Juan González Castañeda
Expediente 631/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 2 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 631/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 02/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Juan González Castañeda
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, dos de junio de dos mil veintidós. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el telegrama enviado por el Presidente de la Junta Especial número Veintinueve de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, con residencia en Toluca, mediante el cual informa que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, no ha dado respuesta a los múltiples comunicados electrónicos que le han sido enviados, y refiere que remite copia certificada de los correos enviados a dicha dependencia. Al respecto, se tienen por hechas sus manifestaciones para los efectos legales a que haya lugar y para evitar dilaciones procesales, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para que en el para que en el término de tres días, contados a partir del momento en que quede legalmente notificado del presente proveído, dé cumplimiento a lo siguiente: Remita la información que obtuvo en cumplimiento a los diversos requerimientos realizados por la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de México, con sede en Toluca, ello en relación al juicio laboral 276/2011, así como a la ejecutoria de amparo. Se apercibe a la autoridad responsable que en el caso de ser omisa y de actualizarse dicho supuesto, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 237 fracción I y 258 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación del veintisiete de enero de dos mil dieciséis, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traducirá en una falta grave, esto es, en un desacato a un mandamiento judicial y que además, retrasa la impartición de justicia de manera trascendente para las partes en el presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
VISTO, para resolver el juicio de amparo 744/2021, promovido por Nueva Wal-Mart de México, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, contra actos del Congreso Constitucional del estado de Morelos y otras autoridades, y; R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el ocho de marzo de dos mil veintiuno, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, remitido el mismo día, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, Rodrigo Martínez Serrano, en su carácter de apoderado legal de Nueva Wal-Mart de México, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra los Congresos, Gobernadores, Presidentes Municipales, Tesoreros de las entidades federativas que a continuación se mencionarán: Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Querétaro, Sonora, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas; así como de la CFE Suministrador de Servicios Básicos ubicada en los distintos municipios de los estados mencionados. SEGUNDO. Mediante acuerdo de nueve de marzo de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional, registró la demanda con el número 173/2021, y previa aclaración de demanda, decretó oficiosamente la separación de autos por número de servicios de suministro de energía eléctrica, dado que se reclamó la inconstitucionalidad de preceptos normativos de diversos municipios. TERCERO. El veintinueve de abril de dos mil veintiuno, la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitió a este órgano jurisdiccional el oficio signado por la secretaria adscrita a este juzgado, que contenía inserto el auto por el que se realizó la separación de juicios; un ejemplar de la demanda de amparo recibida vía electrónica y la boleta de turno respectiva en la que se precisó que el número de suministro de energía eléctrica relativo a este expediente es el 295121031957. CUARTO. El treinta de abril de dos mil veintiuno, esta autoridad registró la demanda de amparo con el número 744/2021 y precisó que el presente juicio versaría respecto de las autoridades, actos y servicio de suministro de energía eléctrica siguientes: Autoridades responsables Actos reclamados Congreso Constitucional del Estado de Morelos ".las leyes de ingresos para el Ejercicio Fiscal 2021, mismas que prevén el derecho de alumbrado público que por esta vía se reclama su inconstitucionalidad." "Cabe señalar que la quejosa únicamente reclama de inconstitucionalidad los preceptos legales a través de los cuales le es aplicado el cobro del derecho de alumbrado público que se establece a través de las Leyes Municipales y Estatales reclamadas," "Ley de Ingresos para el Municipio de Jiutepec, Morelos, para el Ejercicio Fiscal de 2021." "Lo anterior, toda vez que mi poderdante desconoce la cuantía por Municipio, ya que únicamente realiza un pago por servicio de energía eléctrica de manera centralizada por todas las unidades que opera, y del mismo únicamente se desprende el cobro del concepto