Juan Gabriel González Gutiérrez

Expediente 2564/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 7 actuaciones registradas, la última del 28 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
2564/2022
Año
2022
Actuaciones
7
Última actuación
28/03/2023

Partes del expediente

  • Juan Gabriel González Gutiérrez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Visto el estado de autos, de los que se advierte que por acuerdo de quince de marzo del año en curso, se dio vista a la parte quejosa, con el cumplimiento informado por la autoridad responsable, para que en el término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibido que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en autos y los datos aportados por la autoridad; tal acuerdo le fue notificado el diecisiete de marzo pasado. Por consiguiente, se hace efectivo el apercibimiento decretado, en virtud de que la parte quejosa, no formuló manifestación al respecto, y este órgano jurisdiccional procede a resolver, de oficio, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido Se pone de manifiesto que ha quedado cumplida la ejecutoria de amparo, sin incurrir en exceso o defecto. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto, previas las anotaciones que se haga en el libro de gobierno. En otro aspecto, este expediente es susceptible de depuración, en términos de la hipótesis contemplada en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal En ese orden de ideas, de conformidad al Acuerdo General indicado, este asunto se considera no relevante.

  2. Principal

    Visto el escrito de cuenta signado electrónicamente por apoderado general judicial de la parte quejosa, personalidad reconocida en autos, mediante el cual se desiste únicamente por lo que hace al incidente de exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión y, en el mismo acto, solicita se le tenga por ratificado dicho desestimiento; al respecto, agréguese a los autos el ocurso de cuenta, para los efectos legales conducentes. En atención al mismo, dígasele al promovente que no ha lugar a proveer de conformidad su petición, por las siguientes razones. En principio debe precisarse que la Ley de Amparo no prevé de manera expresa la figura del desistimiento de los diversos recursos que en ella se contienen; no obstante, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considera que esa circunstancia no impide a los promoventes de un recurso manifestar, en cualquier etapa de su trámite, su voluntad de no proseguir con esos medios de defensa por medio de esta figura procesal. Lo anterior, atendiendo a que si el juicio de amparo se sigue a instancia de parte, es decir, a petición de quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados produzcan una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de forma directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, y éstos a su vez pueden desistirse del medio de control; entonces, por mayoría de razón, pueden desistirse de los recursos que deriven de su tramitación, por ser accesorios de la acción principal. Sin embargo, para determinar la procedencia del desistimiento de los diferentes recursos que prevé la ley reglamentaria de la materia, debe atenderse a la finalidad que éstos persiguen en la tramitación de las controversias constitucionales. Bajo ese orden de ideas, la prosecución y resolución del incidente de exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión es autónoma a la subsistencia del bien jurídico tutelado provisionalmente con aquella medida cautelar, pues la responsabilidad de la autoridad nace en el momento en el que no se acata la resolución en la que se otorga la suspensión; de ahí que aun en el caso de que hayan cesado los efectos de la suspensión por resolverse el juicio en lo principal o, como aconteció en el caso, el apoderado de la parte quejosa pretende desistir de dicho incidente, tal circunstancia no obsta para determinar si existió contumacia de la autoridad por cuanto hace a la desobediencia cometida y, de resolverse en sentido afirmativo, se establezca su responsabilidad y se adopten las acciones pertinentes para que sea sancionada en los términos que fija el Código Penal para el delito de abuso de autoridad, independientemente de cualquier otro delito o responsabilidad a que se refieren los artículos 108 al 114 de la Constitución Federal. La conclusión a la que se arriba hace efectivo el propósito del Poder Reformador de la Constitución de mil novecientos noventa y cuatro, de que el Máximo Tribunal cuente con dos tipos de facultades, a saber: la relativa al imperio necesario para hacer que se cumpla con las resoluciones que se dictan y la concerniente a la posibilidad de sancionar constitucionalmente a quien incurra en desacato de sus determinaciones, entre ellas, las que otorgan la suspensión. En concordancia con lo anterior, si la resolución que se dicte en el incidente de suspensión tiene por objeto determinar si la actuación de una autoridad está violentando, excediendo o cumpliendo defectuosamente el auto por el que se concedió una suspensión y, a su vez, por mandato constitucional expreso se tienen facultades para hacer que se cumplan las resoluciones que dicta; entonces, puede concluirse válidamente que no es procedente, en estos casos, el desistimiento que realice el promovente de dicho incidente. Estimar lo contrario, equivaldría a que el actuar de la autoridad que en su momento se estimó incurrió en desacato quede incólume, pues a instancia de otra no habría lugar a que se pronunciara sobre un presunto desacato a sus determinaciones y, en su caso, a determinar la existencia de una responsabilidad constitucional, lo cual, a su vez, haría nugatoria la finalidad para la cual fue instituido el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión; con lo que, además, se dejaría al arbitrio de la parte que promueve y que después desiste, el cumplimiento de las determinaciones adoptadas en el incidente de suspensión del procedimiento constitucional. Consecuentemente, resulta improcedente la solicitud de desistimiento formulada por el promovente.

