Juan Guillermo Luna Acosta
Expediente 951/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 13 actuaciones registradas, la última del 2 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 951/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 02/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Juan Guillermo Luna Acosta
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Irapuato, Guanajuato, dos de marzo de dos mil veintidós. CAUSA EJECUTORIA Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se aprecia que la sentencia que sobreseyó el presente asunto, no fue recurrida dentro del plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, puesto que la parte quejosa no interpuso el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso e), de la ley en comento. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales. Sin que haya lugar a realizar el cómputo a las demás partes para la interposición del recurso de revisión que prevé el numeral 86 de la ley de la materia, en atención a que esa resolución no les irroga perjuicio alguno. Es aplicable la Jurisprudencia siguiente: Época: Décima Época Registro: 2013630 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 39, Febrero de 2017, Tomo I Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 6/2017 (10a.) Página: 556 "RECURSO DE REVISIÓN. ES IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR EL TERCERO INTERESADO CONTRA LA SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO QUE SOBRESEYÓ EN EL JUICIO. Conforme a los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5 y 6 de la Ley de Amparo, el juicio constitucional procede a petición de la parte agraviada; es decir, la persona física o moral a quien la norma general o el acto reclamado afecte de forma real y actual su esfera jurídica, cuya pretensión es que se le restituya en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación y, en su caso, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que éste exija. En ese sentido, el recurso de revisión es improcedente contra la resolución que sobresee en el juicio de amparo indirecto interpuesto por el tercero interesado -quien posee ese carácter por tener un interés en que el acto reclamado subsista-, pues el principio de agravio personal y directo rige al juicio constitucional en todas sus etapas y, consecuentemente, reserva este recurso en forma exclusiva al quejoso, quien es el único que se ve afectado por ese sobreseimiento, pues va contra su pretensión de que se analice el fondo del asunto. Finalmente, el derecho de acceso a la justicia del tercero interesado para combatir no se limita, en tanto tiene a su alcance la revisión adhesiva, en caso de que su contraparte interponga la revisión principal." En esas condiciones, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. VALORACIÓN: NO es de RELEVANCIA documental. DESTINO: El expediente es DESTRUIBLE en el plazo de 3 años, contado a partir de la fecha del presente auto. Expediente incidental original. Es DEPURABLE en el plazo de 3 años contado a partir de la fecha del presente auto. Expediente incidental duplicado. Es DESTRUIBLE en el plazo de seis meses, contado a partir de la fecha en que se actúa. DOCUMENTOS: No se allegaron documentos exhibidos por la parte quejosa en el presente juicio Lo anterior, en cumplimiento a los artículos 12, 15, interpretado a contrario sentido, 18, fracción I, inciso a) y 20, fracción II, inciso a) y 21, párrafo primero, inciso a), del Acuerdo en cita Realícese la certificación en la fecha de la remisión física de los cuadernos y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). Por otro lado, se ordena devolver al Juez Tercero Civil de Partido de Irapuato, Guanajuato, las constancias que allegó en apoyo a su informe justificado, consistente en copia certificada del Juicio Sumario Civil sobre Arrendamiento Inmobiliario *****, de su índice, en un tomo. Finalmente, se requiere a las autoridades para que se abstenga de acusar recibo del oficio que este Juzgado le remite, salvo en aquellos casos en los que de manera expresa le sea solicitado, ello atendiendo a las cargas de trabajo con las que cuenta este órgano jurisdiccional. Notifíquese.
- Principal
..Único. Se sobresee en el juicio...
