Juan Herrera Hernández
Expediente 218/2020 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 19 actuaciones registradas, la última del 5 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 218/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 05/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Juan Herrera Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Juicio de Amparo Directo
Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que ha transcurrido el término de quince días a que se refiere el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que las partes quejosa y tercera interesada se hubieren inconformado con la resolución que tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el expediente en que se actúa, se declara que la misma ha causado estado; con fundamento en el numeral 196 de la legislación en mención, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno respectivo, archívese este asunto como totalmente concluido. Tomando en consideración que el mismo es de relevancia documental, atento a la fracción X del artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se hace la declaratoria que es susceptible de conservación de forma íntegra. Finalmente, conforme a lo dispuesto en el artículo 3 de la legislación de amparo, intégrese la presente actuación al Expediente electrónico, a efecto de que éste coincida íntegramente con el impreso.
- Juicio de Amparo Directo
se recibe Sobre que contiene el oficio 7/2022-P-II, del índice de este tribunal colegiado, dirigido a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, en representación de las terceras interesadas Secretaría de Comunicaciones y Transportes y Secretaría de Desarrollo, Territorial y Urbano y anexo, del que se advierte la leyenda "REHUSADO POR OFIC. DE PARTES LA AUTORIDAD QUE CITA NO SE ENCUENTRA EN ESTE DOMICILIO", mismo que contiene el oficio 7/2022-P-II, del índice de este tribunal colegiado, dirigido a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, en representación de las terceras interesadas Secretaría de Comunicaciones y Transportes y Secretaría de Desarrollo, Territorial y Urbano, con el que se le comunica que se declara cumplida totalmente sin excesos ni defectos la ejecutoria dictada en el presente asunto. En consecuencia, y a fin de evitar mayores dilaciones, comuníquese lo anterior a la citada Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, vía electrónica al correo caccc.amparo@cjef.gob.mx; en el entendido que el actuario adscrito a este tribunal colegiado, deberá solicitar a dicha dependencia el acuse de recibo correspondiente.
- Juicio de Amparo Directo
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que la autoridad responsable informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo directo, así como que con el mismo se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada,1 realizando manifestaciones la segunda de las referidas, como se hizo constar en la certificación de cuenta. En esas circunstancias, con apoyo en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. Así, se procede a analizar si la autoridad responsable dio cumplimiento total a la ejecutoria de amparo, sin excesos ni defectos. En sesión de doce de agosto de dos mil veintiuno, este órgano colegiado dictó ejecutoria, en la que concedió la protección constitucional solicitada, para los siguientes efectos: "1. Deje insubsistente la sentencia de veinticuatro de enero de dos mil veinte, dictada en el juicio agrario 562/2010. 2. Dicte otra sentencia en la cual reitere lo que no fue materia de concesión, y respecto del monto de los daños y perjuicios (equiparables al pago legal y justo por la ocupación previa, que incluyen las percepciones agrícolas), así como del monto de la indemnización correspondiente de la superficie que resulte de la parcela afecta, prescinda de que se lleve a cabo su cuantificación por el Registro Agrario Nacional y el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacional; hecho lo anterior, deberá resolver lo que en derecho corresponda, sobre tal tópico." En cumplimiento a lo anterior, la autoridad responsable dejó insubsistente el acto reclamado y el trece de septiembre de dos mil veintiuno emitió sentencia definitiva; sin embargo, por auto de diez de noviembre posterior, se consideró que no se dio cumplimiento en forma cabal al fallo protector, por tanto, se requirió al Tribunal Unitario Agrario del Distrito Treinta y Tres en el Estado de Tlaxcala, para que en el término de veinticuatro horas realizara: "a) Deje insubsistente la sentencia de trece de septiembre de dos mil veintiuno, emitida en el juicio agrario 562/2010. b) De cumplimiento a los efectos del fallo protector dictado en esta ejecutoria, esto es: - Dicte otra sentencia en la cual reitere lo que no fue materia de concesión, y respecto del monto de los daños y perjuicios (equiparables al pago legal y justo por la ocupación previa, que incluyen las percepciones agrícolas), así como del monto de la indemnización correspondiente de la superficie que resulte de la parcela afecta, prescinda de que se lleve a cabo su cuantificación por el Registro Agrario Nacional y el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacional; hecho lo anterior, deberá resolver lo que en derecho corresponda, sobre tal tópico." En esas condiciones, la autoridad responsable a fin de dar cumplimiento al fallo protector y al destacado requerimiento, llevo a cabo lo que a continuación se detalla: 1) En auto de once de noviembre de dos mil veintiuno, dejó insubsistente la sentencia emitida el trece de septiembre del año en cita, en el juicio agrario 562/2010 (foja 287). 