Juan Gonzalez Gonzalez
Expediente 258/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 5 actuaciones registradas, la última del 20 de julio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 258/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 20/07/2018
Partes del expediente
- Juan Gonzalez Gonzalez
- Juan Gonzalez Gonzalez y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veinte de julio de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, con sede en Tapachula de Córdova y Ordoñez, mediante el cual solicita copia certificada diversas constancias que integran el juicio en que se actúa. En consecuencia, infórmese al referido Juzgado que en veinte de marzo de dos mil dieciocho (fojas 18 a 21), se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, determinación que quedó firme mediante auto de diecisiete de abril del año en curso (fojas 30 y 31), ordenándose su archivo definitivo. Asimismo, como lo solicita, remítase copia certificada de las documentales que refiere en su oficio de cuenta, para los efectos legales correspondientes. Por otra parte, en virtud de que la autoridad oficiante también solicita copia certificada de diversas constancias relativas al juicio de amparo xxx, con copia autorizada del oficio que se provee, acuérdese lo conducente en dicho juicio. Finalmente, devuélvase al archivo el presente juicio de amparo como asunto concluido. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; diecisiete de abril de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que el auto en el cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo ha quedado firme, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión en su contra. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo sobreseído y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. De los autos del presente expediente no se advierte que existan documentos originales en los términos que señala el párrafo tercero del punto décimo primero del referido acuerdo. Es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no tiene especial trascendencia jurídica, política, histórica, ni documental, ni se encuentra dentro de los supuestos a que alude el segundo párrafo de la fracción V del artículo vigésimo primero del acuerdo citado en líneas que anteceden. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veinte de marzo de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el informe justificado que rinde la autoridad responsable 1. Junta Especial Número Cuarenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, por conducto de su Presidente. Anexo al informe que se recibe, la autoridad señalada como responsable remite copia certificada del proveído de dieciséis de marzo del año en curso, dictado en los autos del expediente laboral 580/2016, de su índice. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene por ofrecida, admitida y desahogada dada su propia y especial naturaleza la documental que remite la autoridad responsable. Ahora, del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa señaló como acto reclamado la dilación en que ha incurrido la Junta responsable de acordar el escrito que presentó el dos de octubre de dos mil diecisiete, por el que solicitó se dictara auto para la ejecución del laudo de diecinueve de junio de dos mil diecisiete, dictado en el expediente laboral 580/2018, del índice. En ese contexto, se toma en cuenta el contenido de la fracción XXI del citado artículo 61, que menciona: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)" La citada causa de improcedencia requiere para su actualización que la autoridad responsable despliegue una acción dirigida al acto reclamado de tal manera que destruya todos los efectos del mismo, como si se le restituyera a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales que alega le fueron violados. Esto es, que la propia autoridad a quien se le atribuye la emisión del acto impugnado, no solamente deje insubsistente dicha actuación, sino que lo haga en forma total e incondicional, y con ello produzca que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación de los derechos fundamentales del quejoso. De lo que se sigue que, en la cesación de efectos del acto reclamado, el posterior actuar de la responsable debe equiparse a la concesión de amparo, en cuanto a que desaparecen los efectos del acto tachado de inconstitucional, como si éste nunca hubiera invadido la esfera jurídica del gobernado, o habiéndola irrumpido, la cesación no deja ahí ninguna huella. Así lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia 2a./J. 59/99 , de rubro "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.". Luego, para que se actualice una cesación de efectos, se requiere lo siguiente: a) Un acto de autoridad que se estime lesivo de derechos fundamentales y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; b) Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; c) Una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la promoción de la demanda de garantías; y, d) Una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. En la especie, la parte quejosa se duele de la dilación por parte de la autoridad responsable 1. Junta Especial Número Cuarenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, de acordar el escrito que presentó el dos de octubre de dos mil diecisiete, por el que solicitó se dictar auto de ejecución del laudo de diecinueve de junio de dos mil diecisiete, dictado en el expediente laboral 580/2016 de su índice. Ahora, la citada autoridad responsable al rendir su informe justificado remitió copia certificada del proveído de dieciséis de marzo del año en curso, dictado en el expediente laboral 580/2016 (foja 17), mediante el cual tuvo por recibido el escrito signado por Rodulfo Isidro Cervantes Orozco, apoderado legal de la parte actora -aquí quejosa-, presentado el dos de octubre de dos mil diecisiete, en el que se le indicó que no había lugar a acordar favorablemente