- Incidental
SE DICTÓ INTERLOCUTORIA EN LA QUE SE DETERMINÓ: [...] CUARTO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables, en virtud de así haberlo manifestado en sus informes previos. En razón de ello, procede pronunciarse sobre la suspensión solicitada. QUINTO. NATURALEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS (materia para la suspensión) Los actos reclamados, sus efectos y/o consecuencias, deberán ser paralizables de no haberse consumado en forma jurídica y materialmente irreparable; o bien, aquéllos deberán, al momento de resolverse la suspensión, contener efectos vigentes que perjudiquen a la parte quejosa en forma actual y presente, de manera que las violaciones permanezcan vivas y exista materia para la medida cautelar. En el caso, el quejoso solicitó que se conceda la medida cautelar, medularmente, para que las cosas se mantengan en el estado que guardan actualmente y no se proceda a su ejecución. Sobre esa base, se considera que los actos en estudio resultan paralizables, en virtud de que tiene efectos positivos, que consisten en un hacer de las responsables, voluntario y efectivo, que se materializa a través de una acción, esto es, el cumplimiento de la orden tendente a la ejecución, en su caso, de una sentencia, lo que puede derivar en una eventual trasgresión o molestia en sus bienes o derechos. SEXTO. Ponderación del interés particular sobre el interés social y las disposiciones de orden público. El artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, establece como uno de los requisitos necesarios para la procedencia de la suspensión solicitada, que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. El orden público y el interés social se perfilan como conceptos jurídicos indeterminados, de imposible definición, cuyo contenido sólo puede ser delineado por las circunstancias de modo, tiempo y lugar prevalecientes en el momento en que se realice la valoración. En todo caso, para darles significado, el Juzgador debe tener presentes las condiciones esenciales para el desarrollo armónico de una comunidad, es decir, las reglas mínimas de convivencia social, a modo de evitar que con la suspensión se causen perjuicios mayores que los que se pretende evitar con esta institución, en el entendido de que la decisión a tomar en cada caso concreto no puede descansar en meras apreciaciones subjetivas del Juzgador, sino en elementos objetivos que traduzcan las preocupaciones fundamentales de una sociedad. Paralización de la ejecución de los actos reclamados. Sobre esa base, por lo que hace a la manifestación de la parte quejosa en el sentido de que se conceda la medida cautelar para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que guardan, no se encuentra satisfecho el requisito en estudio. Se afirma lo anterior, ya que de otorgar la suspensión en los términos propuestos, se contravendrían disposiciones de orden público, así como el artículo 17 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, toda vez que los actos en estudio son tendentes y procesalmente indispensables en la secuencia de las fases de la función jurisdiccional y, por ello, revisten el carácter de actos de interés social, pues corresponden a la administración de justicia que debe ser pronta y expedita y, por lo mismo, dado el interés social que subyace en ello, no pueden considerarse, por sí mismos, como generadores de afectación al interés jurídico del quejoso, pues en el caso, no se advierte que el derecho particular de la incidentista sea oponible al interés general que tiene la colectividad de que la tramitación de los procesos jurisdiccionales sea expedita, como en el caso acontece. Resulta aplicable en lo conducente la jurisprudencia 2a./J. 81/2002 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 357 del tomo XVI, Julio de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. AL RESOLVER SOBRE ELLA, EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE EXPONER, EN SU CASO, LOS MOTIVOS POR LOS QUE CONSIDERE SE OCASIONA O NO PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL Y SI SE CONTRAVIENEN O NO DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO. Uno de los requisitos que el artículo 124 de la Ley de Amparo establece para el otorgamiento de la suspensión definitiva, es el relativo a que con tal otorgamiento no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Ahora bien, aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación no ha definido lo que debe entenderse por interés social y por disposiciones de orden público, en tanto que la apreciación de su existencia depende del caso concreto y toda vez que los juzgadores de amparo deben respetar el mandato constitucional relativo a la fundamentación y motivación de sus resoluciones como una formalidad esencial del procedimiento, tal como se desprende del contenido