Juan Guillermo Andrade García

Expediente 550/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 61 actuaciones registradas, la última del 6 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
550/2019
Año
2019
Actuaciones
61
Última actuación
06/09/2023

Partes del expediente

  • Juan Guillermo Andrade García

Actuaciones

Las 4 más recientes de 61.

  1. Principal

    V I S T O S los autos para resolver el incidente innominado promovido por el quejoso ********************, dentro de los autos del incidente innominado relativo al juicio de amparo número II-550/2019, contra actos de la Jueza Quinto Menor de Primera Instancia de este Distrito Judicial y otra autoridad. R E S U L T A N D O:... y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado es competente para conocer y resolver el presente incidente innominado dentro del procedimiento de ejecución de la sentencia de amparo, conforme a lo dispuesto en el artículo 193, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: Registro digital: 190856 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a. CXLIX/2000 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XII, Diciembre de 2000, página 445 Tipo: Aislada "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. SI NO EXISTE DESACATO SINO SÓLO DIFICULTAD EN EL CUMPLIMIENTO POR OSCURIDAD EN SU OBJETO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE DETERMINARLO EN UN INCIDENTE INNOMINADO. Si el Juez de Distrito ordena el envío de los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos previstos en el artículo 107, fracción XVI, constitucional, haciendo notar que no existe desacato o negativa de la autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria, sino dificultad en el cumplimiento del fallo por oscuridad en su objeto, debe ordenarse la devolución de los autos al a quo para que abra un incidente innominado, dentro del procedimiento de ejecución, a fin de efectuar la determinación correspondiente, siempre que no exista imposibilidad para llevar a cabo tal ejecución en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, y así la autoridad responsable esté en posibilidad de acatar la sentencia de amparo, allegándose para ello de todos los elementos necesarios y valorando las pruebas que para el efecto aporten las partes, en términos de lo previsto en los artículos 79, 80 y 358 a 364, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme a lo establecido en el artículo 2o. de la Ley de Amparo, en virtud de que es presupuesto para que se inicie el incidente de inejecución de sentencia la determinación del juzgador en torno a que la autoridad responsable no ha obedecido la ejecutoria, lo que da lugar a que ordene la remisión del expediente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos precisados en el precepto constitucional citado, que prevé la separación del cargo de la autoridad responsable y su consignación al Juez de Distrito que corresponda". SEGUNDO. Efectos del incidente innominado. Ahora bien, lo procedente es precisar que la esencia del incidente materia de este estudio, es que se determine si al momento en que fue embargado el electrodoméstico (refrigerador), se encontraba en pleno funcionamiento y, posteriormente, fue restituido inservible al quejoso y, en su caso, los motivos de dicho desperfecto, si este ocurrió durante el tiempo que duró el embargo, y a quien se le atribuye dicho daño. TERCERO. Estudio de fondo. En ese sentido, tomando en consideración que arribar a lo anterior implica conocimientos técnicos específicos, este órgano jurisdiccional en estricto cumplimiento a lo ordenado por el órgano colegiado revisor aperturó un incidente innominado, en el que a su vez se ordenó tramitar la prueba pericial respectiva. Ahora, en primer lugar, cabe referir que las cargas probatorias aplicables en el presente asunto para resolver la incidencia de conformidad con los artículos 81 y 82 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, son los siguientes: Al quejoso corresponde acreditar, por así haberlo afirmado, que el refrigerador se embargó y sustrajo de su posesión en estado de funcionamiento, el veinticuatro de abril de dos mil diecinueve; y, Por su parte, corresponde a la actora, aquí tercero interesada "Libertad Servicios Financieros, sociedad Anónima de Capital Variable servicios profesionales", evidenciar que el refrigerador se devolvió en funcionamiento adecuado el uno de marzo de dos mil veintiuno; y de encontrarse inservible, que los motivos del desperfecto generado durante el tiempo del embargo no son a ella atribuibles. En la inteligencia que de no justificar el débito procesal impuesto a la incidentista, tendría como consecuencia que se declare infundado el incidente; en cambio, de no solventar la carga procesal impuesta a la tercera interesada, generaría la procedencia del incidente y, por ende, ante la imposibilidad de restituir el bien mueble, el pago actualizado de su valor. Máxime que constituye un hecho ordinario y acorde a la experiencia (principio ontológico), que por lo general, la posesión de un bien mueble dentro del domicilio de una persona para su uso familiar, es con la finalidad de utilizarlo para su beneficio y por encontrarse, al menos, en regular estado de funcionamiento. En cambio, aplica el principio lógico sobre el hecho positivo de que se devuelve un bien asegurado en el mismo estado en que se embargó, pues no siempre ello acontece. Apoya lo anterior la tesis que dice: Registro digital: 2007973 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Civil Tesis: 1a. CCCXCVI/2014 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, página 706 Tipo: Aislada "CARGA DE LA PRUEBA. SU DISTRIBUCIÓN A PARTIR DE LOS PRINCIPIOS LÓGICO Y ONTOLÓGICO. El sistema probatorio dispuesto en el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal acoge los principios lógico y ontológico que la teoría establece en torno a la dinámica de la carga de la prueba, cuyos entendimiento y aplicación facilitan la tarea del juzgador, pues permite conocer de qué forma se desplazan dichas cargas, en función de las posiciones que van tomando las partes de acuerdo a las aseveraciones que formulan durante el juicio. Ahora bien, el principio ontológico parte de la siguiente premisa: lo ordinario se presume, lo extraordinario se prueba, y se funda, en que el enunciado que trata sobre lo ordinario se presenta, desde luego, por sí mismo, con un elemento de prueba que se apoya en la experiencia común; en tanto que el aserto que versa sobre lo extraordinario se manifiesta, por el contrario, destituido de todo principio de prueba; así, tener ese sustento o carecer de él, es lo que provoca que la carga de la prueba se desplace hacia la parte que formula enunciados sobre hechos extraordinarios, cuando la oposición expresada por su contraria la constituye una aseveración sobre un acontecimiento ordinario. Por su parte, en subordinación al principio ontológico, se encuentra el lógico, aplicable en los casos en que debe dilucidarse a quién corresponde la carga probatoria cuando existen dos asertos: uno positivo y otro negativo; y en atención a este principio, por la facilidad que existe en demostrar el aserto positivo, éste queda a cargo de quien lo formula y libera de ese peso al que expone una negación, por la dificultad para demostrarla. Así, el principio lógico tiene su fundamento en que en los enunciados positivos hay más facilidad en su demostración, pues es admisible acreditarlos con pruebas directas e indirectas; en tanto que un aserto negativo sólo puede justificarse con pruebas indirectas; asimismo, el principio en cuestión toma en cuenta las verdaderas negaciones (las sustanciales) y no aquellas que sólo tienen de negativo la forma en que se expone el aserto (negaciones formales). De ahí que, para establecer la distribución de la carga probatoria, debe considerarse también si el contenido de la negación es concreto (por ejemplo, "no soy la persona que intervino en el acto jurídico") o indefinido (verbigracia, "nunca he estado en cierto lugar") pues en el primer caso, la dificultad de la forma negativa, sino de la indefinición de su contenido, en cuyo caso corresponde a quien sostiene lo contrario (que el sujeto sí estuvo en cierto lugar en determinada