Juan Hernandez Villegas

Expediente 240/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 7 actuaciones registradas, la última del 13 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
240/2021
Año
2021
Actuaciones
7
Última actuación
13/05/2021

Partes del expediente

  • Juan Hernandez Villegas
  • Subprocuraduría Especializada En Investigación de Delincuencia Organizada (Seido)

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, trece de mayo de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia dictada el veintitrés de abril de dos mil veintiuno, la cual sobreseyó en el presente juicio; por lo que, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2°, se declara que dicha resolución ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, en su oportunidad, archívese el asunto como totalmente concluido; insértese este acuerdo en el original y duplicado del incidente de suspensión. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se concedió la medida cautelar solicitada (suspensión provisional), con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. No es obstáculo, que no obre el acuse de recibo del oficio por el cual se ordenó la notificación de la referida resolución a la autoridad responsable: 1. Subprocurador Especializado en Investigación de Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República, en razón que carece de legitimación para impugnar la sentencia dictada en autos. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia XIX.1o.A.C. J/1 (10a.), cuyo epígrafe dice: "LEGITIMACIÓN EN EL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO. CARECE DE ÉSTA LA AUTORIDAD RESPONSABLE, CUANDO EL JUICIO SE SOBRESEYÓ ANTE LA NEGATIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS.". Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa; así como por oficio a las autoridades responsables y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.Así lo proveyó y firma Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, ante el(la) secretario(a) Maribel Pereda Corvera, que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de abril de dos mil veintiuno. Intégrese a los presentes autos el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla y, en atención a su contenido, remítasele copia certificada de las constancias que refiere, a excepción del auto que declara ejecutoriada la sentencia que en esta data se dicta o su cumplimiento, por razones evidentes. Lo anterior, a fin de que surtan efectos en el juicio de amparo 266/2021-IV-8, de su índice. Notifíquese por oficio al Juez Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla.

  3. Principal

    VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 240/2021, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por Tania Grisel Silva Sánchez a nombre de Juan Hernández Villegas; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Por escrito de veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno -presentado en línea- recibido a las once horas con doce minutos del veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, turnado a las once horas con quince minutos de esa data al Juzgado Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal en Ciudad de México, Tania Grisel Silva Sánchez a nombre de Juan Hernández Villegas, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y actos siguientes: "III.-AUTORIDADES RESPONSABLES: Señalo como autoridades responsables a las siguientes: ÚNICA.- Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO)." "ACTO RECLAMADO: De las autoridades responsables reclamo la violación al derecho humano que establece el artículo 22 Constitucional, siendo la incomunicación y retención ilegal de mi esposo JUAN HERNÁNDEZ VILLEGAS, así como de la cual es víctima mi familiar, toda vez que no se nos ha dado información de mi esposo, así como con sus abogados particulares que nosotros como familiares le conseguimos, por lo cual se le están violentando su derecho tutelado en el artículo 20, Apartado B, Fracciones II, III y VIII, y 22 Constitucional, así mismo como el artículo 113 fracción II, IV y IV del Código Nacional de Procedimientos Penales." (Fojas 9 y 10) La promovente narró, bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales y garantías violados los contenidos en los artículos 1, 14,16, 20 apartado B, fracciones II, III y VIII, y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (foja 10). SEGUNDO. Trámite del Juicio. Mediante acuerdo de veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, la Juez Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal en Ciudad de México, admitió la demanda, registrándola como juicio de amparo indirecto 77/2021-II, ordenando las diligencias atinentes a obtener su ratificación por parte del directo quejoso; concedió la suspensión de plano respecto de la incomunicación y actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional, tramitando incidente de suspensión, respecto de la detención fuera de procedimiento reclamada y solicitó el informe justificado a la autoridad responsable (fojas 19 a 22). El veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, ante la imposibilidad de notificar el proveído de veinticuatro anterior a Juan Hernández Villegas, se requirió a Tania Grisel Silva, para que señalara el lugar donde pudiera ser localizado aquél (foja 29). Mediante escrito presentado el ocho de marzo de dos mil veintiuno, el autorizado de la parte quejosa desahogó el requerimiento en cita, precisando que Juan Hernández Villegas, se encontraba detenido en la Fiscalía Especializada en Investigación de Secuestro y Extorsión, dependiente de la Fiscalía General del Estado de Puebla (foja 31). En consecuencia, el ocho de marzo de dos mil veintiuno, la Juez Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal en Ciudad de México, tuvo a dicha autoridad (Fiscalía Especializada), como responsable y libró exhorto 21/2021-II, dirigido al Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en Puebla, con residencia en Puebla (sic), en turno, a fin de lograr la ratificación de la demanda promovida en su favor (fojas 33 a 35); sin que se lograra la localización del buscado (foja 80). TERCERO. Incompetencia. El diez de marzo de dos mil veintiuno, la Juez Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal en Ciudad de México, declinó su competencia legal por razón de territorio, en favor del Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, en turno. Lo anterior pues de las constancias remitidas por la autoridad responsable "agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada en Investigación de Secuestro y Extorsión de la Fiscalía General del Estado de Puebla", advirtió que Juan Hernández Villegas, fue puesto a disposición del Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en Cholula, Puebla Y ordenó la remisión del asunto al juzgado de Distrito correspondiente (fojas 112 a 114). En consecuencia, mediante oficio 135, remitió todo lo actuado en el mencionado juicio de amparo 77/2021-II, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla; el cual se turnó a este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, residente en San Andrés Cholula, el dieciséis de marzo de dos mil veintiuno. CUARTO. Radicación y admisión del juicio de amparo 240/2021. Por acuerdo de dieciocho de marzo de dos mil veintiuno (fojas 118 a 123), este órgano jurisdiccional aceptó la competencia planteada y registró el juicio de amparo enviado por la Juez Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal en Ciudad de México como juicio de amparo indirecto 240/2021, y como Juan Hernández Villegas, aún no había ratificado la demanda, se requirió al Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro-Poniente, con sede en Cholula, Puebla, para que indicara el lugar en donde se encontraba recluido el quejoso directo, así como el número de carpeta judicial administrativa que se sigue en su contra, a fin de que dicho impetrante de amparo ratificara el libelo de garantías promovido en su favor por Tania Grisel Silva Sánchez. Mediante oficio 1589/2021/JC, la Jueza de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro-Poniente, con sede en Cholula, Puebla (Karla Patricia Ambrocio Vargas), informó que en contra del quejoso directo Juan Hernández Villegas, se instruye la carpeta judicial administrativa 0107/2021/CHOLULA, por su probable participación en la comisión del delito de secuestro agravado; y que el tres de marzo de dos mil veintiuno, se dictó auto de vinculación a proceso en contra de dicho quejoso, en el que se le impuso la medida de cautelar de prisión preventiva oficiosa, la cual se encuentra cumpliendo en el Centro de Reinserción Social de Cholula, Puebla (fojas 128 y 129). En consecuencia, mediante acuerdo de veintitrés de marzo de dos mil veintiuno se ordenó la ratificación de la demanda (foja 132). El veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, Juan Hernández Villegas, ratificó la demanda de amparo (foja 138), por lo que el veintinueve siguiente (fojas 139 y 140), se admitió a trámite la misma, ordenando cambiar las carátulas del incidente de suspensión formado por la Juez Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal en Ciudad de México, sin solicitar a las autoridades responsables sus informes justificados pues ya se contaba con ellos y se dio la intervención que legalmente le corresponde al agente del Ministerio Público Federal adscrito (foja 143). QUINTO. Cita para audiencia. En el mencionado acuerdo de veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, en sus dos primeras fases (pruebas y alegatos), se desarrolló al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de garantías, por razón de materia y territorio, pues se reclaman actos de esa naturaleza, atribuidos a autoridades con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar los actos reclamados que se advierten del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, de conformidad con lo establecido en el criterio sostenido en la jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Del contenido integral de la demanda de amparo e informes justificados se advierte que Juan Hernández Villegas, reclama del 1. Subprocurador