de derecho de alumbrado público, desconociendo por completo el mecanismo de cobro del mismo, así como la cuantía que se divide para pagar cada uno de los Municipios (destino final)." Gobernador Constitucional del Estado de Morelos Ayuntamiento de Jiutepec, del Estado de Morelos Tesorero del Ayuntamiento de Jiutepec, del Estado de Morelos Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 295121031957 Asimismo, este juzgado desechó la demanda por cuanto a la Comisión Federal de Electricidad Suministrador de Servicios Básicos del Municipio de Jiutepec, Morelos, y admitió a trámite la demanda por cuanto a las restantes autoridades, requirió los informes justificados respectivos, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y se señaló fecha para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que en la demanda que dio origen a este juicio se reclamó el cobro de los derechos de alumbrado público, pagados por transferencia electrónica derivada de ese cobro centralizado, además de que se señalaron como autoridades responsables a los tesoreros municipales de varios ayuntamientos de diferentes entidades federativas. En ese sentido, la competencia recae en este juzgado por ser el que previno en conocimiento, pues tiene jurisdicción sobre los municipios del estado de Morelos; entidad en la cual se prestan los servicios municipales de alumbrado público que también fueron combatidos por la parte quejosa. Esto es acorde a lo establecido en la jurisprudencia 2a./J. 165/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro "COMPETENCIA POR TERRITORIO. CUANDO SE RECLAMA LA RECAUDACIÓN Y EL COBRO DE LOS DERECHOS DE ALUMBRADO PÚBLICO, PAGADOS POR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DERIVADA DEL SISTEMA DE COBRO CENTRALIZADO CON LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD O LUZ Y FUERZA DEL CENTRO, Y SE SEÑALAN COMO RESPONSABLES A LOS TESOREROS DE VARIOS MUNICIPIOS DE DISTINTAS ENTIDADES FEDERATIVAS, AQUELLA SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESTE ESE SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL". SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar dichos actos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Conforme a dicho precepto, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama: Del Congreso y Gobernador del estado de Morelos: La inconstitucionalidad de la Ley de Ingresos del Municipio de Jiutepec, Morelos, para el ejercicio fiscal del dos mil veintiuno. Del Presidente Municipal y del Tesorero de Jiutepec, Morelos: El cobro del derecho de alumbrado público correspondiente a enero de dos mil veintiuno (del pago del servicio de energía eléctrica), en relación con el establecimiento comercial que cuenta con número de servicio 295121031957. TERCERO. Inexistencia y certeza del acto reclamado I. Es inexistente el acto reclamado consistente en la Ley de Ingresos del Municipio de Jiutepec, Morelos, para el ejercicio fiscal del dos mil veintiuno La representación del Congreso del estado de Morelos aceptó haber aprobado y expedido la Ley de Ingresos para el Municipio de Jiutepec, Morelos, para el ejercicio fiscal 2021. Por su parte, el Gobernador del estado de Morelos sostuvo que la ley antes mencionada no ha sido remitida a esa autoridad para su promulgación y publicación. Dicha circunstancia se corrobora con base en la consulta a la página de internet del Periódico Oficial del estado de Morelos estado de Morelos, así como del portal de internet oficial del Congreso de ese estado, en la cual se advierte que la ley de ingresos vigente para el aludido municipio es la del ejercicio fiscal 2019. Cobra aplicación a lo expuesto, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 65/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.-Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." De igual manera, se cita la tesis aislada emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que literalmente dice: "LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA.- El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas, debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba." En virtud de lo anterior, se tiene por inexistente el acto reclamado consistente en la Ley de Ingresos para el Municipio de Jiutepec, Morelos, para el ejercicio fiscal 2021, atribuido al Congreso y al Gobernador, ambos del estado de Morelos. En ese sentido, se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, debido a que, en el presente asunto, no existe la legislación reclamada. Por lo anteriormente expuesto, a criterio de este juzgador, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo promovido por Nueva Wal-Mart de México, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, por cuanto la Ley de Ingresos del Municipio de Jiutepec, Morelos, para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno. Refuerza las anteriores consideraciones, el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, número IV.3o.72 K, que a la letra