Juan Guillermo Lopez Ortiz

Expediente 918/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 1 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
918/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
01/10/2018

Partes del expediente

  • Juan Guillermo Lopez Ortiz

Actuaciones

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, uno de octubre de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de cinco de septiembre de dos mil dieciocho, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por Juan Guillermo López Ortiz, con fundamento en la fracción II, del numeral 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. En virtud de lo anterior y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar, archívese el presente expediente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Ahora bien, acorde a lo establecido en el punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, debido a que por proveído de cinco de septiembre del año que transcurre, se desechó la demanda de amparo de que se trata, determinación que causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto; además de que no se considera de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente. Notifíquese.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el escrito de cuenta presentado por el quejoso Juan Guillermo López Ortiz; y como lo solicita el promovente con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, devuélvansele los documentos a que se refiere en su ocurso de cuenta, previo desglose, cotejo y certificación de los mismos, así como razón de recibido que se asiente en autos. Notifíquese.

  3. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, cinco de septiembre de dos mil dieciocho. Vista la demanda promovida por JUAN GUILLERMO LOPEZ ORTIZ, por su propio derecho, contra actos del Gobernado Constitucional del Estado y de otras autoridades; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, bajo el número 918/2018-IV. Examinada la demanda de mérito y sus anexos, se advierte que es notoria su improcedencia, por lo que de conformidad con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe desecharse la misma de acuerdo con las siguientes consideraciones. El artículo 113 de Ley de la materia, señala lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En efecto, de los términos del escrito inicial de demanda, se advierte que la parte quejosa hace valer como acto reclamado: "IV.- ACTO RECLAMADO: De las responsables el fallo complementario de fecha 23 de julio del 2018 en relación con la convocatoria para el otorgamiento de concesiones para la prestación del servicio de transporte público, en la modalidad de automóvil de alquiler de ruleteo, en los municipios de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez publicado el 06 de junio de 2017." Por las razones expuestas a continuación, el suscrito considera que con relación al acto reclamado en la presente demanda de amparo, se surte de un modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; [.]." Del transcrito precepto legal se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiendo dicho consentimiento como el hecho de dejar transcurrir el término de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de la materia, para promover el juicio de amparo. Por su parte, los artículos 17 y 18 de la vigente Ley de Amparo, señala lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." La parte inicial del primero de los preceptos en comento establece en forma categórica que el plazo para la interposición de la demanda de amparo es de quince días, asimismo, el segundo de los citados dispositivos legales prevé tres distintos supuestos jurídicos para el cómputo de ese plazo, a saber: a. Dicho plazo se contará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto reclamado, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que impugne. b. El plazo comienza a correr al día siguiente al en que el quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado o de su ejecución. c. El amparo debe pedirse dentro de los quince días siguientes a aquél en el que el quejoso se ostentó como sabedor del acto reclamado. Como se puede advertir, los preceptos en consulta hacen una clara distinción en los momentos en que imperativamente debe promoverse la acción constitucional, pues las hipótesis que previenen se encuentran relacionadas mediante la conjunción "o", de lo que válidamente se deduce que los supuestos aludidos son excluyentes entre sí y no guardan un orden de preferencia, pues de haberlo querido, el legislador habría señalado su orden de prelación. Ahora bien, de la demanda de amparo y sus anexos se advierte, que en la especie, el quejoso reclama el "Acuerdo Administrativo a través del cual se da a conocer el Fallo Complementario del concurso para el otorgamiento de un título de concesión para la prestación del servicio de transporte público, en la modalidad de automóvil de alquiler de ruleteo", publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el veintitrés de julio del año en curso. En relación con dicha publicación, cabe destacar que la misma se llevó a cabo en atención a lo dispuesto en la fracción IX del artículo 37 de la Ley de Transporte