fecha) demostrar su aserto, ante la indefinición de la negación formulada. Finalmente, en el caso de las afirmaciones indeterminadas, si bien se presenta un inconveniente similar, existe una distinción, pues en éstas se advierte un elemento positivo, susceptible de probarse, que prueba deriva de una negación de imposible demostración, que traslada la carga de la prueba a la parte que afirma la identidad; mientras que la segunda es una negación sustancial, cuya dificultad probatoria proviene, no de la permite presumir otro de igual naturaleza". Ahora, en el caso, se requirió al juez responsable a efecto de que informara si dentro de las constancias de autos se advertía alguna constancia de la que se desprendieran las condiciones en que se encontraba el refrigerador al momento de ser embargado, específicamente si se encontraba funcionando adecuadamente o no y en su caso, remitiera las constancias correspondientes. En cumplimiento a ese requerimiento, la responsable remitió copia certificada de la diligencia de embargo de veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, en la que se precisó que el bien mueble de referencia se encontraba en regular estado de uso y conservación. De igual forma, acompañó copia certificada del avalúo realizado el tres de mayo de dos mil diecinueve por el perito Eurípides Priego Pérez, designado por la parte actora, en el que se precisó que el refrigerador marca Acros, color gris de dos puertas, modelo AT9501G, serie UR03501590, regular estado de uso y conservación, arrojó un valor comercial de ochocientos pesos. En auto de diecinueve mayo de dos mil veintidós, se ordenó desahogar prueba pericial en materia de avalúo de bienes muebles y/o especialista con conocimiento de daños y reparación en electrodomésticos, requiriendo a las partes para que designaran perito de su parte. Ante la omisión de las partes en señalar perito de su parte, este órgano jurisdiccional requirió a la Delegación Estatal de la Fiscalía General de la República, como a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán y a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, todos con sede en esta ciudad, a fin de que proporcionaran un perito oficial para el desahogo de esa prueba, y dichas dependencias manifestaron su imposibilidad legal y material para realizar tal designación, al carecer de perito. Motivo por el cual, en auto de dieciocho de enero de dos mil veintitrés, este órgano jurisdiccional solicitó al Director General de Asuntos Jurídicos del Consejo de la Judicatura Federal, información sobre la lista de personas que estuviesen en aptitud de fungir como peritos ante los órganos del Poder Judicial de la Federación, lo que así fue atendido en oficio presentado ante este juzgado el veintisiete de febrero del año en curso. En auto de dos de junio de dos mil veintidós, se indicó a las partes que el procedimiento de designación de perito para el dictamen en la prueba pericial admitida en la presente incidencia, pudiera suponer un costo muy superior al que se le dio como valor comercial o de rescate al bien inmueble embargado a la parte quejosa en el juicio mercantil de origen ($800.00 ochocientos pesos 00/100 m.n.), motivo por el cual, se les señaló que contaban con la opción de llevar a cabo un convenio en términos del artículo 205 de la Ley de Amparo, donde se pudiera dar por cumplida la sentencia de amparo, sin que hayan hecho uso de ese derecho. En auto de dieciocho de enero de dos mil veintitrés, se requirió al Director General de Asuntos Jurídicos del Consejo de la Judicatura Federal en la ciudad de México, a efecto de que informara si en la lista de peritos se cuenta con un experto en materia de avalúo de bienes muebles, así como estado de conservación. Por oficio 1254/2023, de veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, la secretaria técnica del Consejo de la Judicatura Federal, informó los lineamientos que se deben observar para la designación de perito, precisando que correspondía a este juzgado proveer sobre la designación y cotización de perito. Sin embargo, no fue posible desahogar la pericial de que se trata en razón de que dentro de la lista de personas que pueden fungir como peritos ante los órganos del Poder Judicial de la Federación, cuyo vínculo obra dentro del portal del Consejo de la Judicatura Federal, no se advierte la existencia de un perito en materia de avalúo de bienes muebles o especialista en daños y reparación de electrodomésticos. En veintinueve de marzo de dos mil veintitrés se tuvo por recibida información de la Jueza Quinta Menor en Materia Civil, en el sentido de que el auto de ocho de marzo de dos mil veintiuno, en donde se tuvo a la parte actora desistiéndose de la demanda entablada en contra del quejoso, causó estado, al no haber sido impugnado por las partes; de igual forma, hizo saber que el dieciocho de noviembre de dos mil veintidós llevó a cabo una audiencia de conciliación a fin de convenir sobre la ejecución del juicio de amparo, sin que llegaran a ningún acuerdo. El cuatro de mayo de dos mil veintitrés, se requirió a la responsable para que informara las acciones que tomó para que las cosas volvieran al estado que guardaban antes de la presentación de la demanda; si proveyó sobre alguna indemnización equivalente al valor del refrigerador afectado, o bien si las partes convinieron sobre ese tema; y de no ser así, informar las acciones que tomó para cumplir con su proveído de ocho de enero de dos mil veintiuno, esto es, que las cosas vuelvan al estado que guardaban antes de la presentación de la demanda de origen. En cumplimiento a ese requerimiento, la jueza responsable informó las acciones tomadas dentro del juicio de origen, entre ellas la restitución del refrigerador, sin que se haya proveído respecto de indemnización alguna, porque se desconocía que el refrigerador no funcionaba. Con motivo de lo anterior, el treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés se dio vista a la parte quejosa y tercero interesada, a efecto de que precisaran si se encontraban en disposición de llegar a un convenio para cumplir con la sentencia de amparo, sin que lo hubiesen hecho. En ese sentido, no obstante que no fue posible llevar a cabo la pericial, este órgano de control constitucional considera que cuenta con los elementos necesarios para resolver la incidencia que nos ocupa, apoyándose fundamentalmente en las constancias que integran los presentes autos. Al respecto es aplicable la tesis que dice: Registro digital: 230424 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Octava Época Materias(s): Común Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo II, Segunda Parte-2, Julio-Diciembre de 1988, página 447 Tipo: Aislada "PRUEBAS. VALORACION EN EL JUICIO DE AMPARO. El principio general para la valoración de las pruebas en el juicio de amparo, aplicando supletoriamente las disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles, consiste en que el tribunal goza de la más amplia libertad para hacer el análisis de las mismas unas frente a otras y para fijar el resultado final de dicha valuación, restringida parcialmente esa amplia libertad, únicamente con las reglas específicas sobre apreciación de probanzas determinadas que fija la propia ley". Bajo tales precisiones, este Juzgado de Distrito estima que la parte quejosa sí cumplió con el débito procesal de demostrar el punto a) previamente referido, en tanto que evidenció que del acta de embargo levantada el veinticuatro de abril de dos mil diecinueve (foja 376) por el actuario adscrito al juzgado responsable y el avalúo presentado el tres de mayo de dos mil diecinueve (foja 390), se advierte que el refrigerador marca Acros, color gris, dos puertas, modelo MT95016, serie UR03501593, al momento de su embargo, sustracción y posterior valuación, se encontraba en regular estado de uso y conservación. Incluso, puede corroborarse lo anterior, en tanto que el citado bien se sustrajo del interior del domicilio del quejoso quien por la naturaleza del electrodoméstico, se presume que lo usaba para beneficio de su familia y el propio para refrigerar alimentos; de manera que lo tenía y necesitaba en funcionamiento para tales efectos; a más de que resultaría ilógico que se realizara un