Juan Guadalupe Fuentes Rea
Expediente 370/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 19 actuaciones registradas, la última del 17 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 370/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 17/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Juan Guadalupe Fuentes Rea
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
Irapuato, Guanajuato, diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso e), de la ley en comento, en contra de la sentencia de veinte de agosto de dos mil veintiuno, en la que por una parte se sobreseyó y por la otra se negó el amparo y protección de la justifica federal. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. Sin que sea el caso realizar el cómputo a las demás partes para la interposición del citado recurso, en atención a que lo resuelto no les irroga perjuicio alguno. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la informan, la tesis 2a./J.6/2017, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 556, Tomo I, Febrero de 2017, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 2013630, de rubro: "RECURSO DE REVISIÓN. ES IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR EL TERCERO INTERESADO CONTRA LA SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO QUE SOBRESEYÓ EN EL JUICIO". Luego, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. VALORACIÓN: No es de relevancia documental. DESTINO: Expediente principal. Es DEPURABLE en el plazo de 3 años, contado a partir de la fecha del presente auto. Expediente incidental original. Es DEPURABLE en el plazo de 3 años contado a partir de la fecha del presente auto. Expediente incidental duplicado. Es DESTRUIBLE en el plazo de seis meses, contado a partir de la fecha en que se actúa. EXISTENCIA DE DOCUMENTOS. La promovente no allegó documentos para el trámite del presente juicio. Lo anterior, en cumplimiento a los artículos 12, 15, interpretado a contrario sentido, 18, párrafo primero, fracción I, incisos a) y b); y 20 párrafo primero, fracción II, inciso a) del Acuerdo en cita. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). Por otra parte, toda vez que resulta innecesario conservar el tomo de pruebas exhibido en el presente asunto, devuélvase a la Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Atención Integral a las Mujeres, las constancias consistentes en copia autenticada de la carpeta de investigación *****, de su índice, constante en un tomo. Finalmente, se requiere a las autoridades responsables para que se abstengan de acusar recibo de los oficios que este Juzgado les remite, salvo en aquellos casos en los que de manera expresa les sea solicitado, ello atendiendo a las cargas de trabajo con las que cuenta este órgano jurisdiccional. Notifíquese.
- Incidental
AUDIENCIA INCIDENTAL [...] CUARTO. Inexistencia del acto reclamado. No son ciertos los actos que se reclaman, en el ámbito de sus atribuciones, a las siguientes responsables: -Juez de Control del Juzgado de Oralidad en Materia Penal de la Segunda Región del Estado, actuando en la sede Irapuato, Guanajuato; y, -Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Atención Integral a las Mujeres de esta ciudad. Lo anterior, en razón de que así lo manifestaron al rendir su respectivo informe previo; sin que la parte quejosa aportara medios de convicción tendentes a desvirtuar esa negativa. Al respecto, no se inadvierte que la Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Atención Integral a las Mujeres de esta ciudad, comunicó en su informe sobre la radicación de la carpeta de investigación *****, seguida contra el quejoso *****, por el hecho que la ley señala como delito de acoso sexual; la cual se encuentra en integración y en la que dicho inconforme compareció a rendir entrevista en calidad de inculpado, previa su citación. Sin embargo, se precisa que la tramitación de esa indagatoria y la citación no fueron actos por los que se admitió la demanda, por lo que de ningún modo son materia de estudio en este incidente. De ahí que no se advierta algún mandamiento de captura girado contra el incidentista. Por tanto, con fundamento en el artículo 138, de la Ley de Amparo, procede negar la suspensión definitiva por lo que hace a los actos que se atribuyen a las autoridades en mención. Sirve de apoyo al particular la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 356 del tomo X, Octubre de 1992, Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que establece: "INFORME PREVIO, LA NEGATIVA DE LOS ACTOS NO DESVIRTUADA. Si la autoridad responsable niega los actos que se les atribuyen y no se desvirtúa tal negativa, deben