Juan Guillermo Rocha López
Expediente 637/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 637/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 12/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Juan Guillermo Rocha López
- Director Jurídico del Instituto de Educación Básica del estado de Morelos
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a doce de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que el plazo de cinco días que establece el numeral 98, de la Ley de Amparo para interponer el recurso de queja, en contra de la determinación que desechó la presente demanda de amparo, ha transcurrido según se desprende de la certificación de cuenta y de la constancia de notificación que obra en este expediente, sin que la parte quejosa lo haya interpuesto; por tanto, QUEDA FIRME la resolución de referencia. De conformidad con lo dispuesto por el precepto 214, de la Ley de Amparo, y previa la anotación en el libro de gobierno, archívese este expediente como concluido. En ese sentido, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Esto, de conformidad con el artículo 34 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de la hipótesis contemplada en el artículo 20, fracción lV del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se desecho el juicio en lo principal, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que pueden ser destruidos en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 21,22 y 23 del Acuerdo General de referencia. Asimismo, en términos del precepto 18, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Roberto Bravo Vargas, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a doce de mayo de dos mil veintitrés. Téngase por recibida la demanda de amparo presentada físicamente por Juan Guillermo Rocha López, por propio derecho, contra actos del Director Jurídico del Instituto de Educación Básica del estado de Morelos. Registro de la demanda Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno electrónico con el número que corresponda, de conformidad con el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, cuya última modificación se publicó en el mismo medio de difusión el veintiocho de octubre de dos mil veintidós. Precisión del acto reclamado Antes de proveer sobre la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, se advierte que su acto reclamado lo hizo consistir, literalmente, en el siguiente: "III.- AUTORIDAD RESPONSABLE.- Lo son en este caso: LAS ORDENADORAS. 1.- RAFAEL VARGAS LARIOS.- EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR JURÍDICO DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS, con domicilio en nueva china, lomas de cortes, 62240 Cuernavaca, Morelos. [.] IV.- ACTO RECLAMADO.- DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS.- LA PROBABLE SUSPENSIÓN DE LOS EFECTOS DEL NOMBRAMIENTO DEL SUSCRITO QUEJOSO COMO SUPERVISOR ESCOLAR DE LA ZONA 4 DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS". [sic] Asimismo, en el primer concepto de violación señalado en su demanda de amparo, la parte quejosa refirió lo siguiente: ".sin que me hubiera notificado acuerdo de inicio de procedimiento, o de sujeción a proceso, para de esta forma proceder a la separación, destitución, cese o baja definitiva, pues se insiste a la presente fecha no se me ha notificado el inicio de algún procedimiento en mi contra, y existe la posibilidad de que pueda hacer removido del nombramiento que actualmente desempeño como supervisor de zona." -Lo resaltado es propio- Desechamiento de la demanda Con fundamento en el artículo 113 de la actual Ley de Amparo, que establece que al examinarse el escrito de demanda y encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo conducente es desechar de plano la presente demanda, de conformidad con la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5º, fracción I y 6º de la Ley de Amparo, que a la letra disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5°.- Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo.". "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." De los artículos anteriores se advierte que el juicio de amparo es improcedente en los casos en que esa improcedencia derive de la Ley de Amparo. Asimismo, se prevé que la persona quejosa tiene tal carácter cuando aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la Ley de Amparo, y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico En el presente caso, del estudio integral de la demanda y de las propias manifestaciones de la parte quejosa se advierte que el acto que reclama es futuro de realización incierta. Lo anterior, pues como se adelantó, la parte quejosa en los conceptos de violación de su demanda, refirió que dicho acto que reclama no le ha sido notificado; sin embargo, ante la posibilidad de que pueda ser removido del nombramiento que actualmente desempeña como supervisor de zona, promueve el presente juicio de amparo. Asimismo, debe tomarse en cuenta que la parte quejosa tuvo conocimiento del acto que combate por comentarios de algunos maestros que imparten clases en el plantel educativo en donde se encuentra adscrito, por lo que válidamente puede afirmarse que el acto reclamado no se ha ejecutado o