Público del Estado de San Luis Potosí, así como a lo establecido en la base "VII. FALLO." de la "Convocatoria para el otorgamiento de concesión para la prestación del Servicio de Transporte Público en la modalidad de Automóvil de Alquiler de Ruleteo, en los municipios de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez". Las disposiciones señaladas con antelación prevén lo siguiente: "Artículo 37. El otorgamiento de concesiones en los casos a que se refiere esta Ley, se realizará a través de un concurso, atendiendo a los estudios técnicos que demanden las necesidades del servicio; el cual deberá celebrarse conforme a las siguientes bases. [.] IX. Concluidas las etapas a que se refieren las fracciones que anteceden, se emitirá el fallo del concurso, mismo que se publicará en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado "Plan de San Luis", y en el portal de internet de la Secretaría. [.]." "BASES [.] VII. FALLO. Concluidas las etapas previas, se emitirá el fallo del concurso, el cual tendrá el carácter de definitivo y se publicará en el Periódico Oficial, así como en el portal de internet de la Secretaría. [.]." Como se puede advertir, de conformidad con las disposiciones transcritas con antelación, el fallo emitido en los procedimientos para el otorgamiento de concesiones, se publicara en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. Así, es de señalarse que, toda vez que el veintitrés de julio del presente año, fue publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el acuerdo administrativo reclamado ("Acuerdo Administrativo a través del cual se da a conocer el Fallo Complementario del concurso para el otorgamiento de un título de concesión para la prestación del servicio de transporte público, en la modalidad de automóvil de alquiler de ruleteo"), resulta inconcuso que lo anterior constituye un hecho notorio, entendido como un acontecimiento conocido por todos, esto es, que es de dominio público y que nadie pone en duda. Lo anterior encuentra sustento además en el artículo 4° de la Ley del Periódico Oficial del Estado de San Luis Potosí, el cual es del siguiente tenor: "Artículo 4°. El periódico es el órgano informativo permanente y de interés público, cuya función consiste en publicar los documentos emanados de los poderes, Legislativo, Ejecutivo y Judicial del Estado, de los organismos constitucionales autónomos estatales; los ayuntamientos, de la Federación, así como aquéllos que por disposición de la ley deban ser publicados para que tengan efecto obligatorio; para tal efecto, se debe garantizar al gobernado el derecho al conocimiento oportuno de los mismos. Los efectos de la publicación de los actos y ordenamientos legales en el periódico, son la publicidad y vigencia legal, en los términos que del mismo decreto, acuerdo o disposición general se desprenda. En caso de que no se establezca cuándo entra en vigencia un acto u ordenamiento, se estará a lo dispuesto por el artículo 2° del Código Civil del Estado." En efecto, como se desprende del precepto legal transcrito con antelación, el Periódico Oficial del Estado, constituye el órgano informativo permanente y de interés público, cuya función consiste en publicar los documentos emanados, entre otros del Poder Ejecutivo del Estado, que por disposición de la ley deban ser publicados para que tengan efecto obligatorio; lo anterior, a fin de garantizar al gobernado el derecho al conocimiento oportuno de los mismos. De ahí que, como lo señala el artículo en comento, los efectos de la publicación de los actos y ordenamientos legales en el periódico, son la publicidad y vigencia legal, en los términos que del mismo decreto, acuerdo o disposición general se desprenda. Apoya lo anterior, en lo conducente, la Jurisprudencia Sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 2a./J. 169/2004, en la página 389, Tomo XX, Diciembre de 2004, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "LEYES Y DECRETOS EXPEDIDOS POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL. PARA SU DEBIDA APLICACIÓN Y OBSERVANCIA SÓLO ES NECESARIA SU PUBLICACIÓN EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL. Del artículo 49 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal se advierte que la publicación de las leyes y decretos expedidos por la Asamblea Legislativa en la Gaceta Oficial del Distrito Federal es "para su debida aplicación y observancia", en tanto que la llevada a cabo en el Diario Oficial de la Federación es "para su mayor difusión", de manera que para efectos de su validez y vinculación, no es necesario que se publiquen en este último; interpretación que se fortalece si se atiende a una exégesis teleológica del referido precepto, en la que se toma en cuenta que uno de los elementos característicos del Estado de Derecho es el principio de publicidad de las normas jurídicas estaduales, conforme al cual éstas producen sus efectos vinculantes cuando se han dado a conocer con la debida oportunidad a los ciudadanos, quienes deben estar enterados del contenido de las disposiciones legislativas para poderlas cumplir, con lo que se procura combatir la arbitrariedad de los gobernantes y, además, se intenta salvaguardar los principios