Especializado en Investigación de Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República; y, 2. Encargada de la Unidad Especializada de Investigación en Privación ilegal de la Libertad en funciones de Fiscal Especializado en Investigación de Secuestro y Extorsión de la Fiscalía General del Estado de Puebla: - La incomunicación y detención ejecutadas en su persona. TERCERO. Existencia e inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método en toda sentencia de amparo, primeramente, se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y, sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Al rendir sus informes justificados, las autoridades responsables 1. Subprocurador Especializado en Investigación de Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República (foja 28); y, 2. Encargada de la Unidad Especializada de Investigación en Privación ilegal de la Libertad en funciones de Fiscal Especializado en Investigación de Secuestro y Extorsión de la Fiscalía General del Estado de Puebla (foja 90), negaron los actos reclamados. I. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. En cuanto al Subprocurador Especializado en Investigación de Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República, del contenido de lo informado por él, adminiculado con los datos proporcionados por la diversa responsable 2. Encargada de la Unidad Especializada de Investigación en Privación ilegal de la Libertad en funciones de Fiscal Especializado en Investigación de Secuestro y Extorsión de la Fiscalía General del Estado de Puebla, se aprecia que, en efecto, la primera de las autoridades mencionadas no tuvo injerencia en los hechos que rodearon la detención del directo quejoso (acaecida en la prolongación del Boulevard Valsequillo, en Puebla, Puebla, aproximadamente a las veinte horas con cuarenta y ocho minutos del veintitrés de febrero de dos mil veintiuno), por lo que la negativa en cita se corrobora, sin que la parte quejosa haya aportado prueba idónea para desvirtuarla, de ahí que con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER en este juicio, respecto de los actos reclamados al 1. Subprocurador Especializado en Investigación de Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República. Tiene aplicación al caso, en lo conducente, la jurisprudencia VI.2º J/20, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos o desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." II. EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. En relación con la encargada de la Unidad Especializada de Investigación en Privación ilegal de la Libertad en funciones de Fiscal Especializado en Investigación de Secuestro y Extorsión de la Fiscalía General del Estado de Puebla, del contenido de su informe y anexo, consistente en copia certificada de la carpeta de investigación CDI/173/2020/FEISE (fojas 90 a 111), se desprende -como ya se dijo- que Juan Hernández Villegas, fue detenido en la prolongación del Boulevard Valsequillo, en Puebla, Puebla, aproximadamente a las veinte horas con cuarenta y ocho minutos del veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, por flagrancia delictiva en relación con el hecho con apariencia del delito de secuestro, cometido en agravio de J.C.T. A las veintitrés horas con treinta y seis minutos del veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, la representación social hizo saber al hoy quejoso sus derechos y éste solicitó que le fuera designado un abogado de oficio; asimismo, al preguntarle a qué número telefónico deseaba comunicarse indicó no saber de alguno (fojas 93 a 97). A las veintitrés horas con cincuenta y cuatro minutos del veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, la representación social decretó la retención del hoy quejoso (fojas 98 a 103), lo cual le fue comunicado a este último, en la hora uno con veinticuatro minutos del veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno (foja 104). A las quince horas con cuarenta y tres minutos, del veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno el quejoso Juan Hernández Villegas, se entrevistó en privado con su defensor de oficio y tras quince minutos de plática, solicitó comunicarse vía telefónica con su suegra al 747-105-7052, lo cual así sucedió, teniendo la llamada una duración de tres minutos (foja 107). Finalmente, mediante oficio FEISE/UEIS/008/2021, la representación social pidió al Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en Cholula, Puebla, tuviera a bien fijar fecha y hora para la celebración de la audiencia inicial, dejando a su disposición al hoy quejoso en el área de seguridad de la casa de justicia de esa adscripción, precisando en dicho oficio que Juan Hernández Villegas, se encontraba ya asistido del defensor particular Francisco Samuel Colín Espinoza (fojas 108 y 109). Documentales a las que se concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Cobra aplicabilidad a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y tenor siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Así las cosas, la negativa de la autoridad de