2) En esa misma fecha, emitió sentencia definitiva, en la cual reiteró lo que no fue materia de la concesión, y: a) Respecto del monto de los daños y perjuicios (equiparables al pago legal y justo por la ocupación previa, que incluyen las percepciones agrícolas), condenó a la enjuiciada a su pago, prescindiendo de que se lleve a cabo su cuantificación por el Registro Agrario Nacional y el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacional, pues sostuvo que la cantidad respectiva sería determinada de acuerdo a las periciales de las partes, así como del experto tercero en discordia en materia de valuación (foja 331). b) Con relación al monto de la indemnización correspondiente de la superficie que resulte de la parcela afecta, analizó las periciales de las partes y la emitida por el experto tercero en discordia, sin que les concediera valor alguno conforme al numeral 211, del Código Federal de Procedimientos Civiles, pues el perito designado por la demandada no dio respuesta a las interrogantes, y los restantes basaron su estudio en el valor comercial actual de la superficie; por lo que, el concepto de referencia se cuantificará en ejecución de sentencia (fojas 349 vuelta a 355). De lo anterior se concluye que, atento a lo resuelto por la autoridad responsable, dio cumplimiento al fallo protector, pues, de la confrontación entre los efectos para los cuales se concedió la protección constitucional solicitada y los actos que efectuó la autoridad responsable precisados en párrafos anteriores, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se declara cumplida totalmente sin excesos ni defectos la ejecutoria dictada. Finalmente, no se inadvierten las manifestaciones de la parte tercera interesada formuladas por escrito de diecisiete de enero del año en curso (fojas 391 a 396), en el sentido que no se dio cumplimiento al fallo protector, bajo el argumento toral que es indebido que la autoridad responsable prescinda de la cuantificación del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacional, cuando es el facultado para tal efecto; agrega, no se atendió al contenido íntegro de las consideraciones de la ejecutoria de amparo, las cuales deben regir sobre la parte resolutiva; también señala que con independencia de que se hubiera simplificado el procedimiento expropiatorio, ello no implica desatender la norma aplicable (valuación). Tales alegaciones son infundadas, pues la protección de la Justicia Federal se otorgó precisamente para que: ".respecto del monto de los daños y perjuicios (equiparables al pago legal y justo por la ocupación previa, que incluyen las percepciones agrícolas), así como del monto de la indemnización correspondiente de la superficie que resulte de la parcela afecta, prescinda de que se lleve a cabo su cuantificación por el Registro Agrario Nacional y el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacional."; de ahí que, es claro que la autoridad responsable dio cabal cumplimiento al fallo protector. Tampoco asiste razón a la tercera interesada cuando aduce que la autoridad responsable no reiteró lo que no fue materia de concesión, pues respecto del pago que recibió la parte quejosa por la cantidad de noventa y cuatro mil ochocientos noventa y un pesos 34/100 moneda nacional, en la sentencia reclamada se había ordenado su descuento aplicado a la suma que resultara por daños y perjuicios, pero ahora el tribunal agrario suprime tal aspecto. Ello es así, pues si bien en la sentencia de once de noviembre de dos mil veintiuno la autoridad agraria ya no ordenó el descuento destacado, lo cierto es que la cuantificación de daños y perjuicios (equiparables al pago legal y justo por la ocupación previa, que incluyen las percepciones agrícolas), fue modificado como consecuencia del fallo constitucional, y le estaba permitido resolver lo que en derecho correspondiente sobre dicho tópico. Así es, del efecto protector se obtiene que la autoridad responsable una vez que prescindiera de ordenar realizar la cuantificación por el Registro Agrario Nacional y el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacional, resolvería lo que en derecho correspondiera, sobre tal aspecto. En los siguientes términos: - Dicte otra sentencia en la cual reitere lo que no fue materia de concesión, y respecto del monto de los daños y perjuicios (equiparables al pago legal y justo por la ocupación previa, que incluyen las percepciones agrícolas), así como del monto de la indemnización correspondiente de la superficie que resulte de la parcela afecta, prescinda de que se lleve a cabo su cuantificación por el Registro Agrario Nacional y el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacional; hecho lo anterior, deberá resolver lo que en derecho corresponda, sobre tal tópico." De ahí que, si la tercera interesa estima que tal proceder es incorrecto, tiene expedito su derecho para promover el juicio constitucional a fin de que sean analizadas sus alegaciones en ese sentido. Así, se reitera, se declara cumplida totalmente sin excesos ni defectos la ejecutoria dictada. Hágase del conocimiento a las partes, del presente acuerdo para los efectos señalados en el artículo 201, fracción I de la Ley de Amparo y, en su caso, una vez transcurrido el término de quince días establecido en el numeral 202, párrafo primero de la citada ley, archívese el expediente como asunto concluido.
