Juan Gustavo Flores Tlahuetl

Expediente 960/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 11 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
960/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
11/12/2018

Partes del expediente

  • Juan Gustavo Flores Tlahuetl

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, once de diciembre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio signado por la Secretaria del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, por medio del cual devuelve las copias certificadas derivadas de este expediente y remite testimonio de la ejecutoria pronunciada por dicho Tribunal Colegiado, el veintinueve de noviembre del año en curso, en el recurso de queja 100/2018 de su índice, interpuesto en el presente juicio de control constitucional contra el auto de quince de octubre de dos mil dieciocho, la cual en su punto resolutivo señala: "ÚNICO. Se declara infundado el recurso de queja hecho valer por Juan Gustavo Flores Tlahuetl, ahora recurrente, en contra del auto de quince de octubre de dos mil dieciocho, dictado en el juicio de amparo indirecto número 960/2018-B, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado, dado que en la especie se actualiza la diversa causa de improcedencia analizada." En tales condiciones, acúsese el recibo de estilo correspondiente a la Superioridad; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, archívese este asunto como concluido. Por otra parte, al estar este expediente totalmente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que se desechó la demanda de amparo, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de DESTRUCCIÓN después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción I del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita. Se ordena fijar la anotación correspondiente en la carátula de este expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, cinco de noviembre de dos mil dieciocho. Agréguese a los presentes autos el oficio III-4972/2018 de la Actuaria Judicial adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, por medio del cual comunica que el treinta de octubre de dos mil dieciocho, el Magistrado Presidente de dicho órgano jurisdiccional admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa en contra del auto de quince de octubre del año en curso, dictado en el juicio de amparo en que se actúa y, que lo radicó bajo el número de toca 100/2018. De lo anterior queda enterada esta autoridad, para los efectos legales a que haya lugar.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinticinco de octubre de dos mil dieciocho. Agréguese a los presentes autos el escrito signado por el quejoso Juan Gustavo Flores Tlahuetl, por medio del cual, con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, interpone recurso de queja en contra del proveído de quince de octubre de dos mil dieciocho, dictado en este juicio de derechos fundamentales. Ahora bien, atento a que el auto impugnado es aquél por el cual se desechó la demanda de amparo, resulta evidente que no hay parte alguna a la que deba notificarse la interposición del recurso de mérito a efecto de que señale las constancias que deban remitirse para la sustanciación de la queja, como lo dispone el artículo 101 de la ley de la materia, al no habérsele dado intervención a alguna de ellas. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101, todos de la Ley de Amparo ríndase el INFORME respectivo, manifestando que ES CIERTO que el quince de octubre de dos mil dieciocho, se dictó el proveído impugnado, el cual se estima apegado a derecho. Para tal efecto, remítase copia certificada de todo lo actuado en este expediente 960/2018-B, el original del aludido escrito de agravios y el informe sobre la materia de la queja al Tribunal Colegiado en Materia Penal en turno del Sexto Circuito, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla. Finalmente, no ha lugar a suspender el procedimiento en el presente sumario constitucional, en términos del artículo 102 de la Ley de Amparo, pues como ya se dijo, el presente asunto no se encuentra en trámite, al haberse desechado la demanda que dio inicio al mismo.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, quince de octubre de dos mil dieciocho. RADICACIÓN. Vista la demanda de amparo, fórmese expediente; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; anótese en el Libro de Gobierno de este juzgado y regístrese bajo el juicio de amparo 960/2018-B. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. En principio, conviene señalar que del estudio integral de la demanda de amparo se advierte que el quejoso Juan Gustavo Flores Tlahuetl, acude a esta instancia constitucional a inconformarse de la autoridad responsable 1. Nohemí Avelino Machorro, Facilitadora en Medios Alternativos en Materia Penal de la Fiscalía General del Estado de Puebla, respecto del acto que señala como: - ."El acuerdo de fecha dos de octubre de dos mil dieciocho, en el que la abogada NOHEMI AVELINO MACHORRO facilitadora de medios alternativos en materia penal de la Fiscalía General del Estado centro estatal de medios alternativos de solución de conflictos en materia penal en la ciudad de puebla, con domicilio oficial bien conocido cito en diagonal defensores de la república esquina con 10 poniente colonia tierra y libertad, reclamo la invitación de que se me hace a presentarme el próximo día jueves 11 (once) del mes de octubre de 2018, en punto de las 18:15 (dieciocho horas con quince minutos), para una sesión de mediación, con motivo de la solicitud realizada por el C. SIMEON MAXIMO DELGADO SÁNCHEZ, en el sentido de resolver una controversia de naturaleza penal a través de un mecanismo alternativo". (Lo resaltado no es de origen). Sentado lo anterior, es factible advertir que, respecto del acto que por esta vía se reclama, se actualiza de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso." Del precepto legal trascrito se obtiene que el interés jurídico representa uno de los presupuestos básicos para la procedencia del juicio de amparo, el cual se traduce en que si las leyes o actos reclamados no lesionan la esfera jurídica del gobernado, no existe legitimación para entablar el juicio de garantías, por lo que aquél debe acreditar en forma fehaciente que el acto de autoridad reclamado vulnera en su perjuicio algún derecho subjetivo protegido por la norma jurídica, o sea, que le causa un daño, perjuicio o menoscabo en sus derechos, pues si esta circunstancia no se encuentra plenamente acreditada el juicio de garantías resulta improcedente. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia VI. 2o. J/87, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyo rubro y texto son los siguientes: "INTERÉS JURÍDICO. EN QUÉ CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona." Cabe agregar que el interés jurídico para promover el juicio de amparo debe estar plenamente acreditado y no inferirse con base en presunciones, según lo establece la jurisprudencia 2a./J. 16/94, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se cita a continuación: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." Por su parte, el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." Y, en relación con dicho numeral, debe citarse el diverso 6 de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 6.- El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." Así, de acuerdo con los preceptos transcritos, la acción constitucional de amparo únicamente compete a aquella persona que resiente un perjuicio, daño o menoscabo sobre su esfera jurídica; entendiéndose por perjuicio la afectación de un derecho legítimamente tutelado por el proceder de una autoridad o por la ley, que otorga al afectado la facultad para acudir ante el órgano competente a fin de que ese derecho protegido por la ley le sea reconocido o que no le sea violado, y ello es precisamente lo que constituye el interés jurídico a que se ha hecho referencia y que la técnica del juicio amparo toma en cuenta para la procedencia de la vía constitucional. Por consiguiente, sólo tiene interés jurídico el particular a quien la norma le otorga la facultad de exigencia oponible a la autoridad. Por su parte, el alto Tribunal ha sostenido en diversos criterios que el interés jurídico corresponde al derecho subjetivo, entendiendo como tal la facultad o potestad de exigencia, cuya institución consigna la norma objetiva del derecho, y supone la conjunción de dos elementos inseparables: a) una facultad de exigir; y, b) una obligación correlativa traducida en el deber jurídico de cumplir dicha exigencia. En ese sentido, no es factible equiparar ambas clases de interés -jurídico y legítimo-, pues el interés jurídico requiere ser tutelado por una norma de derecho objetivo o, en otras palabras, precisa de la afectación a un derecho subjetivo; en cambio, el interés legítimo supone únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de determinados actos, interés que proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico. Efectivamente, el interés legítimo es aquel que tienen aquellas personas que por la situación objetiva en que se encuentran, por una circunstancia de carácter personal o por ser las destinatarias de una norma, son titulares de un interés propio, distinto del de los demás individuos y tendente a que los poderes públicos actúen de acuerdo con el ordenamiento jurídico cuando, con motivo de la persecución de sus propios fines generales, incidan en el ámbito de su interés propio, aunque la actuación de que se trate no les ocasione, en concreto, un beneficio o servicio inmediato. El interés legítimo existe siempre que pueda presumirse que la declaración jurídica pretendida habría de colocar al accionante en condiciones de conseguir un determinado beneficio, sin que sea necesario que quede asegurado de antemano que forzosamente haya de obtenerlo, ni que deba tener apoyo en un precepto