referencia se desvirtúa, toda vez que, al menos al momento de la presentación de la demanda (once horas con doce minutos, del veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno), Juan Hernández Villegas se encontraba detenido a disposición de la Fiscalía Especializada en Investigación de Secuestro y Extorsión de la Fiscalía General del Estado de Puebla; y, hasta ese instante, no había tenido oportunidad de comunicarse con su defensor o familiares. CUARTO. Causales de improcedencia. De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia del juicio, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. En efecto, para poder analizar la constitucionalidad de los actos reclamados, es necesario que la acción intentada sea procedente, es decir, que no existan obstáculos que impidan pronunciarse sobre la cuestión planteada, los cuales, se denominan causas de improcedencia. Así, la improcedencia es una institución jurídica por la cual, en un primer momento del juicio, que no involucra el conocimiento de fondo de la acción intentada, se debe indagar si están constituidos los presupuestos necesarios que configuran la relación procesal y obligan al juzgador a resolver sobre la constitucionalidad del acto reclamado. En suma, la improcedencia del juicio de amparo constituye un obstáculo que impide el pronunciamiento de fondo; por tanto, dicho estudio debe hacerse previo al análisis de la constitucionalidad del acto reclamado, pues de actualizarse alguna causa de inviabilidad, sería imposible el examen de la litis constitucional. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia II.1o. J/5 del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, la cual se transcribe enseguida: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el particular, respecto de los actos reclamados consistentes en la incomunicación y detención del quejoso, se advierte, de oficio, que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, que establece: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" El precepto reproducido prevé como causa de improcedencia del juicio de garantías, la cesación de efectos del acto que se combate por la vía constitucional, entendiéndose por tal, la destrucción de todos los efectos del acto reclamado en forma total o incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí alguna huella. a) Incomunicación. En el caso, de las actuaciones que obran en el presente sumario, ya relatadas y valoradas, se aprecia que a las quince horas con cuarenta y tres minutos, del veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, en las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Investigación de Secuestro y Extorsión de la Fiscalía General del Estado de Puebla, el quejoso Juan Hernández Villegas, se entrevistó en privado con su defensor de oficio y tras quince minutos de plática, solicitó comunicarse vía telefónica con su suegra al 747-105-7052, lo cual así sucedió, teniendo la llamada una duración de tres minutos (foja 107). De ahí que resulta inconcuso que han cesado los efectos del acto consistente en la incomunicación, ya que poco más de cuatro horas después de presentada la demanda de amparo a su favor, el directo quejoso logró la comunicación con su defensor y una familiar, de ahí que la incomunicación reclamada feneció en ese instante. Por tanto, han quedado destruidos todos los efectos del aludido acto reclamado, en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de su existencia, como si se hubiera otorgado el amparo; al habérsele restituido a la parte quejosa en el goce de las garantías individuales transgredidas. b) Detención En relación con dicho acto, se itera que del contenido de las copias certificadas de la carpeta de investigación CDI/173/2020/FEISE (fojas 90 a 111), se aprecia que: Que Juan Hernández Villegas, fue detenido en la prolongación del Boulevard Valsequillo, en Puebla, Puebla, aproximadamente a las veinte horas con cuarenta y ocho minutos del veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, por flagrancia delictiva en relación con el hecho con apariencia del delito de secuestro, cometido en agravio de J.C.T. Que a las veintitrés horas con treinta y seis minutos del veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, la representación social hizo saber al hoy quejoso sus derechos y éste solicitó le fuera designado un abogado de oficio; asimismo, al preguntarle a qué número telefónico deseaba comunicarse indicó no saber de alguno (fojas 93 a 97) Que a las veintitrés horas con cincuenta y cuatro minutos del veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, la representación social decretó la retención del hoy quejoso (fojas 98 a 103), lo cual le fue comunicado a este último en la hora uno con veinticuatro minutos del veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno (foja 104). Que a las quince horas con cuarenta y tres minutos, del veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno el quejoso Juan Hernández Villegas, se entrevistó en privado con su defensor de oficio y tras quince minutos de plática, solicitó comunicarse vía