Juan Hernández Herrera

Expediente 338/2018 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 38 actuaciones registradas, la última del 18 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
338/2018
Año
2018
Actuaciones
38
Última actuación
18/08/2023

Partes del expediente

  • Juan Hernández Herrera
  • Carmen Ivonne Espejel Velázquez
  • Efraín Espejel Muñoz y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 38.

  1. Juicio de Amparo Directo

    Del estado de autos se advierte que al ordenarse el archivo de este expediente se valoró como susceptible de depuración; sin embargo, conforme al artículo 15, fracción X, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia, y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, vigente a partir del veintiséis siguiente, su valoración correcta es de RELEVANCIA DOCUMENTAL, por lo que deberá conservarse en su integridad y ser transferido una vez que cumpla tres años de haberse ordenado su archivo; háganse las anotaciones correspondientes en los libros electrónicos. En la inteligencia de que subsiste y queda intocada la determinación de archivo previamente ordenada. Por otra parte, se hace constar que en el presente asunto no obran documentos originales presentados por las partes, susceptibles de ser devueltos.

  2. Juicio de Amparo Directo

    Toda vez que de la certificación secretarial se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que las partes se hubieren inconformado con la resolución que tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el expediente, se declara que la misma ha causado estado. Archívese este asunto y hágase la anotación correspondiente en el libro de gobierno. Finalmente, tomando en consideración que este asunto no es de relevancia documental, se hace la declaratoria de que es susceptible de depuración.

  3. Juicio de Amparo Directo

    Se declara cumplida totalmente sin excesos ni defectos la ejecutoria de amparo dictada. Hágase del conocimiento a las partes, del presente acuerdo para los efectos señalados en el artículo 201, fracción I de la Ley de Amparo.

