Juan Gabriel Hernández Velasco

Expediente 561/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de julio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
561/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
10/07/2017

Partes del expediente

  • Juan Gabriel Hernández Velasco

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, diez de julio de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que el proveído en el que se sobreseyó en este juicio de amparo ha causado estado, considerando que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en su contra. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese este juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se sobreseyó fuera de audiencia, no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.

  2. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL CONTENIDO DEL ACUERDO DE DIECISEIS DE LOS CORRIENTES QUE EN SU PARTE MEDULAR DICE: "Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; dieciséis de junio de dos mil diecisiete. Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos la comunicación de la Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con domicilio en esta ciudad, por el que remite copia certificada del laudo de doce de junio del año en curso, dictado en el expediente *****, de su índice, promovido por *****. Documental a la que se le concede valor probatorio pleno, en términos de lo que establecen los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2. Ahora, del escrito inicial de demanda se advierte que la parte quejosa señaló como acto reclamado la omisión de dictar el laudo en el expediente *****. En ese contexto, se toma en cuenta el contenido de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional, respecto de un acto que ya no afecta a la peticionaria de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo anterior implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos de dicho acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención, no es sólo la paralización del acto de autoridad, además es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. De lo expuesto se desprende que, para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de cuatro extremos, a saber: a) Un acto de autoridad que se estime lesivo de derechos fundamentales y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; b) Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; c) Una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la promoción de la demanda de garantías; y, d) Una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. Por otro lado, resulta indispensable acudir al contenido del artículo 77 de la Ley Reglamentaria de los diversos 103 y 107 de la Constitución General de la República, que a la letra señala: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija". Del precepto transcrito se obtiene que los efectos que genera la concesión del amparo y protección de la Justicia de la Unión, tratándose de actos de carácter omisivo, es obligar a la autoridad responsable a respetar la prerrogativa de que se trate y exigir de la misma su cumplimiento. Esto es, tratándose de actos omisivos de autoridades responsables, se entiende que han dejado de surtir sus efectos una vez que la autoridad lleva a cabo el acto que destruye la violación al derecho reconocido por la Constitución General. En la especie, el quejoso se duelen de la omisión por parte de la autoridad responsable Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, de dictar laudo dentro del juicio laboral *****, de su índice. Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que el doce de junio del año en curso, dictó laudo definitivo en la controversia laboral de origen; es decir, en fecha posterior a la presentación de la demanda, la Junta responsable subsanó la dilación procesal que se le reclamaba. En ese sentido, deviene inconcuso que los efectos del acto reclamado consistente en la omisión por parte de la autoridad responsable Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, de dictar laudo en el juicio laboral *****, ha cesado en sus efectos, quedado insubsistente en forma total e incondicional el citado acto tildado de inconstitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí ninguna huella. Luego, al haberse acreditado que cesaron los efectos del acto que por esta vía se reclamó, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que por su aplicación relacionada con la fracción V del numeral 63 del mismo ordenamiento, obliga a SOBRESEER EN ESTE JUICIO FUERA DE AUDIENCIA. No pasa desapercibido, el hecho de que con esta fecha se esté agregando la constancia remitida por la autoridad responsable y por ende, no transcurra el plazo de ocho días para que las partes se enteren del contenido de los mismos, en la medida que, el término que se les concede para tal efecto, es sólo para desvirtuar con pruebas suficientes el contenido referido y, en el caso, ninguna prueba podría desvirtuar la actualización de la causal de improcedencia que se invoca. Así también, no obsta para decretar el sobreseimiento anterior, que en autos no conste que se hayan emplazado a los terceros interesados, ya que a nada práctico conduciría, ante la notoriedad de la causa de sobreseimiento ya descrita, lo que implica que el sentido adoptado no le irroga ningún perjuicio. Por las razones asentadas en líneas precedentes, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las diez horas del veinticinco de junio dos mil diecisiete. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; doce de junio de dos mil diecisiete. Agréguese con vista a las partes en el juicio de amparo en que se actúa, el informe justificado rendido por la autoridad responsable 1. Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, residente en esta ciudad; y dése nueva cuenta con el mismo en la audiencia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo. Con fundamento en los preceptos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida, admitida y desahogada dada su propia y especial naturaleza la documental que en copia certificada remite la autoridad responsable, sin perjuicio de hacer relación de ella el día y hora señalada para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Notifíquese.

  4. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintinueve de mayo de dos mil diecisiete. ADMISIÓN Con fundamento en los artículos 107, 108 y 112 de la Ley de Amparo, se admite la demanda promovida por *****, contra actos de la siguiente autoridad responsable: 1. Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 561/2017-XI. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Tramítese el presente juicio sin incidente de suspensión por no haberse solicitado expresamente la suspensión del acto reclamado. INTERVENCIÓN DE LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL ADSCRITA Con fundamento en el artículo 5 fracción IV de la Ley de Amparo, se da la intervención legal a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las DIEZ HORAS DEL VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE. No habrá necesidad de emitir oficios a la autoridad responsable para notificarle el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la referida audiencia, porque tal determinación no tiene la trascendencia de una notificación personal, a la que equivale una comunicación por oficio; por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la audiencia constitucional, la fecha y hora acordadas nuevamente para ese efecto las podrán consultar en la página de internet http:www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes [aplicable la jurisprudencia 2a./J.176/2012 (10a) número de registro 2002576]. SOLICITUD DE INFORME JUSTIFICADO Requiérase a la responsable rinda su informe justificado dentro del término de quince días siguientes al en que reciban el oficio por el que se le solicita, con el apercibimiento de que en caso de que no rinda oportunamente dicho informe, se hará acreedora a una multa equivalente a cien días de unidades de medida y actualización, que arroja la cantidad de $7,549.00 (siete mil quinientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), esto con fundamento en lo dispuesto por el artículo 260, fracción II, en relación con el 238 de la Ley de Amparo, y tomando como base el valor inicial diario equivalente a $75.49 (setenta y cinco pesos 49/100 moneda nacional) conforme lo dispone el artículo Segundo Transitorio, del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de enero de dos mil diecisiete. Asimismo, se hace del conocimiento de la autoridad responsable que en caso de actualizarse la cesación de efectos del acto reclamado, o bien que ocurra alguna causa notoria de sobreseimiento, deberá informarlo de inmediato, apercibida que de no hacerlo se le impondrá una multa de treinta Unidades de Medida y Actualización vigente al día de hoy, de conformidad con los artículos 64 y 251 de la Ley de Amparo. DOMICILIOS Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el que al efecto indica y autorizando con las facultades que señala el artículo 12 de la Ley de Amparo, a *****, y en términos restringidos a la diversa persona que indica. TERCERO INTERESADO Respecto a los terceros interesados que menciona la parte quejosa, este juzgado se reserva a proveer lo conducente, hasta en tanto se cuenten con las constancias que remita la autoridad responsable en su informe justificado. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. APERCIBIMIENTO Con fundamento en el artículo 108 fracción III y, 63 de la Ley de Amparo, se apercibe al quejoso que de señalar incorrectamente la denominación de la autoridad responsable; tendrá como efecto declarar su inexistencia, y previa vista que se otorgue, se continuará con el trámite del juicio o, se sobreseerá respecto a la declarada inexistente. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Con fundamento en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, referente a los criterios de clasificación y conservación de la información reservada o confidencial para garantizar el respeto a la privacidad; hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en la sentencia respectiva, en el entendido que de no realizar manifestación alguna serán omitidos y solamente en caso de consentimiento expreso serán publicados. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese.

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