Juan Felipe Torres Escudero
Expediente 576/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 15 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 576/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 22/11/2016
Partes del expediente
- Juan Felipe Torres Escudero
- Juan Felipe Torres Escudero y Otros.
- Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal, del Distrito Judicial Catazajá-Palenque, Chiapas
- José Shtalin López Morales
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintidós de noviembre de dos mil dieciséis. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se aprecia que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días establecido en el primer párrafo del artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes manifestaran su inconformidad contra el proveído de cinco de octubre de dos mil dieciséis, que declaró cumplido el fallo protector; en consecuencia, se tiene por consentido dicho acuerdo, toda vez que ninguna de las partes se inconformó. ANOTACIONES Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio que concedió el amparo, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. 3.- Devuélvase a la autoridad responsable Juez Penal de Primera Instancia, con sede en Catazajá, Chiapas, las copias certificadas de la causa penal 5/2016 (un tomo), que remitió en apoyo a su informe justificado, solicitando el acuse de recibo respectivo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma la Juez Minerva López Constantino, Titular del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistida del Secretario que autoriza y da fe Emilio Cesar Santiago Lozano, a quien faculta a firmar los oficios que se expidan, quien certifica que el presente acuerdo se encuentra debidamente incorporado al expediente electrónico. Doy Fe.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, catorce de octubre de dos mil dieciséis. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio signado por el Administrador del Servicio Postal Mexicano, con sede en esta ciudad; sin realizarse mayor pronunciamiento en respecto de su contenido, toda vez que el acuse obra agregado a foja 252. Cúmplase.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas cinco de octubre de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante oficio registrado con el folio 15181 (foja 197), la autoridad responsable Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Catazajá-Palenque, con sede en Playas de Catazajá, manifestó haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Ahora bien, tomando en consideración que el cumplimiento de las sentencias de los procedimientos de amparo es de orden público, este órgano jurisdiccional se encuentra obligado a determinar si tal ejecutoria está cumplimentada o no, aun cuando las partes no hayan desahogado la vista ordenada sobre el particular, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Apoya la anterior determinación, en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo, la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 243, tomo XI-marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación, novena época, cuya sinopsis es: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Igualmente resulta aplicable, en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo, la tesis IX.1o.6 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, consultable en la página 883, tomo III-marzo de 1996, del Semanario Judicial de la Federación, novena época, que dice: "AMPARO, EJECUTORIAS DE. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER INMEDIATO. Los artículos 104, 105, 106 y 107 de la Ley de Amparo, que se refieren a la ejecución de las sentencias dictadas en los juicios de garantías, no prevén ningún caso de excepción. Por el contrario, se advierte que el espíritu de estas disposiciones legales, es el de que las ejecutorias de amparo deben ser cumplimentadas sin demora por las autoridades responsables, pues el restablecimiento de la garantía o garantías violadas, mediante la ejecución de la sentencia de amparo, es una cuestión legal de orden público, que no puede ser aplazada o condicionada a procedimientos ordinarios; estimarlo de otra forma es contrario a los fines del juicio de garantías y altera la jerarquía de las normas jurídicas." En la demanda de amparo la parte quejosa señaló como autoridad responsable al Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Catazajá-Palenque, con residencia en Playas de Catazajá, de quien reclamó lo siguiente: "[.]El Auto Constitucional de 16 dieciséis de enero del dos mil dieciséis, dictada en nuestro agravio, por la autoridad señala como responsable ordenadora, en el que nos decretó AUTO DE FORMAL PRISIÓN como probables responsables