Juan García Rodríguez
Expediente 1088/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 8 actuaciones registradas, la última del 31 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1088/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 31/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Juan García Rodríguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Morelia, Michoacán, treinta y uno de marzo de dos mil veintidós. Vista con estado de autos; causa ejecutoria. Visto el estado que guardan los presentes autos, en específico la certificación secretarial de cuenta, se obtiene que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión en contra de la resolución de veintisiete de enero del año en curso, en la que se sobreseyó en el presente asunto, promovido por Juan García Rodríguez; en tal virtud, se acuerda lo siguiente. Con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo; y, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido. Se ordena archivo físico. En otro aspecto, visto el estado que guardan los presentes autos, específicamente la certificación de cuenta, se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. Valoración del expediente. En ese orden de ideas, tomando en consideración que el presente juicio no se considera de relevancia documental, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el expediente en que se actúa, encuadra en la hipótesis contenida en el artículo 21, inciso a) del aludido acuerdo, en razón de haberse sobreseído en este juicio. Incidente de suspensión. Por su parte, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de depurarse, ya que por una parte se concedió la medida cautelar. Por tanto, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el original de los cuadernos de suspensión. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. Por lo tanto, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, destrúyase tanto el juicio, como el duplicado del incidente de suspensión. Finalmente, como lo establecen los artículos 18, penúltimo párrafo, 27 y 28 del multicitado Acuerdo, en su momento transfiérase el expediente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, previa generación de la documentación a que se refieren los aludidos artículos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Marbella Juárez García, Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, encargada del despacho por ministerio Ley, con motivo del segundo período vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional del diecisiete al treinta y uno de enero del año en curso, en términos del oficio CCJ/ST/0179/2022, signado por la Secretaria Técnica de la Comisión Permanente de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, quien actúa ante el Secretario Luis Felipe Sánchez Luna, declara abierta la audiencia: Secretario dé cuenta por favor. El Secretario: Juicio de amparo V-1088/2021 promovido por Juan García Rodríguez, por propio derecho, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia de Puruándiro, Michoacán, y otras autoridades; se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Asimismo, se destaca que en el presente asunto no hay persona alguna con el carácter reconocido de tercero interesado; además, que ninguna de las partes se encuentra presente. También se da cuenta con la promoción recibida en esta fecha, registrada con el folio 1214. Finalmente, se da cuenta con la omisión de rendir su informe justificado el Fiscal Segundo de la Fiscalía General de Justicia del Estado, con residencia en Puruándiro, Michoacán, no obstante de haber sido requerido para tal efecto con la oportunidad debida, como se obtiene del acuse de recibo correspondiente. La Secretaria encargada del despacho: Téngase hecha la relación de hechos que antecede. En relación a la omisión de rendir su informe justificado de la referida autoridad responsable, provéase lo conducente en la sentencia. Por lo que ve al pedimento de cuenta signado por el agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, a través del cual realiza manifestaciones a guisa de alegatos, hágase relación de ellos en la etapa respectiva. Respecto a su solicitud de expedición de copia de la sentencia que se emita, una vez que ello acontezca, expídasele copia de dicha resolución; en la inteligencia de que en auto de once de noviembre de dos mil veintiuno, se autorizó a las partes la expedición de copias simples y certificadas. Secretario, dé cuenta con los informes justificados que obran en autos. El Secretario: Se da cuenta con los siguientes informes justificados: a) Juez Mixto de Primera Instancia de Puruándiro, Michoacán. b) Agente Primero del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Puruándiro, Michoacán. c) Director de Policía Michoacán de José Sixto Verduzco, Michoacán. La Secretaria encargada del despacho: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase rendido el informe de referencia. Por su parte, resulta un hecho notorio en términos del artículo 88 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, que el Juez responsable al rendir su informe previo en el incidente de suspensión derivado del presente asunto, indicó lo siguiente: "(.) a partir del día 5 cinco de noviembre del año 2018 dos mil dieciocho, este órgano jurisdiccional cambió su denominación de Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal a Juzgado Mixto de Primera Instancia, del Distrito Judicial de Puruándiro. (.)"; motivo por el que no se hace mayor pronunciamiento respecto al señalamiento del quejoso de ambos jueces como responsables. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas; Secretario dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. El Secretario: Se hace constar que las partes no ofrecieron medio de convicción alguno en el presente asunto. La Secretaria encargada del despacho: Al no existir pruebas que desahogar se pasa al período de alegatos; Secretario, dé cuenta con los formulados en autos. El Secretario: Se hace constar que únicamente el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito hizo valer los alegatos que a su parte corresponden. La Secretaria encargada del: Ténganse reproducidas tales alegaciones, con lo cual concluye la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión. Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto V-1088/2021, promovido por Juan García Rodríguez, por propio derecho, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia de Puruándiro, Michoacán, y otras autoridades. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el diez de noviembre de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, misma que por razón de turno se recibió en este órgano jurisdiccional el mismo día, Juan García Rodríguez promovió demanda de amparo indirecto. La parte quejosa precisó como violados en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Substanciación del juicio. Mediante proveído de once de noviembre de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional admitió la demanda de amparo, dio intervención al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; además, fijó fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, misma que fue celebrada en términos de la presente actuación. Se precisa que dicha audiencia fue levantada y presidida por Marbella Juárez García, Secretaria autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y con las facultades derivadas de la interpretación que de ese artículo realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia publicada en la página 716 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es del tenor siguiente: "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA", para fungir como encargada del despacho, con motivo del segundo periodo vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional, en términos del oficio CCJ/ST/0179/2022. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito resulta competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto por los artículos 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, así como los diversos artículos 48, en relación con el 51, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Punto Cuarto, fracción XI, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, porque, en la especie, se reclaman actos cuya ejecución podrían tener verificativo dentro de la circunscripción territorial sobre la que ejerce competencia este juzgado. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Se procede a la fijación de los actos reclamados, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de la lectura integral de la demanda de amparo y demás constancias allegadas al sumario, se obtiene que consisten en lo siguiente: La orden de aprehensión dictada en su contra, así como su ejecución. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables al rendir sus respectivos informes justificados negaron la existencia de los actos que el quejoso les atribuyó. Por lo anterior, se tienen como inexistentes los actos reclamados en la presente instancia constitucional. En ese sentido, el solicitante del amparo no aportó prueba alguna tendente a desvirtuar la negativa por parte de las autoridades responsables, tanto ordenadoras como en su carácter de ejecutoras. En apoyo a lo anterior se invoca, la jurisprudencia con registro digital 227634, sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de contenido literal siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo". En tales condiciones, de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en este juicio de amparo, ante la evidente inexistencia del acto que la parte quejosa reclamó a las autoridades responsables. Negativa que se hace extensiva respecto de la ejecución de la orden de aprehensión reclamada al Fiscal Segundo de la Fiscalía General de Justicia del Estado, con residencia en Puruándiro, Michoacán, no obstante de haber sido omiso en rendir su informe justificado, toda vez que no es el caso de presumir cierto la materialización que se le atribuye, en virtud de que la autoridad ordenadora negó la emisión de tal orden privativa de libertad, por lo que aquella no puede ejecutar una orden inexistente. Así, al haberse declarado el sobreseimiento, el suscrito se encuentra impedido para abordar el análisis de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, al tenor de la jurisprudencia con registro digital 214593, que dispone: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente". Por lo expuesto, fundado y con apoyo además, en los artículos 73, 74, 75 y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Juan García Rodríguez, por propio derecho, contra los actos precisados en el resultando segundo, por los motivos expuestos en el diverso tercero de esta resolución. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Marbella Juárez García, Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, encargada del despacho por ministerio Ley, con motivo del segundo período vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional del diecisiete al treinta y uno de enero del año en curso, en términos del oficio CCJ/ST/0179/2022, signado por la Secretaria Técnica de la Comisión Permanente de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, quien actúa con Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza y da fe.