materializado. Entonces, la probable suspensión de los efectos del nombramiento como supervisor escolar de la zona cuatro de educación secundaria del Instituto de Educación Básica del estado de Morelos, no ocasiona, en este momento un agravio personal y directo en términos de lo que dispone el artículo 6º de la ley de amparo, en la esfera jurídica de la solicitante del amparo, que haga procedente el juicio constitucional, pues no irroga ningún perjuicio en sus derechos sustantivos. En todo caso, los actos impugnados son futuros e inciertos, ya que de los antecedentes narrados en la demanda de cuenta, no se advierte que se hubiere realizado alguna notificación o que se hubieren suspendido los efectos del nombramiento como supervisor escolar de la zona cuatro de educación secundaria del Instituto de Educación Básica del estado de Morelos, por lo que es dable afirmar que no se ha concretado un perjuicio en la esfera jurídica de la parte quejosa. De este modo, los actos reclamados son meras posibilidades, por lo que ante la falta de un acto o actos que deparen un perjuicio actual, inmediato y directo en su esfera jurídica, el juicio de amparo será improcedente. Es importante mencionar que, tratándose de actos futuros, probables o remotos, respecto de los cuales no existe una certeza clara y fundada de su realización, no procede el juicio de amparo indirecto, puesto que estos carecen de la producción de algún efecto jurídico, al ser precisamente, de realización incierta. Cobra aplicación a lo anterior, la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1032, tomo XV, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 284557, de rubro y texto siguiente: "ACTOS FUTUROS O PROBABLES. Contra ellos es improcedente conceder el amparo.". Así, como la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 839, tomo XX, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 282232, de rubro y texto siguiente: "ACTOS FUTUROS. Contra ellos es improcedente conceder la protección federal.". No se pierde de vista la jurisprudencia 1a./J. 25/2003, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "DEMANDA DE AMPARO. LA RECLAMACIÓN DE UN ACTO FUTURO O INCIERTO, DEL CUAL NO PUEDA SABERSE CON EXACTITUD SI ES INMINENTE O SI LLEGARÁ O NO A MATERIALIZARSE, NO CONSTITUYE UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, POR LO QUE EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE", en la cual se sostuvo, en esencia, que la reclamación de un acto futuro o incierto del que no puede saberse con exactitud si es o no inminente, no constituye un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Sin embargo, esta determinación es acorde a ese criterio jurisprudencial, pues la propia Primera Sala del Máximo Tribunal, en la ejecutoria de la contradicción de tesis 62/2002-PS, de la que derivó la jurisprudencia en comento, sostuvo lo siguiente: "Con base en lo expuesto en las líneas que anteceden, se puede advertir que existen actos futuros e inciertos y actos futuros pero inminentes. En los primeros, su realización está sujeta a meras eventualidades, y por ser inciertos constituyen un supuesto de improcedencia del juicio de amparo, ya que la eventualidad y la incertidumbre de su realización no permiten asegurar que el acto reclamado perjudica a la parte promovente del amparo o que existe una cercanía en la realización del perjuicio, que el artículo 4o. de la ley en cita exige como condición para que pueda promoverse el juicio. En ese supuesto, con apoyo en el artículo 145 de la propia ley, procede desechar la demanda, por existir un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En cambio, respecto de los actos citados en segundo lugar, por su calidad de inminentes, prevalece la certeza de que se realizarán, ya sea de inmediato o cumplidas ciertas condiciones, y debido a la plena convicción de que habrán de realizarse en tiempo cercano, es procedente contra ellos el juicio de garantías. En esas circunstancias, cuando de la simple lectura de la demanda de amparo indirecto se advierta, sin lugar a dudas, que los actos reclamados son futuros e inciertos, se actualiza el supuesto de motivo manifiesto e indudable de improcedencia, y con fundamento en el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito puede y debe desecharla de plano. Sin embargo, cuando exista duda de si tales actos, bajo determinadas condiciones, llegarán a realizarse o se requieran elementos probatorios para saber si verdaderamente se trata de actos futuros e inciertos, se deberá admitir la demanda a trámite, sin perjuicio de que durante la tramitación del juicio quede plenamente probado que efectivamente se trata de un acto de ese tipo, ya que en este último supuesto, ante la certeza de la existencia de una causal de improcedencia, lo conducente será sobreseer en el juicio. [.] En otras palabras, se puede afirmar con propiedad que si al reclamarse en la demanda de amparo indirecto un acto de carácter futuro e incierto, por ejemplo, la probable orden de un embargo de bienes, de lanzamiento y desocupación de un inmueble, o cualquier otra actuación de un juicio civil donde se involucre el posible conocimiento del emplazamiento o de la existencia del juicio civil por parte de la