de los delitos de ROBO EJECUTADO CON VIOLENCIA, previsto y sancionado por el artículo 270, fracción III, 274, 275, fracción II y 276, fracción XV, en relación al 14, párrafos primero y segundo, fracción I, 15 párrafos primero y segundo, y 19, párrafos primero y segundo, fracción III, cometido en agravio de la empresa HI TEC ARRIAGATION DE MÉXICO S. DE R.L. DE C.V., representada por EMILIO ZAVALA GÓMEZ, y por el delito de ASOCIACIÓN DELICTUOSA, previsto en el numeral 370 sancionado por el primer párrafo del mismo numeral, con relación a los numerales 14 párrafo primero y segundo, fracción II, 15 párrafo segundo, y 19 párrafos primero y segundo, fracción III del Código Penal en el Estado de Chiapas; dictado por el Juez del Ramo Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Catazajá-Palenque.. [.]" Ahora bien, mediante resolución de cuatro de agosto de dos mil dieciséis, pronunciada por este órgano jurisdiccional, la cual causó ejecutoria el veintitrés de agosto siguiente, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión. EFECTO DE LA SENTENCIA AMPARADORA Los efectos de la concesión de amparo fueron precisados en la resolución en comento, quedando de la siguiente forma: "[.] i) Deje insubsistente el auto de formal prisión de dieciséis de enero de dos mil dieciséis, dictado en la causa penal 5/2016, por la comisión del delito de robo ejecutado con violencia agravado, previsto y sancionado en el artículo 270, fracción III, 274, 275, fracción II, y 276, fracción XV, en relación al 14, párrafos primero y segundo, fracción II, 15, párrafos primero y segundo, y 19, párrafos primero y segundo, fracción III, cometido en agravio de la empresa HI TEC IRRIGATION DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. representada por Emilio Zavala Gómez; y por el diverso de asociación delictuosa, previsto por el numeral 370, y sancionado en el primer párrafo del mismo numeral, con relación a los numerales 14, párrafo primero y segundo, fracción II, 15 párrafo segundo, y 19 párrafos primero y segundo. ii) Tenga por no acreditado el cuerpo del delito de asociación delictuosa, previsto y sancionado por el artículo 370 del Código Penal del Estado, que atribuye a los impetrantes de amparo Juan Felipe Torres Escudero y José Shtalin López Morales; y por ende, la no probable responsabilidad en su comisión. iii) Asimismo, por lo que respecta al delito de robo ejecutado con violencia y agravado, con libertad de jurisdicción pero con base en los lineamientos de esta sentencia, de manera fundada y motivada, deberá realizar el estudio de cada una de las calificativas y agravante previstas en las fracciones II, III, y IV del artículo 275, y fracción XV, del 276 del Código Penal vigente en el Estado, deberán darle el tratamiento en forma autónoma como un elemento del delito básico; asimismo, deberá corregir la incongruencia señalada. iv) Solo en caso de tener por acreditado el cuerpo del ilícito de robo ejecutado con violencia y agravado, deberá hacer una justipreciación de los medios de prueba, con los cuales se determine o no la probable responsabilidad de los aquí quejosos Juan Felipe Torres Escudero y José Shtalin López Morales, en los hechos que se le imputan, esto es, tanto su forma de comisión, como el grado de intervención en su ejecución, en términos de los artículos 15 y 19 del Código Penal del Estado de Chiapas. v) El Juez responsable de vista al Ministerio Público de su adscripción con las manifestaciones que los inculpados aquí quejosos Juan Felipe Torres Escudero y José Shtalin López Morales en la que sostienen que sufrieron actos de tortura durante la indagatoria que precedió al juicio de origen; a fin de que la referida autoridad ministerial determine lo que a su representación social corresponda. Concesión que se hace extensiva respecto del acto de ejecución atribuido al Director del Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados Número Diecisiete "El Bambú", con sede en Catazajá, Chiapas, al no reclamarse por vicios propios. [.]" ACTO DE LA AUTORIDAD EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO Por oficio registrado con el folio 15181 (foja 197), la autoridad responsable Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Catazajá-Palenque, con sede en Playas de Catazajá, informó que procedió en términos de la ejecutoria de amparo, lo que acreditó con la copia certificada de la resolución de treinta de agosto del presente año (fojas 198 a 229), emitido dentro de la causa penal 05/2016 de su índice; documental que tiene pleno valor probatorio en términos de lo preceptuado en los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. ANÁLISIS EVALUATIVO En efecto, la autoridad