de certeza y seguridad jurídicas. Lo anterior es así porque en nuestro país seguimos el principio de publicación formal, donde sólo es necesario insertar el contenido de la ley en un medio de difusión oficial, como es el caso del Diario Oficial en materia federal y de la Gaceta del Distrito Federal en materia local, por lo que la sola publicación en esta última permite que los habitantes de esa entidad estén en aptitud de conocer la ley y, por ende, obligados por ella, de ahí que la publicación en el Diario Oficial de la Federación, constituye una facultad discrecional de la Asamblea Legislativa." Así como la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, localizable en la página 549 del Volumen 205-216, Sexta Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, de rubro y texto: "HECHO NOTORIO (PUBLICACIONES EN EL DIARIO OFICIAL). Es hecho notorio el acontecimiento conocido por todos, es decir, que es el dominio público y que nadie pone en duda. Así, debe entenderse por hecho notorio, también, a aquél de que el tribunal tiene conocimientos por su propia actividad. Precisamente éste es el caso de la publicación en el Diario Oficial de la Federación que presuntamente debe ser conocido de todos, particularmente de los tribunales a quiénes se encomienda la aplicación del derecho. Por otra parte, la notoriedad no depende de que todos los habitantes de una colectividad conozcan con plena certeza y exactitud de un hecho, sino de la normalidad de tal conocimiento en un círculo determinado, supuesto que también se surte en los juicios que se examinan." En ese tenor, resulta inconcuso que a partir de dicha publicación (veintitrés de julio de dos mil dieciocho) -y tomando en consideración la finalidad que se persigue con la mencionada publicación- el quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado, púes incluso al haber participado en la convocatoria respectiva, atendiendo a la base séptima transcrita con antelación, tenía conocimiento que lo relativo al fallo respectivo, se publicaría a través del Periódico Oficial del Gobierno del Estado. Luego, toda vez que el quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado a partir del veintitrés de julio del año actual, en que se publicó en el aludido Periodo Oficial, resulta incuestionable que, en términos del artículo 18 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el plazo de quince días para instar la acción constitucional en su contra se computa a partir del día hábil siguiente a dicha data, esto es el veinticuatro de julio del año que transcurre y concluye el trece de agosto del mismo año, sin contar los días veintiocho y veintinueve de julio, cuatro, cinco, once y doce de agosto de dos mil dieciocho, por ser inhábiles. Luego, si la presente demanda constitucional se presentó hasta el tres de septiembre de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común adscrita a los Juzgados de Distrito en el Estado, según sello de recibido que obra en la parte superior derecha del ocurso de amparo, es inconcuso que transcurrió con exceso el término de quince días previsto por el artículo 17 de la ley de la materia. Por lo que resulta patente que se hizo fuera del plazo legal correspondiente, lo que jurídicamente implica que deben estimarse consentidos tácitamente los actos ya existentes a la fecha de presentación de la demanda y que por esta vía pretende impugnar la parte quejosa, por lo que transcurrió con exceso el término de quince días fijado en el precepto 17 del cuerpo legal en cita. En ese orden de ideas, tal conducta jurídicamente revela conformidad con el acto reclamado, por así estar dispuesto en el precepto legal en cita; consecuentemente, ello hace imposible encausar la inconformidad de la parte quejosa a través de este medio constitucional, si previamente la consintió. Sirve de apoyo a la anterior consideración la jurisprudencia número VI.2o.J/21, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible a fojas 291, Tomo II, Agosto de 1995, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que dice: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala". Sin que pase inadvertido para el suscrito que la fracción I del artículo 17 de la Ley de la Materia, prevé que el plazo para presentar la demanda de amparo será de treinta días, pues cabe señalar que dicha hipótesis adquiere aplicación cuando se reclama una norma general autoaplicativa o bien el procedimiento de extradición, lo que no ocurre en el presente asunto, pues como se evidenció, en el caso el acto reclamado lo constituye el "Acuerdo Administrativo a través del cual se da a conocer el Fallo Complementario del concurso para el otorgamiento de un título de concesión para la prestación del servicio de transporte público, en la modalidad de automóvil de alquiler de ruleteo", publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el veintitrés de julio del año en curso. En consecuencia, al haber sobrevenido en el presente juicio de amparo de manera indudable y manifiesta la causa de improcedencia anteriormente analizada, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de que se trata. Hágase del conocimiento de las partes, que desde este acuerdo queda autorizada la