dice: "JUICIO DE AMPARO. IMPROCEDENCIA DEL. POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Es improcedente el juicio de amparo cuando a la fecha de presentación de la demanda no existía el acto reclamado, por lo que es correcto el sobreseimiento decretado con fundamento en la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo, toda vez que la existencia del acto reclamado debe analizarse con relación a la fecha de la presentación de la demanda, y no por hechos posteriores a ésta, ya que de lo contrario la sentencia tendrá que ocuparse de actos posteriores y distintos de los que dieron origen al juicio de garantías". Cabe precisar que en el presente asunto resulta innecesario tener como acto reclamado la Ley de Ingresos para el Municipio de Jiutepec, Morelos, para el ejercicio fiscal 2019, o dar vista a la parte quejosa para ampliar su demanda con respecto a ese ordenamiento, ya que de la revisión efectuada al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), la cual se invoca como un hecho notorio, se advierte que en el diverso juicio de amparo 659/2019, del índice del Juzgado Quinto de Distrito en el estado de Morelos, la quejosa señaló como actos reclamados lo siguiente: "Atento a lo anterior, en términos del artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, de un análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: ( Del Congreso y del Gobernador, ambos del Estado de Morelos, reclama: - La expedición, aprobación y promulgación de la Ley de Ingresos para el Municipio de Jiutepec, Morelos, para el ejercicio fiscal 2019; de manera específica, el artículo 31. - La expedición, aprobación y promulgación de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, de manera específica, los artículos 144, 145, 146 y 146 Bis. ( Del Ayuntamiento del Municipio de Jiutepec, Morelos, reclama: - La aplicación de la porción normativa reclamada que prevé el cobro del derecho de alumbrado público correspondiente al primer trimestre de dos mil diecinueve, con relación a los establecimientos comerciales con números de contrato 295121031957, 295101249514 y 295121031957, que se encuentran dentro del Municipio de Jiutepec, Morelos". De la transcripción anterior se advierte que la quejosa señaló como actos reclamados, la Ley de Ingresos del Municipio de Jiutepec, Morelos, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, así como el cobro del derecho de alumbrado público correspondiente al primer trimestre de dos mil diecinueve. Asimismo, en la mencionada resolución, se concedió el amparo a la parte quejosa para los siguientes efectos: ".NOVENO. Efectos de la concesión. En términos de lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo y dadas las razones que se han dejado precisadas en el considerando que antecede, lo procedente es conceder a la persona moral denominada Nueva Wal-Mart de México Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, la protección de la Justicia Federal solicitada, para los efectos siguientes: 1. Que no se aplique ni en lo presente ni en lo futuro, la obligación tributaria prevista en los artículos 31, de la Ley de Ingresos del Municipio de Jiutepec, Morelos para el ejercicio fiscal 2019 y los diversos numerales 144, 145, 146 y 146 Bis, de la Ley General de Hacienda Municipal, del Estado de Morelos; esto es, para que no se le apliquen dichas normas durante el lapso de su vigencia, exclusivamente en relación con el Municipio de Jiutepec, Morelos, y el pago que corresponda al ejercicio fiscal de 2019. Resulta aplicable la tesis 2a. CXI/2004, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 603, Tomo XXI, enero de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 179635, cuyo rubro y texto son: [.] 2. Como consecuencia de lo anterior, se deberá reintegrar a la empresa quejosa la cantidad que acredite pagó por el derecho de alumbrado público, por el ejercicio fiscal 2019 y que hubiese ingresado a las arcas del Municipio de Jiutepec, Morelos; lo cual será materia de prueba en el periodo de ejecución de la ejecutoria concesoria de amparo. En sustento a lo anterior, por identidad jurídica sustancial, se cita la jurisprudencia 2a./J. 188/2004, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 470, Tomo XXI, enero de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 179675, del tenor siguiente: [.] 