tenerse como inexistentes los mismos". QUINTO. Certeza del acto reclamado. La autoridad responsable Agente del Ministerio Publico de la Agencia con Detenidos, del Sistema Penal Acusatorio de esta ciudad, al rendir su informe previo, fue omisa al pronunciarse sobre la certeza o inexistencia de los actos reclamados, pues refirió que no cuenta con alguna indagatoria en que el quejoso fuera ofendido, ni ha sido omisa en ordenar medidas protectoras o de aseguramiento a su favor, lo cual no corresponde a la materia de estudio de este incidente. Sin embargo, al haber sido señalada con el carácter de autoridad ordenadora, de conformidad con el artículo 142 de la Ley de Amparo, se actualiza la presunción de certeza de los actos que se le reclaman, para el único efecto de resolver sobre la suspensión definitiva. En ese sentido, con independencia de que el Director General de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado, con residencia en la capital; y, la Jefa de Unidad de Investigación de Tramitación Común Región "B" de esta ciudad, en sus informes negaron los actos que se les atribuyen, una vez que actualizó la presunción de certeza de tales actos respecto de la representación social señalada en el párrafo que antecede, se concluye que las precitadas responsables, al tener la calidad de ejecutoras, con dicho carácter tendrán intervención en los actos reclamados, con lo que queda desvirtuada la negativa que expresaron. SEXTO. Naturaleza de los actos reclamados. Los actos reclamados, sus efectos y/o consecuencias, deberán ser paralizables de no haberse consumado en forma jurídica y materialmente irreparable; o bien, aquéllos deberán, al momento de resolverse la suspensión, contener efectos vigentes que perjudiquen a la parte quejosa en forma actual y presente, de manera que las violaciones permanezcan vivas y exista materia para la medida cautelar. En el caso, el quejoso solicitó que se conceda la medida cautelar, para que las cosas se mantengan en el estado que guardan y los actos impugnados no se ejecuten en su contra. Sobre esa base, se considera que los actos en estudio resultan paralizables, en virtud de que tienen efectos positivos, que consisten en un hacer de las responsables, voluntario y efectivo, que se materializa a través de una acción, esto es, el cumplimiento de cualquier orden tendente a la aprehensión, presentación, comparecencia, reaprehensión o detención, dictada en contra del quejoso, y en su caso, su ejecución puede implicar la molestia o privación de su libertad. SÉPTIMO. Ponderación del interés particular sobre el interés social y las disposiciones de orden público. El artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, establece como uno de los requisitos necesarios para la procedencia de la suspensión solicitada, es que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. En ese sentido, cuando se trate de actos que incidan en la libertad personal, la suspensión se decretará cuando de una ponderación entre el perjuicio al interés social y la contravención a las disposiciones de orden público frente a los daños y perjuicios que se pudieran causar a la parte quejosa con la ejecución del acto, los últimos deban prevalecer. En mérito de lo anterior, se estima que se satisface dicho requisito pues con la concesión de la suspensión solicitada no se infringen disposiciones de orden público, ni se lesiona el interés social, en atención a que la libertad es un derecho personalísimo, por lo que, la sociedad no recibe alguna afectación con motivo de que se paralicen los efectos de la orden de aprehensión, presentación, comparecencia, reaprehensión o detención librada contra el quejoso y su ejecución, impugnados en el juicio de amparo del que deriva el presente incidente. OCTAVO. Interés suspensional -estudio de la apariencia del buen derecho. De conformidad con el artículo 131 de la Ley de Amparo, solo se concederá la medida cautelar cuando la parte quejosa acredite el interés jurídico o legítimo que justifique su otorgamiento, es decir, cuando el acto reclamado, sus efectos y/o consecuencias, causen daños de imposible o difícil reparación a la parte quejosa en su esfera jurídica. La noción de interés suspensional, corresponde a la verosimilitud de la titularidad del derecho afectado por la emisión del acto de autoridad o su ejecución, para lo cual se necesita acreditar, al menos indiciariamente, el derecho para obtener la medida cautelar solicitada. En otras palabras, el denominado interés suspensional es el vínculo entre quien solicita la medida cautelar por la posibilidad de afectación a su esfera jurídica, con una determinada relación