- Juicio de Amparo Directo
ASUNTO QUE SE LISTA POR SEGUNDA OCASIÓN PARA CONOCIMIENTO DE LA PARTE QUEJOSA DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que la autoridad responsable informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo directo, así como que con el mismo se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada,1 realizando manifestaciones la segunda de las referidas, como se hizo constar en la certificación de cuenta. En esas circunstancias, con apoyo en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. Así, se procede a analizar si la autoridad responsable dio cumplimiento total a la ejecutoria de amparo, sin excesos ni defectos. En sesión de doce de agosto de dos mil veintiuno, este órgano colegiado dictó ejecutoria, en la que concedió la protección constitucional solicitada, para los siguientes efectos: "1. Deje insubsistente la sentencia de veinticuatro de enero de dos mil veinte, dictada en el juicio agrario 562/2010. 2. Dicte otra sentencia en la cual reitere lo que no fue materia de concesión, y respecto del monto de los daños y perjuicios (equiparables al pago legal y justo por la ocupación previa, que incluyen las percepciones agrícolas), así como del monto de la indemnización correspondiente de la superficie que resulte de la parcela afecta, prescinda de que se lleve a cabo su cuantificación por el Registro Agrario Nacional y el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacional; hecho lo anterior, deberá resolver lo que en derecho corresponda, sobre tal tópico." En cumplimiento a lo anterior, la autoridad responsable dejó insubsistente el acto reclamado y el trece de septiembre de dos mil veintiuno emitió sentencia definitiva; sin embargo, por auto de diez de noviembre posterior, se consideró que no se dio cumplimiento en forma cabal al fallo protector, por tanto, se requirió al Tribunal Unitario Agrario del Distrito Treinta y Tres en el Estado de Tlaxcala, para que en el término de veinticuatro horas realizara: "a) Deje insubsistente la sentencia de trece de septiembre de dos mil veintiuno, emitida en el juicio agrario 562/2010. b) De cumplimiento a los efectos del fallo protector dictado en esta ejecutoria, esto es: - Dicte otra sentencia en la cual reitere lo que no fue materia de concesión, y respecto del monto de los daños y perjuicios (equiparables al pago legal y justo por la ocupación previa, que incluyen las percepciones agrícolas), así como del monto de la indemnización correspondiente de la superficie que resulte de la parcela afecta, prescinda de que se lleve a cabo su cuantificación por el Registro Agrario Nacional y el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacional; hecho lo anterior, deberá resolver lo que en derecho corresponda, sobre tal tópico." En esas condiciones, la autoridad responsable a fin de dar cumplimiento al fallo protector y al destacado requerimiento, llevo a cabo lo que a continuación se detalla: 1) En auto de once de noviembre de dos mil veintiuno, dejó insubsistente la sentencia emitida el trece de septiembre del año en cita, en el juicio agrario 562/2010 (foja 287). 2) En esa misma fecha, emitió sentencia definitiva, en la cual reiteró lo que no fue materia de la concesión, y: a) Respecto del monto de los daños y perjuicios (equiparables al pago legal y justo por la ocupación previa, que incluyen las percepciones agrícolas), condenó a la enjuiciada a su pago, prescindiendo de que se lleve a cabo su cuantificación por el Registro Agrario Nacional y el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacional, pues sostuvo que la cantidad respectiva sería determinada de acuerdo a las periciales de las partes, así como del experto tercero en discordia en materia de valuación (foja 331). b) Con relación al monto de la indemnización correspondiente de la superficie que resulte de la parcela afecta, analizó las periciales de las partes y la emitida por el experto tercero en discordia, sin que les concediera valor alguno conforme al numeral 211, del Código Federal de Procedimientos Civiles, pues el perito designado por la demandada no dio respuesta a las interrogantes, y los restantes basaron su estudio en el valor comercial actual de la superficie; por lo que, el concepto de referencia se cuantificará en