3. Resulta necesario establecer que el cumplimiento de la presente resolución no implica anular las normas inconstitucionales, atento al principio de relatividad de las sentencias de amparo; por tanto, las autoridades Congreso y Gobernador del Estado de Morelos, quedan exentos de cumplimiento alguno de este fallo; esto es así, porque la protección constitucional solo abarca los actos de aplicación dirigidos a la parte quejosa y que, en concreto, corresponden a la Tesorería Municipal de Jiutepec, Morelos; en consecuencia, tan pronto como cause ejecutoria la presente resolución, deberá requerirse a dicha autoridad, reintegre a la parte quejosa la cantidad que por concepto de derecho de alumbrado público erogó, de conformidad con lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Amparo.". Dicha resolución causó ejecutoria el veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve. De ahí que este órgano jurisdiccional considere que no se está dejando en estado de indefensión al quejoso, pues como quedó acreditado, la legislación aplicada ya fue impugnada. Dilucidado lo anterior, se tiene que ayuntamiento y el tesorero, ambos de Jiutepec, Morelos aceptaron la existencia de los actos que se les reclamaron. CUARTO. Causales de improcedencia y sobreseimiento. I. Son inoperantes las causales de improcedencia y sobreseimiento planteadas por el Congreso del estado de Morelos respecto de la Ley de Ingresos de Jiutepec, Morelos, para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno ya que se sobreseyó en el presente juicio con respecto a dicho acto Al respecto, se tiene que el Congreso del estado de Morelos invocó como causales de improcedencia y sobreseimiento, las previstas en los artículos 61, fracciones XII y XXIII, en relación con el diverso 63, fracción V, de la Ley de Amparo, por considerar que la quejosa no acreditó el acto de aplicación de la norma impugnada. Por su parte, la representación del ayuntamiento de Jiutepec, Morelos sostuvo que en el presente juicio aparecen las causales de improcedencia y sobreseimiento previstas en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5°, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, debido a que la Ley de Ingresos que aquí se impugna no afecta el interés jurídico de la parte quejosa. Sin embargo, resulta innecesario analizar las causales propuestas por esas autoridades, debido a que en el considerando anterior se resolvió sobreseer por cuanto a la Ley de Ingresos reclamada en este juicio. Finalmente, al no existir ninguna otra causal de improcedencia y de sobreseimiento que deba analizarse, y en virtud de que este juzgador tampoco advierte que se aparezca alguna de las mencionadas hipótesis, de las establecidas en los artículos 61 y 63, de la Ley de Amparo, a continuación se procede al estudio de fondo del presente asunto. QUINTO. Estudio de los conceptos de violación. El impetrante del amparo expresó los conceptos de violación que aparecen insertos en el escrito de demanda, los cuales se tienen por reproducidos en este apartado, en aras del principio de economía procesal y en relación con lo dispuesto por la Tesis de Jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". Para un mejor entendimiento de este asunto, a continuación se sintetizarán los conceptos de violación que el quejoso hizo valer en su escrito de demanda: Considera que la ley impugnada y el respectivo cobro por concepto de derecho de alumbrado público es contrario a lo previsto en el artículo 73, fracción XXIX, inciso 5°, subinciso a), de la Constitución general. Esto debido a que el Congreso de la Unión es el órgano facultado para establecer contribuciones en materia de energía eléctrica. En consecuencia los congresos locales se encuentran impedidos para legislar sobre energía eléctrica, pues de hacerlo, se invadiría una facultad exclusiva de la federación. Afirma que la inconstitucionalidad planteada contraviene el artículo 115, fracciones III, inciso b) y IV, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello en virtud de que los Municipios tendrán a su cargo la prestación del servicio de alumbrado público y tendrán derecho a recibir los ingresos derivados de la prestación de los servicios públicos a su cargo, los cuales, al tener la naturaleza de derechos, deberán ser establecidas en Ley mediante la aprobación de las Legislaturas locales. Para sostener esta afirmación, aduce que, a pesar de que la contribución se le denominó "derecho", materialmente se trata de un impuesto sobre el consumo de energía eléctrica. Ahora bien, esta contribución es violatoria de los principios de legalidad tributaria, ya que no contienen los elementos básicos de las contribuciones, como son el objeto, sujeto, base gravable, tasa o tarifa y la época de pago. Manifiesta que el cobro del derecho de alumbrado público es inconstitucional en virtud de que para el cobro de los derechos por el servicio de alumbrado público, no se atiende al costo real del servicio proporcionado por el Municipio ni mucho menos al beneficio obtenido por el particular al cual se cobran los citados derechos, toda vez que el Legislador pierde de vista que la prestación del servicio de alumbrado público es un servicio indivisible, respecto del cual no se puede cuantificar su uso, goce o los beneficios derivados del mismo por un contribuyente determinado. Asimismo, afirma que los preceptos reclamados violan el principio de equidad tributaria a que hace alusión el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la medida en que el monto a cubrir por la prestación de ese servicio no es igual para todos los usuarios del