  4. Juicio de Amparo Directo

    ASUNTO QUE SE LISTA POR SEGUNDA OCASIÓN PARA CONOCIMIENTO DE LA PARTE QUEJOSA DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO. Apizaco, Tlaxcala, a treinta de septiembre de dos mil veinte. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que la autoridad responsable informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo directo, así como que con el mismo se dio vista a las partes quejosa y terceros interesados, sin que hayan hecho manifestación alguna al respecto, como se hizo constar por este tribunal, en la certificación de cuenta. En esas circunstancias, con apoyo en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. En sesión de dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, este órgano colegiado resolvió conceder el amparo y protección de la justicia de la Unión al quejoso JHH; advirtiéndose entre otras consideraciones, y efectos: ".Hechas las anteriores precisiones, este Tribunal en Pleno estima, como lo alega la parte quejosa, que el Tribunal responsable vulneró en su perjuicio el derecho humano reconocido en los artículos 16 y 17, constitucionales, pues fue omisa en fundar y motivar las consideraciones que sustenta la sentencia reclamada en los aspectos que en seguida se destacan, asimismo prescindió en atender la totalidad de los puntos litigiosos, en los términos en que fueron planteados. I. Prescripción. El Tribunal Unitario Agrario responsable en el apartado identificado como V.3., consideró que había operado la prescripción respecto del pago de las prestaciones correspondientes a la ocupación previa, daños y perjuicios y percepciones agrícolas, en los siguientes términos (fojas 1613 a 1617 del tomo III del juicio agrario): (.) Transcripción de la cual se advierte que la autoridad responsable de manera dogmática consideró: 1) Que los daños y perjuicios son equiparables al pago legal por la ocupación previa, la cual a su vez comprende las percepciones agrícolas dejadas de percibir por el ejidatario; 2) Se actualizó la prescripción respecto de las prestaciones indicadas, al estimar que transcurrió en exceso el plazo de dos años previsto en el numeral 1934, del Código Civil Federal, lo anterior, entre el tres de febrero de dos mil seis (fecha en que se firmó el convenio y que se dijo tuvo conocimiento de la afectación a la parcela) al veintiocho de octubre de dos mil diez (fecha en que se presentó la demanda origen del juicio natural). Sin embargo, no se precisaron los fundamentos ni los motivos de los cuales se desprendiera que las prestaciones narradas son equiparables y que el término de prescripción tenía que computarse en la misma fecha (tres de febrero de dos mil seis), respecto a las prestaciones consistentes en el pago derivado de la ocupación previa, daños y perjuicios y percepciones agrícolas. Es decir, era necesario que el Tribunal Agrario a fin de determinar si se actualizó la figura de prescripción, estableciera en forma fundada y motivada por qué las prestaciones indicadas son equiparables y analizara la naturaleza de cada uno de los reclamos en cita, estableciendo si el inicio del término de prescripción opera en la misma fecha para la totalidad de las prestaciones en mención. Lo anterior, no solamente era indispensable para que el ejidatario quejoso conociera en forma clara cuándo inició el cómputo respecto de cada una de las prestaciones aludidas, sino también para que este Tribunal Colegiado estuviera en condiciones de analizar la ilegalidad de las consideraciones en las cuales se apoya la autoridad responsable. Al respecto, es conveniente destacar que la autoridad responsable al momento de analizar la figura de la prescripción, deberá atender a los términos en que fue opuesta por la demandada, a saber (fojas 402 y 403 del tomo III del juicio agrario natural): (.) II. Valoración de pericial. Sobre tal tópico la autoridad responsable estimó en forma dogmática que los peritajes en valuación de inmueble y percepciones agrícolas, efectuados dentro del juicio natural, son independientes de los que la autoridad expropiante efectúe dentro del procedimiento administrativo para determinar el pago de la indemnización definitiva (foja 1617 del tomo III del juicio agrario natural). Tal consideración es violatoria del derecho humano reconocido en el artículo 16 constitucional, toda vez que la autoridad agraria prescindió en indicar cuál o cuáles son las disposiciones legales en las que apoyó su actuar en el sentido que no era procedente analizar la pericial en valuación destacada, al ser independiente de la que se emita en el procedimiento administrativo correspondiente. En ese sentido, del artículo 189, de la Ley Agraria, se desprende que el órgano jurisdiccional estará obligado a pronunciarse sobre el valor probatorio que merecen las pruebas desahogadas en autos. Máxime, cuando no pasa desapercibido que la pericial de referencia fue ofrecida por la parte accionante a fin de acreditar el valor comercial de la superficie que fue afectada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y para que se determinaran los daños y perjuicios ocasionados (foja 545 del tomo II del juicio agrario natural). De