legal expreso y declarativo de derechos. Así, la afectación al interés legítimo se acredita cuando la situación de hecho creada o que pudiera crear el acto impugnado pueda ocasionar un perjuicio, siempre que éste no sea indirecto, sino resultado inmediato de la resolución que se dicte o llegue a dictarse. Establecido lo anterior, resulta importante reiterar que Juan Gustavo Flores Tlahuetl promovió esta instancia constitucional contra el acto de 1. Nohemí Avelino Machorro, Facilitadora de Medios Alternativos en Materia Penal de la Fiscalía General del Estado de Puebla, consistente en la invitación 9350/2018 para realizar una sesión de mediación, con motivo de la solicitud realizada por Simeón Máximo Delgado Sánchez, en el sentido de resolver una controversia de naturaleza penal, a través de un mecanismo alternativo, lo que hace que el juicio de amparo resulte improcedente. Es así, porque la sola integración de un expediente que tiene como finalidad la solución alternativa de un conflicto de índole penal (como sucede en la especie), así como la emisión de una invitación para acudir a una sesión de mediación para lograr tal cometido, no genera derecho alguno para defenderlo en vía de amparo, pues tal actuación no afecta de manera irreparable algún derecho sustantivo del quejoso. Para ilustrar lo anterior, es necesario citar los preceptos legales que rigen el acto reclamado: De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: "Artículo. 17.- Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. (.) Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En la materia penal regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial. (.)" Del Código Nacional de Procedimientos Penales: "Artículo 184. Soluciones alternas Son formas de solución alterna del procedimiento: I. El acuerdo reparatorio, y." "Artículo 188. Procedencia Los acuerdos reparatorios procederán desde la presentación de la denuncia o querella hasta antes de decretarse el auto de apertura de juicio. En el caso de que se haya dictado el auto de vinculación a proceso y hasta antes de que se haya dictado el auto de apertura a juicio, el Juez de control, a petición de las partes, podrá suspender el proceso penal hasta por treinta días para que las partes puedan concretar el acuerdo con el apoyo de la autoridad competente especializada en la materia..." "Artículo 189. Oportunidad Desde su primera intervención, el Ministerio Público o en su caso, el Juez de control, podrán invitar a los interesados a que suscriban un acuerdo reparatorio en los casos en que proceda, de conformidad con lo dispuesto en el presente Código, debiendo explicarles a las partes los efectos del acuerdo..." De la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos en Materia Penal: "Artículo 1. Objeto general Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés social y de observancia general en todo el territorio nacional y tienen por objeto establecer los principios, bases, requisitos y condiciones de los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal que conduzcan a las Soluciones Alternas previstas en la legislación procedimental penal aplicable. Los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal tienen como finalidad propiciar, a través del diálogo, la solución de las controversias que surjan entre miembros de la sociedad con motivo de la denuncia o querella referidos a un hecho delictivo, mediante procedimientos basados en la oralidad, la economía procesal y la confidencialidad." "Artículo 2. Ámbito de competencia Esta Ley será aplicable para los hechos delictivos que sean competencia de los órdenes federal y local en el marco de los principios y derechos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. La competencia de las Instituciones especializadas en mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal dependientes de las Procuradurías o Fiscalías y de los Poderes Judiciales de la Federación o de las entidades federativas, según corresponda, se determinará de conformidad con lo dispuesto por la legislación procedimental penal y demás disposiciones jurídicas aplicables." "Artículo 3. Glosario (.) VII. Invitación: El acto del personal del Órgano realizado para solicitar la comparecencia de alguno de los Intervinientes en el Mecanismo Alternativo; (.)" "Artículo 4. Principios de los Mecanismos Alternativos Son principios rectores de los Mecanismos Alternativos los siguientes: I. Voluntariedad: La participación de los Intervinientes deberá ser por propia decisión, libre de toda coacción y no por obligación; (.)" "Artículo 7. Derechos de los Intervinientes Los Intervinientes en los Mecanismos Alternativos tendrán los derechos siguientes: I. Recibir la información necesaria en relación con los Mecanismos Alternativos y sus alcances; II. Solicitar al titular del Órgano o al superior jerárquico del Facilitador la sustitución de este último, cuando exista conflicto de intereses o alguna otra causa justificada que