servicio, sino únicamente para aquellos que son propietarios de predios o que son consumidores de energía eléctrica. Estima que el cobro del derecho de alumbrado público resulta ser inconstitucional en virtud de que para el cobro de los derechos por el servicio de alumbrado público a que hace referencia en ellos, no se atiende al costo real del servicio proporcionado por el Municipio, sino al consumo de energía eléctrica que realiza el contribuyente. Reitera que el cobro de la contribución impugnada es inconstitucional ya que el precepto reclamado obliga únicamente a un tipo de contribuyentes a realizar el pago de derechos por el servicio de alumbrado público, no obstante que dicho servicio es aprovechado por todos y cada uno de los habitantes del municipio. Considera que el cobro del derecho de alumbrado público es inconstitucional en virtud de que los usuarios de la Comisión Federal de Electricidad, no obstante que estos no tienen el carácter de sujetos de dicha contribución y aun cuando no son necesariamente los beneficiarios del servicio de alumbrado público, son obligados a pagarlo. Afirma que el cobro del derecho de alumbrado público es violatorio a la garantía de legalidad tributaria, toda vez que se establece la obligación de realizar el pago de una contribución, sin que se fije la tasa o la tarifa aplicable para efectos del cálculo de dicha contribución en una Ley en sentido formal y material. Máxime que si bien se establece un porcentaje máximo, la aplicación de este tornaría a los derechos en cuestión en un verdadero impuesto sobre el consumo de energía eléctrica. Considera que en el caso concreto se configuró la figura de la cosa juzgada refleja, en tanto que los actos reclamados que originalmente adujo la quejosa ya fueron decretados inconstitucionales anteriormente (derecho de alumbrado público). A continuación, este juzgador procederá al estudio y análisis de los conceptos de violación reseñados con los números 1 a 6. Tales conceptos de violación son inoperantes por estar dirigidos a demostrar la inconstitucionalidad de una legislación que, conforme a lo expuesto en el considerando anterior, no le fue aplicada. Expuesto lo anterior, este juzgador procederá al estudio y análisis del concepto de violación reseñado con el número 7, suplido en su deficiencia. Lo anterior, es acorde a la jurisprudencia P./J. 104/2007, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece lo siguiente: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE CUANDO EXISTE JURISPRUDENCIA TEMÁTICA SOBRE INCONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. ES OBLIGATORIA EN EL AMPARO, A FIN DE HACER PREVALECER LA SUPREMACÍA DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Debe suplirse la queja deficiente respecto del acto concreto de aplicación de una norma legal, que si bien no ha sido específicamente declarada inconstitucional a través de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ingresa sin mayor dificultad dentro del ámbito de regulación de una jurisprudencia temática sobre inconstitucionalidad de leyes, entendida ésta como aquella referida a los actos legislativos que no pueden realizarse válidamente. Esta conclusión se justifica por las siguientes razones: 1) el Juez constitucional tiene el deber de hacer prevalecer la Constitución en cuanto ley suprema, además tiene facultades propias y autónomas para decidir si un acto o una ley viola alguna norma constitucional, con el efecto de inaplicarlo en el caso concreto, y para casos futuros en relación con el quejoso, por lo que, por mayoría de razón, tiene facultades para ejercer un prudente juicio de analogía con el objeto de verificar la aplicabilidad directa del principio contenido en la jurisprudencia al caso de su conocimiento; 2) de actualizarse el juicio de analogía, se surte la aplicabilidad del principio general contenido en la jurisprudencia, dando lugar en consecuencia al surgimiento del deber del juzgador para hacer prevalecer el derecho fundamental o la norma constitucional cuyo alcance ha sido definido; 3) el Juez constitucional tiene el deber de evitar la subsistencia de actos de aplicación de leyes declaradas inconstitucionales, con independencia de la no impugnación o el consentimiento de éstas, porque dichos actos al constituir una individualización de la norma legal, contienen necesariamente los vicios de inconstitucionalidad que la ley les ha trasladado, además de los posibles defectos propios de ilegalidad que en consecuencia se producen; y 4) el Juez constitucional tiene el deber de actuar conforme a derecho, lo que no ocurre si mediante su actuación impide la plena eficacia de la jurisprudencia temática invocada, pues ello implicaría la violación de los derechos fundamentales tutelados a través del orden jurídico". La justificación para suplir la deficiencia del concepto de violación planteado se encuentra en que este juzgador tiene el deber de hacer prevalecer la Constitución en cuanto ley suprema, además