Juan Gabriel Hernández Sandoval

Expediente 3414/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 24 actuaciones registradas, la última del 13 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
3414/2017
Año
2017
Actuaciones
24
Última actuación
13/03/2019

Partes del expediente

  • Juan Gabriel Hernández Sandoval
  • Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal
  • Raquel Camacho Alatorre
  • Raquel Camacho Alatorre y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 24.

  1. Principal

    Visto el sobre devuelto por el Administrador de Correos, que contienen la pieza postal del oficio 63030/2018 dirigido a la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, en consecuencia: reexpídase el oficio antes citado al domicilio ubicado en el edificio ubicado en la Lieja, número 7, colonia Juárez, delegación Cuauhtémoc, código postal 06700, en la Ciudad de México.

  2. Principal

    VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 3414/2017 del índice del Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con sede en Zapopan, promovido por Juan Gabriel Hernández Sandoval y Raquel Camacho Alatorre, por sí y en representación de su menor hija Dulce María Hernández Camacho, contra actos de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal y de otras autoridades; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito recibido el dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con sede en Zapopan, Juan Gabriel Hernández Sandoval y Raquel Camacho Alatorre, por sí y en representación de su menor hija Dulce María Hernández Camacho, solicitaron el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra las autoridades responsables y actos reclamados siguientes: "II. AUTORIDADES RESPONSABLES. La Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal a través de su titular. Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Jalisco. Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco a través de su Titular. III. ACTOS RECLAMADOS. En primer lugar, la modificación publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de marzo de 2016 de los puntos 6.4.2.7, 6.4.2.8, 6.6.1 y 6.7.2.9 de la 'Norma Oficial Mexicana NOM-190-SSA1-1999, Prestación de servicios de salud. Criterios para la atención médica de la violencia familiar, para quedar como NOM-046-SSA2-2005. Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención, publicada el 16 de abril de 2009' (en lo sucesivo la NOM), acto administrativo general que se impugna por vicios propios. Como consecuencia de dicha modificación, se menciona como acto reclamado la emisión de la Circular 001/2017, publicada el 28 de septiembre de 2017 en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco, emitida por el titular de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado y en carácter de titular del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, identificada como 'Circular para la operación de los servicios de salud relacionados con la interrupción voluntaria e interrupción legal del embarazo' o 'Circular 001/2017, para la operación de los servicios de salud relacionados con la interrupción legal del embarazo', (Circular 001/2017) acto administrativo de carácter general que se impugna por vicios propios. Las omisiones de ambas autoridades son referidas en todos y cada uno de los apartados que se desarrollan en la presente demanda y que evidencian la violación sistemática al parámetro de regularidad constitucional que da sustento a derechos tales como: interés superior del menor, familia, patria potestad, salud, desarrollo y autonomía progresiva del menor, progresividad. De manera sintética se enuncia que las omisiones de ambas autoridades consisten en: no garantizar los derechos y el cumplimiento de las obligaciones a que se refieren los párrafos cuarto, noveno, décimo y décimo primero del artículo 4° de la CPEUM, en relación con los artículos 50, fracción V; 87 y 116, fracción V, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de Jalisco, que reconocen y reglamentan, respectivamente, los derechos a la protección de la salud, el interés superior de los menores, las obligaciones de los ascendientes y el principio pro facilitate a cargo del Estado, permitiendo así el incumplimiento de las obligaciones de las autoridades a: (i) orientar a quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia de las adolescentes en torno a la educación y servicios en materia de salud sexual y reproductiva, y (ii) a notificar de inmediato a quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia, siempre que se encuentre una menor en el contexto de la comisión de un delito, omisiones que deben ser analizadas de manera integral con todos y cada uno de los argumentos vertidos en la presente demanda, de conformidad con los parámetros específicos detallados en todos y cada uno de los rubros de la presente demanda. La modificación a la NOM-046-SSA2-2005 y la Circular 001/2017, con ello, la omisión consistente en no garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos de las menores adolescentes víctimas del delito de violación, conforme a lo establecido en la CPEUM y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte. La modificación a la NOM-046-SSA2-2005 y la Circular 001/2017 y, con ello, la omisión consistente en no garantizar un enfoque integral, transversal y con perspectiva de los derechos humanos de niñas y adolescentes -entre las