obstaculice el normal desarrollo del Mecanismo Alternativo; III. Recibir un servicio acorde con los principios y derechos previstos en esta Ley; IV. No ser objeto de presiones, intimidación, ventaja o coacción para someterse a un Mecanismo Alternativo; V. Expresar libremente sus necesidades y pretensiones en el desarrollo de los Mecanismos Alternativos sin más límite que el derecho de terceros; VI. Dar por concluida su participación en el Mecanismo Alternativo en cualquier momento, cuando consideren que así conviene a sus intereses, siempre y cuando no hayan suscrito el Acuerdo; VII. Intervenir personalmente en todas las sesiones del Mecanismo Alternativo; VIII. De ser procedente, solicitar al Órgano, a través del Facilitador, la intervención de auxiliares y expertos, y IX. Los demás previstos en la presente Ley." "Artículo 14. Invitación al Requerido La Invitación al Requerido la realizará el Órgano dentro de los cinco días hábiles siguientes contados a partir de la fecha del registro del expediente del caso, por cualquier medio que asegure la transmisión de la información en los términos de la legislación procedimental penal aplicable. La Invitación se hará preferentemente de manera personal." "CAPÍTULO II DE LA MEDIACIÓN Artículo 21. Concepto Es el mecanismo voluntario mediante el cual los Intervinientes, en libre ejercicio de su autonomía, buscan, construyen y proponen opciones de solución a la controversia, con el fin de alcanzar la solución de ésta. El Facilitador durante la mediación propicia la comunicación y el entendimiento mutuo entre los Intervinientes." De los preceptos legales transcritos se advierte que, efectivamente, el desahogo de diligencias para la solución alternativa de un conflicto de naturaleza penal no causa un daño o perjuicio irreparable al gobernado a quien están dirigidas, pues uno de los principios rectores del procedimiento de mediación es la voluntariedad, que se traduce en que la participación en un procedimiento de tal naturaleza es, en todo caso, por decisión propia y no por obligación, esto es, nadie puede constreñir al aquí quejoso a someterse al procedimiento de mediación o a acudir a las sesiones que para tal efecto se programen, sino únicamente constituye la oportunidad procesal de solucionar alternativamente un conflicto de intereses suscitado con otro miembro de la sociedad. Lo anterior se robustece si se toma en cuenta que los medios alternativos de solución al conflicto tienen su fundamento en el transcrito artículo 17, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, el mencionado precepto constitucional prevé como derecho fundamental de los gobernados la instrumentación y búsqueda de mecanismos alternativos de solución de controversias, pues establece que las leyes contemplarán medios alternativos de solución al conflicto y, en materia penal, regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial, como en la especie acontece en la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal. Así, la citada ley establece los mecanismos a seguir para la práctica de sesiones con la finalidad primordial de dirimir controversias que surgen entre miembros de la sociedad sin necesidad de la intervención judicial, a saber: mediación, conciliación y junta restaurativa; para lo cual, el organismo especializado puede emitir invitaciones, que el artículo 3 del ordenamiento legal en cita define como el acto del personal del órgano, para solicitar la comparecencia de alguno de los Intervinientes en el mecanismo alternativo, con la finalidad de lograr una mediación. Por su parte, la mediación se conceptualiza por el artículo 21 de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal como el mecanismo voluntario mediante el cual los intervinientes, en libre ejercicio de su autonomía, buscan, construyen y proponen opciones de solución a la controversia, con el fin de alcanzar la solución de ésta. Con base en lo anterior, es dable concluir que si por mandato constitucional y legal, la institución especializada en medios alternativos de solución de conflictos en materia penal tiene la facultad de invitar a los gobernados a celebrar sesiones tendentes a solucionar la controversia que se haya suscitado con otro miembro de la sociedad, dicha invitación para celebrar una sesión de esa índole no le irroga perjuicio alguno al quejoso, pues tal procedimiento alternativo es completamente voluntario y de ninguna forma el quejoso puede ser compelido por la autoridad responsable a asistir a la sesión de mediación ni mucho menos a celebrar, en su caso, algún acuerdo reparatorio. Además, debe decirse que el derecho fundamental de acceder a medios alternativos de solución de controversias previsto en el citado párrafo cuarto del artículo 17 constitucional, no se contrapone con la garantía de tutela judicial, prevista en el segundo párrafo de dicho ordinal, y que consiste en que todo gobernado tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes; pues