Juan Gonzalez Gonzalez

Expediente 762/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 5 actuaciones registradas, la última del 20 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
762/2017
Año
2017
Actuaciones
5
Última actuación
20/07/2018

Partes del expediente

  • Juan Gonzalez Gonzalez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veinte de julio de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos la copia autorizada del oficio signado por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, con sede en Tapachula de Córdova y Ordoñez, mediante el cual solicita copia certificada diversas constancias que integran el juicio en que se actúa. En consecuencia, infórmese al referido Juzgado que en veintitrés de junio de dos mil diecisiete (fojas 22 a 25), se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, determinación que quedó firme mediante auto de diecisiete de julio siguiente (fojas 33 y 34), ordenándose su archivo definitivo. Asimismo, como lo solicita, remítase copia certificada de las documentales que refiere en su oficio de cuenta, para los efectos legales correspondientes. Finalmente, devuélvase al archivo el presente juicio de amparo como asunto concluido. Notifíquese.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; diecisiete de julio de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado ejecutoria el auto en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo sobreseído fuera de audiencia y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.

  3. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintitrés de junio de dos mil diecisiete. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales a que haya lugar, el informe justificado rendido por la autoridad responsable 1. Junta Especial Número Cuarenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con domicilio en esta ciudad. Asimismo, se recibe el anexo que remite la autoridad señalada como responsable consistente en copia certificada del laudo diecinueve de junio del año en curso, dictado en los autos del expediente laboral 580/2016, de su índice. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene por ofrecida, admitida y desahogada dada su propia y especial naturaleza la documental que remite la autoridad responsable. Ahora, del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa señaló como acto reclamado esencialmente el siguiente:  La omisión de dictar laudo en el expediente 580/2016. En ese contexto, se toma en cuenta el contenido de la fracción XXI del citado artículo 61, que menciona: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)" La citada causa de improcedencia requiere para su actualización que la autoridad responsable despliegue una acción dirigida al acto reclamado de tal manera que destruya todos los efectos del mismo, como si se le restituyera a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales que alega le fueron violadas. Esto es, que la propia autoridad a quien se le atribuye la emisión del acto impugnado, no solamente deje insubsistente dicha actuación, sino que lo haga en forma total e incondicional, y con ello produzca que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación de los derechos fundamentales de la quejosa. De lo que se sigue que, en la cesación de efectos del acto reclamado, el posterior actuar de la responsable debe equiparse a la concesión de amparo, en cuanto a que desaparecen los efectos del acto tachado de inconstitucional, como si éste nunca hubiera invadido la esfera jurídica del gobernado, o habiéndola irrumpido, la cesación no deja ahí ninguna huella. Así lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia 2a./J. 59/99 , de rubro y texto que se transcriben: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Luego, para que se actualice una cesación de efectos, se requiere lo siguiente: a) Un acto de autoridad que se estime lesivo de derechos fundamentales y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; b) Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; c) Una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la promoción de la demanda de garantías; y, d) Una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. En la especie, el quejoso se duele de la omisión por parte de la autoridad responsable 1. Junta Especial Número Cuarenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con domicilio en esta ciudad, de dictar el laudo correspondiente al expediente laboral 580/2016, de su índice. Ahora, se observa que la autoridad 1. Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, mediante oficio recibido el veintidós de junio del presente año, en la oficialía de partes de este Juzgado, remitió copia certificada del laudo de diecinueve de junio de dos mil diecisiete, emitido en el expediente laboral 580/2016 (fojas 16 a 21), el cual fue promovido por ***, en contra de ***, resolviendo así la contienda laboral que le fue planteada. Lo expuesto hace evidente que en el presente asunto han cesado los efectos de la omisión atribuida a la autoridad responsable, al haberse demostrado que durante el juicio de amparo emitió el laudo correspondiente, de tal forma que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación impugnada. Es así, porque la parte quejosa reclamó la violación a la garantía de prontitud en la impartición de justicia, a partir de la inactividad de la citada autoridad, consistente en que no dictaba el laudo respectivo en el juicio laboral de origen, ello dentro del plazo que la ley establece, lo que en el caso se subsana con la resolución dictada por tal autoridad. De ese modo, quien resuelve concluye que lo actuado por la autoridad responsable extingue la omisión original en que se encontraba y que motivó la promoción del juicio de amparo en que se actúa. Luego, al haberse acreditado que cesaron los efectos del acto que por esta vía se reclamó, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que por su aplicación relacionada con la fracción V del numeral 63 del mismo ordenamiento, obliga a SOBRESEER EN EL PRESENTE JUICIO FUERA DE