  3. Principal

    Visto el oficio signado por el Director de Obras Pública Y Director de Licencias de Construcción, ambos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, mediante el cual, informa en relación con el cumplimiento de la sentencia y al efecto remite acta de visita, reporte de daños número de folio, el oficio, el acta de notificación por conducto de tercero y el acta de citatorio; agréguense a los autos para los efectos legales procedentes y téngase a las autoridades oficiantes en vías de cumplimiento; por consiguiente, se ordena dar vista a la quejosa con las constancias exhibidas, así como, con el oficio registrado con el número signado por el Director de Inspección y Vigilancia, en representación de las autoridades responsables, por el que exhibe el oficio , requiérasele para que dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al en que les surta efectos la notificación de este proveído, manifieste lo que a su derecho convenga sobre el cumplimiento dado al fallo protector, bajo apercibimiento que de no hacerlo, este juzgado resolverá si la aludida ejecutoria se encuentra cumplida, con base en los elementos que obren en este expediente y en los datos aportados por la autoridad responsable, en apego a lo establecido al respecto en el artículo 196 y Tercero Transitorio de la Ley de Amparo vigente publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece. Finalmente, debido a que la presente determinación fue autorizada de manera electrónica, la misma no se integrará al expediente físico, ello en términos del artículo 22 y sexto transitorio del ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO.

  4. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFCA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE FECHA TRREINTA DE ENERO DEL DOS MIL VEINTITRES QUE A LA LETRA INDICA POR ESTE MDIO SE NOTIFICA A PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE FECHA TREINTA DE ENERO DEL DOS MIL VEINTITRES QUE A LA LETRA INDICAN : ÇAgréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio suscrito por la Secretaria del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, mediante el cual, remite los autos originales del juicio de amparo, así como copia del testimonio de la ejecutoria correspondiente a la sesión de veintinueve de diciembre de dos mil veintidós, emitida en la revisión principal cuyos puntos resolutivos son del tenor siguiente: "PRIMERO. Se REVOCA el auto recurrido. SEGUNDO. Se ordena la CONTINUACION DEL PROCEDIMIENTO en los juicios de amparo acumulados.". Acúsese recibo de estilo correspondiente y glósese el cuaderno de antecedentes. En virtud de lo anterior, se deja insubsistente el auto de dieciséis de octubre de dos mil veinte; por tanto, se ordena la continuación del procedimiento del presente juicio de amparo. Bajo ese tenor, para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las DIEZ HORAS CON VEINTISEIS MINUTOS DEL VEINTISIETE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRES. Ahora bien, se advierte que para la debida integración del juicio es necesario contar con las actuaciones del expediente mercantil ejecutivo; por tanto, requiérase al Juzgado Noveno de lo Mercantil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, para que dentro del término de tres días a partir del siguiente en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, remita copias certificadas, completas y legibles de todo lo actuado a partir del acuerdo de nueve de octubre de dos mil veinte.

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