sustancial. Cobra aplicación al caso, por las razones que la conforman, la tesis I.4o.A.15 K (10a.), del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 2166, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 3, que dice: "INTERÉS SUSPENSIONAL. SU NOCIÓN EN EL CONTEXTO DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN X, PRIMER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011. El citado precepto constitucional dispone que para resolver sobre la suspensión de los actos reclamados, cuando la naturaleza de éstos lo permita, el juzgador deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social, expresión que destaca diversos elementos que deben tomarse en consideración para decidir sobre la procedencia de esa medida cautelar. En ese contexto, se considera que la noción de interés suspensional, en relación con el diverso numeral 124, fracción III, de la Ley de Amparo, corresponde a la verosimilitud de la titularidad del derecho afectado por la emisión del acto de autoridad o su ejecución, para lo cual se necesita acreditar, al menos indiciariamente, el derecho para obtener la medida cautelar solicitada. En otras palabras, el denominado interés suspensional es el vínculo entre quien solicita la medida cautelar por la posibilidad de afectación a su esfera jurídica, con una determinada relación sustancial, en la inteligencia de que ese interés es distinto de la mera solicitud a que alude la fracción I del citado artículo 124, pues ésta únicamente debe entenderse como una condición para acceder a la medida cautelar, cuya existencia permite al Juez de amparo analizar si se cumplen los requisitos de los que depende su otorgamiento. De ahí que el interés suspensional pueda considerarse comprendido en la apariencia del buen derecho, que se traduce en la justificación preliminar de la titularidad del derecho en juego". Sobre esa base, se considera que la parte quejosa demostró el interés suspensional que tiene para que se le conceda la medida de que se trata con la manifestación que, bajo protesta de decir verdad, realiza en el sentido de que no ha cometido delito alguno, así como que, si bien se encuentra sujeto a una medida cautelar por el hecho que la ley señala como violencia familiar ventilada en la causa penal *****, aduce que la ha cumplido cabalmente, por lo que considera ilegal la emisión de los actos impugnados; lo cual merece valor probatorio merced al principio de probidad que rige el juicio de amparo que implica considerar que las partes se conducen con verdad y que sus afirmaciones son ciertas; por tanto, cualquier transgresión que aduzca sobre sus derechos le afecta. En esas condiciones, con fundamento en los artículos 128 y 131 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión definitiva solicitada respecto de los actos en estudio. NOVENO. Efectos de la concesión. Sobre el tema, ilustra la jurisprudencia 1a./J. 16/97 de la Primera Sala de la Suprema Corte de la Nación, consultable en la página 226, tomo V, mayo de 1997, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO QUE PUEDE IMPONER EL JUEZ DE AMPARO TRATÁNDOSE DE ACTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL. De los artículos 124, 136 y 138 de la Ley de Amparo se desprende, entre otros aspectos, que la suspensión se decretará cuando no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; que el Juez de amparo tiene las más amplias facultades para fijar las medidas de aseguramiento que estime convenientes, a fin de que el quejoso no se sustraiga a la acción de la justicia y que el otorgamiento de la medida cautelar no constituya un impedimento para la continuación del procedimiento que haya motivado el acto reclamado. Lo anterior lleva a considerar que al proveer respecto de la suspensión de los efectos del acto reclamado, tratándose de la restricción de la libertad personal, es menester que se guarde un prudente equilibrio entre la salvaguarda de esa delicadísima garantía constitucional, los objetivos propios de la persecución de los delitos y la continuación del procedimiento penal, aspectos sobre los que se encuentra interesada la sociedad. Para lograr dicho equilibrio, el artículo 136 de la Ley de Amparo dispone que en los juicios constitucionales en los que se reclamen actos restrictivos de la libertad, el Juez de Distrito dictará las medidas que estime necesarias, tendientes al aseguramiento del quejoso, con el fin de que sea devuelto a la autoridad responsable, en caso de que no se le concediera el amparo que hubiere solicitado, de donde se desprende que los Jueces de Distrito gozan de amplitud de criterio para fijar dichas medidas, tales como exigir fianza; establecer