expedición de copias simples, en un solo tanto, previa petición verbal que hagan al secretario encargado del expediente; dejando constancia de su recepción. De igual forma, de conformidad con la circular 12/2009, del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes reproducir o fotocopiar los documentos que obran en este expediente, mediante el uso de aparatos y medios electrónicos; en la inteligencia de que en cada caso deberán solicitar autorización al secretario de acuerdos de este Juzgado a fin de dejar constancia de los documentos que se reproduzcan, mediante la razón correspondiente. Asimismo, se hace de su conocimiento que para el caso de devolución de los documentos que aquí ofrezcan, los mismos serán devueltos hasta que quede firme la determinación que falle el presente asunto, toda vez que estos pueden ser objetados por las partes y es necesario que obren en autos. Téngase como domicilio para recibir notificaciones el que se indica en el proemio de la demanda y como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la legislación invocada, a María de Jesús Cano Saucedo y Oscar David Pérez Vázquez, toda vez que no se proporcionan los datos correspondientes respecto de que se encuentra legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, tal como lo exige el segundo párrafo del citado numeral; así como a Cintia Sarai Alcaraz López y Rosaura Huesca Cano, por así haberlo solicitado. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional y 21 último párrafo de la Ley de Amparo, atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del último de los numerales invocados. En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de Amparo, desde este momento se faculta al Actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa, no conozca a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectué (previa razón asentada como soporte), por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado de Distrito; en la inteligencia de que dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo domicilio para tal efecto. Finalmente, con fundamento en lo que dispone el primer transitorio de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, se informa que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la referida ley y, por ende, los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1°, 3°, fracciones I, VIII, IX y XVII, 5°, 22, fracciones I, IV y V, 25, 31 y demás relativos y aplicables al caso de la legislación en cita, además se informa que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario solo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgado y que sea materia de este asunto, y los mismos serán protegidos conforme a la referida ley, a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emiten en el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones, además se les hace del conocimiento a las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, conforme a los lineamientos referidos en los artículos 21, 22, fracción VIII, 43, 46 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se dicten, se publiquen sin supresión de datos conforme a lo señalado en la ley antes citada. Notifíquese personalmente. Lo proveyó y firma el licenciado Enrique Acevedo Mejía, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Francisco Sacramento Partida Soto, Secretario que autoriza y da fe.-

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA QUE DICE:"San Luis Potosí, San Luis Potosí, cinco de septiembre de dos mil dieciocho. Vista la demanda promovida por JUAN GUILLERMO LOPEZ ORTIZ, por su propio derecho, contra actos del Gobernado Constitucional del Estado y de otras autoridades; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, bajo el número 918/2018-IV. Examinada la demanda de mérito y sus anexos, se advierte que es notoria su improcedencia, por lo que de conformidad con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe desecharse la misma de acuerdo con las siguientes consideraciones. El artículo 113 de Ley de la materia, señala lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En efecto, de los términos del escrito inicial de demanda, se advierte que la parte quejosa hace valer como acto reclamado: "IV.- ACTO RECLAMADO: De las responsables el fallo complementario de fecha 23 de julio del 2018 en relación con la convocatoria para el otorgamiento de concesiones para la prestación del servicio de transporte público, en la modalidad de automóvil de alquiler de ruleteo, en los municipios de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez publicado el 06 de junio de 2017." Por las razones expuestas a continuación, el suscrito considera que con relación al acto reclamado en la presente demanda de amparo, se surte de un modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; [.]