- Incidental
En Morelia, Michoacán, a las nueve horas con treinta y cinco minutos del treinta de diciembre de dos mil veintiuno, hora y día señalados para la celebración de la audiencia en el incidente de suspensión 1088/2021, promovido por Juan García Rodríguez, se procede a celebrar ante la presencia del Juez Tercero de Distrito en el Estado, Omar Alejandro Elizalde Herrera, quien actúa asistido de Andrés Leyva Mercado, secretario que autoriza y da fe. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se declara abierta la audiencia, sin asistencia de la partes. JUEZ: Téngase por realizada la relación de hechos que antecede. SECRETARIO: Se da cuenta con los informes previos rendidos por las autoridades responsables: a) Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Puruándiro, Michoacán. b) Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Puruándiro, Michoacán (se hace constar que a partir del día 5 de noviembre de dos mil veintiuno, el Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal, cambió su denominación a Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Puruándiro, Michoacán). c) Director de la Policía Michoacán, con sede en José Sixto Verduzco, Michoacán. d) Agente Primero del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Puruándiro, Michoacán. JUEZ: Enseguida, se declara abierto el período probatorio. SECRETARIO: Se hace constar que ninguna de las partes ofreció medios de convicción. JUEZ: Al no haber pruebas que desahogar, se pasa al período de alegatos. Secretario, dé cuenta con los que hayan formulado las partes. SECRETARIO: Se hace constar que ninguna de las partes hizo manifestaciones en esta vía. JUEZ: Al no haber más alegatos que tener por reproducidos, se da por concluida la presente audiencia y se procede al dictado de la interlocutoria correspondiente. Se levanta la sesión. VISTOS; para resolver los autos del incidente de suspensión V-1088/2021; y, R E S U L T A N D O: 1. Mediante escrito presentado el diez de noviembre de dos mil veintiuno, en el Buzón Judicial de los Juzgados de Distrito de esta ciudad, remitido en esa fecha a este órgano jurisdiccional, por razón de turno, Juan García Rodríguez, solicitó la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados a las autoridades responsables que precisó en su demanda. 2. Por auto de once de noviembre de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional concedió la suspensión provisional a la parte quejosa; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La parte quejosa reclamó de las autoridades responsables, en el ámbito de su competencia, la orden de aprehensión y/o comparecencia, la orden de localización y/o detención, así como la ejecución de éstas. SEGUNDO: NEGATIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. De los informes previos rendidos por las autoridades responsables Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Puruándiro, Michoacán; Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Puruándiro, Michoacán, en sustitución del Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal, de Puruándiro, Michoacán; Director de la Policía Michoacán, con sede en José Sixto Verduzco, Michoacán; y, el Agente Primero del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Puruándiro, Michoacán, se advierte que negaron la existencia de los actos reclamados. No obstante las negativas de existencia de las autoridades responsables, el impetrante del amparo no aportó prueba alguna con la que lograra desvirtuarlas por lo que procede negar la suspensión definitiva solicitada en contra de dichos actos, por resultar inexistentes. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia número 1008, visible en la Segunda Parte, página 1630, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, editado en mil novecientos ochenta y ocho, de rubro: "INFORME PREVIO". En efecto, ante la negativa de las autoridades responsables de la existencia de los actos reclamados, sin que el peticionario del amparo haya ofertado prueba alguna con la cual lograra desvirtuar dichas aseveraciones, es indudable que cobra firmeza el contenido de sus informes previos y, en consecuencia, lo procedente es negar la medida suspensional solicitada, toda vez que no hay materia sobre qué decretarla, atento al criterio que informa la jurisprudencia VI. 2º. J/19, que dice: "INFORME PREVIO DEBE TENERSE COMO CIERTO SI NO EXISTEN PRUEBAS EN CONTRARIO. El informe previo debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma y, consecuentemente, debe negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario". TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. La