la obligación de que el quejoso proporcione su domicilio, a fin de que se le puedan hacer las citaciones respectivas; fijarle la obligación de presentarse al juzgado los días que se determinen y hacerle saber que está obligado a comparecer dentro de determinado plazo ante el Juez de su causa, debiendo allegar los criterios que acreditan esa comparecencia, o cualquier otra medida que considere conducente para el aseguramiento del agraviado. Asimismo, debe tomarse en cuenta que atento lo preceptuado por el artículo 138 de la Ley de Amparo, en los casos en que la suspensión sea procedente, ésta se concederá en forma tal que no impida la continuación del procedimiento en el asunto que haya motivado el acto reclamado. Por lo anterior, se concluye que los aludidos requisitos que se impongan al quejoso, al otorgar la suspensión provisional en el juicio de amparo en el que se reclamen actos restrictivos de la libertad personal, son congruentes con los preceptos que regulan la suspensión". Por tanto, para un adecuado estudio de la suspensión solicitada, se realizará el análisis de cada uno de los actos reclamados en forma separada. - Orden de aprehensión y reaprehensión. Con apoyo en el numeral 166 de la Ley de Amparo, desde este momento se concede al incidentista ***** la suspensión definitiva que solicita, para el efecto de que, en el caso de que los actos en estudio deriven de delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa a que se refiere el artículo 19 constitucional, una vez que sea detenido, quede a disposición de este órgano jurisdiccional en el lugar de su reclusión únicamente en lo que se refiera a su libertad, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer del procedimiento penal para los efectos de su continuación; y, si se trata de delitos que no impliquen prisión preventiva oficiosa, la suspensión producirá el efecto de que el quejoso no sea detenido. - Orden de detención. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 164 y 165 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión definitiva al incidentista respecto de la orden de retención, para el efecto de que no se ejecute y cese inmediatamente, poniendo al agraviado en libertad o a disposición del Ministerio Público. Esto es, para el caso de que la retención del quejoso no tenga relación con la comisión de un delito, la suspensión tiene por efecto que sea puesto en libertad. Pero cuando la afectación a la libertad personal del quejoso es porque se encuentra a disposición del Ministerio Público por cumplimiento de diversa orden de detención de la misma, salvo el caso de la detención por caso urgente, la suspensión se concede para el efecto de que dentro del término de cuarenta y ocho horas o en un plazo de noventa y seis, tratándose de delincuencia organizada, contadas a partir del momento de la detención, sea puesto en libertad o a disposición ante el órgano jurisdiccional correspondiente. De encontrarse el quejoso a disposición del Ministerio Público por haber sido detenido en flagrancia o caso urgente, el plazo contará a partir de que sea puesto a disposición. En cualquier caso distinto de los anteriores y en la detención por caso urgente, en los que el Ministerio Público restrinja la libertad del quejoso, la suspensión se concede para el efecto de que sea puesto en inmediata libertad o a disposición ante el órgano jurisdiccional correspondiente. - Orden de presentación y comparecencia. Con fundamento en los artículos 163, 164, 165 y 166 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión definitiva a *****, para el efecto de que no sea privado de su libertad personal. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de motivos, la jurisprudencia 1a./J. 109/2011 (9a), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1059, Libro I, Octubre de 2011, Tomo 2, Materia Penal, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "ORDEN DE BÚSQUEDA, LOCALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL INDICIADO PARA DECLARAR DENTRO DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA. SI BIEN NO TIENE LOS ALCANCES DE UNA ORDEN DE DETENCIÓN, AFECTA TEMPORALMENTE LA LIBERTAD DEAMBULATORIA DE LA PERSONA. La comparecencia ante el agente del Ministerio Público, obtenida a través del cumplimiento de la orden de localización, búsqueda y presentación del indiciado para que declare dentro de la averiguación previa, si así lo estima conveniente, si bien es verdad no tiene como propósito lograr su detención, no menos cierto es que, dados sus efectos restrictivos del espacio al cual habrá de sujetarse al indiciado, se limita temporalmente su derecho a la libertad, ya que