ahí que es inconcuso que el Tribunal responsable se encontraba obligado a pronunciarse sobre el valor que en su caso merece la prueba pericial en valuación, exponiendo los fundamentos y motivos en que apoye su proceder; y no limitarse a estimar de manera dogmática que tal experticial es independiente de la que se emita en el procedimiento administrativo. III. Prestaciones accesorias y avalúos genéricos. En la sentencia reclamada en el apartado precisado como V.4, se consideró (fojas 1618 a 1622 del tomo III del juicio agrario natural): (.) De lo anterior se obtiene que se absolvió a la parte demandada de las prestaciones consistentes en: a) El pago de los bienes distintos de la tierra. b) La nulidad de los documentos referentes al avalúo de afectaciones de bienes distintos a la tierra, acuse de pago de B.D.T., y al escrito titulado "parcelado (bienes distintos a la tierra y/o terrenos)". Bajo el argumento que el actor había suscrito las documentales descritas en el inciso b) y que los avalúos eran específicos y no genéricos, además que no se acreditó la preexistencia de dichos bienes distintos a la tierra. No obstante, este Tribunal en Pleno es del criterio que la autoridad responsable se encontraba obligada a establecer en forma clara si las prestaciones en cita eran accesorias o no a la nulidad del convenio de ocupación previa, para así estar en condiciones de determinar si la nulidad que decretó en cuanto hace a la prestación principal, tiene o no consecuencias sobre las prestaciones aquí analizadas. Aunado a ello, la autoridad agraria sin exponer la fundamentación ni motivación mínima, llegó a la conclusión que los avalúos son específicos y no genéricos, omitiendo llevar a cabo un análisis exhaustivo de los mismos, de lo cual se advirtiera que efectivamente sí se practicaron respecto de la parcela afectada y que fueron emitidos en observancia a la legislación aplicable. Asimismo, en el apartado V.5., la autoridad responsable estableció (fojas 1622 a 1624 del tomo III del juicio agrario natural): (.) Esto es, declaró improcedente las prestaciones consistentes en la ilegalidad de los avalúos maestros con número secuencial G-37465-B; al estimar que se emitieron con fines informativos y la contraprestación no es necesario que se estableciera previo avalúo o trabajos técnicos específicos. Sin embargo, prescindió en exponer si tales avalúos se ven afectados con la declaratoria de nulidad en relación a los convenios de ocupación previa. Máxime, cuando en ese mismo apartado de la sentencia reclamada, el Tribunal agrario precisó (foja 1624 del tomo III del juicio agrario natural): (.) Así, en criterio de este Tribunal Colegiado resultaba necesario que la autoridad responsable vertiera los argumentos de hecho y derecho de los cuales se desprendiera por qué la nulidad decretada de los convenios indicados, sólo tiene incidencia en el "acuse recibo INDAABIN", no así respecto a los avalúos maestros con número secuencial G-37465-B. Aunado a ello, a fin de determinar si era procedente o no la prestación reclamada por el aquí quejoso, en el sentido que son ilegales los mencionados avalúos; era indispensable que la autoridad responsable efectuara un análisis íntegro del contenido de dichas periciales, conforme a lo alegado y probado en juicio, atendiendo a las disposiciones legales aplicables. IV. Monto de la indemnización. El Tribunal responsable condenó a la parte demandada al pago de la indemnización correspondiente, en los siguientes términos (fojas 1630 y 1632 del tomo III del juicio agrario natural): (.) Como se ve, la autoridad agraria ordenó que el monto de la indemnización sea cuantificada por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, descontándose la cantidad que recibió previamente el accionante con motivo de la ocupación ilegal (noventa y cuatro mil ochocientos noventa y un pesos 34/100 moneda nacional); empero, no se indicaron los fundamentos y motivos en los cuales se apoyó el Tribunal responsable en ese sentido. De ahí que es patente la vulneración al contenido del artículo 16 constitucional, pues se tuvo que indicar en qué supuestos normativos sustentó su actuar el Tribunal Agrario para arribar a la consideración que el monto de la indemnización deberá cuantificarlo el mencionado instituto, cuando de autos se aprecia que se desahogó la pericial en esa materia. Así es, como se destacó, la pericial de referencia fue ofrecida por la parte accionante a fin de acreditar el valor comercial de la superficie que fue afectada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y para que se determinara los daños y perjuicios ocasionados (foja 545 del tomo II del juicio agrario natural). Por consiguiente, al no valorarse tal medio de prueba a fin de establecer el monto de la indemnización respectiva, o bien, indicar las razones de hecho y derecho por los cuales la cuantificación debe estar a cargo del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, y que tiene que descontarse la suma que percibió el acciónate con motivo de la ocupación previa; es innegable que, se conculcó en perjuicio de la parte quejosa el derecho humano de fundamentación y motivación, inobservándose