de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 77 de la Ley de Amparo y 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2o. de la ley que regula el juicio de garantías, se concluye que dichos juzgadores, según sea el caso, al otorgar o negar la suspensión definitiva del acto reclamado deben exponer los motivos por los que consideren se ocasiona o no perjuicio al interés social, o si se contravienen o no disposiciones de orden público." De ahí que no sea procedente conceder la medida precautoria en los términos solicitados. B) Efectos y consecuencias de los actos reclamados. Por lo que ve a los efectos y consecuencias de los actos reclamados, se considera que con lo solicitado no se causa perjuicio al interés social ni al orden público, que tiene que ver con los mayores beneficios que aseguren el desarrollo armónico de la comunidad, pues en caso de ejecutarse los actos reclamados se causaría afectación a los derechos sustantivos de la parte quejosa porque se le podría privar de bienes o derechos que difícilmente recuperaría. SÉPTIMO. Interés suspensional -estudio de la apariencia del buen derecho- De conformidad con el artículo 131 de la Ley de Amparo, sólo se concederá la medida cautelar cuando la parte quejosa acredite el interés jurídico o legítimo que justifique su otorgamiento, es decir, cuando el acto reclamado, sus efectos y/o consecuencias, afecten derechos sustantivos de la parte quejosa. La noción de interés suspensional, corresponde a la verosimilitud de la titularidad del derecho afectado por la emisión del acto de autoridad o su ejecución, para lo cual se necesita acreditar, al menos indiciariamente, el derecho para obtener la medida cautelar solicitada. En otras palabras, el denominado interés suspensional es el vínculo entre quien solicita la medida cautelar por la posibilidad de afectación a su esfera jurídica, con una determinada relación sustancial. Cobra aplicación al caso, por las razones que la conforman, la tesis I.4o.A.15 K (10a.), del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 2166, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 3, que dice: "INTERÉS SUSPENSIONAL. SU NOCIÓN EN EL CONTEXTO DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN X, PRIMER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011. El citado precepto constitucional dispone que para resolver sobre la suspensión de los actos reclamados, cuando la naturaleza de éstos lo permita, el juzgador deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social, expresión que destaca diversos elementos que deben tomarse en consideración para decidir sobre la procedencia de esa medida cautelar. En ese contexto, se considera que la noción de interés suspensional, en relación con el diverso numeral 124, fracción III, de la Ley de Amparo, corresponde a la verosimilitud de la titularidad del derecho afectado por la emisión del acto de autoridad o su ejecución, para lo cual se necesita acreditar, al menos indiciariamente, el derecho para obtener la medida cautelar solicitada. En otras palabras, el denominado interés suspensional es el vínculo entre quien solicita la medida cautelar por la posibilidad de afectación a su esfera jurídica, con una determinada relación sustancial, en la inteligencia de que ese interés es distinto de la mera solicitud a que alude la fracción I del citado artículo 124, pues ésta únicamente debe entenderse como una condición para acceder a la medida cautelar, cuya existencia permite al Juez de amparo analizar si se cumplen los requisitos de los que depende su otorgamiento. De ahí que el interés suspensional pueda considerarse comprendido en la apariencia del buen derecho, que se traduce en la justificación preliminar de la titularidad del derecho en juego". En el caso, se considera que la parte quejosa demuestra el interés suspensional que tiene para que se le otorgue la suspensión solicitada con la manifestación que realiza, bajo protesta de decir verdad, en el sentido de que sin que lo hayan emplazado debidamente a juicio, pretenden ejecutar una sentencia dictada en su contra, con lo que considera transgredida su garantía de audiencia; lo cual merece valor probatorio merced al principio de probidad que rige el juicio de amparo que implica considerar que las partes se conducen con verdad y que sus afirmaciones son ciertas; por tanto, cualquier transgresión que aduzca sobre sus derechos le afectan. Lo anterior tiene sustento en la tesis VII.2º.A.T.12 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, visible en la página mil seis, tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL, LOS ARGUMENTOS REALIZADOS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN LA DEMANDA DE AMPARO, DEBEN TOMARSE EN CONSIDERACIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE LA, SIEMPRE QUE SEAN VEROSÍMILES. El Juez de Distrito actuó