una vez cumplida, ésta finaliza al instante que el Ministerio Público desahoga la diligencia que motiva su presencia, y es hasta ese momento en que -de no existir alguna causa legal que lo impida-, podrá retirarse del lugar para regresar a sus actividades cotidianas y, por tanto, es evidente que sí se afecta la libertad deambulatoria de la persona involucrada". Ahora, tratándose de la restricción de la libertad personal, es menester que se guarde un prudente equilibrio entre la salvaguarda de ese derecho fundamental y los objetivos propios de la persecución de los delitos y la continuación del procedimiento penal. DÉCIMO. Requisitos para que surta efectos la medida cautelar. De conformidad con el artículo 136 de la ley de la materia, esta medida cautelar surte sus efectos desde ahora, hasta en tanto quede firma la sentencia que se emita en el juicio principal; pero, con apoyo en el diverso numeral 168, dejará de surtirlos si el promovente del amparo no otorga garantía ante este órgano jurisdiccional, dentro del plazo de cinco días siguiente al en que surta efectos legales la notificación de este auto, por la cantidad de diez mil pesos, en cualquiera de las formas permitidas por la ley, a fin de garantizar su aseguramiento y pueda ser devuelta a las autoridades responsables en caso de que no se le conceda el amparo y protección de la Justicia Federal. Con la observación de que si la garantía es presentada en billete de depósito, éste deberá ser constituido por el quejoso como depositante y si se garantiza mediante póliza de fianza, la compañía afianzadora que la expida se someterá de manera expresa a la jurisdicción de este juzgado. En ambas, el texto deberá ser el siguiente: "Para garantizar la suspensión definitiva concedida a *****, en el incidente de suspensión 370/2021". Además, con fundamento en los artículos 162 y 168 de la Ley de Amparo, el ahora incidentista deberá comparecer ante la autoridad responsable y ponerse a su disposición para la continuación del procedimiento correspondiente, dentro del término de tres días siguientes al que surta efectos la notificación de la presente resolución y acreditarlo con las constancias relativas ante este juzgado federal dentro de igual término, con el apercibimiento que de no hacerlo, dejará de surtir efectos la suspensión concedida y se hará efectiva la garantía que exhiba a favor del erario federal, quedando expeditas las facultades de las autoridades señaladas como responsables ejecutoras, para llevar a cabo la ejecución de los actos reclamados. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia por contradicción de tesis 79/2007-PS, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de fecha once de octubre de dos mil siete, que al rubro indica: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA ACTOS QUE AFECTAN LA LIBERTAD PERSONAL. LA OBLIGACIÓN DEL QUEJOSO DE COMPARECER ANTE EL JUEZ DE LA CAUSA O EL MINISTERIO PUBLICO ES EXIGIBLE HASTA QUE SE TIENE CERTEZA RESPECTO DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD QUE LO EMITIÓ." Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia 1a./J. 16/97, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos veintiséis, del Tomo V, mayo de mil novecientos noventa y siete, Materia Penal del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que al rubro dice: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO QUE PUEDE IMPONER EL JUEZ DE AMPARO TRATÁNDOSE DE ACTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL." Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 140 y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se niega a *****, la suspensión definitiva de los actos reclamados respecto de las autoridades señaladas en el considerando cuarto de esta resolución. SEGUNDO. Se concede a ***** la suspensión definitiva de los actos reclamados por lo que ve a las autoridades referidas en el considerando quinto, por los motivos expuestos en el diverso octavo y para los efectos del considerando noveno de la presente interlocutoria. Notifíquese.