embargo sobre bienes inservibles, pues no podrían garantizar eficazmente lo adeudado y podrían elegirse otros en funcionamiento o más adecuados para ese fin. Medios de prueba cuyo valor adminiculado es pleno, de conformidad con los artículos 197, 202, 211 y 218 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Máxime que su contenido no fue contradicho por las partes. En cambio, la parte tercera interesada no ofertó medio de prueba idóneo alguno para cumplir con la carga de acreditar los hechos del inciso b), esto es, que el uno de marzo de dos mil veintiuno, devolvió el refrigerador descrito en correcto estado de funcionamiento; o, que de estar, inservible fue por hechos ajenos a su actuación. De ahí que debe sancionarse el incumplimiento del citado débito procesal; por ende se tiene por cierto que el refrigerador se devolvió descompuesto y por causa atribuible a la tercera interesada. Como consecuencia de lo anterior debe fijarse el valor de reposición del bien mueble citado. Al efecto, las partes no ofertaron alguna pericial para determinar el monto del valor del refrigerador; tampoco este juzgado de Distrito pudo recabar una pericial al efecto; por tanto, para resolver se toma en cuenta el valor comercial fijado en el avalúo rendido en el juicio natural por escrito de tres de mayo de dos mil diecinueve. Por lo tanto, se tomará como base el valor comercial del refrigerador, el precisado en avalúo realizado el tres de mayo de dos mil diecinueve por el perito Eurípides Priego Pérez, designado por la parte actora, en el que se precisó que el refrigerador marca Acros, color gris de dos puertas, modelo AT9501G, serie UR03501590, regular estado de uso y conservación, arrojó un valor comercial de ochocientos pesos. En ese sentido, se advierte que la evaluación técnica rendida por el especialista designado por las partes ante el juzgado de origen, fue claro al contestar lo solicitado sobre los puntos sobre los cuales versó la pericial de mérito; asimismo, de su contenido se desprende el método y técnica que utilizó para obtener sus conclusiones. En efecto, del dictamen rendido por el perito Euripídes Priego Pérez, se advierte que para arribar a la conclusión ahí anotada, procedió a la descripción del bien mueble, para después concluir el valor comercial asignado. Más aun, dicho dictamen no fue objetado en el juicio natural e, incluso, fue el que se exhibió por el experto del tercero interesado en la fase de ejecución del juicio natural. Es aplicable al caso concreto la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 1a./J. 90/2005, que dice: Época: Novena Época Registro: 177307 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXII, Septiembre de 2005 Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 90/2005 Página: 45 "DICTÁMENES PERICIALES NO OBJETADOS. SU VALORACIÓN. En relación con la facultad de los Jueces para apreciar las pruebas, la legislación mexicana adopta un sistema mixto de valoración, pues si bien concede arbitrio judicial al juzgador para apreciar ciertos medios probatorios (testimoniales, periciales o presuntivos), dicho arbitrio no es absoluto, sino restringido por determinadas reglas. En tal virtud, el hecho de que no se objete algún dictamen pericial exhibido en autos, no implica que éste necesariamente tenga valor probatorio pleno, pues conforme al principio de valoración de las pruebas, el juzgador debe analizar dicha probanza para establecer si contiene los razonamientos en los cuales el perito basó su opinión, así como las operaciones, estudios o experimentos propios de su arte que lo llevaron a emitir su dictamen, apreciándolo conjuntamente con los medios de convicción aportados, admitidos y desahogados en autos, atendiendo a las reglas de la lógica y de la experiencia, exponiendo los fundamentos de su valoración y de su decisión. Por tanto, la falta de impugnación de un dictamen pericial no impide al Juez de la causa estudiar los razonamientos técnicos propuestos en él, para estar en posibilidad de establecer cuál peritaje merece mayor credibilidad y pronunciarse respecto de la cuestión debatida, determinando según su particular apreciación, la eficacia probatoria del aludido dictamen". En ese sentido, con fundamento en el artículo 211 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2, se le otorga valor probatorio al dictamen rendido ante el juez de origen. Por lo tanto, quien esto resuelve estima que a fin de cumplir con lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 17 Constitucional, en el sentido de que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia dentro de los plazos y términos legales por tribunales expeditos para impartirla de manera pronta, completa e imparcial; así como que conforme a lo dispuesto en el párrafo séptimo de tal precepto, los medios necesarios para garantizar la plena ejecución de las resoluciones que emitan esos tribunales deben estar previstos en leyes federales y locales. Resulta viable partir del avalúo que obra en autos para resolver esta incidencia y fijar la actualización del valor del bien mueble, porque se estima que con ello se cumple con la restitución del daño material ocasionado al quejoso, puesto que el derecho reconocido en el artículo invocado no sólo se traduce en la posibilidad de plantear ante un órgano judicial cierta pretensión a fin de que resuelva lo conducente respecto de ella; sino también en lograr que lo determinado por él -siempre que haya respetado las formalidades esenciales del procedimiento- adquiera el carácter de cosa juzgada para dotar al justiciable de seguridad jurídica y cumplir entonces con uno de los fines de la impartición de justicia. Por otro lado, en términos de lo establecido en el artículo 1 constitucional, todas las autoridades del país están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, así como a prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a derechos humanos en los términos que establezca la ley. En adición, están obligadas a interpretar las disposiciones normativas relacionadas con derechos humanos de conformidad con el propio texto constitucional y con los tratados internacionales de la materia, así como a otorgar siempre la protección más amplia a las personas y a observar ciertas modalidades de satisfacción, es decir, disponibilidad o suficiencia, accesibilidad, aceptabilidad y calidad. De ahí que uno de los aspectos fundamentales en los que se traducen las obligaciones mencionadas, por lo que hace a las autoridades judiciales, es la necesidad de emplear técnicas argumentativas específicas para salvaguardar derechos humamos dentro de los procedimientos jurisdiccionales a su cargo, entre ellas, la aplicación del principio pro persona para ampliar la protección de derechos y limitar sus restricciones. Aunado a ello, como lo ha destacado reiteradamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es orden público e interés social; y, por ello, aún de oficio, los juzgadores deben utilizar las herramientas legales a su alcance para conseguirlo. Bajo esa premisa, se procederá a realizar una actualización del valor del bien mueble de que se trata, tomando como base el precio asignado en el referido avalúo, y partiendo desde el cuatro de mayo de dos mil diecinueve, día siguiente hábil al avalúo realizado, al treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, que corresponde a la fecha de la que existen datos financieros disponibles. Ahora, para calcular dicha actualización se debe tomar en consideración la inflación de acuerdo al Índice Nacional de Precios al consumidor, tomando como referencia la variación existente entre los meses anotados, y se expresa de la siguiente forma: (Factor de inflación del mes que comprende el periodo a cuantificar) INPC - Factor de inflación (mes inmediato anterior) INCP = factor de variación en la inflación INPC ÷ 100 = porcentaje aplicable al valor del bien mueble = actualización). También cabe precisar que los datos relativos al factor del INPC aplicado para el cálculo de actualización, se obtuvieron del sitio oficial del Banco de México, consultada en esta fecha en la dirección de correo electrónica https://www.banxico.org, en cuya página oficial se encuentra la calculadora de inflación, lo que constituye un hecho notorio