quejosa, y con la sola lectura de la demanda no puede saberse con exactitud si a pesar de ser un acto futuro es inminente, o bien, si se llegará o no a materializar el acto que le agravie, cuya situación haga necesario contar con elementos de prueba que permitan una correcta conclusión; ese acto, así reclamado, al generar duda, no constituye un motivo manifiesto e indudable de improcedencia que amerite aplicar el artículo 145 de la Ley de Amparo, para desechar de plano la demanda y, en consecuencia, el Juez de Distrito deberá admitir a trámite la demanda (a menos que existiera algún otro motivo real para desechar o mandar aclarar el escrito inicial), y hasta que se pronuncie la sentencia resolver lo conducente en el juicio de amparo. Esto obedece a que para estar en condiciones de saber si el acto reclamado que es considerado como futuro, se realizará por parte de la autoridad, el Juez debe tener a la vista las pruebas que podrían constar en un determinado juicio o archivo público, y si estima racionalmente que en el lapso comprendido entre la presentación de la demanda de amparo y el momento en que se decide sobre su admisión, la responsable ya ordenó que se lleve a cabo el acto reclamado o esté a punto de hacerlo, o bien, que aunque ésta lo llegara a negar en su informe justificado, el afectado pudiera demostrar lo contrario durante el juicio, es conveniente admitir la demanda. Si bien esa información pudiera no desprenderse íntegramente de la sola lectura de la demanda de amparo indirecto, y no obstante que la eventual existencia del acto reclamado podría generar un motivo de improcedencia del juicio de amparo, al contarse con indicios que permitan presumir tanto que el acto reclamado puede tener existencia, como que puede no tenerla, dicho motivo de improcedencia no es manifiesto ni indudable, como para poder desechar la demanda desde el primer acuerdo que se dicta en esa instancia, tal como lo exige el artículo 145 de la Ley de Amparo." Como puede verse, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación clasifica a los actos futuros de la siguiente manera: Actos futuros e inciertos: su realización está sujeta a meras eventualidades, y por ser inciertos constituyen un supuesto de improcedencia del juicio de amparo, ya que la eventualidad y la incertidumbre de su realización no permiten asegurar que el acto reclamado perjudica a la parte promovente del amparo o que existe una cercanía en la realización del perjuicio. Actos futuros pero inminentes: son aquellos respecto de los cuales prevalece la certeza de que se realizarán, ya sea de inmediato o cumplidas ciertas condiciones, y debido a la plena convicción de que habrán de realizarse en tiempo cercano, es procedente contra ellos el juicio de amparo. A raíz de esa clasificación, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene que, tratándose de actos futuros e inciertos, el juicio de amparo es improcedente, pues no se tiene certeza de si se realizarán o no. Respecto de los actos futuros inminentes, se determinó que el amparo indirecto sí es procedente, pues al ser inminentes, solo se requiere con que se cumplan determinadas condiciones, de las que se tiene plena certeza de que se realizarán, de manera que el acto habrá de realizarse en un tiempo cercano. En esas circunstancias, la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó en que si de la demanda de amparo se advierte, sin lugar a dudas, que los actos reclamados son futuros e inciertos, se actualiza el supuesto de motivo manifiesto e indudable de improcedencia, por lo que debe desecharse. No obstante, cuando se tiene duda de si tales actos, bajo ciertas condiciones llegarán a realizarse, o se requieren de elementos probatorios para saber si verdaderamente se trata de actos futuros e inciertos, se debe admitir a trámite la demanda. En el caso, si el acto reclamado consiste en la probable suspensión de los efectos del nombramiento del quejoso como supervisor escolar de la zona cuatro de educación secundaria del Instituto de Educación Básica del estado de Morelos; puede afirmarse que se tratan de actos futuros inciertos, pues se requiere en primer lugar, que la autoridad responsable lleve a cabo tal acto de molestia. Lo anterior es así, ya que ante la falta de notificación del procedimiento que posiblemente fue incoado en su contra, no puede suponerse un agravio en sus derechos sustantivos que la doten del interés jurídico para acudir a este juicio de amparo. Máxime que los actos administrativos no nacen a la vida jurídica sino hasta el momento en que son dados a conocer al particular mediante la legal notificación de los mismos, tal y como lo prevé el artículo 9° de la Ley de Procedimiento Administrativo para el estado de Morelos. En efecto, lo que se pretende a través de la notificación es hacer saber a la persona gobernada la existencia de un procedimiento enderezado en su contra para que comparezca al mismo a oponer defensa. Por tanto, conforme a los requisitos exigidos por la Constitución general y las leyes reglamentarias, tratándose de procedimientos administrativos, se insiste que los actos administrativos surtirán sus efectos en la esfera jurídica de la persona afectada, una vez que se notifiquen, pues ello tiene por objeto impedir que ese tipo de procedimientos se efectúen arbitraria y unilateralmente, es decir, con la sola intervención de la autoridad. Así, el solo dictado del acto o de los actos administrativos no tornan procedente el juicio de amparo en contra de estos, pues en todo caso, las consecuencias jurídicas que de ellos deriven, llegarán a la órbita de los particulares una vez que se notifiquen. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.4o.A. J/36, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Marzo de 2005, página 1007, que a la letra dice: "PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. EL ACTO QUE LO INICIA ES EFICAZ A PARTIR DE SU NOTIFICACIÓN. Los procedimientos que establece la ley para desarrollar la actividad administrativa del Estado deben sujetarse a los principios de economía, celeridad, eficacia, legalidad, publicidad y buena fe, atento a lo cual el acto administrativo, que es la exteriorización de la voluntad del Estado con la que culminan dichos procedimientos, tiene como uno de sus elementos de eficacia la publicidad, que asume la forma de notificación cuando sus efectos son particulares. Por tanto, la notificación es la forma en que el acto administrativo se comunica a las partes como consecuencia de esa exteriorización, pues no es suficiente que se declare la voluntad de la administración, sino que es imperativo que llegue a la órbita de los particulares o administrados para que produzca sus efectos. Es así que a través de la notificación los particulares afectados conocen el contenido del acto y éste adquiere eficacia porque su conocimiento les permite reaccionar en su contra. Por consiguiente, la eficacia se consuma en el momento en que el interesado a quien va dirigido el acto toma conocimiento de su existencia, contenido, alcance y efectos vinculatorios, no antes, ni desde la fecha de su emisión, ya que, en este caso, sólo podría tener efectos en sede administrativa". Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis número I.7o.A.191 A, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Enero de 2003, página 1829, que es del tenor siguiente: "PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. LA FECHA CIERTA DE LA EMISIÓN DE LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA SE DETERMINA POR LA DE SU NOTIFICACIÓN. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 74 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, las autoridades tienen la obligación de emitir la resolución correspondiente dentro de los diez días siguientes al en que hubieren escuchado al infractor y desahogado las pruebas ofrecidas y admitidas, excepción hecha de los casos a que se refiere el artículo 61 de dicho ordenamiento legal; en esa tesitura, la fecha cierta de la emisión de la resolución se determina por la de su notificación, pues al estar obligada la autoridad a practicar dicha diligencia, se establece la presunción legal de que el fallo tendrá existencia jurídica a partir de ese momento; de ahí que si la autoridad la notifica fuera del plazo previsto en el artículo 39 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, implica que no se haya cumplido con las formalidades del procedimiento y, en consecuencia, que la resolución sea ilegal". Considerar lo contrario, es decir, que con la sola manifestación de quien promueve la demanda en el sentido de que posiblemente se llevarán a cabo determinados actos de molestia, como los que aquí se reclaman, implicaría que con el dicho de la persona promovente del amparo, aún bajo protesta de decir verdad, tiene validez suficiente para calificar de inminente cualquier acto. Finalmente, debe mencionarse que el acto reclamado en el juicio de amparo debe valorarse de acuerdo con la fecha en que se presentó su demanda de amparo, pues se insiste en que este medio de control constitucional solo procede contra actos existentes y concretos. De otra manera, la sentencia se ocuparía de actos posteriores y distintos a los que se promovió la demanda. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 1a./J. 36/98, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "ACTO RECLAMADO DE CARÁCTER POSITIVO. SU EXISTENCIA DEBE ANALIZARSE DE ACUERDO CON LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, AUN EN EL CASO DE ÓRDENES DE APREHENSIÓN. Cuando se trata de actos de carácter positivo, su existencia debe analizarse de acuerdo con la fecha en que se presentó la demanda de amparo, aun en la hipótesis de que se trata de orden de aprehensión, porque el juicio de garantías procede contra actos existentes y concretos, no probables o eventuales, conclusión que se obtiene de una debida intelección de los artículos 1o., fracción I, 74, fracción IV y 78 de la Ley de Amparo, en virtud de que dichos preceptos no atienden a la materia en que se haya originado el acto, ni tampoco a la naturaleza y características de éste, de manera que si la orden de aprehensión se gira con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo debe sobreseerse por inexistencia del acto reclamado." Asimismo, se invoca como sustento, la jurisprudencia 2a./J. 3/94, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja". En las relatadas