responsable Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Catazajá-Palenque, con sede en Playas de Catazajá, mediante resolución de treinta de agosto del presente año (fojas 198 a 229), emitido dentro de la causa penal 05/2016 de su índice, dejó insubsistente el auto de formal prisión de dieciséis de enero de dos mil dieciséis, dictado en la causa penal 5/2016, por la comisión del delito de robo ejecutado con violencia agravado, previsto y sancionado en el artículo 270, fracción III, 274, 275, fracción II, y 276, fracción XV, en relación al 14, párrafos primero y segundo, fracción II, 15, párrafos primero y segundo, y 19, párrafos primero y segundo, fracción III, cometido en agravio de la empresa HI TEC IRRIGATION DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. representada por Emilio Zavala Gómez; y por el diverso de asociación delictuosa, previsto por el numeral 370, y sancionado en el primer párrafo del mismo numeral, con relación a los numerales 14, párrafo primero y segundo, fracción II, 15 párrafo segundo, y 19 párrafos primero y segundo. Asimismo, en la citada determinación tuvo por no acreditado el cuerpo del ilícito de asociación delictuosa, previsto y sancionado por el artículo 370 del Código Penal del Estado, que atribuyó a los quejosos Juan Felipe Torres Escudero y José Shtalin López Morales, por lo que dictó auto de libertad por falta de elementos para procesar con las reservas de ley a favor de los citados en líneas precedentes. También, realizó una justipreciación de los medios de prueba, con los cuales determinó la probable responsabilidad de los aquí quejosos Juan Felipe Torres Escudero y José Shtalin López Morales, en los hechos que se les imputan, tanto su forma de comisión, como el grado de intervención en su ejecución, en términos de los artículos 15 y 19 del Código Penal del Estado de Chiapas. Llevó a cabo el estudio de cada una de las calificativas y agravante previstas en la fracción II, del artículo 275, y fracción XV, del 276 del Código Penal vigente en el Estado, por lo que procedió a otorgar el tratamiento en forma autónoma como un elemento del delito básico y corrigió la incongruencia indicada en la sentencia amparadora. Por último, en el resolutivo octavo de la resolución de término constitucional, ordenó dar vista al Ministerio Público de su adscripción con las manifestaciones que los inculpados aquí quejosos Juan Felipe Torres Escudero y José Shtalin López Morales en la que sostuvieron que sufrieron actos de tortura durante la indagatoria que precedió al juicio de origen; con el objeto de que la referida autoridad ministerial determine lo que a su representación social corresponda. De ahí que al haber emitido la autoridad responsable la resolución materia del acto reclamado, y al haber acatado todos los lineamientos estipulados en la ejecutoria de amparo, se afirma que la violación cometida en perjuicio del accionante de amparo quedó subsanada. Por lo que, en las relatadas circunstancias y una vez analizada la ejecutoria de mérito, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, SE TIENE POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA DICTADA EN EL PRESENTE ASUNTO, sin exceso ni defecto, pues es inconcuso que la autoridad responsable, acató el núcleo de la ejecutoria. VISTA A LAS PARTES Se da vista a las partes para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente.
- Principal
EN ESTA FEHA NOTIFICO A LA PARTE TERCERA INTERESADA LA RESOLUCION QUE DICE: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas cinco de octubre de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante oficio registrado con el folio 15181 (foja 197), la autoridad responsable Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Catazajá-Palenque, con sede en Playas de Catazajá, manifestó haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Ahora bien, tomando en consideración que el cumplimiento de las sentencias de los procedimientos de amparo es de orden público, este órgano jurisdiccional se encuentra obligado a determinar si tal ejecutoria está cumplimentada o no, aun cuando las partes no hayan desahogado la vista ordenada sobre el particular, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Apoya la anterior determinación, en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo, la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 243, tomo XI-marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación, novena época, cuya sinopsis es: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Igualmente resulta aplicable, en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo, la tesis IX.1o.6 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, consultable en la página 883, tomo III-marzo de 1996, del Semanario Judicial de la Federación, novena época, que dice: "AMPARO, EJECUTORIAS DE. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER INMEDIATO. Los artículos 104, 105, 106 y 107 de la Ley de Amparo, que se refieren a la ejecución de las sentencias dictadas en los juicios de garantías, no prevén ningún caso de excepción. Por el contrario, se advierte que el espíritu de estas disposiciones legales, es el de que las ejecutorias de amparo deben ser cumplimentadas sin demora por las autoridades responsables, pues el restablecimiento de la garantía o garantías violadas, mediante la ejecución de la sentencia de amparo, es una cuestión legal de orden público, que no puede ser aplazada o condicionada a procedimientos ordinarios; estimarlo de otra forma es contrario a los fines del juicio de garantías y altera la jerarquía de las normas jurídicas." En la demanda de amparo la parte quejosa señaló como autoridad responsable al Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Catazajá-Palenque, con residencia en Playas de Catazajá, de quien reclamó lo siguiente: "[.]El Auto Constitucional de 16 dieciséis de enero del dos mil dieciséis, dictada en nuestro agravio, por la autoridad señala como responsable ordenadora, en el que nos decretó AUTO DE FORMAL PRISIÓN como probables responsables de los delitos de ROBO EJECUTADO CON VIOLENCIA, previsto y sancionado por el artículo 270, fracción III, 274, 275, fracción II y 276, fracción XV, en relación al 14, párrafos primero y segundo, fracción I, 15 párrafos primero y segundo, y 19, párrafos primero y segundo, fracción III, cometido en agravio de la empresa HI TEC ARRIAGATION DE MÉXICO S. DE R.L. DE C.V., representada por EMILIO ZAVALA GÓMEZ, y por el delito de ASOCIACIÓN DELICTUOSA, previsto en el numeral 370 sancionado por el primer párrafo del mismo numeral, con relación a los numerales 14 párrafo primero y segundo, fracción II, 15 párrafo segundo, y 19 párrafos primero y segundo, fracción III del Código Penal en el Estado de Chiapas; dictado por el Juez del Ramo Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Catazajá-Palenque.. [.]" Ahora bien, mediante resolución de cuatro de agosto de dos mil dieciséis, pronunciada por este órgano jurisdiccional, la cual causó ejecutoria el veintitrés de agosto siguiente, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión. EFECTO DE LA SENTENCIA AMPARADORA Los efectos de la concesión de amparo fueron precisados en la resolución en comento, quedando de la siguiente forma: "[.] i) Deje insubsistente el auto de formal prisión de dieciséis de enero de dos mil dieciséis, dictado en la causa penal 5/2016, por la comisión del delito de robo ejecutado con violencia agravado, previsto y sancionado en el artículo 270, fracción III, 274, 275, fracción II, y 276, fracción XV, en relación al 14, párrafos primero y segundo, fracción II, 15, párrafos primero y segundo, y 19, párrafos primero y segundo, fracción III, cometido en agravio de la empresa HI TEC IRRIGATION DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. representada por Emilio Zavala Gómez; y por el diverso de asociación delictuosa, previsto por el numeral 370, y sancionado en el primer párrafo del mismo numeral, con relación a los numerales 14, párrafo primero y segundo, fracción II, 15 párrafo segundo, y 19 párrafos primero y segundo. ii) Tenga por no acreditado el cuerpo del delito de asociación delictuosa, previsto y sancionado por el artículo 370 del Código Penal del Estado, que atribuye a los impetrantes de amparo Juan Felipe Torres Escudero y José Shtalin López Morales; y por ende, la no probable responsabilidad en su comisión. iii) Asimismo, por lo que respecta al delito de robo ejecutado con violencia y agravado, con libertad de jurisdicción pero con base en los lineamientos de esta sentencia, de manera fundada y motivada, deberá realizar el estudio de cada una de las calificativas y agravante previstas en las fracciones II, III, y IV del artículo 275, y fracción XV, del 276 del Código Penal vigente en el Estado, deberán darle el tratamiento en forma autónoma como un elemento del delito básico; asimismo, deberá corregir la incongruencia señalada. iv) Solo en caso de tener por acreditado el cuerpo del ilícito de robo ejecutado con violencia y agravado, deberá hacer una justipreciación de los medios de prueba, con los cuales se determine o no la probable responsabilidad de los aquí quejosos Juan Felipe Torres Escudero y José Shtalin López Morales, en los hechos que se le imputan, esto es, tanto su forma de comisión, como el grado de intervención en su ejecución, en términos de los artículos 15 y 19 del Código Penal del Estado de Chiapas. v) El Juez responsable de vista al Ministerio