como acreditado tanto al personal que labora y realiza los procedimientos de evaluación de control y confianza, así como a quienes suscriben cada uno de los resultados de las evaluaciones y el Reporte Integral de las mismas. Debiendo señalarse además que, precisamente los efectos de la ejecutoria de amparo se constriñeron a que la responsable en la nueva resolución (emitida en cumplimiento a la ejecutoria) analizara entre otros aspectos, el relativo a que en la evaluaciones practicadas al quejoso, no existía referencia que comprobara que el personal que las emitió cuenta con la acreditación correspondiente del Centro de Evaluación y Control de Confianza, y hecho lo anterior, con plenitud de jurisdicción, determinara la incidencia de dichos aspectos en la instauración del procedimiento. De ahí que, si en el caso, el quejoso estima que los argumentos planteados por la responsable en la nueva determinación son lesivos a sus derechos fundamentales, dicha circunstancia no puede ser analizada al momento de verificar el cumplimiento de la sentencia amparatoria, pues en el mismo no se puede emitir pronunciamiento en cuanto a la legalidad de dicha determinación. Resulta aplicable, la Jurisprudencia publicada con la clave 2ª./CXIV/97, en la página 414, del Tomo VI, octubre de 1997, Novena Época, Materia Común del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." NP.
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