para este juzgado federal, de conformidad con el artículo 88 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. Una vez explicada la forma correcta en que se lleva a cabo el cálculo de la actualización del valor comercial, se procede a realizar la cuantificación de dicho concepto. Así, se tiene que para el período comprendido del cuatro de mayo de dos mil diecinueve, día siguiente hábil al avalúo realizado, al treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, haciendo uso de la calculadora de inflación que ofrece la pagina en mención, se obtuvo un total de inflación de 24.80%, con una tasa promedio mensual de inflación de 0.44%. En ese sentido, si el índice nacional de precios al consumidor equivale a 24.80% / 100= 0.248 X 800 (valor comercial del refrigerador ) = 198.4 . Por lo tanto, si el refrigerador embargado arrojó un valor comercial de ochocientos pesos, a esa cantidad se le agrega la cantidad de $198.40 ciento noventa y ocho pesos con cuarenta centavos, lo que arroja un total de $998.4 novecientos noventa y ocho pesos 40/100, como actualización de valor comercial. De lo anterior se obtiene que en suma, la cuantificación que este órgano jurisdiccional realiza en relación al tema de actualización de valor comercial, asciende a la cantidad anotada. En conclusión, se declara procedente y fundado el incidente innominado. Una vez que cause estado la presente resolución, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la tercero interesada, para que dentro del término de tres días, contados a partir de la legal notificación de la presente resolución, exhiba a favor del quejoso, a través de cualquiera de los medios que al efecto la ley permita, la suma de $998.4 novecientos noventa y ocho pesos 40/100, como actualización de valor comercial, a efecto de garantizar el total de la cantidad que corresponde a la actualización del valor comercial del bien mueble embargado en el juicio de origen. Con el apercibimiento que de no hacerlo así dentro del plazo señalado, se le impondrá una multa de cincuenta a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir el día siguiente, conforme a los artículos 236 y 258 de la Ley de Amparo. Por lo expuesto, fundado, con apoyo en los artículos 66, 67 y 156 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Es parcialmente fundado el incidente innominado dentro del procedimiento de ejecución de la sentencia de amparo, relativo al juicio de amparo 550/2019, promovido por el quejoso ********************, en virtud de los razonamientos expuestos en la parte final de la presente resolución interlocutoria. SEGUNDO. Una vez que la presente resolución quede firme, requiérase al tercero interesado, pen los términos anotados en esta interlocutoria. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, quien actúa con Marbella Juárez García Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE TERCERO INTERESADA YUNUEN PRIEGO GUZMÁN, ENDOSATARIA EN PROCURACIÓN DE LA PERSONA MORAL DENOMINADA "LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS, S.A DE C.V, S.F.P., LA SIGUIENTE RESOLUCION: V I S T O S los autos para resolver el incidente innominado promovido por el quejoso ********************, dentro de los autos del incidente innominado relativo al juicio de amparo número II-550/2019, contra actos de la Jueza Quinto Menor de Primera Instancia de este Distrito Judicial y otra autoridad. R E S U L T A N D O:... y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado es competente para conocer y resolver el presente incidente innominado dentro del procedimiento de ejecución de la sentencia de amparo, conforme a lo dispuesto en el artículo 193, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: Registro digital: 190856 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a. CXLIX/2000 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XII, Diciembre de 2000, página 445 Tipo: Aislada "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. SI NO EXISTE DESACATO SINO SÓLO DIFICULTAD EN EL CUMPLIMIENTO POR OSCURIDAD EN SU OBJETO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE DETERMINARLO EN UN INCIDENTE INNOMINADO. Si el Juez de Distrito ordena el envío de los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos previstos en el artículo 107, fracción XVI, constitucional, haciendo notar que no existe desacato o negativa de la autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria, sino dificultad en el cumplimiento del fallo por oscuridad en su objeto, debe ordenarse la devolución de los autos al a quo para que abra un incidente innominado, dentro del procedimiento de ejecución, a fin de efectuar la determinación correspondiente, siempre que no exista imposibilidad para llevar a cabo tal ejecución en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, y así la autoridad responsable esté en posibilidad de acatar la sentencia de amparo, allegándose para ello de todos los elementos necesarios y valorando las pruebas que para el efecto aporten las partes, en términos de lo previsto en los artículos 79, 80 y 358 a 364, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme a lo establecido en el artículo 2o. de la Ley de Amparo, en virtud de que es presupuesto para que se inicie el incidente de inejecución de sentencia la determinación del juzgador en torno a que la autoridad responsable no ha obedecido la ejecutoria, lo que da lugar a que ordene la remisión del expediente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos precisados en el precepto constitucional citado, que prevé la separación del cargo de la autoridad responsable y su consignación al Juez de Distrito que corresponda". SEGUNDO. Efectos del incidente innominado. Ahora bien, lo procedente es precisar que la esencia del incidente materia de este estudio, es que se determine si al momento en que fue embargado el electrodoméstico (refrigerador), se encontraba en pleno funcionamiento y, posteriormente, fue restituido inservible al quejoso y, en su caso, los motivos de dicho desperfecto, si este ocurrió durante el tiempo que duró el embargo, y a quien se le atribuye dicho daño. TERCERO. Estudio de fondo. En ese sentido, tomando en consideración que arribar a lo anterior implica conocimientos técnicos específicos, este órgano jurisdiccional en estricto cumplimiento a lo ordenado por el órgano colegiado revisor aperturó un incidente innominado, en el que a su vez se ordenó tramitar la prueba pericial respectiva. Ahora, en primer lugar, cabe referir que las cargas probatorias aplicables en el presente asunto para resolver la incidencia de conformidad con los artículos 81 y 82 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, son los siguientes: Al quejoso corresponde acreditar, por así haberlo afirmado, que el refrigerador se embargó y sustrajo de su posesión en estado de funcionamiento, el veinticuatro de abril de dos mil diecinueve; y, Por su parte, corresponde a la actora, aquí tercero interesada "Libertad Servicios Financieros, sociedad Anónima de Capital Variable servicios profesionales", evidenciar que el refrigerador se devolvió en funcionamiento adecuado el uno de marzo de dos mil veintiuno; y de encontrarse inservible, que los motivos del desperfecto generado durante el tiempo del embargo no son a ella atribuibles. En la inteligencia que de no justificar el débito procesal impuesto a la incidentista, tendría como consecuencia que se declare infundado el incidente; en cambio, de no solventar la carga procesal impuesta a la tercera interesada, generaría la procedencia del incidente y, por ende, ante la imposibilidad de restituir el bien mueble, el pago actualizado de su valor. Máxime que constituye un hecho ordinario y acorde a la experiencia (principio ontológico), que por lo general, la posesión de un bien mueble dentro del domicilio de una persona para su uso familiar, es con la finalidad de utilizarlo para su beneficio y por encontrarse, al menos, en regular estado de funcionamiento. En cambio, aplica el principio lógico sobre el hecho positivo de que se devuelve un bien asegurado en el mismo estado en que se embargó, pues no siempre ello acontece. Apoya lo anterior la tesis que dice: Registro digital: 2007973 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Civil Tesis: 