ambas prerrogativas tiene la misma finalidad, que es la de solucionar controversias. Cobra aplicación la tesis III.2o.C.6 K (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, cuyo rubro y texto a continuación se transcriben: "ACCESO A LOS MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS, COMO DERECHO HUMANO. GOZA DE LA MISMA DIGNIDAD QUE EL ACCESO A LA JURISDICCIÓN DEL ESTADO. Los artículos 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, reconocen a favor de los gobernados el acceso efectivo a la jurisdicción del Estado, que será encomendada a tribunales que estarán expeditos para impartir justicia, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial; en ese sentido, la Constitución Federal en el citado artículo 17, cuarto párrafo, va más allá y además de garantizar el acceso a los tribunales previamente establecidos, reconoce, como derecho humano, la posibilidad de que los conflictos también se puedan resolver mediante los mecanismos alternativos de solución de controversias, siempre y cuando estén previstos por la ley. Ahora bien, en cuanto a los mecanismos alternativos de solución de controversias, se rescata la idea de que son las partes las dueñas de su propio problema (litigio) y, por tanto, ellas son quienes deben decidir la forma de resolverlo, por lo que pueden optar por un catálogo amplio de posibilidades, en las que el proceso es una más. Los medios alternativos consisten en diversos procedimientos mediante los cuales las personas puedan resolver sus controversias, sin necesidad de una intervención jurisdiccional, y consisten en la negociación (autocomposición), mediación, conciliación y el arbitraje (heterocomposición). En ese sentido, entre las consideraciones expresadas en la exposición de motivos de la reforma constitucional al mencionado artículo 17, de dieciocho de junio de dos mil ocho, se estableció que los mecanismos alternativos de solución de controversias "son una garantía de la población para el acceso a una justicia pronta y expedita ..., permitirán, en primer lugar, cambiar al paradigma de la justicia restaurativa, propiciarán una participación más activa de la población para encontrar otras formas de relacionarse entre sí, donde se privilegie la responsabilidad personal, el respeto al otro y la utilización de la negociación y la comunicación para el desarrollo colectivo"; ante tal contexto normativo, debe concluirse que tanto la tutela judicial como los mecanismos alternos de solución de controversias, se establecen en un mismo plano constitucional y con la misma dignidad y tienen como objeto, idéntica finalidad, que es, resolver los diferendos entre los sujetos que se encuentren bajo el imperio de la ley en el Estado Mexicano." Bajo ese contexto, la invitación 9350/2018 de dos de octubre de dos mil dieciocho, que la autoridad responsable emitió al aquí quejoso Juan Gustavo Flores Tlahuetl, para que acudiera a las dieciocho horas con quince minutos del once de octubre de dos mil dieciocho, para la celebración de una sesión de mediación en el expediente 1563/2018/UAT-04/CEMASC (datos que se corroboran del anexo de la demanda de amparo) con la finalidad de solucionar un conflicto suscitado con Simeón Máximo Delgado Sánchez, de conformidad con lo expuesto anteriormente, no causa perjuicio alguno al peticionario de amparo. En las relatadas condiciones, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, por lo que, con fundamento en lo establecido en el artículo 113, de la ley en cita, se desecha la demanda de amparo que se analiza. DOMICILIO. Téngase como domicilio de la parte quejosa el que señala en su libelo de cuenta. AUTORIZADOS. Se tiene como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de la Materia, a Jesús Márquez Téllez, Catalina Zorayda Martínez Rivera y Luis Nicolás Águila Solís, atento a que después de consultar la página de internet www.cedulaprofesional.sep.gob.mx. se constató que sí cuentan con cédula profesional que los acredita como licenciados en derecho. Y por autorizados con las facultades restringidas previstas en el artículo 12 de la Ley de Amparo, a las demás personas que refiere en su libelo de cuenta, pues el quejoso, no proporcionó datos de sus cédulas profesionales, a fin de corroborar que las mismas se encuentran registradas ante la Secretaría de Educación Pública o en el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Atenta la carga de trabajo y al principio de expedites en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los Actuarios para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento. AUTORIZACIÓN ZONA CONURBADA. Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cuanto a la manifestación de la parte quejosa respecto a la oposición de la publicación de sus datos personales, dígasele que en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. DIGITALIZACIÓN. Acorde a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.

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