tiene facultades propias y autónomas para decidir si un acto o una ley viola alguna norma constitucional, con el efecto de inaplicarlo en el caso concreto. De este modo, dicho argumento resulta fundado y suficiente para conceder el amparo y protección de la justicia de la unión, en razón a las siguientes consideraciones: Los actos reclamados en este juicio consisten en el pago del "Derecho de Alumbrado Público", tomando como base el consumo eléctrico. Sin embargo, este tipo de contribuciones han sido declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En efecto, el Pleno del Máximo Tribunal del país sostuvo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73, fracción XXIX, inciso 5o., subinciso a), de la Constitución, es facultad del Congreso de la Unión establecer contribuciones sobre el consumo de energía eléctrica. Por tanto, cuando en los códigos y leyes locales se prevé que los derechos por servicio de alumbrado público se calculen tomándose como base la cantidad que se paga por consumo de energía eléctrica, en realidad se establece un gravamen sobre dicho consumo y no un derecho previsto por la legislación local. En todo caso, debe existir una relación lógica entre el objeto de una contribución y su base, ya que en este tipo de "derechos", no existe relación entre lo que se consume de energía eléctrica y la cantidad que debe pagarse por el servicio de alumbrado público. En consecuencia, los derechos por servicio de alumbrado público son verdaderas contribuciones establecidas por las legislaturas locales al consumo de fluido eléctrico, con lo cual invaden la esfera de facultades exclusivas de la Federación y contravienen la Constitución general. Las consideraciones anteriores se encuentran plasmadas en la jurisprudencia P. 6, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice lo siguiente: "ALUMBRADO PUBLICO, DERECHOS POR SERVICIO DE. LAS LEYES O CODIGOS LOCALES QUE ESTABLECEN COMO REFERENCIA PARA SU COBRO LA CANTIDAD QUE SE PAGA POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SON INCONSTITUCIONALES PORQUE INVADEN LA ESFERA DE ATRIBUCIONES DE LA FEDERACION. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 73, fracción XXIX, inciso 5o., subinciso a), de la Constitución, es facultad del Congreso de la Unión establecer contribuciones sobre el consumo de energía eléctrica; ahora bien, cuando en los códigos y leyes locales se prevé que los derechos por servicio de alumbrado público se calculen tomándose como base la cantidad que se paga por consumo de energía eléctrica, en realidad se establece un gravamen sobre dicho consumo y no un derecho previsto por la legislación local. En efecto, debe existir una relación lógica entre el objeto de una contribución y su base, principio que se rompe en casos como éstos, pues ninguna relación hay entre lo que se consume de energía eléctrica y la cantidad que debe pagarse por el servicio de alumbrado público, debiendo concluirse que en realidad se trata de una contribución establecida por las legislaturas locales al consumo de fluido eléctrico, con lo cual invaden la esfera de facultades exclusivas de la Federación y contravienen la Constitución General de la República". En el presente asunto, se advierte que el cobro del derecho de alumbrado público se realizó en contravención a la Constitución general y a la Ley de Ingresos para el municipio de Jiutepec, Morelos, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve. Para justificar la afirmación anterior, a continuación se transcribirá el contenido del artículo 31 de la Ley de Ingresos mencionada, que dice lo siguiente: El precepto antes transcrito comprende los elementos esenciales del tributo combatido. Sin embargo, para efectos de la presente resolución, conviene centrar la atención en el procedimiento establecido para determinar la tarifa del derecho de alumbrado público. La disposición analizada prevé que la tarifa se obtendrá con base en el costo de la prestación del servicio de alumbrado público, el cual será dividido entre el número de usuarios registrados en la CFE Suministrador de Servicios Básicos. El importe resultante de esa operación será cobrado a dichas personas en cada recibo que la empresa estatal expida. Sin embargo, con base en la información proporcionada por la CFE Suministrador de Servicios Básicos, este juzgador advierte que, el cobro del derecho de alumbrado público se está realizando en contravención al artículo anterior. En efecto, de la lectura realizada al convenio de colaboración celebrado entre el ayuntamiento responsable y la CFE Suministrador de Servicios Básicos, particularmente en su cláusula SEGUNDA, se advierte que el cobro por concepto de derecho de alumbrado público se realizará con base en los montos que se indican en el anexo E, del mismo documento. Para pronta referencia, a continuación se insertará el contenido de la cláusula que se comenta: Ahora bien, en el anexo E de dicho convenio se establecieron distintas tasas (porcentajes) para la recaudación del derecho de alumbrado público, las cuales dependerán del grupo tarifario de contratación de los usuarios del servicio de energía eléctrica que proporciona la CFE Suministrador de Servicios Básicos, y del consumo de energía eléctrica de los mismos, tal y como se demostrará a continuación: A partir de lo anterior, se puede concluir que la tarifa por concepto de derecho de alumbrado público se encuentra en un convenio entre la Comisión Federal de Electricidad Suministrador de Servicios Básicos, contraviniendo el principio de legalidad tributaria. En ese sentido, con el propósito de demostrar la contravención al principio de legalidad tributaria, respecto del derecho analizado, conviene transcribir el artículo 31, fracción IV de la Constitución general, que establece: "Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos: [.] IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes." El artículo transcrito refiere que las personas mexicanas están obligadas a contribuir al gasto público de forma proporcional y equitativa en los términos que dispongan las leyes. El principio de legalidad tributaria es aquel conforme al cual, deben constar en una ley formal y material todos aquellos elementos que sirven de base para realizar el cálculo de una contribución, como los sujetos obligados, el hecho, acto o circunstancia gravado, la base del tributo, la tasa o tarifa que debe aplicarse y el momento en que se realizará el pago respectivo Ahora bien, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 379/2012, sostuvo que el principio de legalidad tributaria, contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución general, exige que los tributos se prevean en la ley y, de manera específica, sus elementos esenciales, para que el sujeto obligado conozca con certeza la forma en que debe cumplir con su obligación de contribuir a los gastos públicos y no quede margen para la arbitrariedad de las autoridades exactoras. Tratándose de un gravamen de cuota fija puede prescindirse de ese elemento cuantificador del tributo, sin que ello implique una violación al indicado principio de justicia fiscal, al ser la propia ley la que proporciona la cantidad a pagar. De esta forma, el gobernado conocerá en todo momento la forma en que debe contribuir al gasto público. En cambio, si se trata de un impuesto de cuota variable, debe verificarse que el mecanismo conforme al cual se mide o valora la capacidad contributiva descrita en el hecho imponible, no dé margen al comportamiento arbitrario o caprichoso de las autoridades exactoras, sino que genere certidumbre al causante sobre la forma en que debe cuantificar las cargas tributarias que le corresponden, independientemente de que el diseño normativo pueda infringir algún otro postulado constitucional. Sin embargo, el derecho de alumbrado público que aquí se analiza, si bien, se encuentra previsto en la ley de ingresos municipal, lo cierto es que la tarifa se precisó en un anexo del convenio celebrado entre el municipio responsable y la Comisión Federal de Electricidad Suministrador de Servicios Básicos. Esa circunstancia vicia de inconstitucionalidad el cobro del mencionado derecho y por ende, resulta procedente conceder el amparo y protección de la justicia federal. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis 2a. LXII/2013 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice lo siguiente: "LEGALIDAD TRIBUTARIA. ALCANCE DE ESE PRINCIPIO CONSTITUCIONAL EN RELACIÓN CON LA BASE GRAVABLE DE LAS CONTRIBUCIONES. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el principio de legalidad tributaria, contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exige que los tributos se prevean en la ley y, de manera específica, sus elementos esenciales, para que el sujeto obligado conozca con certeza la forma en que debe cumplir con su obligación de contribuir a los gastos públicos y no quede margen para la arbitrariedad de las autoridades exactoras. En tal sentido, para verificar si determinada prestación pública patrimonial viola el mencionado principio por considerar que su base gravable no está debidamente establecida, debe partirse del análisis de la naturaleza jurídica de la contribución relativa, pues si constituye un gravamen de cuota fija puede prescindirse de ese elemento cuantificador del tributo, sin que ello implique una violación al indicado principio de justicia fiscal, al ser la propia ley la que proporciona la cantidad a pagar, por lo que el gobernado conocerá en todo momento la forma en que debe contribuir al gasto público; en cambio, si se trata de un impuesto de cuota variable, debe verificarse que el mecanismo conforme al cual se mide o valora la capacidad contributiva descrita en el hecho imponible, no dé margen al comportamiento arbitrario o caprichoso de las autoridades exactoras, sino que genere certidumbre al causante sobre la forma en que debe cuantificar las cargas tributarias que le