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. [...] TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la existencia o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el caso de acreditarse su certeza, lo aleguen o no las partes, estudiar las causas de improcedencia aducidas o que a su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Lo anterior es así, entre otras razones, porque de no existir los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en su caso de ser fundada alguna de éstas, sería legalmente imposible analizar las cuestiones de fondo. En esa tesitura, se tiene que no son ciertos los actos reclamados a las siguientes autoridades: Juez de Control del Juzgado de Oralidad en Materia Penal de la Segunda Región del Estado, actuando en la sede Irapuato, Guanajuato; y, Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Atención Integral a las Mujeres de esta ciudad. Ello, ya que al rendir sus informes justificados negaron su emisión o que tuvieran intervención en ellos, en el ámbito de su competencia. Luego, es obvio que no les asiste obligación de exponer razonamiento alguno al respecto, menos aún se hace necesaria la remisión de las constancias a que se refiere el numeral 117 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso, la tesis VI.2o.32K sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, tomo III, junio de mil novecientos noventa y seis, novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en la página setecientos sesenta y tres cuyo rubro es "ACTO RECLAMADO, NEGATIVA DEL. NO REQUIERE RAZONARSE." Por ende, conforme a los artículos 63, fracción IV, 117 y 124, de la Ley de Amparo, ante la negativa del acto reclamado, corresponde a la parte quejosa acreditar la existencia y la inconstitucionalidad del mismo, lo que en la especie no acontece. Aunado a que la quejosa no aportó prueba alguna para desvirtuar la negativa de las autoridades responsables en relación con la existencia del acto que de ellas se reclama, es dable concluir que el acto motivo de la presente litis constitucional, no existe. Es aplicable al caso, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tomo II Procesal Constitucional 1 Común Primera Parte, apéndice 1917-septiembre 2011, sexta época del Semanario Judicial de la Federación, visible en la página trescientos cinco, cuyo rubro es "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES." Al respecto, no se inadvierte que la Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Atención Integral a las Mujeres de esta ciudad, comunicó en su informe sobre la radicación de la carpeta de investigación *****, seguida contra el quejoso *****, por el hecho que la ley señala como delito de acoso sexual; la cual se encuentra en integración y en la que dicho inconforme compareció a rendir entrevista en calidad de inculpado, previa su citación. Sin embargo, se precisa que la tramitación de esa indagatoria y la citación fueron materia de desechamiento al proveer sobre la procedencia de la demanda, el cual adquirió firmeza por falta de impugnación; aunado a que, de su contenido no se advierte la existencia de los diversos actos por los que se admitió el libelo actio. En tal tesitura, procede el sobreseimiento en el juicio, con excepción de la autoridad omisa precisada en líneas que anteceden, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, párrafo primero, de la Ley de Amparo que a la letra establece: Artículo 63. Procede el sobreseimiento: (...) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional;. CUARTO. Presunción de certeza de los actos reclamados. La autoridad responsable Agente del Ministerio Publico de la Agencia con Detenidos, del Sistema Penal Acusatorio de esta ciudad, al rendir su informe justificado, fue omisa al pronunciarse sobre la certeza o inexistencia de los actos reclamados, pues refirió que no cuenta con alguna indagatoria en que el quejoso fuera ofendido, ni ha sido omisa en ordenar medidas protectoras o de aseguramiento a su favor, lo cual no corresponde a la materia de estudio de este asunto. Sin embargo, al haber sido señalada con el carácter de autoridad ordenadora, de conformidad con el artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se actualiza la presunción de certeza de los actos que se le reclaman, para el único efecto de emitir la presente resolución. En ese sentido, con independencia de que el Director General de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado, con residencia en la capital; y, la Jefa de Unidad de Investigación de Tramitación Común Región "B" de esta ciudad, en sus informes negaron los actos que se les atribuyen, una vez que actualizó la presunción de certeza de tales actos respecto de la representación social señalada en el párrafo que antecede, se concluye que las precitadas responsables, al tener la calidad de ejecutoras, con dicho carácter tendrán intervención en los actos reclamados, con lo que queda desvirtuada la negativa que expresaron. QUINTO. Estudio fondo. Se precisa que los actos impugnados, por sí mismos, no constituyen actos violatorios de derechos fundamentales, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad depende de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado la responsable para emitirlas. De ahí