el principio de exhaustividad, relacionado con el examen que debe efectuar el Tribunal respecto de todas las cuestiones o puntos litigiosos, sin omitir alguno de ellos. Finalmente, no pasa inadvertido que, conforme al criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, excepcionalmente la exigencia de fundamentación y motivación, tratándose de resoluciones jurisdiccionales, se verifica sin que se invoquen de manera expresa sus fundamentos, cuando los razonamientos expresados por la autoridad conduzcan a las disposiciones aplicables. Empero, en la especie tampoco se expresaron razonamientos o motivos suficientes que condujera a las normas que aplicó para determinar sobre la procedencia del reclamado, por lo que no opera el mencionado criterio. Al margen de ello, es pertinente destacar que este Tribunal Colegiado no se encuentra facultado para abordar los aspectos destacados, soslayados por la responsable, pues ello implica sustituirse en facultades que son propias de ésta, motivo por el cual, lo que en el caso procede es el reenvío del asunto a dicha autoridad, ello a fin de que, subsane las violaciones formales en que incurrió y, con libertad de jurisdicción, resuelva lo conducente. (.) En las relatadas circunstancias, se ampara para efectos por vicios formales a Juan Hernández Herrera, para que la autoridad responsable, Tribunal Unitario Agrario Distrito Treinta y Tres del Estado de Tlaxcala. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DE AMPARO. 1. Deje insubsistente la sentencia de doce de febrero de dos mil dieciocho, dictada en el expediente 562/2010. 2. Emita una nueva sentencia, en la cual con libertad de jurisdicción, de manera fundada y motivada, en observancia a los principios de congruencia y exhaustividad: a) Se pronuncie sobre la excepción de prescripción en relación al pago de las prestaciones correspondientes a la ocupación previa, daños y perjuicios y percepciones agrícolas, expresando los fundamentos y motivos por los cuales se estima que son equiparables; determinado si para tales prestaciones el cómputo inicia en la misma fecha, debiendo atender a los términos en que fue opuesta dicha excepción y si se hizo valer por la totalidad de las prestaciones en cita. b) Analice en forma íntegra, conforme a lo alegado en juicio y en términos de la legislación aplicable, la pericial en materia de valuación que ofreció la parte actora; exponiendo en su caso las razones de hecho y derecho por las cuales se estima que debe atenderse a la valuación que realice el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, y debe descontarse la cantidad que recibió el accionante con motivo de la ocupación previa. c) Determine si la declaración de nulidad de los convenios (prestación principal), tiene incidencia en el resto de las prestaciones reclamadas; debiendo analizar en los términos aquí precisados, la procedencia de dichas prestaciones. 3. Hecho lo anterior, resuelva lo que en derecho corresponda..." (fojas 163 vuelta a 174). Por auto de veintidós de octubre de dos mil diecinueve, se tuvo por no cumplida la ejecutoria de amparo y, se requirió a la autoridad responsable a efecto de que acatara los lineamientos determinados en el fallo protector, en los siguientes términos (fojas 366 a 372): ".1) Deje insubsistente la sentencia de veinte de junio de dos mil diecinueve, dictada en el expediente 562/2010. 2) Emita una nueva sentencia, en la cual atienda a los lineamientos fijados en el fallo protector, esto es: a) Se pronuncie sobre la excepción de prescripción en relación al pago de las prestaciones correspondientes a la ocupación previa, daños y perjuicios y percepciones agrícolas, expresando los fundamentos y motivos por los cuales se estima que son equiparables; determinado si para tales prestaciones el cómputo inicia en la misma fecha, debiendo atender a los términos en que fue opuesta dicha excepción y si se hizo valer por la totalidad de las prestaciones en cita. b) Analice en forma íntegra, conforme a lo alegado en juicio y en términos de la legislación aplicable, la pericial en materia de valuación que ofreció la parte actora; exponiendo en su caso las razones de hecho y derecho por las cuales se estima que debe atenderse a la valuación que realice el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, y debe descontarse la cantidad que recibió el accionante con motivo de la ocupación previa. c) Determine si la declaración de nulidad de los convenios (prestación principal), tiene incidencia en el resto de las prestaciones reclamadas; debiendo analizar en los términos aquí precisados, la procedencia de dichas prestaciones. En la inteligencia de que en la nueva sentencia que emita, deberá exponer de manera fundada y motivada las razones por las cuáles a la cantidad que resulte de la indemnización, deberá descontarse la suma de *** moneda nacional; además, deberá de prescindir de aspectos que no fueron motivo de la concesión del fallo protector, esto es, que el avaluó que realice el Instituto de Administración y Avalúo de Bienes Nacionales (INDAABIN), deberá realizarse atendiendo al valor comercial que tenían las tierras cuando fueron ocupadas ilegalmente. 