1a. CCCXCVI/2014 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, página 706 Tipo: Aislada "CARGA DE LA PRUEBA. SU DISTRIBUCIÓN A PARTIR DE LOS PRINCIPIOS LÓGICO Y ONTOLÓGICO. El sistema probatorio dispuesto en el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal acoge los principios lógico y ontológico que la teoría establece en torno a la dinámica de la carga de la prueba, cuyos entendimiento y aplicación facilitan la tarea del juzgador, pues permite conocer de qué forma se desplazan dichas cargas, en función de las posiciones que van tomando las partes de acuerdo a las aseveraciones que formulan durante el juicio. Ahora bien, el principio ontológico parte de la siguiente premisa: lo ordinario se presume, lo extraordinario se prueba, y se funda, en que el enunciado que trata sobre lo ordinario se presenta, desde luego, por sí mismo, con un elemento de prueba que se apoya en la experiencia común; en tanto que el aserto que versa sobre lo extraordinario se manifiesta, por el contrario, destituido de todo principio de prueba; así, tener ese sustento o carecer de él, es lo que provoca que la carga de la prueba se desplace hacia la parte que formula enunciados sobre hechos extraordinarios, cuando la oposición expresada por su contraria la constituye una aseveración sobre un acontecimiento ordinario. Por su parte, en subordinación al principio ontológico, se encuentra el lógico, aplicable en los casos en que debe dilucidarse a quién corresponde la carga probatoria cuando existen dos asertos: uno positivo y otro negativo; y en atención a este principio, por la facilidad que existe en demostrar el aserto positivo, éste queda a cargo de quien lo formula y libera de ese peso al que expone una negación, por la dificultad para demostrarla. Así, el principio lógico tiene su fundamento en que en los enunciados positivos hay más facilidad en su demostración, pues es admisible acreditarlos con pruebas directas e indirectas; en tanto que un aserto negativo sólo puede justificarse con pruebas indirectas; asimismo, el principio en cuestión toma en cuenta las verdaderas negaciones (las sustanciales) y no aquellas que sólo tienen de negativo la forma en que se expone el aserto (negaciones formales). De ahí que, para establecer la distribución de la carga probatoria, debe considerarse también si el contenido de la negación es concreto (por ejemplo, "no soy la persona que intervino en el acto jurídico") o indefinido (verbigracia, "nunca he estado en cierto lugar") pues en el primer caso, la dificultad de la forma negativa, sino de la indefinición de su contenido, en cuyo caso corresponde a quien sostiene lo contrario (que el sujeto sí estuvo en cierto lugar en determinada fecha) demostrar su aserto, ante la indefinición de la negación formulada. Finalmente, en el caso de las afirmaciones indeterminadas, si bien se presenta un inconveniente similar, existe una distinción, pues en éstas se advierte un elemento positivo, susceptible de probarse, que prueba deriva de una negación de imposible demostración, que traslada la carga de la prueba a la parte que afirma la identidad; mientras que la segunda es una negación sustancial, cuya dificultad probatoria proviene, no de la permite presumir otro de igual naturaleza". Ahora, en el caso, se requirió al juez responsable a efecto de que informara si dentro de las constancias de autos se advertía alguna constancia de la que se desprendieran las condiciones en que se encontraba el refrigerador al momento de ser embargado, específicamente si se encontraba funcionando adecuadamente o no y en su caso, remitiera las constancias correspondientes. En cumplimiento a ese requerimiento, la responsable remitió copia certificada de la diligencia de embargo de veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, en la que se precisó que el bien mueble de referencia se encontraba en regular estado de uso y conservación. De igual forma, acompañó copia certificada del avalúo realizado el tres de mayo de dos mil diecinueve por el perito Eurípides Priego Pérez, designado por la parte actora, en el que se precisó que el refrigerador marca Acros, color gris de dos puertas, modelo AT9501G, serie UR03501590, regular estado de uso y conservación, arrojó un valor comercial de ochocientos pesos. En auto de diecinueve mayo de dos mil veintidós, se ordenó desahogar prueba pericial en materia de avalúo de bienes muebles y/o especialista con conocimiento de daños y reparación en electrodomésticos, requiriendo a las partes para que designaran perito de su parte. Ante la omisión de las partes en señalar perito de su parte, este órgano jurisdiccional requirió a la Delegación Estatal de la Fiscalía General de la República, como a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán y a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, todos con sede en esta ciudad, a fin de que proporcionaran un perito oficial para el desahogo de esa prueba, y dichas dependencias manifestaron su imposibilidad legal y material para realizar tal designación, al carecer de perito. Motivo por el cual, en auto de dieciocho de enero de dos mil veintitrés, este órgano jurisdiccional solicitó al Director General de Asuntos Jurídicos del Consejo de la Judicatura Federal, información sobre la lista de personas que estuviesen en aptitud de fungir como peritos ante los órganos del Poder Judicial de la Federación, lo que así fue atendido en oficio presentado ante este juzgado el veintisiete de febrero del año en curso. En auto de dos de junio de dos mil veintidós, se indicó a las partes que el procedimiento de designación de perito para el dictamen en la prueba pericial admitida en la presente incidencia, pudiera suponer un costo muy superior al que se le dio como valor comercial o de rescate al bien inmueble embargado a la parte quejosa en el juicio mercantil de origen ($800.00 ochocientos pesos 00/100 m.n.), motivo por el cual, se les señaló que contaban con la opción de llevar a cabo un convenio en términos del artículo 205 de la Ley de Amparo, donde se pudiera dar por cumplida la sentencia de amparo, sin que hayan hecho uso de ese derecho. En auto de dieciocho de enero de dos mil veintitrés, se requirió al Director General de Asuntos Jurídicos del Consejo de la Judicatura Federal en la ciudad de México, a efecto de que informara si en la lista de peritos se cuenta con un experto en materia de avalúo de bienes muebles, así como estado de conservación. Por oficio 1254/2023, de veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, la secretaria técnica del Consejo de la Judicatura Federal, informó los lineamientos que se deben observar para la designación de perito, precisando que correspondía a este juzgado proveer sobre la designación y cotización de perito. Sin embargo, no fue posible desahogar la pericial de que se trata en razón de que dentro de la lista de personas que pueden fungir como peritos ante los órganos del Poder Judicial de la Federación, cuyo vínculo obra dentro del portal del Consejo de la Judicatura Federal, no se advierte la existencia de un perito en materia de avalúo de bienes muebles o especialista en daños y reparación de electrodomésticos. En veintinueve de marzo de dos mil veintitrés se tuvo por recibida información de la Jueza Quinta Menor en Materia Civil, en el sentido de que el auto de ocho de marzo de dos mil veintiuno, en donde se tuvo a la parte actora desistiéndose de la demanda entablada en contra del quejoso, causó estado, al no haber sido impugnado por las partes; de igual forma, hizo saber que el dieciocho de noviembre de dos mil veintidós llevó a cabo una audiencia de conciliación a fin de convenir sobre la ejecución del juicio de amparo, sin que llegaran a ningún acuerdo. El cuatro de mayo de dos mil veintitrés, se requirió a la responsable para que informara las acciones que tomó para que las cosas volvieran al estado que guardaban antes de la presentación de la demanda; si proveyó sobre alguna indemnización equivalente al valor del refrigerador afectado, o bien si las partes convinieron sobre ese tema; y de no ser así, informar las acciones que tomó para cumplir con su proveído de ocho de enero de dos mil veintiuno, esto es, que las cosas vuelvan al estado que guardaban antes de la