condiciones, ante la notoria e indudable improcedencia explicada en los términos precisados, se desecha la demanda de amparo, en términos del arábigo 113 de la Ley de la Amparo, en relación con los diversos 61, fracción XXIII, 5° fracción I y 6°, del mismo ordenamiento. Lo anterior no es contrario al derecho de acceso a la justicia de la parte quejosa, ya que en todo caso, si la autoridad señalada como responsable determinara procedente el inicio de algún procedimiento que pudiera derivar en la suspensión de los efectos del nombramiento del quejoso como supervisor escolar de la zona cuatro de educación secundaria del Instituto de Educación Básica del estado de Morelos, puede hacer valer el medio defensa correspondiente en contra de dichas medidas, por lo que esta determinación salvaguarda su derecho de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 constitucional. Del expediente electrónico Se autoriza la consulta vía internet del expediente electrónico, así como las notificaciones electrónicas, siempre y cuando la cuenta se encuentre registrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Lo anterior, de conformidad con lo establecido por el Acuerdo 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramitación del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 8/2023 (11a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS. LA ELECCIÓN DE ESA VÍA EN EL JUICIO DE AMPARO POR LA PARTE QUEJOSA O TERCERA INTERESADA (PARTICULAR) IMPLICA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL REALICE ÚNICAMENTE AQUELLAS QUE TIENEN CARÁCTER PERSONAL. Domicilio procesal y autorizada Para el caso en que el usuario proporcionado no se encuentre registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la ley reglamentaria, téngase por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, así como por autorizada para los mismos efectos a la persona que propone. Autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo Se tienen por autorizados a los profesionistas que propone, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan registrada su cedula profesional en el sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales. Uso de medios electrónicos Se autoriza el uso de medios electrónicos para la consulta, toma y copia de acuerdos, previo aviso al encargado del expediente, así como firma de constancia que obre en autos de dicha actuación. Sirve de apoyo a lo anterior las tesis I.1o.A.23 K (10a.) y I.1o.A.22 K (10a.), emitidas Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). "REPRODUCCIÓN DIGITAL DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS NO REQUIEREN AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL PARA OBTENERLAS, AL TRATARSE DE UNA ACTIVIDAD COMPRENDIDA DENTRO DEL CONCEPTO DE "IMPONERSE DE AUTOS" (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Transparencia y acceso a la información pública (publicación de datos personales) Este asunto y los datos que en él se contengan quedan sujetos a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; en Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y, en los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aplicables. Esto implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Aunado a ello, conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de datos personales, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Esto deberán manifestarlo las partes expresamente. La falta de oposición conlleva su consentimiento para que en las resoluciones que se dicten no haya supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. Disponibilidad del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación Se exhorta a las partes para que continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea" a través de los servicios en línea que ofrece el Poder Judicial de la Federación. Consulta del expediente vía internet Se hace saber a las partes que pueden consultar el presente juicio de amparo en la página de Internet www.cjf.gob.mx. Por último, dada la voluminosidad de las documentales exhibidas por la parte quejosa, para un mejor manejo del expediente en que se actúa, se ordena formar un legajo. Notifíquese por lista y vía electrónica a la parte quejosa Así lo acordó y firma Fabiola Viridiana Ramos Castillo, secretaria en funciones de jueza, del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca; autorizada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veinticinco de enero de dos mil veintitrés, de conformidad con lo dispuesto0 en el artículo 174, párrafo segundo, del Acuerdo General de Carrera Judicial, en congruencia con los artículos 30, 44 párrafo tercero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral V.2.8. de los lineamientos para integrar las listas de personas habilitadas para sustituir a magistradas y magistrados de Circuito, juezas y jueces de Distrito, en casos de ausencias temporales superiores a quince días y en casos de impedimento; notificado a este Juzgado mediante oficio número SEADS/504/2023, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción, asistido de Jesús Alejandro Gutiérrez Godínez, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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