diversa autoridad responsable Agente Segundo del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Puruándiro, Michoacán, fue omiso en rendir su informe previo, no obstante de estar debidamente notificado para ello, como así se advierte de la constancia de notificación que obra en la foja 25 de los presentes autos; por lo cual, con apoyo en el artículo 142 de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto a dicha autoridad reclamado. CONCESIÓN DE MEDIDA CAUTELAR En el caso, del apartado relativo al acto reclamado, así como de los antecedentes narrados en la demanda, se desprende que el quejoso señala como actos reclamados la orden de aprehensión y/o comparecencia, la orden de localización y/o detención, emitida en su contra, así como su ejecución; por tanto, válidamente puede colegirse que se satisface el requisito que contempla el artículo 128, fracción I, en relación con el diverso 131, ambos de la Ley de Amparo, pues el promovente solicita expresamente la suspensión del acto reclamado; además, con la concesión de la medida no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público y, de no otorgarse la misma, con la ejecución del acto se causarían al promovente daños y perjuicios de difícil reparación. Por tanto, se concede a Juan García Rodríguez, la suspensión definitiva de los citados actos reclamados, hasta en tanto se notifique a las autoridades responsables la resolución que se dicte en autos sobre la suspensión definitiva, para los siguientes efectos: Que el referido quejoso quede a disposición de este órgano jurisdiccional, sólo en lo que se refiere a su libertad personal, pero a disposición de la autoridad que deba juzgarlo para la continuación del procedimiento del orden penal que se siga en su contra. En caso de que el acto reclamado no se haya ejecutado, para que las cosas se mantengan en el estado en que actualmente se encuentran y no se materialice el mandato respectivo. En el concepto que en este supuesto, cuando la detención del quejoso no tenga relación con la comisión de un delito, deberá ser puesto en libertad. SALVEDADES. En la inteligencia de que si el acto reclamado emana de una orden o medida de protección dictada en términos de la legislación aplicable por alguna autoridad administrativa o jurisdiccional para salvaguardar la seguridad o integridad de una persona y la ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por la autoridad judicial, no procederá la medida suspensiva que se otorga; lo anterior, en términos del artículo 128, fracción II, última parte, de la Ley de Amparo. De igual manera, la suspensión que se concede, no producirá el efecto apuntado, si el delito por el cual se libró la orden de aprehensión reclamada amerita prisión preventiva oficiosa, conforme al sistema acusatorio, la suspensión sólo producirá el efecto de que quede a disposición de este Juzgado Tercero de Distrito, en el lugar donde deba ser recluido, en cuanto a su libertad personal y a la del juez de la causa, por lo que respecta a la secuela del procedimiento respectivo, en términos del artículo 166 de la Ley de Amparo. Además, de ser el último caso, no obstante que las autoridades ministeriales se encuentran señaladas como ejecutorias, si éstas motivan y fundan la urgencia o la flagrancia en el mandamiento, la suspensión producirá el efecto de que, una vez que sea detenido el quejoso, quede a disposición de este Juzgado Tercero de Distrito, en el lugar en que sea recluido y, a disposición de la autoridad responsable ordenadora para los efectos de la continuidad del procedimiento del que derive dicho mandato restrictivo de la libertad, quien deberá consignar al quejoso ante el juez que corresponda dentro del plazo de cuarenta y ocho horas siguientes a su detención o de noventa y seis en caso de delincuencia organizada, o en su caso, lo ponga en libertad bajo su más estricta responsabilidad, acorde con lo dispuesto por el artículo 16 constitucional. La concesión de la presente medida cautelar, no surtirá ningún efecto legal si los actos reclamados provienen de autoridades distintas de las señaladas como responsables; o bien, si se le sorprende en la comisión flagrante de delito, o se encuentre en alguno de los supuestos a que se refiere el párrafo sexto del artículo 16 constitucional. GARANTÍA. La medida cautelar que se concede, surte sus efectos desde luego, pero dejará de surtirlos, si el citado quejoso, no exhibe ante y a satisfacción de este juzgado y dentro del término de CINCO DÍAS, garantía por la cantidad de $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 moneda nacional), cantidad que deberá ser exhibida en billete de depósito del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros S.N.C., en el que deberá aparecer como depositante el propio promovente, o en cualquiera otra de las formas establecidas por la ley, pues de lo contrario, quedará sin efectos la medida suspensional concedida, lo cual se hará del conocimiento de las autoridades responsables que quedarán en aptitud de ejecutar el acto reclamado. Dicha suma se fija, de manera discrecional, en atención a lo dispuesto por el artículo 162, en concordancia con el diverso 168, de la Ley de Amparo, tomando en consideración que al presumirse ciertos los actos reclamados en relación a la autoridad responsable