Público de su adscripción con las manifestaciones que los inculpados aquí quejosos Juan Felipe Torres Escudero y José Shtalin López Morales en la que sostienen que sufrieron actos de tortura durante la indagatoria que precedió al juicio de origen; a fin de que la referida autoridad ministerial determine lo que a su representación social corresponda. Concesión que se hace extensiva respecto del acto de ejecución atribuido al Director del Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados Número Diecisiete "El Bambú", con sede en Catazajá, Chiapas, al no reclamarse por vicios propios. [.]" ACTO DE LA AUTORIDAD EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO Por oficio registrado con el folio 15181 (foja 197), la autoridad responsable Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Catazajá-Palenque, con sede en Playas de Catazajá, informó que procedió en términos de la ejecutoria de amparo, lo que acreditó con la copia certificada de la resolución de treinta de agosto del presente año (fojas 198 a 229), emitido dentro de la causa penal 05/2016 de su índice; documental que tiene pleno valor probatorio en términos de lo preceptuado en los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. ANÁLISIS EVALUATIVO En efecto, la autoridad responsable Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Catazajá-Palenque, con sede en Playas de Catazajá, mediante resolución de treinta de agosto del presente año (fojas 198 a 229), emitido dentro de la causa penal 05/2016 de su índice, dejó insubsistente el auto de formal prisión de dieciséis de enero de dos mil dieciséis, dictado en la causa penal 5/2016, por la comisión del delito de robo ejecutado con violencia agravado, previsto y sancionado en el artículo 270, fracción III, 274, 275, fracción II, y 276, fracción XV, en relación al 14, párrafos primero y segundo, fracción II, 15, párrafos primero y segundo, y 19, párrafos primero y segundo, fracción III, cometido en agravio de la empresa HI TEC IRRIGATION DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. representada por Emilio Zavala Gómez; y por el diverso de asociación delictuosa, previsto por el numeral 370, y sancionado en el primer párrafo del mismo numeral, con relación a los numerales 14, párrafo primero y segundo, fracción II, 15 párrafo segundo, y 19 párrafos primero y segundo. Asimismo, en la citada determinación tuvo por no acreditado el cuerpo del ilícito de asociación delictuosa, previsto y sancionado por el artículo 370 del Código Penal del Estado, que atribuyó a los quejosos Juan Felipe Torres Escudero y José Shtalin López Morales, por lo que dictó auto de libertad por falta de elementos para procesar con las reservas de ley a favor de los citados en líneas precedentes. También, realizó una justipreciación de los medios de prueba, con los cuales determinó la probable responsabilidad de los aquí quejosos Juan Felipe Torres Escudero y José Shtalin López Morales, en los hechos que se les imputan, tanto su forma de comisión, como el grado de intervención en su ejecución, en términos de los artículos 15 y 19 del Código Penal del Estado de Chiapas. Llevó a cabo el estudio de cada una de las calificativas y agravante previstas en la fracción II, del artículo 275, y fracción XV, del 276 del Código Penal vigente en el Estado, por lo que procedió a otorgar el tratamiento en forma autónoma como un elemento del delito básico y corrigió la incongruencia indicada en la sentencia amparadora. Por último, en el resolutivo octavo de la resolución de término constitucional, ordenó dar vista al Ministerio Público de su adscripción con las manifestaciones que los inculpados aquí quejosos Juan Felipe Torres Escudero y José Shtalin López Morales en la que sostuvieron que sufrieron actos de tortura durante la indagatoria que precedió al juicio de origen; con el objeto de que la referida autoridad ministerial determine lo que a su representación social corresponda. De ahí que al haber emitido la autoridad responsable la resolución materia del acto reclamado, y al haber acatado todos los lineamientos estipulados en la ejecutoria de amparo, se afirma que la violación cometida en perjuicio del accionante de amparo quedó subsanada. Por lo que, en las relatadas circunstancias y una vez analizada la ejecutoria de mérito, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, SE TIENE POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA DICTADA EN EL PRESENTE ASUNTO, sin exceso ni defecto, pues es inconcuso que la autoridad responsable, acató el núcleo de la ejecutoria. VISTA A LAS PARTES Se da vista a las partes para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente.
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