3. Hecho lo anterior, resuelva lo que en derecho corresponda. " De igual manera, en proveído de dieciséis de enero de dos mil veinte, nuevamente se tuvo por no cumplida la ejecutoria de amparo y, se requirió a la autoridad responsable a efecto de que acatara los lineamientos determinados en el fallo protector, en los siguientes términos (fojas 521 a 527): ".1) Deje insubsistente la sentencia de veinticinco de octubre de dos mil diecinueve, dictada en el expediente 562/2010. 2) Emita una nueva sentencia, en la cual con libertad de jurisdicción, de manera fundada y motivada, en observancia a los principios de congruencia y exhaustividad: a) Se pronuncie sobre la excepción de prescripción en relación al pago de las prestaciones correspondientes a la ocupación previa, daños y perjuicios y percepciones agrícolas, expresando los fundamentos y motivos por los cuales se estima que son equiparables; determinado si para tales prestaciones el cómputo inicia en la misma fecha, debiendo atender a los términos en que fue opuesta dicha excepción y si se hizo valer por la totalidad de las prestaciones en cita. b) Analice en forma íntegra, conforme a lo alegado en juicio y en términos de la legislación aplicable, la pericial en materia de valuación que ofreció la parte actora; exponiendo en su caso las razones de hecho y derecho por las cuales se estima que debe atenderse a la valuación que realice el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, y debe descontarse la cantidad que recibió el accionante con motivo de la ocupación previa. c) Determine si la declaración de nulidad de los convenios (prestación principal), tiene incidencia en el resto de las prestaciones reclamadas; debiendo analizar en los términos aquí precisados, la procedencia de dichas prestaciones. En la inteligencia de que en la nueva sentencia que emita, deberá de prescindir de aspectos que no fueron motivo de la concesión del fallo protector, esto es, que el descuento de la cantidad de $*** moneda nacional) es en cumplimiento a la ejecutoria de mérito y que el avaluó que realice el Instituto de Administración y Avalúo de Bienes Nacionales (INDAABIN), deberá realizarse atendiendo al valor comercial que tenían las tierras cuando fueron ocupadas ilegalmente. 3. Hecho lo anterior, resuelva lo que en derecho corresponda.". En cumplimiento a lo anterior, y de las constancias remitidas por la autoridad responsable -Tribunal Unitario Agrario del Distrito Treinta y Tres en el Estado de Tlaxcala-, se advierte que realizó: - El veintiuno de enero de dos mil veinte, dejó insubsistente la sentencia emitida el veinticinco de octubre de dos mil diecinueve, dictada dentro del expediente 562/2010 2 ; y, - El veinticuatro de enero de dos mil veinte, emitió una nueva sentencia, en la cual respecto a los efectos precisados en la ejecutoria de amparo, consideró: I. Prescripción. Con relación a esta excepción hecha valer por la parte demandada en el juicio de origen, la autoridad responsable determinó: a) Que atendiendo a los criterios establecidos en las ejecutorias números D-832/2014 y D-1293/2016, del ahora Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, así como a los artículos 1910 y 1915, del Código Civil Federal, la ocupación previa realizada en el predio del accionante fue de manera ilegal, por lo que la ocupante, Secretaría de Comunicaciones y Trasportes, tiene el deber de reparar el daño causado, y toda vez que resulta materialmente imposible restablecer la parcela afectada a su situación anterior, al haber perdido su vocación de cultivo por el paso de la carretera que se encuentra construida y brindando un servicio público a la colectividad, en consecuencia, dicha reparación se traduce en daños y perjuicios que son equiparables al pago legal y justo por la ocupación previa, que a su vez comprende las percepciones agrícolas dejadas de percibir por el actor, a partir del tres de febrero de dos mil seis (fojas 586 vuelta a 589). b) Asimismo, determinó como fecha cierta para computarse la temporalidad de la afectación sufrida por el accionante, el tres de febrero de dos mil seis, pues fue a partir de esa data que la parte actora tuvo conocimiento de la afectación que sufrió su parcela, dado que en esa fecha se iniciaron los trabajos de construcción para la carretera (fojas 588 vuelta y 589). c) Con fundamento en los artículos 1158 y 1934, del Código Civil Federal, declaró improcedente la excepción de prescripción hecha valer por la demandada, atendiendo a que los daños y perjuicios causados han sido continuos (fojas 591 vuelta y 592). II. Valoración de pericial. a) De igual manera, determinó condenar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a pagar a favor del quejoso la cantidad de $***, moneda nacional), por concepto de daños y perjuicios - quedando inmersas en este rubro las percepciones agrícolas- correspondiente al periodo de octubre de dos mil ocho a noviembre de dos mil diecisiete; previa valoración de los dictámenes en topografía y valuación de inmuebles ofrecidos por las partes y el perito tercero en discordia; cantidad a la cual en etapa de ejecución deberá sumarse la que resulte desde