AUDIENCIA. Sin que sea óbice al criterio sostenido, el hecho de que no se haya emplazado a la contraparte de la parte quejosa en el juicio natural, es decir, al tercero interesado, pues si bien el emplazamiento a las partes es una regla que norma el procedimiento en el juicio de amparo, cuya inobservancia da lugar a la reposición del procedimiento para que se subsane esa irregularidad, la violación procesal en comento se funda en que podría dictarse un fallo sin haberle dado oportunidad de defenderse debidamente. Empero, ello no procede cuando se advierte de manera notoria que la sentencia no modifica en forma alguna la situación jurídica de los terceros interesados no emplazados, no produciéndole beneficio alguno la reposición del procedimiento, sino, por el contrario, causándole perjuicio, cuando menos en cuanto al tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiéndose en ese caso pronunciar la resolución que corresponda. Esta interpretación se sustenta en que el propósito de la reposición es que no queden en pie irregularidades procesales que pudieran lesionar a alguna de las partes, lo que no sucede en la especie, pues se sobreseyó fuera de audiencia en el presente asunto, cuestión que no la perjudica. Así, en vista de que la presente sentencia no afecta la situación jurídica de los terceros interesados en comento, existe razón suficiente para dictar el fallo que en derecho corresponde. Las anteriores consideraciones encuentran sustento, por identidad de razón, en la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , de rubro y texto: "TERCERO PERJUDICADO, FALTA DE EMPLAZAMIENTO LEGAL. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCION LO BENEFICIARA. Si bien es cierto que de conformidad con lo establecido por el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, la regla general es que cuando el tercero perjudicado no ha concurrido legalmente al juicio debe ordenarse la reposición para que se subsane esa irregularidad, pues cabe suponer que podría dictarse un fallo sin haberle dado oportunidad de defenderse debidamente, ello no procede cuando se advierte de manera notoria que la sentencia lo favorecerá, no produciéndole beneficio alguno la reposición del procedimiento, sino, por el contrario, causándole perjuicio, cuando menos en cuanto al tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiéndose en ese caso pronunciar la resolución que corresponda; fundándose esta interpretación en que el propósito del precepto citado, así como de las tesis formuladas en relación con él, es que no queden en pie irregularidades procesales que pudieran lesionar a alguna de las partes, lo que no sucede en la hipótesis especificada." Finalmente, no pasa desapercibido para quien resuelve, que en el presente juicio de amparo no ha transcurrido el término de ocho días a que refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el que se debe dar vista a las partes para que tengan conocimiento de las constancias que en vía de alcance remitió la autoridad responsable como complemento a su informe con justificación, antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo, se procedió a resolver este asunto, tomando en consideración que el motivo de la vista a que se refiere el numeral invocado, es para el efecto de dar oportunidad a las partes de desvirtuar los argumentos expuestos en el mismo, y en la especie, la parte quejosa, de forma alguna podría desvirtuar lo manifestado por la responsable. Por las razones asentadas en líneas precedentes, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con dos minutos del seis de julio del año en curso. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    CON APOYO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISOS B) Y C), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO A TRAVÉS DE LA LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE VEINTITRÉS DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE, A QUE SE REFIETE EL CITATORIO DE VEINTISÉIS DEL MES EN CURSO, QUE DICE: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintitrés de junio de dos mil diecisiete. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales a que haya lugar, el informe justificado rendido por la autoridad responsable 1. Junta Especial Número Cuarenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con domicilio en esta ciudad. Asimismo, se recibe el anexo que remite la autoridad señalada como responsable consistente en copia certificada del laudo ..., dictado en los autos del expediente laboral ..., de su índice. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene por ofrecida, admitida y desahogada dada su propia y especial naturaleza la documental que remite la autoridad responsable. Ahora, del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa señaló como acto reclamado esencialmente el siguiente:  La omisión de dictar laudo en el expediente .... En ese contexto, se toma en cuenta el contenido de la fracción XXI del citado artículo 61, que menciona: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)" La citada causa de improcedencia requiere para su actualización que la autoridad responsable despliegue una acción dirigida al acto reclamado de tal manera que destruya todos los efectos del mismo, como si se le restituyera a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales que alega le fueron violadas. Esto es, que la propia autoridad a quien se le atribuye la emisión del acto impugnado, no solamente deje insubsistente dicha actuación, sino que lo haga en forma total e incondicional, y con ello produzca que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación de los derechos fundamentales de la quejosa. De lo que se sigue que, en la cesación de efectos del acto reclamado, el posterior actuar de la responsable debe equiparse a la concesión de amparo, en cuanto a que desaparecen los efectos del acto tachado de inconstitucional, como si éste nunca hubiera invadido la esfera jurídica del gobernado, o habiéndola irrumpido, la cesación no deja ahí ninguna huella. Así lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia 2a./J. 59/99 , de rubro y texto que se transcriben: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Luego, para que se actualice una cesación de efectos, se requiere lo siguiente: a) Un acto de autoridad que se estime lesivo de derechos fundamentales y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; b) Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; c) Una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la promoción de la demanda de garantías; y, d) Una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. En la especie, el quejoso se duele de la omisión por parte de la autoridad responsable 1. Junta Especial Número Cuarenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con domicilio en esta ciudad, de dictar el laudo correspondiente al expediente laboral ..., de su índice. Ahora, se observa que la autoridad 1. Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, mediante oficio recibido el veintidós de junio del presente año, en la oficialía de partes de este Juzgado, remitió copia certificada del laudo de ..., emitido en el expediente laboral ..., el cual fue promovido por ..., resolviendo así la contienda laboral que le fue planteada. Lo expuesto hace evidente que en el presente asunto han cesado los efectos de la omisión atribuida a la autoridad responsable, al haberse demostrado que durante el juicio de amparo emitió el laudo correspondiente, de tal forma que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación impugnada. Es así, porque la parte quejosa reclamó la violación a la garantía de prontitud en la impartición de justicia, a partir de la inactividad de la citada autoridad, consistente en que no dictaba el laudo respectivo en el juicio laboral de origen, ello dentro del plazo que la ley establece, lo que en el caso se subsana con la resolución dictada por tal autoridad. De ese modo, quien resuelve concluye que lo actuado por la autoridad responsable extingue la omisión original en que se encontraba y que motivó la promoción del juicio de amparo en que se actúa. Luego, al haberse acreditado que cesaron los efectos del acto que por esta vía se reclamó, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que por su aplicación relacionada con la fracción V del numeral 63 del mismo ordenamiento, obliga a SOBRESEER EN EL PRESENTE JUICIO FUERA DE AUDIENCIA. Sin que sea óbice al criterio sostenido, el hecho de que no se haya emplazado a la contraparte de la parte quejosa en el juicio natural, es decir, al tercero interesado, pues si bien el emplazamiento a las partes es una regla que norma el procedimiento en el juicio de amparo, cuya inobservancia da lugar a la reposición del procedimiento para que se subsane esa irregularidad, la violación procesal en comento se funda en que podría dictarse un fallo sin haberle dado oportunidad de defenderse debidamente. Empero, ello no procede cuando se advierte de manera notoria que la sentencia no modifica en forma alguna la situación jurídica de los terceros interesados no emplazados, no produciéndole beneficio alguno la reposición del procedimiento, sino, por el contrario, causándole perjuicio, cuando menos en cuanto al tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiéndose en ese caso pronunciar la resolución que corresponda. Esta interpretación se sustenta en que el propósito de la reposición es que no queden en pie irregularidades procesales que pudieran lesionar a alguna de las partes, lo que no sucede en la especie, pues se sobreseyó fuera de audiencia en el presente asunto, cuestión que no la perjudica. Así, en vista de que la presente sentencia no afecta la situación jurídica de los terceros interesados en comento, existe razón suficiente para dictar el fallo que en derecho corresponde. Las anteriores consideraciones encuentran sustento, por identidad de razón, en la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , de rubro y texto: "TERCERO PERJUDICADO, FALTA DE EMPLAZAMIENTO LEGAL. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCION LO BENEFICIARA. Si bien es cierto que de conformidad con lo establecido por el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, la regla general es que cuando el tercero perjudicado no ha concurrido legalmente al juicio debe ordenarse la reposición para que se subsane esa irregularidad, pues cabe suponer que podría dictarse un fallo sin haberle dado oportunidad de defenderse debidamente, ello no procede cuando se advierte de manera notoria que la sentencia lo favorecerá, no produciéndole beneficio alguno la reposición del procedimiento, sino, por el contrario, causándole perjuicio, cuando menos en cuanto al tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiéndose en ese caso pronunciar la resolución que corresponda; fundándose esta interpretación en que el propósito del precepto citado, así como de las tesis formuladas en relación con él, es que no queden en pie irregularidades procesales que pudieran lesionar a alguna de las partes, lo que no sucede en la hipótesis especificada." Finalmente, no pasa desapercibido para quien resuelve, que en el presente juicio de amparo no ha transcurrido el término de ocho días a que refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el que se debe dar vista a las partes para que tengan conocimiento de las constancias que en vía de alcance remitió la autoridad responsable como complemento a su informe con justificación, antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo, se procedió a resolver este asunto, tomando en consideración que el motivo de la vista a que se refiere el numeral invocado, es para el efecto de dar oportunidad a las partes de desvirtuar los argumentos expuestos en el mismo, y en la especie, la parte quejosa, de forma alguna podría desvirtuar lo manifestado por la responsable. Por las razones asentadas en líneas precedentes, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con dos minutos del seis de julio del año en curso. Notifíquese personalmente.

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