que se encuentra nuestra menor hija- en el diseño e instrumentación de la NOM impugnada. La modificación a la NOM-046-SSA2-2005 y la Circular 001/2017 y, con ello, la omisión consistente en no garantizar la participación de las menores -entre las que se encuentra nuestra menor hija- de acuerdo a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez para solicitar una 'interrupción voluntaria del embarazo'. La modificación a la NOM-046-SSA2-2005 y la Circular 001/2017 y, con ello, la acción consistente en impedir el cumplimiento de las obligaciones previstas por el párrafo tercero del artículo 1° de la CPEUM, en relación con el artículo 120, fracción XIII de la Ley General de Víctimas, el cual obliga a todos los servidores públicos, en el ejercicio de sus funciones y conforme al ámbito de su competencia, desde el primer momento en que tengan contacto con la víctima, a investigar o verificar los hechos denunciados o revelados, procurando no vulnerar más los derechos de las víctimas." Lo que estimaron contrario a los artículos 1, 4, 14, 16 y 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión y trámite de la demanda. En acuerdo de veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, el Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con sede en Zapopan, órgano jurisdiccional al que por razón de turno correspondió el conocimiento de la demanda de amparo, la registró con el consecutivo 3414/2017; y la admitió a trámite; solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados; dio a la agente del Ministerio Público de la Federación de su adscripción la intervención legal que le compete; designó como representante común de los quejosos a Raquel Camacho Alatorre; y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo a las diez horas con cincuenta minutos del doce de junio de dos mil dieciocho, conforme al acta respectiva. TERCERO. Remisión del expediente al Juzgado Auxiliar. Tramitado el juicio de amparo, en proveído de siete de agosto de dos mil dieciocho, el Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con sede en Zapopan, ordenó la remisión de los autos del presente juicio de amparo al Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, Zacatecas, lo cual se hizo mediante oficio 31700/2018; en términos de los Acuerdos Generales 51/2009 y 52/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, para efecto del dictado de la resolución correspondiente, juicio de amparo que le correspondió conocer a este Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, el que ordenó la formación del cuaderno auxiliar 365/2018; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, Zacatecas, con jurisdicción en toda la República, es competente para resolver el presente juicio de garantías, en términos de los artículos 94, 103, fracción I, y 107, fracciones III y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; puntos Primero, fracción III, Segundo, fracción III, punto tres, Cuarto, fracción III; y Quinto, primer párrafo, punto nueve y segundo párrafo del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el quince de febrero de dos mil trece; en relación con el punto PRIMERO del diverso acuerdo número 51/2009, del mismo órgano colegiado, relativo a la creación del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, Zacatecas, así como los órganos jurisdiccionales que lo integran; punto PRIMERO del Acuerdo General 52/2009 del mencionado órgano, relativo al inicio de funciones de este juzgado Federal con jurisdicción en toda la República; y oficio STCCNO/367/2018 de treinta de abril de dos mil dieciocho, firmado por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se comunica que este órgano jurisdiccional apoyará a partir de la remesa de mayo de dos mil dieciocho al Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con sede en Zapopan; en atención a que el acto reclamado tiene ejecución dentro del ámbito de competencia de dicho órgano de control de la constitucionalidad, al que este órgano jurisdiccional está apoyando en el dictado de las sentencias. Asimismo, previamente a definir el sentido de este fallo, resulta oportuno señalar que la competencia de este órgano de control de la constitucionalidad se encuentra circunscrita a dictar sentencia en los juicios de amparo que por disposición del Consejo de la Judicatura Federal son enviados para ese efecto, al haber sido creado exclusivamente para ello; de ahí que, el presente asunto se resuelve con base en las constancias que existen en el expediente, conforme lo integró el Juzgado Auxiliado. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en los puntos primero y quinto, primer párrafo, del Acuerdo General 51/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que crea el Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, Zacatecas, así como los órganos jurisdiccionales que lo integrarán. Ello, encuentra apoyo en los Criterios de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, derivados de consultas formuladas con motivo del trámite de envío-recepción-devolución de expedientes a los órganos jurisdiccionales auxiliares, específicamente en el: "3.