su petición, en razón de que el laudo de mérito aún no ha sido notificado a la parte demandada; subsanando así la dilación planteada. Lo expuesto hace evidente que en el presente asunto han cesado los efectos de la dilación reclamada, al haberse demostrado que durante el juicio de amparo la Junta responsable se pronunció respecto del escrito de que la parte quejosa presentó el dos de octubre de dos mil diecisiete, en el expediente laboral 58/2016, de tal forma que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación impugnada. Además, no pasa desapercibido para quien esto determina, que de los antecedentes que constituyen el acto reclamado, el quejoso manifieste que la autoridad responsable tampoco ha notificado a la parte demandada del laudo dictado el diecinueve de junio de dos mil diecisiete, en los autos del juicio laboral 580/2016; sin embargo, del citado proveído de dieciséis de marzo del año en curso, es de advertirse que ordenó su notificación por medio de estrados. De ese modo, quien resuelve concluye que lo actuado por la autoridad responsable extingue la dilación original en que se encontraba y que motivó la promoción del juicio de amparo en que se actúa. Luego, al haberse acreditado que cesaron los efectos del acto que por esta vía se reclamó, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que por su aplicación relacionada con la fracción V del numeral 63 del mismo ordenamiento, obliga a SOBRESEER EN EL PRESENTE JUICIO FUERA DE AUDIENCIA. Sin que sea óbice al criterio sostenido, el hecho de que no se haya emplazado a la contraparte del quejoso en el juicio natural, es decir, al tercero interesado, pues si bien el emplazamiento a las partes es una regla que norma el procedimiento en el juicio de amparo, cuya inobservancia da lugar a la reposición del procedimiento para que se subsane esa irregularidad, la violación procesal en comento se funda en que podría dictarse un fallo sin haberle dado oportunidad de defenderse debidamente. Empero, ello no procede cuando se advierte de manera notoria que la sentencia no modifica en forma alguna la situación jurídica del tercero interesado no emplazado, no produciéndole beneficio alguno la reposición del procedimiento, sino, por el contrario, causándole perjuicio, cuando menos en cuanto al tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiéndose en ese caso pronunciar la resolución que corresponda. Esta interpretación se sustenta en que el propósito de la reposición es que no queden en pie irregularidades procesales que pudieran lesionar a alguna de las partes, lo que no sucede en la especie, pues se sobreseyó en el presente asunto, cuestión que no le perjudica. Así, en vista de que la presente sentencia no afecta la situación jurídica del tercero interesado en comento, existe razón suficiente para dictar el fallo que en derecho corresponde. Las anteriores consideraciones encuentran sustento, por identidad de razón, en la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que tiene por rubro "TERCERO PERJUDICADO, FALTA DE EMPLAZAMIENTO LEGAL. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCION LO BENEFICIARA". Por otro lado, no pasa desapercibido para quien resuelve, que en el presente juicio de amparo se encuentre transcurriendo el plazo de ocho días a que refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes tengan conocimiento del informe justificado que rinda la autoridad responsable correspondiente, antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo, se procedió a resolver este asunto, tomando en consideración que el motivo de la vista a que se refiere el numeral invocado, es para el efecto de dar oportunidad a las partes de desvirtuar los argumentos expuestos en el mismo, y en la especie, la parte quejosa, de forma alguna no podría desvirtuar lo manifestado por la responsable. Por las razones asentadas en líneas precedentes, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con dieciocho minutos del veintiocho de marzo del año en curso. Notifíquese. .
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL ACUERDO DE VEINTE DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE DICE: "Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veinte de marzo de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el informe justificado que rinde la autoridad responsable 1. Junta Especial Número Cuarenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, por conducto de su Presidente. Anexo al informe que se recibe, la autoridad señalada como responsable remite copia certificada del proveído de dieciséis de marzo del año en curso, dictado en los autos del expediente laboral 580/2016, de su índice. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene por ofrecida, admitida y desahogada dada su propia y especial naturaleza la documental que remite la autoridad responsable. Ahora, del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa señaló como acto reclamado la dilación en que ha incurrido la Junta responsable de acordar el escrito que presentó el dos de octubre de dos mil diecisiete, por el que solicitó se dictara auto para la ejecución del laudo de diecinueve de junio de dos mil diecisiete, dictado en el expediente laboral 580/2018, del índice. En ese contexto, se toma en cuenta el contenido de la fracción XXI del citado artículo 61, que menciona: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)" La citada causa de improcedencia requiere para su actualización que la autoridad responsable despliegue una acción dirigida al acto reclamado de tal manera que destruya todos los efectos del mismo, como si se le restituyera a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales que alega le fueron violados. Esto es, que la propia autoridad a quien se le atribuye la emisión del acto impugnado, no solamente deje insubsistente dicha actuación, sino que lo haga en forma total e incondicional, y con ello produzca que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación de los derechos fundamentales del quejoso. De lo que se sigue que, en la cesación de efectos del acto reclamado, el posterior actuar de la responsable debe equiparse a la concesión de amparo, en cuanto a que desaparecen los efectos del acto tachado de inconstitucional, como si éste nunca hubiera invadido la esfera jurídica del gobernado, o habiéndola irrumpido, la cesación no deja ahí ninguna huella. Así lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia 2a./J. 59/99 , de rubro "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.". Luego, para que se actualice una cesación de efectos, se requiere lo siguiente: a) Un acto de autoridad que se estime lesivo de derechos fundamentales y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; b) Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; c) Una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la promoción de la demanda de garantías; y, d) Una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. En la especie, la parte quejosa se duele de la dilación por parte de la autoridad responsable 1. Junta Especial Número Cuarenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, de acordar el escrito que presentó el dos de octubre de dos mil diecisiete, por el que solicitó se dictar auto de ejecución del laudo de diecinueve de junio de dos mil diecisiete, dictado en el expediente laboral 580/2016 de su índice. Ahora, la citada autoridad responsable al rendir su informe justificado remitió copia certificada del proveído de dieciséis de marzo del año en curso, dictado en el expediente laboral 580/2016 (foja 17), mediante el cual tuvo por recibido el escrito signado por Rodulfo Isidro Cervantes Orozco, apoderado legal de la parte actora -aquí quejosa-, presentado el dos de octubre de dos mil diecisiete, en el que se le indicó que no había lugar a acordar favorablemente su petición, en razón de que el laudo de mérito aún no ha sido notificado a la parte demandada; subsanando así la dilación planteada. Lo expuesto hace evidente que en el presente asunto han cesado los efectos de la dilación reclamada, al haberse demostrado que durante el juicio de amparo la Junta responsable se pronunció respecto del escrito de que la parte quejosa presentó el dos de octubre de dos mil diecisiete, en el expediente laboral 58/2016, de tal forma que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación impugnada. Además, no pasa desapercibido para quien esto determina, que de los antecedentes que constituyen el acto reclamado, el quejoso manifieste que la autoridad responsable tampoco ha notificado a la parte demandada del laudo dictado el diecinueve de junio de dos mil diecisiete, en los autos del juicio laboral 580/2016; sin embargo, del citado proveído de dieciséis de marzo del año en curso, es de advertirse que ordenó su notificación por medio de estrados. De ese modo, quien resuelve concluye que lo actuado por la autoridad responsable extingue la dilación original en que se encontraba y que motivó la promoción del juicio de amparo en que se actúa. Luego, al haberse acreditado que cesaron los efectos del acto que por esta vía se reclamó, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que por su aplicación relacionada con la fracción V del numeral 63 del mismo ordenamiento, obliga a SOBRESEER EN EL PRESENTE JUICIO FUERA DE AUDIENCIA. Sin que sea óbice al criterio sostenido, el hecho de que no se haya emplazado a la contraparte del quejoso en el juicio natural, es decir, al tercero interesado, pues si bien el emplazamiento a las partes es una regla que norma el procedimiento en el juicio de amparo, cuya inobservancia da lugar a la reposición del procedimiento para que se subsane esa irregularidad, la violación procesal en comento se funda en que podría dictarse un fallo sin haberle dado oportunidad de defenderse debidamente. Empero, ello no procede cuando se advierte de manera notoria que la sentencia no modifica en forma alguna la situación jurídica del tercero interesado no emplazado, no produciéndole beneficio alguno la reposición del procedimiento, sino, por el contrario, causándole perjuicio, cuando menos en cuanto al tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiéndose en ese caso pronunciar la resolución que corresponda. Esta interpretación se sustenta en que el propósito de la reposición es que no queden en pie irregularidades procesales que pudieran lesionar a alguna de las partes, lo que no sucede en la especie, pues se sobreseyó en el presente asunto, cuestión que no le perjudica. Así, en vista de que la presente sentencia no afecta la situación jurídica del tercero interesado en comento, existe razón suficiente para dictar el fallo que en derecho corresponde. Las anteriores consideraciones encuentran sustento, por identidad de razón, en la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que tiene por rubro "TERCERO PERJUDICADO, FALTA DE EMPLAZAMIENTO LEGAL. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCION LO BENEFICIARA". Por otro lado, no pasa desapercibido para quien resuelve, que en el presente juicio de amparo se encuentre transcurriendo el plazo de ocho días a que refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes tengan conocimiento del informe justificado que rinda la autoridad responsable correspondiente, antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo, se procedió a resolver este asunto, tomando en consideración que el motivo de la vista a que se refiere el numeral invocado, es para el efecto de dar oportunidad a las partes de desvirtuar los argumentos expuestos en el mismo, y en la especie, la parte quejosa, de forma alguna no podría desvirtuar lo manifestado por la responsable. Por las razones asentadas en líneas precedentes, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con dieciocho minutos del veintiocho de marzo del año en curso. Notifíquese."
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