corresponden, independientemente de que el diseño normativo pueda infringir algún otro postulado constitucional". Debe mencionarse que la parte quejosa acreditó haber cubierto la contribución impuesta mediante el cobro del porcentaje relativo a la cuantificación del consumo de energía eléctrica establecido en el mencionado precepto. Dicha situación se corrobora con la información proporcionada por la CFE Suministrador de Servicios Básicos. Lo anterior, sin perjuicio de que la quejosa hubiere realizado un pago centralizado, pues en todo caso, al realizar esa erogación, también cubrió lo correspondiente por el derecho de alumbrado público relacionado con el número de suministro de energía eléctrica motivo de este juicio. Por lo antes expuesto, este juzgador estima innecesario entrar al estudio del resto de los conceptos de violación formulados en el escrito de demanda, en virtud de que en nada variaría el sentido de la presente sentencia, además de que no se obtendría un mayor beneficio al alcanzado en esta determinación. Tiene aplicación, la jurisprudencia VI.2o.J/7, del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito que dice lo siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACION. CUANDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO. Si al considerarse fundado un concepto de violación ello trae como consecuencia la concesión del amparo, es innecesario analizar los restantes, ya que cualquiera que fuera el resultado de ese estudio, en nada variaría el sentido de la sentencia". SEXTO. Efectos del amparo. En las relatadas consideraciones, al resultar fundado el concepto de violación analizado lo procedente es conceder el amparo solicitado por Nueva Wal-Mart de México, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, para los siguientes efectos: El Tesorero de Jiutepec, Morelos, en el plazo de tres días hábiles contados a partir de la notificación del auto por el que esta resolución cause ejecutoria, devuelva exclusivamente la cantidad que fue pagada por concepto de alumbrado público con cargo al número de servicio que aparece en la facturación electrónica 295121031957, por el periodo comprendido enero de dos mil veintiuno, que equivale a la cantidad de $88.41 (ochenta y ocho pesos 41/100 m.n.). No se le cobre el derecho de alumbrado público, conforme a la tarifa establecida en el contrato celebrado entre el ayuntamiento de Jiutepec, Morelos y la Comisión Federal de Electricidad Suministrador de Servicios Básicos y, por tanto, no le sea exigido el pago del derecho por servicio de alumbrado público que reclama, mientras subsista ese contrato. Asimismo se precisa que, la concesión del amparo no exime a la parte peticionaria de amparo de seguir efectuando oportunamente el pago por concepto del uso de energía eléctrica que le sea proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad. Sirve de aplicación al caso concreto, la tesis jurisprudencial emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice lo siguiente: "AMPARO CONTRA LEYES FISCALES. OBLIGA A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES APLICADORAS A DEVOLVER LAS CANTIDADES ENTERADAS. Conforme al artículo 80 de la Ley de Amparo y a la tesis de jurisprudencia 201, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo I, Materia Constitucional, página 195, con el rubro: "LEYES, AMPARO CONTRA, EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN.", el efecto de la sentencia que otorga la protección constitucional es restituir al quejoso en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En ese sentido, cuando se otorga el amparo contra una norma fiscal, el efecto de la sentencia será que dicha disposición no se aplique al particular y que las autoridades que recaudaron las contribuciones restituyan no sólo las cantidades que como primer acto de aplicación de esa norma se hayan enterado, sino también las que de forma subsecuente se hayan pagado, dado que al ser inconstitucional la norma, todo lo actuado con fundamento en ella es inválido". Por lo expuesto y fundado se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Nueva Wal-Mart de México, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, respecto de los actos atribuidos al Gobernador y al Congreso, ambos del estado de Morelos, por los motivos expuestos en el considerando tercero de esta resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Nueva Wal-Mart de México, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, respecto de los actos atribuidos al ayuntamiento y al tesorero, ambos de Jiutepec, Morelos, por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta resolución, y para los efectos señalados en el considerando sexto de la misma. Notifíquese personalmente Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia de Manuel Alejandro Peñafiel Salazar, hasta hoy diecinueve de mayo de dos mil veintidós, fecha en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.
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