." Del transcrito precepto legal se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiendo dicho consentimiento como el hecho de dejar transcurrir el término de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de la materia, para promover el juicio de amparo. Por su parte, los artículos 17 y 18 de la vigente Ley de Amparo, señala lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." La parte inicial del primero de los preceptos en comento establece en forma categórica que el plazo para la interposición de la demanda de amparo es de quince días, asimismo, el segundo de los citados dispositivos legales prevé tres distintos supuestos jurídicos para el cómputo de ese plazo, a saber: a. Dicho plazo se contará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto reclamado, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que impugne. b. El plazo comienza a correr al día siguiente al en que el quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado o de su ejecución. c. El amparo debe pedirse dentro de los quince días siguientes a aquél en el que el quejoso se ostentó como sabedor del acto reclamado. Como se puede advertir, los preceptos en consulta hacen una clara distinción en los momentos en que imperativamente debe promoverse la acción constitucional, pues las hipótesis que previenen se encuentran relacionadas mediante la conjunción "o", de lo que válidamente se deduce que los supuestos aludidos son excluyentes entre sí y no guardan un orden de preferencia, pues de haberlo querido, el legislador habría señalado su orden de prelación. Ahora bien, de la demanda de amparo y sus anexos se advierte, que en la especie, el quejoso reclama el "Acuerdo Administrativo a través del cual se da a conocer el Fallo Complementario del concurso para el otorgamiento de un título de concesión para la prestación del servicio de transporte público, en la modalidad de automóvil de alquiler de ruleteo", publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el veintitrés de julio del año en curso. En relación con dicha publicación, cabe destacar que la misma se llevó a cabo en atención a lo dispuesto en la fracción IX del artículo 37 de la Ley de Transporte Público del Estado de San Luis Potosí, así como a lo establecido en la base "VII. FALLO." de la "Convocatoria para el otorgamiento de concesión para la prestación del Servicio de Transporte Público en la modalidad de Automóvil de Alquiler de Ruleteo, en los municipios de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez". Las disposiciones señaladas con antelación prevén lo siguiente: "Artículo 37. El otorgamiento de concesiones en los casos a que se refiere esta Ley, se realizará a través de un concurso, atendiendo a los estudios técnicos que demanden las necesidades del servicio; el cual deberá celebrarse conforme a las siguientes bases. [.] IX. Concluidas las etapas a que se refieren las fracciones que anteceden, se emitirá el fallo del concurso, mismo que se publicará en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado "Plan de San Luis", y en el portal de internet de la Secretaría. [.]." "BASES [.] VII. FALLO. Concluidas las etapas previas, se emitirá el fallo del concurso, el cual tendrá el carácter de definitivo y se publicará en el Periódico Oficial, así como en el portal de internet de la Secretaría. [.]." Como se puede advertir, de conformidad con las disposiciones transcritas con antelación, el fallo emitido en los procedimientos para el otorgamiento de concesiones, se publicara en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. Así, es de señalarse que, toda vez que el veintitrés de julio del presente año, fue publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el acuerdo administrativo reclamado ("Acuerdo Administrativo a través del cual se da a conocer el Fallo Complementario del concurso para el otorgamiento de un título de concesión para la prestación del servicio de transporte público, en la modalidad de automóvil de alquiler de ruleteo"), resulta inconcuso que lo anterior constituye un hecho notorio, entendido como un acontecimiento conocido por todos, esto es, que es de dominio público y que nadie pone en duda. Lo anterior encuentra sustento además en el artículo 4° de la Ley del Periódico Oficial del Estado de San Luis Potosí, el cual es del siguiente tenor: "Artículo 4°. El periódico es el órgano informativo permanente y de interés público, cuya función consiste en publicar los documentos emanados de los poderes, Legislativo, Ejecutivo y Judicial del Estado, de los organismos constitucionales autónomos estatales; los ayuntamientos, de la Federación, así como aquéllos que por disposición de la ley deban ser publicados para que tengan efecto obligatorio; para tal efecto, se debe garantizar al gobernado el derecho al conocimiento oportuno de los mismos. Los efectos de la publicación de los actos y ordenamientos legales en el periódico, son la publicidad y vigencia legal, en los términos que del mismo decreto, acuerdo o disposición general se desprenda. En caso de que no se establezca cuándo entra en vigencia un acto u ordenamiento, se estará a lo dispuesto por el artículo 2° del Código Civil del Estado." En efecto, como se desprende del precepto legal transcrito con antelación, el Periódico Oficial del Estado, constituye el órgano informativo permanente y de interés público, cuya función consiste en publicar los documentos emanados, entre otros del Poder Ejecutivo del Estado, que por disposición de la ley deban ser publicados para que tengan efecto obligatorio; lo anterior, a fin de garantizar al gobernado el derecho al