-TÍTULO Amparos indirectos no integrados debidamente. Procede dictar la sentencia y no su devolución", visible en la página http://www.cjf.gob.mx/secretarias/secjacno/Creacion%20Nuevos20Organos/criteriosComision.html, del contenido siguiente: "Cuando el punto toral de la consulta se circunscribe a que en un amparo indirecto se reclama, entre otros actos, la inconstitucionalidad de diversos preceptos de Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, sin que al afecto se hayan llamado como responsables a las autoridades que intervinieron en el proceso legislativo en un asunto en el que ya se celebró la audiencia constitucional, dicho aspecto debe considerarse de naturaleza jurisdiccional que se ubica fuera del ámbito de atribuciones administrativas que sobre el particular caso de la distribución de las labores judiciales están conferidas a la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, como pudiera ser la cantidad, cualidad y temporalidad de los expedientes a enviarse a los órganos jurisdiccionales auxiliares; en tal virtud, al órgano oficiante le reviste plena libertad para que, en ejercicio de su autonomía jurisdiccional, resuelva el asunto de que se trata, conservándolo para que dicte la sentencia que en derecho corresponda. Una decisión en sentido contrario, equivaldría a una reposición de procedimiento, lo que, en su caso, sólo sería factible a través del recurso de revisión de la competencia de un Tribunal Colegiado de Circuito. (Consulta formulada por el Magdo. Titular del Segundo Tribunal Unitario del Centro Auxiliar de la Quinta Región - 30-enero-2012-)". SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sentado el criterio de que el juez constitucional debe interpretar el escrito de demanda en su integridad con un sentido de liberalidad y no restrictivo, con el objeto de determinar con exactitud la intención del promovente, razón por la cual está constreñido a armonizar los datos y elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, de tal suerte que la sentencia que dicte en el juicio de amparo contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Así, se tiene que la parte quejosa reclama: De la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, la modificación de la Norma Oficial Mexicana NOM-190-SSA1-1999, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de marzo de dos mil dieciséis, para quedar como NOM-046-SSA2-2005. Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención. De la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Jalisco y del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, la emisión de la circular 001/2017, publicada el veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete, en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco". No pasa inadvertido que los impetrantes manifiestan de forma expresa que señalan como actos reclamados lo siguiente: - La omisión de respetar los derechos de interés superior del menor, familia, patria potestad, salud, desarrollo, autonomía progresiva del menor y progresividad. - La omisión de no garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos de las menores adolescentes víctimas del delito de violación. - El impedir el cumplimiento de las obligaciones previstas por el párrafo tercero del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, de un análisis integral a la demanda de amparo no se tienen como actos destacados las referidas abstenciones, pues en realidad las "omisiones" e "impedimento" que aluden los quejosos no son actos que se puedan reclamar en sí mismos, sino que son apreciaciones valorativas, las cuales se refieren al fondo del asunto, sobre el cual, en su caso, versará el estudio al momento que se haga el análisis a los conceptos de violación. Sin que con esto se deje indefenso a los impetrantes, ya que eventualmente se estudiarán en el apartado correspondiente. En apoyo a lo anterior, se invoca la tesis de rubro: "ACTOS RECLAMADOS EN EL AMPARO INDIRECTO. MÉTODO PARA SU FIJACIÓN Y ANÁLISIS POR EL JUEZ DE DISTRITO Y POR EL TRIBUNAL REVISOR, CUANDO EL SEÑALAMIENTO DEL QUEJOSO ES CONFUSO". TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado imputado a la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, el cual se detalló en el considerando que antecede, pues si bien esa autoridad al rendir su informe justificado lo niega, hace manifestaciones de las que se aprecia su existencia. También es cierto el acto atribuido a la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Jalisco y al Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, el cual se detalló en el considerando que antecede; pues así lo señalaron esas autoridades al rendir su informe justificado . Certeza que además se encuentra demostrada de conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2°, toda vez que tratándose de amparo contra leyes y decretos, no es necesario acreditar su certeza con algún medio de convicción, acorde con el principio jurídico de que la ley no es objeto de prueba. CUARTO. Análisis de las causales de improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, por ser una cuestión de orden público, se procederá al examen de las causales de improcedencia. Este juzgador federal considera que, tal y como lo señala la autoridad responsable Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, respecto del acto reclamado consistente en la modificación de la Norma Oficial Mexicana NOM-190-SSA1-1999, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de marzo de dos mil dieciséis, para quedar como NOM-046-SSA2-2005. Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención, atribuida a la aludida autoridad; se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, pues transcurrió en exceso el término para la presentación de la demanda de amparo. La porción normativa en cita establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; [...]". El artículo y fracción transcritos, indican que el juicio de amparo será improcedente cuando los actos reclamados sean consentidos en forma tácita, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de derechos dentro de los plazos previstos en la ley. Por su parte, los artículos 17, fracción I, y 18 del ordenamiento legal citado, señalan: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; [.]". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". De la interpretación sistemática de los preceptos transcritos, se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra actos respecto de los cuales no se promueva la acción constitucional en el plazo legal previsto para tal efecto; asimismo, que el término para impugnar las normas de carácter autoaplicativo, empieza a correr a partir del día de su entrada en vigor, mismo que será de treinta días. Ello, pues basta con que la parte quejosa se ubique en la hipótesis de la norma que afecte su esfera jurídica, para que esté en aptitud de combatirla a través del juicio de amparo dentro del plazo de treinta días a partir de la entrada en vigor de la disposición de que se trate, de conformidad con los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo antes transcritos. Aunado a lo anterior, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo que aun cuando una norma autoaplicativa puede ser combatida en dos diferentes momentos: a) dentro de los treinta días siguientes a partir de su entrada en vigor y b) dentro de los quince días siguientes al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, lo cierto es que la existencia de esos dos plazos no pueden subsistir, por lo que, cuando la intención del quejoso es reclamar la ley a partir del inicio de su vigencia, entonces el plazo será de treinta días. Lo dicho conforme el criterio que se procede a reproducir: "LEYES AUTOAPLICATIVAS COMBATIDAS CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN. CUANDO LA DEMANDA ES EXTEMPORÁNEA RESPECTO DE ÉSTE, TAMBIÉN LO ES EN RELACIÓN CON LA LEY, AUN CUANDO NO HAYA TRANSCURRIDO EL PLAZO DE 30 DÍAS PARA SU IMPUGNACIÓN. Conforme a los artículos 21, 22 y 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, una ley autoaplicativa puede ser combatida en dos diferentes momentos: a) dentro de los 30 días a partir de su entrada en vigor, y b) dentro de los 15 días siguientes al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame, o al en que haya tenido conocimiento de ellos. Ahora bien, la existencia de estos dos plazos para combatir la ley no significa que simultáneamente puedan coexistir, pues tal circunstancia provocaría inseguridad jurídica. Por ello, si el quejoso impugna la ley a partir de su entrada en vigor, el plazo será el de 30 días, pero si la combate con motivo de su primer acto de aplicación, el plazo será de 15 días en los términos destacados. En ese tenor, si el quejoso combate la ley con motivo de su primer acto de aplicación, pero la demanda la presenta fuera del plazo de 15 días aludido, el juicio de garantías resulta improcedente por lo que hace al acto de aplicación y, consecuentemente, también lo será por lo que respecta a la ley, sin que resulte válido pretender que en relación con esta última se aplique el plazo de 30 días por tratarse de una ley autoaplicativa, pues aun cuando tenga este carácter, el quejoso la combatió a través de su primer acto de aplicación". En ese orden de ideas, cuando la demanda de amparo en contra de una ley que se reclame como norma autoaplicativa, se promueva fuera del plazo de treinta días siguientes a su entrada en vigor, el juicio intentado debe sobreseerse por extemporáneo al haberse actualizado la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo. En el caso concreto, se impugna la modificación de la Norma Oficial Mexicana NOM-190-SSA1-1999, para quedar como NOM-046-SSA2-2005. Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención; la cual se reclama como norma autoaplicativa; por lo que se encuentra dentro la hipótesis de excepción prevista en la fracción I, del artículo 17 de la Ley de Amparo, y por ende el plazo para cuestionarla es el de treinta días. Dicha norma fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de marzo de dos mil dieciséis, la cual entró en vigor al día hábil siguiente, es decir el día veinticinco siguiente, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo único transitorio de dicho decreto. Entonces, el plazo para promover el juicio contra el acto reclamado inició a computarse el veintiocho de marzo de dos mil dieciséis y concluyó el nueve de mayo del dos mil dieciséis; sin contar los días dos, tres, nueve, diez, dieciséis, diecisiete, veintitrés, veinticuatro y treinta de abril, así como el uno, cinco, siete y ocho de mayo todos de dos mil dieciséis, al ser inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo. Por tanto, como la demanda de amparo se presentó hasta el dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete, es inconcuso que se formuló de forma extemporánea, es decir, fuera del plazo de treinta días previsto para ello, lo que implica que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, al haberse consentido tácitamente el acto reclamado. En consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la indicada ley, se sobresee en el presente juicio de amparo referente al acto reclamado consistente en la modificación de la Norma Oficial Mexicana NOM-190-SSA1-1999, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de marzo de dos mil dieciséis, para quedar como NOM-046-SSA2-2005. Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención. En otro orden de ideas, este juzgador estima que respecto del acto reclamado consistente en la emisión de la circular 001/2017, publicada el veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete, en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco", se actualiza la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 217, ambos de la Ley de Amparo, al derivar de actos consentidos. Para justificar lo anterior, conviene precisar que la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 217, ambos de la Ley de Amparo son del contenido literal siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta ley". "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna". Aunado a lo anterior, conviene referir que el criterio jurisprudencial a que se hizo referencia con antelación es el siguiente: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA. El amparo es improcedente cuando se endereza contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos". A su vez, el Máximo Tribunal del País ha sostenido que para que un acto se repute como derivado de otro consentido, deben satisfacerse los elementos, a saber: a) Que sea una consecuencia natural y legal del acto antecedente; y, b) Que no se ataque por vicios propios sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad se haga derivar de los actos consentidos. Apoyan lo anterior, los criterios del tenor siguiente: "ACTOS DERIVADOS DE OTROS CONSENTIDOS. Se entienden por actos derivados de otros consentidos, aquellos que se ejecutan dentro del mismo procedimiento y que son consecuencia natural y legal del acto antecedente, como el embargo lo es respecto del requerimiento de pago no acatado por el deudor, como el remate lo es respecto del embargo, etcétera, y contra los cuales no se expresan conceptos de violación específicos. Dos, son, pues, los elementos que se requieren para considerar a un acto derivado de otro consentido, a saber: 1o. Que sea una consecuencia natural y legal del acto antecedente; y 2o. Que no se ataque por vicios propios, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad se haga derivar de los actos consentidos. Ahora bien, el acuerdo que niega la nulificación de la orden de baja del quejoso, no surte el primer elemento, ya que no se dictó dentro del procedimiento en que se emitió esa orden, y, por lo mismo, no es una consecuencia natural y legal de ésta". "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. SUPUESTOS PARA QUE OPERE ESA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. De acuerdo con la jurisprudencia número 19 contenida en la página 38 de la Octava Parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, los supuestos para que opere la causal de improcedencia cuando el amparo se endereza contra actos derivados de otros consentidos son, la existencia de un acto anterior consentido y la existencia de un acto posterior que sea una consecuencia directa y necesaria de aquél". Partiendo de lo anteriormente expuesto, se estima que la circular 001/2017, publicada el veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete, en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco", es un acto derivado de otro consentido; en específico de la modificación de la Norma Oficial Mexicana NOM-190-SSA1-1999, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de marzo de dos mil dieciséis, para quedar como NOM-046-SSA2-2005. Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención. Ello es así, ya que la regla 6.4.2.7 de la NOM-046-SSA2-2005, denominada Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención, dispone: "6.4.2.7. En caso de embarazo por violación, y previa autorización de la autoridad competente, en los términos de la legislación aplicable, las instituciones públicas prestadoras de servicios de atención médica, deberán prestar servicios de aborto médico a solicitud de la víctima interesada, en caso de ser menor de edad, a solicitud de su padre y/o su madre, o a falta de éstos, de su tutor o conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. En todos los casos se deberá brindar a la víctima, en forma previa a la intervención médica, información completa sobre los posibles riesgos y consecuencias del aborto, a efecto de garantizar que la decisión de la víctima sea una decisión informada conforme a las disposiciones aplicables. Se deberá respetar la objeción de conciencia del personal médico y de enfermería encargados del procedimiento. Las instituciones públicas prestadoras de servicios de atención médica federales deberán sujetarse a las disposiciones federales aplicables". Dicha norma oficial, en su regla 10, señala que "La vigilancia de la aplicación de esta Norma corresponde a la Secretaría de Salud y a los gobiernos de las entidades federativas en el ámbito de su competencia". A su vez, la mencionada circular 001/2017, establece lo siguiente: "Que el 16 de abril de 2009, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005, denominada Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención, misma que se reformó el 24 de marzo de 2016, y la cual establece