presentación de la demanda de origen. En cumplimiento a ese requerimiento, la jueza responsable informó las acciones tomadas dentro del juicio de origen, entre ellas la restitución del refrigerador, sin que se haya proveído respecto de indemnización alguna, porque se desconocía que el refrigerador no funcionaba. Con motivo de lo anterior, el treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés se dio vista a la parte quejosa y tercero interesada, a efecto de que precisaran si se encontraban en disposición de llegar a un convenio para cumplir con la sentencia de amparo, sin que lo hubiesen hecho. En ese sentido, no obstante que no fue posible llevar a cabo la pericial, este órgano de control constitucional considera que cuenta con los elementos necesarios para resolver la incidencia que nos ocupa, apoyándose fundamentalmente en las constancias que integran los presentes autos. Al respecto es aplicable la tesis que dice: Registro digital: 230424 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Octava Época Materias(s): Común Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo II, Segunda Parte-2, Julio-Diciembre de 1988, página 447 Tipo: Aislada "PRUEBAS. VALORACION EN EL JUICIO DE AMPARO. El principio general para la valoración de las pruebas en el juicio de amparo, aplicando supletoriamente las disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles, consiste en que el tribunal goza de la más amplia libertad para hacer el análisis de las mismas unas frente a otras y para fijar el resultado final de dicha valuación, restringida parcialmente esa amplia libertad, únicamente con las reglas específicas sobre apreciación de probanzas determinadas que fija la propia ley". Bajo tales precisiones, este Juzgado de Distrito estima que la parte quejosa sí cumplió con el débito procesal de demostrar el punto a) previamente referido, en tanto que evidenció que del acta de embargo levantada el veinticuatro de abril de dos mil diecinueve (foja 376) por el actuario adscrito al juzgado responsable y el avalúo presentado el tres de mayo de dos mil diecinueve (foja 390), se advierte que el refrigerador marca Acros, color gris, dos puertas, modelo MT95016, serie UR03501593, al momento de su embargo, sustracción y posterior valuación, se encontraba en regular estado de uso y conservación. Incluso, puede corroborarse lo anterior, en tanto que el citado bien se sustrajo del interior del domicilio del quejoso quien por la naturaleza del electrodoméstico, se presume que lo usaba para beneficio de su familia y el propio para refrigerar alimentos; de manera que lo tenía y necesitaba en funcionamiento para tales efectos; a más de que resultaría ilógico que se realizara un embargo sobre bienes inservibles, pues no podrían garantizar eficazmente lo adeudado y podrían elegirse otros en funcionamiento o más adecuados para ese fin. Medios de prueba cuyo valor adminiculado es pleno, de conformidad con los artículos 197, 202, 211 y 218 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Máxime que su contenido no fue contradicho por las partes. En cambio, la parte tercera interesada no ofertó medio de prueba idóneo alguno para cumplir con la carga de acreditar los hechos del inciso b), esto es, que el uno de marzo de dos mil veintiuno, devolvió el refrigerador descrito en correcto estado de funcionamiento; o, que de estar, inservible fue por hechos ajenos a su actuación. De ahí que debe sancionarse el incumplimiento del citado débito procesal; por ende se tiene por cierto que el refrigerador se devolvió descompuesto y por causa atribuible a la tercera interesada. Como consecuencia de lo anterior debe fijarse el valor de reposición del bien mueble citado. Al efecto, las partes no ofertaron alguna pericial para determinar el monto del valor del refrigerador; tampoco este juzgado de Distrito pudo recabar una pericial al efecto; por tanto, para resolver se toma en cuenta el valor comercial fijado en el avalúo rendido en el juicio natural por escrito de tres de mayo de dos mil diecinueve. Por lo tanto, se tomará como base el valor comercial del refrigerador, el precisado en avalúo realizado el tres de mayo de dos mil diecinueve por el perito Eurípides Priego Pérez, designado por la parte actora, en el que se precisó que el refrigerador marca Acros, color gris de dos puertas, modelo AT9501G, serie UR03501590, regular estado de uso y conservación, arrojó un valor comercial de ochocientos pesos. En ese sentido, se advierte que la evaluación técnica rendida por el especialista designado por las partes ante el juzgado de origen, fue claro al contestar lo solicitado sobre los puntos sobre los cuales versó la pericial de mérito; asimismo, de su contenido se desprende el método y técnica que utilizó para obtener sus conclusiones. En efecto, del dictamen rendido por el perito Euripídes Priego Pérez, se advierte que para arribar a la conclusión ahí anotada, procedió a la descripción del bien mueble, para después concluir el valor comercial asignado. Más aun, dicho dictamen no fue objetado en el juicio natural e, incluso, fue el que se exhibió por el experto del tercero interesado en la fase de ejecución del juicio natural. Es aplicable al caso concreto la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 1a./J. 90/2005, que dice: Época: Novena Época Registro: 177307 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXII, Septiembre de 2005 Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 90/2005 Página: 45 "DICTÁMENES PERICIALES NO OBJETADOS. SU VALORACIÓN. En relación con la facultad de los Jueces para apreciar las pruebas, la legislación mexicana adopta un sistema mixto de valoración, pues si bien concede arbitrio judicial al juzgador para apreciar ciertos medios probatorios (testimoniales, periciales o presuntivos), dicho arbitrio no es absoluto, sino restringido por determinadas reglas. En tal virtud, el hecho de que no se objete algún dictamen pericial exhibido en autos, no implica que éste necesariamente tenga valor probatorio pleno, pues conforme al principio de valoración de las pruebas, el juzgador debe analizar dicha probanza para establecer si contiene los razonamientos en los cuales el perito basó su opinión, así como las operaciones, estudios o experimentos propios de su arte que lo llevaron a emitir su dictamen, apreciándolo conjuntamente con los medios de convicción aportados, admitidos y desahogados en autos, atendiendo a las reglas de la lógica y de la experiencia, exponiendo los fundamentos de su valoración y de su decisión. Por tanto, la falta de impugnación de un dictamen pericial no impide al Juez de la causa estudiar los razonamientos técnicos propuestos en él, para estar en posibilidad de establecer cuál peritaje merece mayor credibilidad y pronunciarse respecto de la cuestión debatida, determinando según su particular apreciación, la eficacia probatoria del aludido dictamen". En ese sentido, con fundamento en el artículo 211 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2, se le otorga valor probatorio al dictamen rendido ante el juez de origen. Por lo tanto, quien esto resuelve estima que a fin de cumplir con lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 17 Constitucional, en el sentido de que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia dentro de los plazos y términos legales por tribunales expeditos para impartirla de manera pronta, completa e imparcial; así como que conforme a lo dispuesto en el párrafo séptimo de tal precepto, los medios necesarios para garantizar la plena ejecución de las resoluciones que emitan esos tribunales deben estar previstos en leyes federales y locales. Resulta viable partir del avalúo que obra en autos para resolver esta incidencia y fijar la actualización del valor del bien mueble, porque se estima que con ello se cumple con la restitución del daño material ocasionado al quejoso, puesto que el derecho reconocido en el artículo invocado no sólo se traduce en la posibilidad de plantear ante un órgano judicial cierta pretensión a fin de que resuelva lo conducente respecto de ella; sino también en lograr que lo determinado por él -siempre que haya respetado las formalidades esenciales del procedimiento- adquiera el carácter de cosa juzgada para dotar al