telefónica con su suegra al 747-105-7052, lo cual así sucedió, teniendo la llamada una duración de tres minutos (foja 107). Que mediante oficio FEISE/UEIS/008/2021, la representación social pidió al Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en Cholula, Puebla, tuviera a bien fijar fecha y hora para la celebración de la audiencia inicial, dejando a su disposición al hoy quejoso en el área de seguridad de la casa de justicia de esa adscripción, precisando en dicho oficio que Juan Hernández Villegas, se encontraba ya asistido del defensor particular Francisco Samuel Colín Espinoza (fojas 108 y 109) Pero además, de lo informado mediante oficio 1589/2021/JC, por la Jueza de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro-Poniente, con sede en Cholula, Puebla (Karla Patricia Ambrocio Vargas), resulta que en la carpeta judicial administrativa 0107/2021/CHOLULA, el veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, calificó de legal la detención del hoy peticionario de amparo y, el tres de marzo de dos mil veintiuno, dictó contra Juan Hernández Villegas, auto de vinculación a proceso, por su probable participación en la comisión del delito de secuestro agravado, cometido en agravio de J.C.T. (fojas 128 y 129). Así las cosas, es dable concluir que los efectos de la detención reclamada cesaron, ya que fue sustituida por la determinación de la jueza de referencia al calificar de legal la detención del directo quejoso. Justamente, en ese sentido, el artículo 131, fracción XI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, faculta al agente del ministerio público para ordenar la detención y la retención del imputado cuando resulte procedente en los términos que establece el propio código. Por su parte, el diverso numeral 308 del referido ordenamiento legal, establece que inmediatamente después de que el imputado detenido en flagrancia o caso urgente sea puesto a disposición del Juez de control, se citará a la audiencia inicial en la que se realizará el control de la detención antes de que se proceda a la formulación de la imputación. En dicha audiencia, el fiscal deberá justificar las razones de la detención y el Juez procederá a calificarla, examinará el cumplimiento del plazo constitucional de retención y los requisitos de procedibilidad, ratificándola en caso de encontrarse ajustada a derecho o decretando la libertad en los términos previstos en el código. De modo que la detención (y retención) efectuadas en la carpeta de investigación ya no tienen eficacia jurídica, tomando en consideración que el nuevo procedimiento penal contempla una resolución en la que el juez de control deberá convalidar o no tales actos, sustituyéndolos procesalmente sin importar el sentido de tal determinación, lo que redunda en la imposibilidad de que a través del juicio de garantías, se puedan restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En las relatadas condiciones, al haberse actualizado la causal de improcedencia analizada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso numeral 61, fracción XXI, se SOBRESEE en el presente juicio de garantías respecto del acto reclamado consistente en la detención de Juan Hernández Villegas. Tienen aplicación al caso, las jurisprudencias sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." No escapan a la atención de quien esto resuelve, los alegatos formulados por la parte quejosa, sin embargo, en nada inciden en lo resuelto, ya que de su lectura se aprecia que se encuentran encaminados a rebatir cuestiones relativas al auto de vinculación a proceso dictado en su contra en la carpeta judicial administrativa 0107/2021/CHOLULA, lo que no forma parte de la litis. QUINTO. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 61, 63, 65, 75 y 79 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo indirecto 240/2021, promovido por Tania Grisel Silva Sánchez a nombre de Juan Hernández Villegas,, en términos de los considerados tercero, apartado I y cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Publíquese la presente determinación en los términos que se indican en el considerando último de este fallo. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables, así como al agente del Ministerio Público Federal adscrito.Así lo resolvió y firma Horacio Oscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, ante Zeus Islas González, secretario quien autoriza y da fe.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, catorce de abril de dos mil veintiuno. Agréguese a sus autos el escrito signado por el quejoso Juan Hernández Villegas; y, visto su contenido, téngasele realizando diversas manifestaciones a manera de alegatos, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, sin perjuicio de relacionarlos nuevamente en la audiencia constitucional. Finalmente, por cuanto hace a la petición del ocursante en el sentido de que se expida copia certificada de todo lo actuado una vez que se haya dictado sentencia, dígasele que dicha petición tendrá que realizarla en el momento procesal oportuno.

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