conocimiento oportuno de los mismos. De ahí que, como lo señala el artículo en comento, los efectos de la publicación de los actos y ordenamientos legales en el periódico, son la publicidad y vigencia legal, en los términos que del mismo decreto, acuerdo o disposición general se desprenda. Apoya lo anterior, en lo conducente, la Jurisprudencia Sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 2a./J. 169/2004, en la página 389, Tomo XX, Diciembre de 2004, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "LEYES Y DECRETOS EXPEDIDOS POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL. PARA SU DEBIDA APLICACIÓN Y OBSERVANCIA SÓLO ES NECESARIA SU PUBLICACIÓN EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL. Del artículo 49 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal se advierte que la publicación de las leyes y decretos expedidos por la Asamblea Legislativa en la Gaceta Oficial del Distrito Federal es "para su debida aplicación y observancia", en tanto que la llevada a cabo en el Diario Oficial de la Federación es "para su mayor difusión", de manera que para efectos de su validez y vinculación, no es necesario que se publiquen en este último; interpretación que se fortalece si se atiende a una exégesis teleológica del referido precepto, en la que se toma en cuenta que uno de los elementos característicos del Estado de Derecho es el principio de publicidad de las normas jurídicas estaduales, conforme al cual éstas producen sus efectos vinculantes cuando se han dado a conocer con la debida oportunidad a los ciudadanos, quienes deben estar enterados del contenido de las disposiciones legislativas para poderlas cumplir, con lo que se procura combatir la arbitrariedad de los gobernantes y, además, se intenta salvaguardar los principios de certeza y seguridad jurídicas. Lo anterior es así porque en nuestro país seguimos el principio de publicación formal, donde sólo es necesario insertar el contenido de la ley en un medio de difusión oficial, como es el caso del Diario Oficial en materia federal y de la Gaceta del Distrito Federal en materia local, por lo que la sola publicación en esta última permite que los habitantes de esa entidad estén en aptitud de conocer la ley y, por ende, obligados por ella, de ahí que la publicación en el Diario Oficial de la Federación, constituye una facultad discrecional de la Asamblea Legislativa." Así como la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, localizable en la página 549 del Volumen 205-216, Sexta Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, de rubro y texto: "HECHO NOTORIO (PUBLICACIONES EN EL DIARIO OFICIAL). Es hecho notorio el acontecimiento conocido por todos, es decir, que es el dominio público y que nadie pone en duda. Así, debe entenderse por hecho notorio, también, a aquél de que el tribunal tiene conocimientos por su propia actividad. Precisamente éste es el caso de la publicación en el Diario Oficial de la Federación que presuntamente debe ser conocido de todos, particularmente de los tribunales a quiénes se encomienda la aplicación del derecho. Por otra parte, la notoriedad no depende de que todos los habitantes de una colectividad conozcan con plena certeza y exactitud de un hecho, sino de la normalidad de tal conocimiento en un círculo determinado, supuesto que también se surte en los juicios que se examinan." En ese tenor, resulta inconcuso que a partir de dicha publicación (veintitrés de julio de dos mil dieciocho) -y tomando en consideración la finalidad que se persigue con la mencionada publicación- el quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado, púes incluso al haber participado en la convocatoria respectiva, atendiendo a la base séptima transcrita con antelación, tenía conocimiento que lo relativo al fallo respectivo, se publicaría a través del Periódico Oficial del Gobierno del Estado. Luego, toda vez que el quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado a partir del veintitrés de julio del año actual, en que se publicó en el aludido Periodo Oficial, resulta incuestionable que, en términos del artículo 18 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el plazo de quince días para instar la acción constitucional en su contra se computa a partir del día hábil siguiente a dicha data, esto es el veinticuatro de julio del año que transcurre y concluye el trece de agosto del mismo año, sin contar los días veintiocho y veintinueve de julio, cuatro, cinco, once y doce de agosto de dos mil dieciocho, por ser inhábiles. Luego, si la presente demanda constitucional se presentó hasta el tres de septiembre de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común adscrita a los Juzgados de Distrito en el Estado, según sello de recibido que obra en la parte superior derecha del ocurso de amparo, es inconcuso que transcurrió con exceso el término de quince días previsto por el artículo 17 de la ley de la materia. Por lo que resulta patente que se hizo fuera del plazo legal correspondiente, lo que jurídicamente implica que deben estimarse consentidos tácitamente los actos ya existentes a la fecha de presentación de la demanda y que por esta vía pretende impugnar la parte quejosa, por lo que