ejecución de sentencia (fojas 349 vuelta a 355). De lo anterior se concluye que, atento a lo resuelto por la autoridad responsable, dio cumplimiento al fallo protector, pues, de la confrontación entre los efectos para los cuales se concedió la protección constitucional solicitada y los actos que efectuó la autoridad responsable precisados en párrafos anteriores, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se declara cumplida totalmente sin excesos ni defectos la ejecutoria dictada. Finalmente, no se inadvierten las manifestaciones de la parte tercera interesada formuladas por escrito de diecisiete de enero del año en curso (fojas 391 a 396), en el sentido que no se dio cumplimiento al fallo protector, bajo el argumento toral que es indebido que la autoridad responsable prescinda de la cuantificación del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacional, cuando es el facultado para tal efecto; agrega, no se atendió al contenido íntegro de las consideraciones de la ejecutoria de amparo, las cuales deben regir sobre la parte resolutiva; también señala que con independencia de que se hubiera simplificado el procedimiento expropiatorio, ello no implica desatender la norma aplicable (valuación). Tales alegaciones son infundadas, pues la protección de la Justicia Federal se otorgó precisamente para que: ".respecto del monto de los daños y perjuicios (equiparables al pago legal y justo por la ocupación previa, que incluyen las percepciones agrícolas), así como del monto de la indemnización correspondiente de la superficie que resulte de la parcela afecta, prescinda de que se lleve a cabo su cuantificación por el Registro Agrario Nacional y el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacional."; de ahí que, es claro que la autoridad responsable dio cabal cumplimiento al fallo protector. Tampoco asiste razón a la tercera interesada cuando aduce que la autoridad responsable no reiteró lo que no fue materia de concesión, pues respecto del pago que recibió la parte quejosa por la cantidad de noventa y cuatro mil ochocientos noventa y un pesos 34/100 moneda nacional, en la sentencia reclamada se había ordenado su descuento aplicado a la suma que resultara por daños y perjuicios, pero ahora el tribunal agrario suprime tal aspecto. Ello es así, pues si bien en la sentencia de once de noviembre de dos mil veintiuno la autoridad agraria ya no ordenó el descuento destacado, lo cierto es que la cuantificación de daños y perjuicios (equiparables al pago legal y justo por la ocupación previa, que incluyen las percepciones agrícolas), fue modificado como consecuencia del fallo constitucional, y le estaba permitido resolver lo que en derecho correspondiente sobre dicho tópico. Así es, del efecto protector se obtiene que la autoridad responsable una vez que prescindiera de ordenar realizar la cuantificación por el Registro Agrario Nacional y el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacional, resolvería lo que en derecho correspondiera, sobre tal aspecto. En los siguientes términos: - Dicte otra sentencia en la cual reitere lo que no fue materia de concesión, y respecto del monto de los daños y perjuicios (equiparables al pago legal y justo por la ocupación previa, que incluyen las percepciones agrícolas), así como del monto de la indemnización correspondiente de la superficie que resulte de la parcela afecta, prescinda de que se lleve a cabo su cuantificación por el Registro Agrario Nacional y el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacional; hecho lo anterior, deberá resolver lo que en derecho corresponda, sobre tal tópico." De ahí que, si la tercera interesa estima que tal proceder es incorrecto, tiene expedito su derecho para promover el juicio constitucional a fin de que sean analizadas sus alegaciones en ese sentido. Así, se reitera, se declara cumplida totalmente sin excesos ni defectos la ejecutoria dictada. Hágase del conocimiento a las partes, del presente acuerdo para los efectos señalados en el artículo 201, fracción I de la Ley de Amparo y, en su caso, una vez transcurrido el término de quince días establecido en el numeral 202, párrafo primero de la citada ley, archívese el expediente como asunto concluido.
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