contrariamente a derecho al negar la suspensión provisional de los actos reclamados, por considerar básicamente que la quejosa no acreditó contar con licencia expedida por las autoridades competentes que autorizaran el funcionamiento de la negociación clausurada, pues omitió observar que aquélla manifestó en el capítulo de antecedentes de la demanda de amparo, bajo protesta de decir verdad, que sí contaba con la licencia respectiva, sólo que no podía presentarla en ese momento debido a que se encontraba en el interior de la negociación, a la que lógicamente no tenía acceso, argumentos que son razonables y verosímiles, por lo que es evidente que si en ese momento procesal no se contaba con medios de convicción que desvirtuaran lo aseverado por la promovente, el a quo debió darles credibilidad a las afirmaciones referidas." Además, las autoridades responsables aceptaron la existencia del acto reclamado, en su informe de ley. Así, se satisfacen los mencionados requisitos para la concesión de la presente medida precautoria, esto es, que la solicita la parte quejosa, tan es así que ello motiva la sustanciación de este incidente; con lo solicitado no se causa perjuicio al interés social ni al orden público, que tiene que ver con los mayores beneficios que aseguren el desarrollo armónico de la comunidad; en caso de ejecutarse los actos reclamados se causaría afectación a los derechos sustantivos de la parte quejosa porque se le podría privar de bienes que difícilmente recuperaría. Por tanto, con fundamento en los artículos 128 y 131 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión definitiva solicitada. OCTAVO. Efectos de la concesión. Con fundamento en el artículo 147 de la Ley de Amparo, procede otorgar la medida cautelar a la parte quejosa, para el efecto de que, sin paralizar el procedimiento de origen, independientemente en la etapa en que se encuentre, en caso de que se embarguen bienes inmuebles, no se escrituren ni adjudiquen a terceros, y si se trata de muebles, no se realice la entrega de los mismos a quien haya resultado adjudicatario. Ello, en tanto la responsable reciba comunicación sobre que causó ejecutoria la sentencia que se dicte en el expediente principal del que deriva este incidente de suspensión, siempre y cuando a la fecha del dictado del presente acuerdo no haya acontecido, pues de ser así se estaría en presencia de actos consumados contra los que resulta improcedente otorgar la suspensión solicitada. Sirve de apoyo el criterio sustentado por la Primera Sala, visible en la página 515, Tomo XXIX, Abril de 2009, Novena Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO Y RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE, PUEDE ACREDITAR SU INTERÉS JURÍDICO INDICIARIA O PRESUNTIVAMENTE. Conforme al artículo 124 de la Ley de Amparo, para otorgar la suspensión provisional es necesario, además de comprobarse la existencia del acto reclamado, que: a) la solicite el agraviado, b) no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; y, c) sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto. Ahora bien, el requisito relativo a que la suspensión sea solicitada por el agraviado supone la demostración de su interés en forma presuntiva, esto es, ese acreditamiento implica que tratándose de actos tendientes a privar de la posesión, corresponde al peticionario de garantías la carga procesal de allegar elementos de prueba suficientes para establecer indiciaria o presuntivamente que realmente es titular de un derecho posesorio sustentado en una causa legal que podrá afectarse con la ejecución. Lo anterior, porque la suspensión de los actos reclamados participa de la naturaleza de una medida cautelar cuyos presupuestos son la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. Así, la sola presentación, por quien se ostenta tercero extraño al juicio, de un contrato privado de comodato, arrendamiento o compraventa original, aunque carente de fecha cierta, con la demanda de garantías, configura su interés presuntivo, al dar certeza, en un cálculo de probabilidades, de que efectivamente tiene una causa legal y que realmente posee el bien." NOVENO. Requisitos para que surta efectos la medida cautelar. Ahora bien, cabe precisar que la presente medida cautelar surte sus efectos desde luego, pero dejará de hacerlo si el quejoso no presenta dentro del plazo de cinco días, de conformidad con el artículo 136 de la Ley de Amparo, garantía por la cantidad de veinte mil pesos, que se fija de manera discrecional, en virtud de que hasta el momento no se cuenta con el valor actualizado del bien inmueble que defiende, ni con la cantidad a que asciende lo reclamado o la condena impuesta en el juicio de origen; lo anterior, dado que dicha suma resulta necesaria para garantizar los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a los terceros interesados