transcurrió con exceso el término de quince días fijado en el precepto 17 del cuerpo legal en cita. En ese orden de ideas, tal conducta jurídicamente revela conformidad con el acto reclamado, por así estar dispuesto en el precepto legal en cita; consecuentemente, ello hace imposible encausar la inconformidad de la parte quejosa a través de este medio constitucional, si previamente la consintió. Sirve de apoyo a la anterior consideración la jurisprudencia número VI.2o.J/21, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible a fojas 291, Tomo II, Agosto de 1995, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que dice: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala". Sin que pase inadvertido para el suscrito que la fracción I del artículo 17 de la Ley de la Materia, prevé que el plazo para presentar la demanda de amparo será de treinta días, pues cabe señalar que dicha hipótesis adquiere aplicación cuando se reclama una norma general autoaplicativa o bien el procedimiento de extradición, lo que no ocurre en el presente asunto, pues como se evidenció, en el caso el acto reclamado lo constituye el "Acuerdo Administrativo a través del cual se da a conocer el Fallo Complementario del concurso para el otorgamiento de un título de concesión para la prestación del servicio de transporte público, en la modalidad de automóvil de alquiler de ruleteo", publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el veintitrés de julio del año en curso. En consecuencia, al haber sobrevenido en el presente juicio de amparo de manera indudable y manifiesta la causa de improcedencia anteriormente analizada, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de que se trata. Hágase del conocimiento de las partes, que desde este acuerdo queda autorizada la expedición de copias simples, en un solo tanto, previa petición verbal que hagan al secretario encargado del expediente; dejando constancia de su recepción. De igual forma, de conformidad con la circular 12/2009, del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes reproducir o fotocopiar los documentos que obran en este expediente, mediante el uso de aparatos y medios electrónicos; en la inteligencia de que en cada caso deberán solicitar autorización al secretario de acuerdos de este Juzgado a fin de dejar constancia de los documentos que se reproduzcan, mediante la razón correspondiente. Asimismo, se hace de su conocimiento que para el caso de devolución de los documentos que aquí ofrezcan, los mismos serán devueltos hasta que quede firme la determinación que falle el presente asunto, toda vez que estos pueden ser objetados por las partes y es necesario que obren en autos. Téngase como domicilio para recibir notificaciones el que se indica en el proemio de la demanda y como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la legislación invocada, a María de Jesús Cano Saucedo y Oscar David Pérez Vázquez, toda vez que no se proporcionan los datos correspondientes respecto de que se encuentra legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, tal como lo exige el segundo párrafo del citado numeral; así como a Cintia Sarai Alcaraz López y Rosaura Huesca Cano, por así haberlo solicitado. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional y 21 último párrafo de la Ley de Amparo, atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del último de los numerales invocados. En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de Amparo, desde este momento se faculta al Actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa, no conozca a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectué (previa razón asentada como soporte), por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado de Distrito; en la inteligencia de que dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo domicilio para tal efecto. Finalmente, con fundamento en lo que dispone el primer transitorio de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, se informa que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la referida ley y, por ende, los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1°, 3°, fracciones I, VIII, IX y XVII, 5°, 22, fracciones I, IV y V, 25, 31 y demás relativos y aplicables al caso de la legislación en cita, además se informa que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario solo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgado y que sea materia de este asunto, y los mismos serán protegidos conforme a la referida ley, a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emiten en el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones, además se les hace del conocimiento a las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, conforme a los lineamientos referidos en los artículos 21, 22, fracción VIII, 43, 46 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se dicten, se publiquen sin supresión de datos conforme a lo señalado en la ley antes citada. Notifíquese personalmente. Lo proveyó y firma el licenciado Enrique Acevedo Mejía, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Francisco Sacramento Partida Soto, Secretario que autoriza y da fe.- "

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