justiciable de seguridad jurídica y cumplir entonces con uno de los fines de la impartición de justicia. Por otro lado, en términos de lo establecido en el artículo 1 constitucional, todas las autoridades del país están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, así como a prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a derechos humanos en los términos que establezca la ley. En adición, están obligadas a interpretar las disposiciones normativas relacionadas con derechos humanos de conformidad con el propio texto constitucional y con los tratados internacionales de la materia, así como a otorgar siempre la protección más amplia a las personas y a observar ciertas modalidades de satisfacción, es decir, disponibilidad o suficiencia, accesibilidad, aceptabilidad y calidad. De ahí que uno de los aspectos fundamentales en los que se traducen las obligaciones mencionadas, por lo que hace a las autoridades judiciales, es la necesidad de emplear técnicas argumentativas específicas para salvaguardar derechos humamos dentro de los procedimientos jurisdiccionales a su cargo, entre ellas, la aplicación del principio pro persona para ampliar la protección de derechos y limitar sus restricciones. Aunado a ello, como lo ha destacado reiteradamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es orden público e interés social; y, por ello, aún de oficio, los juzgadores deben utilizar las herramientas legales a su alcance para conseguirlo. Bajo esa premisa, se procederá a realizar una actualización del valor del bien mueble de que se trata, tomando como base el precio asignado en el referido avalúo, y partiendo desde el cuatro de mayo de dos mil diecinueve, día siguiente hábil al avalúo realizado, al treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, que corresponde a la fecha de la que existen datos financieros disponibles. Ahora, para calcular dicha actualización se debe tomar en consideración la inflación de acuerdo al Índice Nacional de Precios al consumidor, tomando como referencia la variación existente entre los meses anotados, y se expresa de la siguiente forma: (Factor de inflación del mes que comprende el periodo a cuantificar) INPC - Factor de inflación (mes inmediato anterior) INCP = factor de variación en la inflación INPC ÷ 100 = porcentaje aplicable al valor del bien mueble = actualización). También cabe precisar que los datos relativos al factor del INPC aplicado para el cálculo de actualización, se obtuvieron del sitio oficial del Banco de México, consultada en esta fecha en la dirección de correo electrónica https://www.banxico.org, en cuya página oficial se encuentra la calculadora de inflación, lo que constituye un hecho notorio para este juzgado federal, de conformidad con el artículo 88 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. Una vez explicada la forma correcta en que se lleva a cabo el cálculo de la actualización del valor comercial, se procede a realizar la cuantificación de dicho concepto. Así, se tiene que para el período comprendido del cuatro de mayo de dos mil diecinueve, día siguiente hábil al avalúo realizado, al treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, haciendo uso de la calculadora de inflación que ofrece la pagina en mención, se obtuvo un total de inflación de 24.80%, con una tasa promedio mensual de inflación de 0.44%. En ese sentido, si el índice nacional de precios al consumidor equivale a 24.80% / 100= 0.248 X 800 (valor comercial del refrigerador ) = 198.4 . Por lo tanto, si el refrigerador embargado arrojó un valor comercial de ochocientos pesos, a esa cantidad se le agrega la cantidad de $198.40 ciento noventa y ocho pesos con cuarenta centavos, lo que arroja un total de $998.4 novecientos noventa y ocho pesos 40/100, como actualización de valor comercial. De lo anterior se obtiene que en suma, la cuantificación que este órgano jurisdiccional realiza en relación al tema de actualización de valor comercial, asciende a la cantidad anotada. En conclusión, se declara procedente y fundado el incidente innominado. Una vez que cause estado la presente resolución, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la tercero interesada, para que dentro del término de tres días, contados a partir de la legal notificación de la presente resolución, exhiba a favor del quejoso, a través de cualquiera de los medios que al efecto la ley permita, la suma de $998.4 novecientos noventa y ocho pesos 40/100, como actualización de valor comercial, a efecto de garantizar el total de la cantidad que corresponde a la actualización del valor comercial del bien mueble embargado en el juicio de origen. Con el apercibimiento que de no hacerlo así dentro del plazo señalado, se le impondrá una multa de cincuenta a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir el día siguiente, conforme a los artículos 236 y 258 de la Ley de Amparo. Por lo expuesto, fundado, con apoyo en los artículos 66, 67 y 156 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Es parcialmente fundado el incidente innominado dentro del procedimiento de ejecución de la sentencia de amparo, relativo al juicio de amparo 550/2019, promovido por el quejoso ********************, en virtud de los razonamientos expuestos en la parte final de la presente resolución interlocutoria. SEGUNDO. Una vez que la presente resolución quede firme, requiérase al tercero interesado, pen los términos anotados en esta interlocutoria. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, quien actúa con Marbella Juárez García Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    MARBELLA JUÁREZ GARCÍACon fundamento en el artículo 26 Bis del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19, y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, la que suscribe Secretaria Marbella Juárez García CERTIFICA Y HACE CONSTAR que la presente audiencia quedó integrada, en la hora y fecha señaladas; empero, tales datos no coincidan con aquellos en que se firma electrónicamente dicha acta y la resolución correspondiente; virtud del proceso interno para la confección y firma electrónica de las actuaciones, así como la carga de trabajo de este juzgado constitucional; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Con fundamento en el artículo 26 Bis del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19, y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, la que suscribe Secretaria Marbella Juárez García CERTIFICA Y HACE CONSTAR que la presente audiencia quedó integrada, en la hora y fecha señaladas; empero, tales datos no coincidan con aquellos en que se firma electrónicamente dicha acta y la resolución correspondiente; virtud del proceso interno para la confección y firma electrónica de las actuaciones, así como la carga de trabajo de este juzgado constitucional; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, catorce de julio de dos mil veintitrés. Parte quejosa realiza manifestaciones. Visto el escrito de cuenta que vía electrónica presenta Moisés Coca Sánchez, al que acompaña un escrito suscrito por el quejoso Juan Guillermo Andrade García, a través del cual señala que en tiempo y forma manifestó su disposición y conformidad para convenir sobre el cumplimiento de la sentencia de amparo; que a la fecha ya ha fenecido el término establecido, sin que la autoridad responsable y/o la parte tercero interesada hayan desahogado esa vista; motivo por el cual, solicita que se garantice el debido cumplimiento de la sentencia, verificando si es posible la restitución material del bien mueble afectado. Cuenta con autos y se hace efectivo apercibimiento. Dada la manifestación vertida por la parte quejosa y una vez vista la certificación de cuenta se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de tres días concedido en auto de treinta y uno de mayo de este año, a la parte quejosa y tercero interesada, para que manifestaran si tenían disposición o no para llevar a cabo ese convenio a efecto de cumplir con la sentencia de amparo, sin que lo haya hecho la parte tercero interesada. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento formulado y se entiende que no hay conformidad de la tercero interesada para convenir sobre la ejecución de la sentencia, por lo que se procede a proveer lo que en derecho corresponda en la etapa de ejecución de sentencia con vista en las constancias que obran en autos. Cuenta con autos dentro de la etapa de ejecución del presente juicio. Establecido lo anterior, es necesario señalar que de los presentes autos se advierte que este órgano jurisdiccional ha realizado las actuaciones necesarias a fin de atender la resolución emitida en la sesión de veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, al resolver la inconformidad número 4/2022, dado que se han llevado a cabo las siguientes actuaciones: - Se aperturó incidente en la etapa de ejecución de sentencia, a efecto de precisar, definir o concretar la forma o términos del cumplimiento únicamente para determinar si el electrodoméstico (refrigerador) embargado al quejoso, fue secuestrado en pleno funcionamiento y posteriormente restituido inservible al quejoso; - Se requirió a la parte quejosa y tercero interesada para que designaran perito de su parte, sin que lo hayan hecho; - En virtud a lo anterior, se hicieron los trámites necesarios para la designación de un perito oficial que pudiera emitir dictamen que permitiera determinar la causa de los daños causados a ese bien, sin que las dependencias públicas Fiscalía General de Justicia del Estado, Delegación Michoacán de la Fiscalía General de la República y la institución educativa Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, hayan estado en posibilidad de proporcionar algún perito; - Incluso, se les señaló a las partes que contaban con la opción de llevar a cabo un convenio en términos del artículo 205 de la Ley de Amparo, donde se pudiera dar por cumplida la sentencia de amparo; sin que hayan hecho uso de ese derecho. - Sin embargo, cabe señalar que la juez responsable una vez que repuso el procedimiento del juicio natural para llamar al aquí quejoso y por estar intocada su libertad de jurisdicción para fallar en ese asunto, ya durante la secuela procesal del litigio, en auto de ocho de marzo de dos mil veintiuno, emitido en el juicio ejecutivo mercantil número ********************, tuvo al endosatario en procuración de la parte actora, desistiéndose de la demanda entablada en contra de Juan Guillermo Andrade García, ordenando lo siguiente: ".importando únicamente la pérdida de la instancia y procediendo el efecto de que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la presentación de la misma, desistimiento que le tiene por hecho para los efectos legales a que haya lugar; declarándose concluido el presente juicio.". Ahora, no obstante que a la fecha existe una actuación de la juez de origen, posterior al momento de otorgar la tutela constitucional en sentencia ejecutoriada de veinticinco de junio de dos mil veinte (emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito); y posterior, al momento en que se dictó la resolución de veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, recaída al recurso de inconformidad número 4/2022 y emitida por el citado Tribunal Colegiado, que cambió la situación jurídica que imperaba en el juicio ejecutivo mercantil número ********************, se reserva de acordar lo que en derecho corresponda en torno a esa situación jurídica al momento de hacer la calificativa sobre el cabal cumplimiento o no del fallo protector y en estricto acato a lo determinado por la Superioridad al momento de resolver la inconformidad, se ordena continuar con el trámite del incidente en la etapa de ejecución de sentencia. Bajo ese contexto, es oportuno señalar que la prueba pericial admitida en la presente incidencia (cuyo pago estaría a cargo del presupuesto público), pudiera suponer un costo muy superior al que se le dio como valor comercial o de rescate al bien mueble embargado a la parte quejosa en el juicio mercantil de origen, toda vez que en diversos asuntos del índice de este juzgado, donde se han solicitado los servicios de perito oficial, los costos por los honorarios de los expertos en la materia, ha oscilado entre los ocho mil y diez mil pesos; aunado a lo anterior, en el "ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL QUE REFORMA Y ADICIONA EL QUE LA REGULA LA INTEGRACIÓN DE LA LISTA DE PERSONAS QUE PUEDEN FUNGIR COMO PERITOS ANTE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, EN RELACIÓN CON LA INTEGRACIÓN DE LA LISTA.", no se advierte que haya un especialista en la materia de reparación y/o fallas de electrodomésticos (refrigerador), que pueda externar su opinión profesional sobre el valor de reposición o compostura. Por el contrario, en los presentes autos obra una información relativa al avalúo presentado en el juicio ejecutivo mercantil de origen, el tres de mayo de dos mil diecinueve, donde se realizó el estudio correspondiente a la valuación del bien mueble consistente en un refrigerador marca ********************, y del cual se advierte que el perito valuador concluyó como valor comercial o de rescate de ese bien, lo siguiente (reproducción gráfica): De ahí que, ante la falta de pruebas ofrecidas por las partes y la inexistencia de una razón asentada por funcionario judicial o alguna de las partes al momento del embargo sobre el correcto funcionamiento o no del refrigerador embargado, se estima innecesario concluir con el desahogo de una prueba pericial tendente a acreditar el tiempo, motivo o a quién es atribuible el desperfecto de ese bien, cuando la parte quejosa expresamente ha señalado que un técnico le determinó que no funciona el mismo y que se encuentra "inservible". Se señala fecha de audiencia incidental. Consecuentemente, como a la fecha ha fenecido el plazo otorgado a las partes en auto de once de abril de dos mil veintidós (foja 363), para que manifestaran lo que a su interés conviniera y ofrecieran las pruebas que consideraran necesarias dentro del incidente innominado aperturado en la etapa de ejecución de sentencia dictada en el presente asunto; procede, con fundamento en los artículos 67 y 193 de la Ley de Amparo, fijar las TRECE HORAS DEL QUINCE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia de desahogo de pruebas y alegatos. Se atiende manifestación de la parte quejosa. Finalmente, respecto a la manifestación que realiza la parte quejosa en el segundo ocurso de cuenta en el sentido de que se inicie el procedimiento de inejecución de sentencia y se remitan los autos del expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda. En ese sentido, dígasele que por el momento no ha lugar a hacer efectivos los apercibimientos formulados a la autoridad responsable, ni a iniciar el trámite de inejecución de la sentencia de amparo ni dar vista con el mismo al Tribunal Colegiado, toda vez que, luego de declararse ejecutoriada la sentencia de amparo y haberse requerido a la responsable, se ha informado sobre los trámites realizados para acatar la ejecutoria de amparo. De ahí que, no se advierta por parte de la autoridad responsable una abstención total de dar cumplimiento a la ejecutoria protectora, lo que no se actualiza si aquélla efectúa algún acto relacionado con el núcleo esencial de la obligación, como ocurre en la especie. Aunado a lo anterior, es preciso señalar que una vez transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado. Por tanto, al advertirse en autos que la responsable, ha informado y demostrado que se encuentra en vías de acatar el fallo protector, no ha incurrido en evasivas o procedimientos ilegales, a que se refiere el artículo 193 de la Ley de Amparo; máxime que en la especie, se encuentra aperturado un incidente innominado ordenado por el Tribunal Colegiado; y, previamente es menester pronunciarse sobre el valor de reposición actualizado del bien embargado. En torno al cumplimiento de ejecución, este órgano jurisdiccional sigue las disposiciones legales contenidas en la propia Ley de Amparo, así como los lineamientos marcados en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenido en la tesis P./J. 54/2014 (10a.), localizable en la página 19, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, del rubro siguiente: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO." Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza.- Doy fe.

Quedan 57 actuaciones en este expediente

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