diciembre de dos mil diecisiete, hasta la fecha en que se sea pagada dicha cantidad por la secretaría demandada (foja 601 vuelta). b) Respecto a este punto, la autoridad responsable determinó que no obstante que obran las periciales en materia de valuación ofrecidas por el actor, de conformidad con el artículo 94, de la Ley Agraria, en materia de expropiación, el monto de la indemnización será determinado por el Instituto de Administración y Avalúo de Bines Nacionales (INDAABIN), toda vez dicha circunstancia no debe quedar a la voluntad de las partes, por tanto el monto debe sujetarse al avaluó que emita dicha institución (foja 596 vuelta). III. Prestaciones accesorias y avalúos genéricos. a) Determinó con relación a la prestación denominada "pago de los bienes distintos de la tierra" (magueyes pulqueros), que la misma era improcedente; asimismo, estableció que los avalúos son específicos y no genéricos, destacando en ese sentido el contenido del "Avaluó de Afectaciones de los Bienes Distintos a las Tierras", a fin de sustentar su consideración. Así, sostuvo que los avalúos y precios se establecieron bajo la óptica del promovente y adujo que la parte actora en ningún momento objetó el precio que de manera unitaria recibió, sin que se advierta que hubiere impugnada de falsa su firma, menos que negara haber firmado y recibido las cantidades monetarias por concepto de bienes distintos a la tierra (fojas 602 vuelta a 604). b) Respecto al pago de los bienes, nopales tuneros y magueyes pulqueros, señaló que dicha prestación resultaba improcedente, pues aun cuando la parte actora presentó a los testigos OME y JPMR, su declaración resultó vaga e imprecisa, añadiendo que la parte actora fue omisa en aportar el medio de prueba conducente con el cual acreditara la preexistencia de dichos bienes (foja 604). c) Declaró la nulidad de los documentos referentes al avalúo de afectaciones de bienes distintos a la tierra, acuse de pago de B.D.T., y al escrito titulado "parcelado (bienes distintos a la tierra y/o terrenos)" [fojas 604 y 605]. d) Declaró la ilegalidad parcial del avalúo maestro 05-2163 secuencia número G-37465-B, emitido por el Instituto de Administración y Avalúo de Bienes Nacionales (INDAABIN) y reiteró la nulidad del acuse recibo INDAABIN de veinticinco de noviembre de dos mil ocho (foja 607). IV. Monto de la indemnización. a) Por cuanto hace a esta prestación, la autoridad responsable sostuvo que en términos del artículo 94, de la Ley Agraria y los diversos 67, 70 y 71, del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural vigente, en materia de expropiación, será el Instituto de Administración y Avalúo de Bienes Nacionales, quien realice los avalúos correspondientes sobre la parcela afectada a fin de determinar el monto de pago de indemnización correspondiente, ya que no queda a voluntad de las partes tal aspecto y deberá sujetarse al avaluó que emita tal instituto (fojas 596 vuelta y 597). b) Determinó que la compensación recibida por el actor equivalente a $*** moneda nacional), por parte de que la demandada Secretaría de Comunicaciones y Transportes, será descontada una vez que se tenga actualizado el monto que deberá ser pagado al accionante, de conformidad con los convenios de ocupación previa, uno sin fecha y el diverso de tres de febrero de dos mil seis, los cuales se declararon nulos, sin embargo, al ser imposible devolver la tierra a su estado agrícola por la carretera que ahora se encuentra dentro de la misma, tampoco se condenó al ejidatario a devolver la compensación en comento (fojas 601 vuelta y 602). c) Por otro lado, para el cálculo del monto de la indemnización, puntualizó que deberá ser determinado mediante avalúos a cargo del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, atendiendo a su valor comercial, conforme a lo dispuesto por los artículos 73 y 80 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural vigente en la época de los hechos (fojas 611 y 622). Finalmente, determinó que lo procedente era absolver y y condenar respecto de las prestaciones reclamadas, conforme a los resolutivos que precisó (fojas 620 a 623). De lo anterior se concluye que, atento a lo resuelto por la autoridad responsable, dio cumplimiento al fallo protector, pues de la confrontación entre los efectos para los cuales se concedió la protección constitucional solicitada y los actos que efectuó la autoridad responsable precisados en párrafos anteriores, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se declara cumplida totalmente sin excesos ni defectos la ejecutoria dictada. Manifestaciones de la parte quejosa sobre el cumplimiento, mediante escrito presentado el veintiséis de febrero de dos mil veinte (foja 639). En su primer y segundo motivo de disenso, refiere que se incurrió en un defecto y exceso en el cumplimiento; sólo se acató en forma parcial el fallo protector. Tales alegaciones son infundadas, pues como se sostuvo en párrafos precedentes la responsable sí dio cumplimiento en forma total a la ejecutoria emitida en este juicio constitucional, sin excesos ni defectos. Asimismo, el amparista substancialmente en su tercer, cuarto y quinto alegato aduce