los criterios a observar en la detección, prevención, atención médica y la orientación que se proporciona a las y los usuarios de los servicios de salud en general y en particular a quienes se encuentran involucrados en situaciones de violencia familiar o sexual, así como en la notificación de los casos. Cabe destacar que dicha reforma obedeció a la armonización con la Ley General de Víctimas, dado su carácter mayormente protector, en cumplimiento de lo establecido en el artículo primero constitucional. Que la NOM-046-SSA2-2005 es de observancia obligatoria para las instituciones del Sistema Nacional de Salud, así como para los y las prestadoras de servicios de salud de los sectores público, social y privado que componen el Sistema Nacional de Salud, tal y como lo establece el artículo 47, tercer párrafo de la Ley General de Salud. Que considerando todo lo anterior ha tenido a bien expedir, la siguiente: CIRCULAR PARA LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD RELACIONADOS CON LA INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA E INTERRUPCIÓN LEGAL DEL EMBARAZO. [.]". De lo anterior, se desprende que la circular 001/2017, publicada el veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete, en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco", fue emitida por la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Jalisco y del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, con apoyo en el numeral 47, tercer párrafo, de la Ley General de Salud, con la finalidad de cumplir con lo establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005, denominada Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de abril de dos mil nueve, reformada el veinticuatro de marzo de dos mil dieciséis. Aunado a lo dicho, se aprecia que con la emisión de la circular 001/2017, publicada el veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete, el Gobierno del Estado de Jalisco sólo pretende establecer los lineamientos que estimó necesarios para que opere la NOM-046-SSA2-2005 en el territorio de la referida Entidad Federativa. En ese orden de ideas, es evidente que la mencionada circular 001/2017, es un acto derivado o consecuencia de la Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005, denominada Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de abril de dos mil nueve, reformada el veinticuatro de marzo de dos mil dieciséis, por lo tanto la primera es un acto derivado de otro consentido. Por tanto, como el juicio de amparo promovido en contra de la mencionada norma oficial mexicana NOM-046-SSA2-2005, fue instado fuera del plazo establecido para ello; tal cuestión hace evidente que los impetrantes se conformaron tácitamente con la misma y como la circular se emitió para dar cumplimiento a la mencionada norma; es palpable que la circular 001/2017 deriva de uno consentido. Lo anterior, ya que al haber sido extemporánea la promoción del juicio en contra de la referida norma oficial mexicana NOM-046-SSA2-2005, con ese solo hecho consintió tal determinación y, consecuencia de ello, la circular 001/2017, publicada el veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete, en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco", que ahora impugna, por lo que se torna en un acto derivado de consentido, al ser consecuencia directa del primero. En esa línea de pensamiento, una vez consentido el acto, si posteriormente se realiza otro, que sea una consecuencia directa y necesaria del primero, sin que existan pretensiones por vicios propios (lo que acontece en la especie, dado que su ilegalidad se hace depender de la inconstitucionalidad de la NOM-046-SSA2-2005), entonces el amparo es improcedente. Ello atiende a una cuestión lógica, en que es imposible abordar aspectos que tienen una vinculación estrecha con los que le dieron origen, partiendo siempre de la base de que el acto consentido no es solamente la fuente del derivado, sino el eje principal de la decisión en la emisión del ulterior que es el que se reclama y en relación sobre el que recae la citada causal de improcedencia. Sirve de apoyo, el criterio que es del tenor siguiente: "ACTOS DERIVADOS DE OTROS CONSENTIDOS. FUNDAMENTO DE LA IMPROCEDENCIA. La improcedencia que resulta cuando el acto reclamado es consecuencia de otro consentido, por no haberse impugnado en su oportunidad, se funda en los artículos 73, fracción XVIII de la Ley de Amparo en relación con el diverso artículo 192 de la misma Ley, que establece la obligación de observar la jurisprudencia sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación: en este caso, la número 19 visible en la página 38 de la Octava Parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación que dice: 'ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA'". En consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causal de improcedencia contemplada en los numerales 61, fracción XXIII y 217, de dicho ordenamiento legal, se sobresee en el presente juicio de derechos respecto de la circular 001/2017, publicada el veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete, en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco". Al estimarse actualizada la causal de improcedencia aludida, es innecesario ocuparse de las diversas que invocan las autoridades responsables. En tal virtud, resulta jurídicamente imposible ocuparse de los argumentos expresados por los quejosos para demostrar la inconstitucionalidad de las normas reclamadas, pues ello constituye el fondo de la litis constitucional, cuyo análisis no es permitido por el sentido (sobreseimiento) del presente estudio. Por lo expuesto, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Juan Gabriel Hernández Sandoval y Raquel Camacho Alatorre, por sí y en representación de su menor hija Dulce María Hernández Camacho, en contra de la modificación de la Norma Oficial Mexicana NOM-190-SSA1-1999, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de marzo de dos mil dieciséis, para quedar como NOM-046-SSA2-2005. Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención, atribuida a Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, así como la emisión de la circular 001/2017, publicada el veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete, en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco", imputada a la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Jalisco y del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco; por los motivos expuestos en el último considerando de esta sentencia. Háganse las anotaciones pertinentes; regístrese esta sentencia en el módulo correspondiente del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; con el original de esta resolución y el medio de almacenamiento electrónico que contenga la misma, devuélvanse los autos a su lugar de origen, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común del Centro Auxiliar de la Novena Región, para que se proceda en términos de las fracciones VI y VII y párrafos siguientes, del artículo único del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula el mecanismo de envío, recepción y devolución de las remesas relativas a los apoyos que prestan los Órganos Jurisdiccionales Auxiliares, debiendo quedar testimonio de ella en el cuaderno auxiliar 365/2018, del índice de este Juzgado de Distrito, el que en su momento será enviado al archivo. Así lo resolvió y firma Víctor Manuel Jiménez Martínez, Juez Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, Zacatecas, hasta hoy veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, por así permitirlo las labores del juzgado, ante la secretaria Flor Istlahuaca Carlos, que autoriza y da fe. ASÍ COMO EL ACUERDO DE 05 DE NOVIEMBRE DE 2018 QUE DICE: Vista la copia certificada del oficio que suscribe la Jefa de la Oficina de Correspondencia Común del Centro Auxiliar de la Novena Región, mediante el cual remite el diverso oficio signado por el Juez Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con Residencia en Zacatecas, Zacatecas, por el cual envía un disco compacto que contiene la versión pública de las sentencias de los juicios de amparo precisados en dicho oficio, en consecuencia únicamente agréguense a los autos para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el oficio signado por el Juez Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con Residencia en Zacatecas, Zacatecas, mediante el cual remite un cuaderno de pruebas, así como los autos del juicio de amparo 3414/2017, que contiene la resolución emitida el veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, en el cuaderno auxiliar 365/2018, en la se resolvió: "ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Juan Gabriel Hernández Sandoval y Raquel Camacho Alatorre, por sí y en representación de su menor hija Dulce María Hernández Camacho, en contra de la modificación de la Norma Oficial Mexicana NOM-190-SSA1-1999, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de marzo de dos mil dieciséis, para quedar como NOM-046-SSA2-2005. Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención, atribuida a Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, así como la emisión de la circular 001/2017, publicada el veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete, en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco", imputada a la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Jalisco y del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco; por los motivos expuestos en el último considerando de esta sentencia.". Notifíquese personalmente a las partes la resolución emitida, efectúense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno, glósese el cuaderno de antecedentes y expídase el acuse de recibo de estilo. Notifíquese personalmente. Lo proveyó y firma Edgar Israel Flores del Toro, Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, asistido de Verónica del Rocío Loza Báez, Secretario quien da fe.

  3. Principal

    Vista la copia certificada del oficio signado por la Jefa de la Oficina de Correspondencia Común del Centro Auxiliar de la Novena Región, mediante el cual acusa recibo del juicio de amparo 3414/2017, mismo que fue remitido al Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, Zacatecas, para el dictado de la sentencia y remite la boleta de turno con número de registro 001585/2018; en consecuencia, agréguese a los autos para los efectos legales a que haya lugar.

  4. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como en derecho corresponda el oficio que suscribe el Juez Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, mediante el cual informa acusa de recibo el oficio 39921/2018 del índice de este órgano jurisdiccional anexo al cual se le remitió un cuaderno de pruebas derivado del juicio de amparo 3414/2017.

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