por la que se concede la presente medida cautelar, no hay certeza del tipo de ilícito que presumiblemente pudo haber cometido el quejoso, y dados los pocos datos objetivos con que se cuenta, se ejerce el arbitrio judicial para fijar la cantidad de la medida de aseguramiento que nos ocupa. Orienta a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del rubro y texto siguiente: "Época: Novena Época Registro: 168543 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVIII, Octubre de 2008 Materia(s): Penal Tesis: 1a./J. 68/2008 Página: 377 SUSPENSIÓN DEFINITIVA CONTRA ACTOS DERIVADOS DE UN PROCEDIMIENTO PENAL QUE AFECTEN LA LIBERTAD PERSONAL. ELEMENTOS QUE DEBE CONSIDERAR EL JUEZ DE DISTRITO PARA FIJAR EL MONTO DE LA GARANTÍA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 124 BIS DE LA LEY DE AMPARO). La facultad de fijar el monto de la garantía es de carácter discrecional, siempre que ello no implique exceder los extremos señalados por el legislador en las condiciones de aplicación de la citada norma. Así, el juez de distrito debe llevar a cabo un análisis integral en el que conjugue adecuadamente las siguientes tres condiciones legales. En primer lugar, debe tomar en cuenta el tipo de delito de que se trata, su naturaleza dolosa o culposa, el bien jurídico tutelado, etcétera, y aunque en este primer momento puede hacerse presente el monto estimado de la reparación del daño, eso no significa que la garantía fijada por el juez de amparo tenga que coincidir con dicho monto, pues aquélla no puede equipararse a la caución que se fija para decretar la libertad provisional, ya que la garantía tiene la finalidad de asegurar que el quejoso acuda al proceso, la dicta un juez de amparo y responde a los objetivos del control constitucional; mientras que la fianza o caución obedece a la necesidad de garantizar la reparación del daño, la fija un juez penal y es acorde con los fines del proceso penal. En segundo lugar, el juzgador debe indagar respecto a la situación económica del quejoso. Y finalmente, en tercer lugar, el juez debe vigilar que el monto de la garantía no permita al quejoso sustraerse a la acción de la justicia, es decir, habrá de fijar una cantidad que no invite al quejoso a realizar un cálculo utilitario que le orille a evadir la acción de la justicia. Por tanto, una primera cantidad obtenida a partir de la obligación derivada de la fracción I del artículo 124 bis de la Ley de Amparo debe modularse, por un lado, mediante la capacidad económica del quejoso (fracción II), para establecer el límite inferior de la garantía y, por el otro, a través de la precaución de no disminuirla a tal grado que se promueva una posible conducta evasiva por parte del quejoso (fracción III).". De igual forma, tiene aplicación al respecto, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y contenido siguiente: "Época: Novena Época Registro: 198729 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo V, Mayo de 1997 Materia(s): Penal Tesis: 1a./J. 16/97 Página: 226 SUSPENSIÓN PROVISIONAL. MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO QUE PUEDE IMPONER EL JUEZ DE AMPARO TRATÁNDOSE DE ACTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL. De los artículos 124, 136 y 138 de la Ley de Amparo se desprende, entre otros aspectos, que la suspensión se decretará cuando no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; que el Juez de amparo tiene las más amplias facultades para fijar las medidas de aseguramiento que estime convenientes, a fin de que el quejoso no se sustraiga a la acción de la justicia y que el otorgamiento de la medida cautelar no constituya un impedimento para la continuación del procedimiento que haya motivado el acto reclamado. Lo anterior lleva a considerar que al proveer respecto de la suspensión de los efectos del acto reclamado, tratándose de la restricción de la libertad personal, es menester que se guarde un prudente equilibrio entre la salvaguarda de esa delicadísima garantía constitucional, los objetivos propios de la persecución de los delitos y la continuación del procedimiento penal, aspectos sobre los que se encuentra interesada la sociedad. Para lograr dicho equilibrio, el artículo 136 de la Ley de Amparo dispone que en los juicios constitucionales en los que se reclamen actos restrictivos de la libertad, el Juez de Distrito dictará las medidas que estime necesarias, tendientes al aseguramiento del quejoso, con el fin de que sea devuelto a la autoridad responsable, en caso de que no se le concediera el amparo que hubiere solicitado, de donde se desprende que los Jueces de Distrito gozan de amplitud de criterio para fijar dichas medidas, tales como exigir fianza; establecer la obligación de que el quejoso proporcione su domicilio, a fin de que se le puedan hacer las citaciones respectivas; fijarle la obligación de presentarse al juzgado los días que se determinen y hacerle saber que está obligado a comparecer dentro de determinado plazo ante el Juez de su causa, debiendo allegar los criterios que acreditan esa comparecencia, o cualquier otra medida que considere conducente para el aseguramiento del agraviado. Asimismo, debe tomarse en cuenta que atento lo preceptuado por el artículo 138 de la Ley de Amparo, en los casos en que la suspensión sea procedente, ésta se concederá en forma tal que no impida la continuación del procedimiento en el asunto que haya motivado el acto reclamado. Por lo anterior, se concluye que los aludidos requisitos que se impongan al quejoso, al otorgar la suspensión provisional en el juicio de amparo en el que se reclamen actos restrictivos de la libertad personal, son congruentes con los preceptos que regulan la suspensión. Contradicción de tesis 33/96. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo del Décimo Cuarto Circuito. 16 de abril de 1997. Cinco votos. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. Secretario: Teódulo Angeles Espino". La medida suspensiva se concede, sin que se constriña al quejoso para que acuda ante las autoridades responsables ordenadoras, debido a que tal cuestión es exigible hasta que se tenga certeza sobre la existencia de los actos reclamados, al tenor de la jurisprudencia 149/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la siguiente literalidad: "Tesis: 1a./J. 149/2007 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 170432 Primera Sala Tomo XXVII, Enero de 2008 Página 371 Jurisprudencia (Penal) SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA ACTOS QUE AFECTAN LA LIBERTAD PERSONAL. LA OBLIGACIÓN DEL QUEJOSO DE COMPARECER ANTE EL JUEZ DE LA CAUSA O EL MINISTERIO PÚBLICO ES EXIGIBLE HASTA QUE SE TIENE CERTEZA RESPECTO DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD QUE LO EMITIÓ. El artículo 138, segundo párrafo, de la Ley de Amparo debe interpretarse en el sentido de que cuando la suspensión se haya concedido contra actos derivados de un procedimiento penal que afectan la libertad personal, la obligación del quejoso de comparecer dentro del plazo de tres días ante el juez de la causa o el Ministerio Público, apercibido que de no hacerlo la suspensión concedida dejará de surtir efectos, se actualiza hasta que se tiene certeza respecto de la existencia del acto reclamado (orden de aprehensión o de presentación) y de la autoridad que lo emitió. Ello es así, porque ante la eventualidad de que en la demanda de garantías se señalara una multiplicidad de posibles autoridades responsables, resultaría innecesario y desproporcional que se constriñera al quejoso a presentarse ante cada una de ellas; de ahí que en tal supuesto el juez de amparo que conceda la suspensión provisional debe hacerlo en términos de los artículos 124 Bis, 136 y 138 de la Ley de Amparo, pero en el entendido de que la mencionada medida de aseguramiento será exigible hasta que se tenga certeza respecto de la existencia del acto reclamado y, en su caso, de la autoridad que lo emitió, lo cual ocurre, en el juicio de amparo indirecto, cuando las autoridades señaladas como responsables rinden informe previo dentro del término de veinticuatro horas y en él manifiestan, entre otras cosas, si es o no cierto el acto que se les atribuye, cuestión que deberá notificarse personalmente al quejoso.". Lo anterior constituye un juicio de mera probabilidad, lo que significa que una vez integrado el expediente principal, y allegadas las pruebas pertinentes habrá de resolverse lo que conforme a derecho corresponda, con total independencia y libertad, por lo que el criterio de quien resuelve al ponderar los elementos anteriormente acotados no compromete el que deba sustentarse al decidir la controversia en lo principal. Los criterios jurisprudenciales o tesis que aparecen citados, se invocan aún y cuando hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos, no se opone a lo que la ley de la materia aplicable dispone en cuanto al tema de que tratan; ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor. Por lo expuesto y fundado en el artículo 144 de la Ley de amparo, se resuelve: PRIMERO. Se NIEGA a Juan García Rodríguez, la suspensión definitiva de los actos reclamados, por las razones expuestas en el considerando segundo de la presente resolución. SEGUNDO. Se CONCEDE a Juan García Rodríguez, la suspensión definitiva de los actos reclamados al Agente Segundo del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Puruándiro, Michoacán, por las razones expuestas en el considerando tercero de la presente resolución. Notifíquese. Lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Andrés Leyva Mercado, secretario que autoriza. Doy fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veinte de diciembre de dos mil veintiuno. Diferimiento de la audiencia constitucional. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el término de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del contenido de los informes justificados acordados en proveído de seis de diciembre actual; para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para hoy, la que tendrá verificativo a las diez horas con cuarenta minutos del veintisiete de enero de dos mil veintidós. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Andrés Leyva Mercado, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, encargado del despacho por ministerio de ley, con motivo de la licencia oficial concedida al titular de este órgano jurisdiccional por medio del oficio 4917/2021, signado por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, quien actúa ante Leonel López Pérez, Secretario que autoriza y da fe.Dva
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