con el otorgamiento de la medida cautelar. Garantía que deberá de presentar en cualquiera de las formas previstas por la ley, con la observación de que si la garantía es presentada en billete de depósito, éste deberá ser constituido por la parte quejosa como depositante y si se garantiza mediante póliza de fianza, la compañía afianzadora que la expida se someterá de manera expresa a la jurisdicción de este juzgado; pero en ambas el texto deberá ser el siguiente: "Para garantizar la suspensión definitiva concedida a Juan Guillermo Luna Acosta, en el incidente de suspensión 951/2021." DECIMO. Reconocimiento y notificación a tercero interesados. En acuerdo de veintidós de noviembre del año en curso, dictado en el expediente principal del que deriva este incidente, se reconoció el carácter de tercero interesados a: 1) *****, a quien por acuerdo de trece de los cursantes, emitido en el expediente principal del que deriva este incidente, en lo que interesa, se le tuvo apersonándose a la presente instancia constitucional y proporcionando un usuario registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, para la práctica de notificaciones electrónicas. 2) *****, a quien por acuerdo de nueve de los cursantes, emitido en el expediente principal del que deriva este incidente, en lo que interesa, se le tuvo apersonándose a la presente instancia constitucional y proporcionando un usuario registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, para la práctica de notificaciones electrónicas. Por tanto, de conformidad con el artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, en este incidente se les reconoce dicho carácter. NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA En consecuencia, practíquense a las tercero interesadas, por vía electrónica, las notificaciones que tengan el carácter de personales. Asimismo, como la respectiva petición lleva implícita la solicitud para la revisión del expediente electrónico, a fin de privilegiar el uso de tecnologías en la impartición de justicia, se autoriza la consulta electrónica del presente expediente, así como las facultades que permite dicho sistema. DUDAS O REPORTE SOBRE FALLAS DEL SISTEMA Se informa a las partes que sean usuarios del Portal de Servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, que para la resolución de dudas sobre su uso podrán contactarse al Escritorio de Soporte a través del correo electrónico escritoriodesoporte@correo.cjf.gob.mx, o bien, comunicarse a los números telefónicos: (55) 5449 9500 extensión 1507. (55) 5647 6050. 800 836 95 25 (Lada sin costo). En caso de que el Sistema presente fallas técnicas que impidan el envío de documentación y la consulta de las actuaciones judiciales, deberán informar sobre la respectiva problemática en el vínculo denominado "Aviso de fallas técnicas" , o bien, de no poder utilizar dicha herramienta, levantar un reporte al correo electrónico: soportejuridicopslpjf@correo.cjf.gob.mx, para que el área correspondiente rinda un informe en que precise la existencia o no de la falla reportada y, de ser el caso, la causa, el momento a partir del cual se suscitó, su alcance y el día y la hora en que se subsanó, a efecto de que este juzgado provea lo conducente. De modo que, este juzgado no podrá pronunciarse sobre la existencia de fallas que llegaran a alegar las partes, sin que medie el informe que rinda el área correspondiente, por lo que es obligación del usuario dar aviso a dicha unidad administrativa en los términos señalados en el párrafo que antecede. Sin perjuicio de lo anterior, se hace del conocimiento del interesado que el expediente físico queda a su disposición para su consulta; en el entendido que para su revisión se deberá agendar una cita para que se permita el acceso a este juzgado, a través del sistema "Agenda OJ" en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx. Además, se le comunica que, al contar con acceso al expediente electrónico, podrá descargar copia de las constancias que obran en el expediente electrónico, las cuales, de contener la evidencia criptográfica, se consideran como copias certificadas electrónicamente, y las que no la incluyan, se consideran como copias simples. Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 140 y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se niega a *****, la suspensión definitiva, por los motivos expuestos en la primera parte del considerando sexto de esta resolución. SEGUNDO. Se concede a *****, la suspensión definitiva, por las razones asentadas en el considerando séptimo en su parte final y para los efectos precisados en el diverso octavo de esta resolución. Notifíquese; vía electrónica a la fiscal adscrita y a las tercero interesadas *****; y *****.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIIONAL
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