que no se cumplió con el punto 2, inciso b), de los efectos de la sentencia que le otorgó el amparo, pues no se analizó en forma íntegra la pericial en valuación que ofreció, sin fundar ni motivar la razón por la cual se tenía que descontar la cantidad que previamente había recibido, y porqué el Instituto de Administración y Avalúo de Bienes Nacionales, llevará a cabo el nuevo avalúo. Las anteriores alegaciones son infundadas, pues como se narró en el presente auto, la autoridad responsable sostuvo que no se atiende al contenido de la pericial de la parte actora, en virtud que en términos del artículo 94, de la Ley Agraria y los diversos 2, fracciones III y IV, 67, 70 y 71, del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural vigente, en materia de expropiación, será el Instituto de Administración y Avalúo de Bines Nacionales, quien realice los avalúos correspondientes sobre la parcela afectada a fin de determinar el monto de pago de indemnización correspondiente, ya que no queda a voluntad de las partes tal aspecto y deberá sujetarse al avaluó que emita tal instituto. De ahí que, el Tribunal responsable sí expuso los fundamentos y motivos en los que apoyó su actuar, sin que sea materia de la litis en el presente cumplimiento, determinar si resultan aplicables o no los preceptos legales que se invocaron, así como tampoco el contenido de la pericial del tercero en discordia, pues, se reitera, no se fijaron lineamientos para que la autoridad agraria valorara o restara valor al dictamen del accionante, sino que se otorgó plenitud de jurisdicción. De igual manera, en relación a la compensación que recibió el actor, como se estableció, la autoridad agraria estableció que la suma respectiva será descontada una vez que se tenga actualizado el monto que deberá ser pagado al accionante, de conformidad con los convenios de ocupación previa, uno sin fecha y el diverso de tres de febrero de dos mil seis, los cuales se declararon nulos, sin embargo, al ser imposible devolver la tierra a su estado agrícola por la carretera que ahora se encuentra dentro de la misma, tampoco se condenó al ejidatario a devolver la compensación en comento. Al respecto, es menester establecer que como se advierte de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo directo, se dejó libertad de jurisdicción a la autoridad responsable para que analizara tal aspecto, por ende, la inconformidad que ahora reproduce, de considerarla procedente, tendrá que ser materia de análisis en un diverso juicio constitucional. Máxime, cuando en auto de dieciséis de enero del presente año (foja 527), se instruyó al Tribunal Agrario prescindiera en establecer que el aludido descuento era con motivo de la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, lo cual fue acatado en sus términos. En ese contexto, se estiman infundadas también las manifestaciones que reproduce el quejoso en su sexto alegato, en el cual afirma que no se cumplió con el efecto protector identificado con el punto 2, inciso c), pues si bien la responsable calificó de improcedente la prestación consistente en el pago de los bienes distintos a la tierra, posteriormente declara la nulidad de un avalúo y acuse de pago, en el que se apoyó para calificar de improcedente aquella prestación (pago de los bienes distintos a la tierra), lo que denota una incongruencia; ello es así, en virtud que, se reitera, en la sentencia que se cumplimenta, se otorgó libertad de jurisdicción a la autoridad responsable para que analizara tal aspecto, por ende, si la parte quejosa no está conforme con el poroceder del tribunal agrario tiene expedito su derecho para promover un nuevo juicio uniinstancial; sin que sea materia de estudio de la etapa del cumplimiento, la superficie que refiere el actor, realmente fue afectada. Finalmente, en su séptimo motivo de disenso, expone el quejoso que en la sentencia que remitió la autoridad responsable existen incongruencias en el número de parcela, además que se hace referencia a Carreteras de Cuota Puebla, sin que haya sido demandada. Tal alegato es fundado pero ineficaz, pues si bien se advierten las inconsistencias que narra, lo cierto es que al fijar la litis la autoridad responsable, asentó el número correcto de la parcela y el nombre de la parte demandada (foja 571); por lo que, se estima que tal circunstancia es insuficiente para arribar a la consideración que la ejecutoria de amparo no fue cumplida en forma total, sin excesos ni defectos. Manifestaciones de la parte tercera interesa sobre el cumplimiento, mediante oficio recibido el cinco de agosto de dos mil veinte (foja 663). Alega substancialmente que la sentencia de amparo fue cumplida; al respecto, dígase que deberá estarse a lo acordado en el presente auto. Finalmente, hágase del conocimiento a las partes, del presente acuerdo para los efectos señalados en el artículo 201, fracción I de la Ley de Amparo y, en su caso, una vez transcurrido el término de quince días establecido en el numeral 202, párrafo primero de la citada ley, archívese el expediente como asunto concluido.

Quedan 34 actuaciones en este expediente

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