que queda a cargo de la parte quejosa demostrar su inconstitucionalidad a través de conceptos de violación que ataquen de manera frontal las consideraciones en que se sustentó su emisión, así como por medio de las pruebas pertinentes que robustezcan sus afirmaciones. Sin embargo, de la demanda no se advierte algún motivo de disenso en que se controvierta de manera directa la ilegalidad de su emisión, ni en autos no obran medios de convicción con los que acredite tales alegaciones. Por tanto, no se está en condiciones de resolver sobre su legalidad, dado que el quejoso no aportó motivos, datos o pruebas que permita analizar los actos impugnados para realizar el pronunciamiento correspondiente. Así, procede negar el amparo solicitado respecto del acto reclamado al Agente del Ministerio Publico de la Agencia con Detenidos, del Sistema Penal Acusatorio de esta ciudad. Sirve de apoyo, la tesis aislada XXI.1o.30 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, cuyos datos de identificación, rubro y texto son: "Época: Octava Época Registro: 213818 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo XIII, Enero de 1994 Materia(s): Común Tesis: XXI.1o.30 K Página: 270 "ORDEN DE APREHENSION, CORRESPONDE AL QUEJOSO DEMOSTRAR LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA. En atención a que la orden de aprehensión no es un acto violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad depende de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado la responsable para emitirla, cuando ésta no envía con su informe copia certificada de dicha resolución, corresponde al quejoso, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo exhibirla, así como de las demás constancias en que aquélla se hubiese apoyado; por lo que si no lo hizo, sino que únicamente se aportó copia simple de la orden de captura, misma que carece de valor probatorio por no estar certificada por funcionario facultado legalmente para hacer su cotejo y autorizar su autenticidad, es claro que el juez de Distrito no está en condiciones de resolver sobre su legalidad y la sentencia que pronuncie negando el amparo, está apegada a derecho. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 200/93. Feliciano Patricio Galeana y coagraviados. 12 de agosto de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: José Refugio Raya Arredondo. Secretario: José Luis Arroyo Alcántar." Lo que se hace extensivo a los actos de ejecución atribuidos al Director General de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado, con residencia en la capital; y, la Jefa de Unidad de Investigación de Tramitación Común Región "B" de esta ciudad, en virtud de que no se combaten por vicios propios sino en vía de consecuencia. A lo anterior es aplicable la Jurisprudencia 102 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. Si la sentencia de amparo considera violatoria de garantías la resolución que ejecutan, igual declaración debe hacerse respecto de los actos de ejecución, si no se reclaman, especialmente vicios de ésta". SEXTO. Precisión jurisprudencial. No es óbice que algunas de las tesis invocadas a lo largo del presente estudio fueron emitidas con base en el análisis de los artículos de la Ley de Amparo anterior, que fue derogada mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, el cual entró en vigor al día siguiente, cuenta habida que de conformidad con lo establecido en el artículo sexto transitorio de la misma, la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la Nueva Ley. SÉPTIMO. Captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Con fundamento en el artículo 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia administrativa de los órganos jurisdiccionales, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en el diverso 63, fracción IV, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee el presente juicio de amparo respecto de las autoridades señaladas en el considerando tercero de esta resolución. SEGUNDO. Se Niega el Amparo y Protección de la Justicia Federal a *****, por lo que ve a las autoridades precisadas en el considerando cuarto y conforme a los motivos expuestos en el diverso quinto de la presente sentencia. Notifíquese.
- Incidental
...Téngase por recibido el oficio signado por la Jefa de Unidad de Investigación de Tramitación Común Región "B" de Irapuato, Guanajuato, mediante el cual rinde informe previo; en ese sentido, se tiene por rendido el informe de mérito. Dese vista a las partes para que se impongan de su contenido, sin perjuicio de hacer relación del mismo al celebrarse la audiencia respectiva...
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